300Corte SupremaCorte Suprema30030003804Luzardo Fortoul193103/10/1931Luzardo Fortoul_1931_03/10/193130003804Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, octubre tres de mil novecientos treinta y uno. (Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul). Vistos: 1931
Gabriel ZamoraDemanda de inexequibilidad de los artículos 1, 3 y 15 de la ley 64 de 1927 y del Decreto 1923 del mismo año, artículos 1 y 2Identificadores30030003805true75694Versión original30003805Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad de los artículos 1, 3 y 15 de la ley 64 de 1927 y del Decreto 1923 del mismo año, artículos 1 y 2


Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, octubre tres de mil novecientos treinta y uno.

(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).

Vistos:

En escrito presentado el doce de abril de mil novecientos veintiocho, y en ejercicio del derecho que reconoce el artículo 41 de la Reforma Constitucional de 1910, pide el señor Gabriel Zamora que se declaren inexequibles, como inconstitucionales, los artículos 1°, 3° y 15 de la Ley 64 de 1927, y 1° y 2° del Decreto ejecutivo número 1923 del mismo año, "en cuanto ellos conducen, añade el denunciante, a disminuir el sueldo de los empleados del Poder Judicial, o cuando menos, el de los Jueces y Magistrados mientras ejercen sus cargos, o cuando menos durante el período actual de sus funciones, y que, por tanto, se declare que el impuesto sobre la renta no recae sobre tales funcionarios ni sobre sus sueldos."

Oído el concepto del señor Procurador de la Nación, se pasa a resolver lo que en derecho corresponde.

Los artículos acusados son de este tenor:

Artículo 1° "Renta líquida es la renta bruta del contribuyente, menos las deducciones concedidas por esta Ley. La renta bruta comprende ganancias, beneficios y rentas provenientes de salarios, jornales o compensaciones por servicios personales de cualquier clase y en cualquier forma que se paguen, o de profesiones o negocios comerciales, lo mismo que de intereses, arrendamientos, dividendos, seguridades o transacciones de negocios llevados a cabo con objeto de lucro, con inclusión de ganancias, beneficios o rentas provenientes de sucesiones o fideicomisos recibidos por los respectivos beneficiarios, ya sean cuotas distribuidas o por distribuir. El monto de tales cantidades será incluido en la renta bruta correspondiente al año gravable en que sea recibida por el contribuyente o fideicomisario."

Artículo 3° "Establécese un impuesto sobre todo individuo residente en Colombia, que será tasado, exigido, recaudado y pagado anualmente con relación a su renta total líquida, como aquí se define, correspondiente al año civil anterior, según la siguiente tarifa:

"1 por 100 de la renta líquida en cuanto exceda de las exenciones establecidas en el artículo 7°, y no pase de $ 2,000.

"1½ por 100 en cuanto exceda de $ 2,000 y no pase de $ 3,000.

"2 por 100 en cuanto exceda de $ 3,000 y no pase de $ 4,000.

"2½ por 100 en cuanto exceda de $ 4,000 y no pase de $5,000.

"3 por 100 en cuanto exceda de $ 5,000 y no pase de $ 6,000.

"3½ por 100 en cuanto exceda de $ 6,000 y no pase de $ 8000.

"4 por 100 en cuanto exceda de $ 8,000 y no pase de $ 12,000.

"4½ por 100 en cuanto exceda de $ 12,000 y no pase de $ 15,000.

"5 por 100 en cuanto exceda de $ 15,000 y no pase de $ 50,000.

"5½ por 100 en cuanto exceda de $ 50,000 y no pase de $ 100,000.

"6 por 100 en cuanto exceda de $ 100,000 y no pase de $ 200,000.

"6½ por 100 en cuanto exceda de $ 200,000 y no pase de $ 300,000.

"7 por 100 en cuanto exceda de $ 300,000 y no pase de $ 400,000.

"7½ por 100 en cuanto exceda de $ 400,000 y no pase de $ 500,000.

"8 por 100 en cuanto exceda de $ 500,000.

Artículo 15. "Los impuestos establecidos en esta Ley serán por primera vez tasados, exigidos, recaudados y pagados en el año de 1928, sobre las rentas gravables correspondientes al año de 1927."

Artículo l° del Decreto. "El impuesto sobre la renta se hará efectivo sobre la renta líquida de los contribuyentes, tal como lo define la Ley 64 de 1927, con derecho a las exenciones que en ella se establecen."

Artículo 2° del Decreto, "Este impuesto se tasará y recaudará en el año de 1928 sobre las rentas devengadas en 1927, de conformidad con el artículo 15 de la citada Ley 64."

El actor sostiene que con las disposiciones transcritas se viola el inciso 2° del artículo 160 de la Constitución, que dice:

"No podrán suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magistrados y Jueces, de manera que la supresión o disminución perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos."

He aquí cómo, fundamenta su acusación:

"Según este texto, a los Magistrados y Jueces 110 se les puede suprimir ni disminuir el sueldo mientras estén ejerciendo sus empleos, o cuando menos durante el período de sus funciones; por consiguiente, toda ley o todo decreto que directa o indirectamente o en alguna forma cualquiera, o de hecho, conduzca a la disminución prohibida, ya sea esta disminución muy pequeña o muy grande, puesto que la extensión de la cantidad no importa, son evidentemente contrarios a la prohibición constitucional.

"No puede pensarse que esto sucedería con todas las leyes que establecen impuestos, porque en los indirectos el impuesto recae sobre la cosa consumida y lo paga el consumidor; sucederá sí, necesariamente, sobre todo impuesto directo qué en alguna forma recaiga sobre el sueldo de los empleados del Poder Judicial y que deba pagarlo el funcionario, por el hecho de serlo y mientras lo sea.

"Repito que es claro, que aunque la Ley y el Decreto citados, en los artículos acusados no han tenido en mira directa disminuir los sueldos de los empleados del Poder Judicial, como la disminución está claramente prohibida, sin limitación alguna, basta que de hecho, con la aplicación de la Ley y del Decreto, se llegue a consumar tal disminución, para que o los textos mencionados y transcritos-y por el concepto dicho sean inconstitucionales."

Para la atinada solución de este asunto es menester, ante todo, indagar los fines que el constituyente, tuvo en mira al adoptar el inciso 2.° del artículo 160 de la Carta.

Uno de los miembros del Consejo Nacional de Delegatarios que expidió la Constitución de 1886, dice, refiriéndose al mencionado inciso, lo que sigue:

"Pero todavía hay otros medios de pesar sobre los Magistrados o Jueces, que no se habían previsto en el proyecto de Constitución de 1886; consisten en suprimir las plazas judiciales servidas por Magistrados o Jueces que no agradan por su independencia, o en suprimirles o rebajarles sus emolumentos para obligarlos a renunciar sus cargos. Previendo que pudieran ocurrir estos casos (no desconocidos en Colombia, por desgracia), el autor de este comentario propuso en el Consejo Nacional Constituyente el segundo párrafo que contiene el artículo 160, y quedó aceptado sin dificultad alguna. Bien puede la ley, conforme a este artículo, suprimir o disminuir los sueldos de los Magistrados o Jueces; pero la supresión o disminución no podrá llevarse a efecto mientras subsistan en sus magistraturas o judicaturas los individuos que las están ejerciendo. Así, verbigracia, para que se haga efectiva la supresión o disminución del sueldo de un Magistrado, es necesario aguardar hasta que su plaza quede vacante, y si se trata de un Juez, hasta que se complete su período. En ningún caso puede la supresión o disminución perjudicar a los que están ejerciendo, cuando ella es decretada"

(J. M. Samper. Derecho Público Interno. Tomo II, páginas 356 y 357).

De los anteriores conceptos aparece con entera nitidez que el objeto de la prohibición de suprimir o disminuir las asignaciones de los Jueces y Magistrados no es otro que el de asegurar la independencia de dichos funcionarios, impidiendo que por medio de tales supresiones o rebajas se les obligue a hacer dejación de sus puestos, cuandoquiera que sus actuaciones no sean del agrado de determinadas entidades.

Sentado lo anterior, debe examinarse si el impuesto .sobre la renta, en cuanto grava los sueldos de los Magistrados y Jueces, va contra los fines que el constituyente tuvo en mira al establecer la prohibición de que se trata.

Dada la proporción que el expresado impuesto debe guardar con la capacidad tributaria de las personas sujetas a él, lo cual hace que se le considere, al menos en principio, como el más perfecto y equitativo de todos los impuestos, y cobijando él por igual a todos los individuos o entidades que se encuentren en análogas circunstancias de capacidad económica, ya sean funcionarios del Poder Judicial, ya empleados públicos de otro orden, ya simples particulares, mal puede suponerse que por medio. de él se pueda obligar a un Juez o Magistrado a hacer dejación de su puesto, y de consiguiente, no va el impuesto de que se trata contra el propósito que inspiró la prohibición consignada en el sobredicho artículo 160, de asegurar la independencia del Poder Judicial.

Tratárase de una contribución exclusiva para los funcionarios judiciales, y podría tener fundamento la acusación, porque la singularización de las personas gravadas con el impuesto envolvería un ataque a aquellos funcionarios. Pero no es dable entender que al establecer la prohibición de que se viene hablando hubiera estado en la mente del constituyente eximir a los Magistrados y Jueces del pago de determinadas contribuciones que pesan sobre todos los miembros de la comunidad social, desde luego que el mismo constituyente estableció en el artículo 32 de la Carta, subrogado hoy por el 5 del Acto legislativo número 3 de 1910, que toda contribución debe ser de carácter general.

Por las razones que someramente se dejan expuestas, la Corte Suprema, reunida en pleno, obrando en consonancia con el señor Procurador General de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara que no son inexequibles las disposiciones acusadas de la Ley 64 de 1927 y del Decreto-ejecutivo número 1923 de veintiocho de noviembre del año expresado.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, publíquese en el órgano de la Corte, y archívese el expediente.

JUAN E. MARTINEZ-Ignacio González Torres-José Miguel Arango-Parmenio Cárdenas-Germán B. Jiménez-Enrique A. Becerra-Julio Luzardo Fortoul-Tancredo Nannetti-José Joaquín Hernández-Luis F. Rosales ­Francisco Tafur A.-Juan C. Trujillo Arroyo-Augusto N. Samper, Secretario en propiedad.

SALVAMENTO DE VOTO

del Magistrado doctor Enrique A. Becerra.

Conforme con el criterio expuesto por el señor doctor Méndez en su estudio sobre la acusación de inconstitucionalidad de la Ley 56 de 1918, cuyas disposiciones, que fueron acusadas entonces, en su esencia son idénticas a las de la Ley 64 de 1927, cuya inexequibilidad se discute ahora; como homenaje póstumo a la sabiduría de aquel Magistrado, acojo y reproduzco la erudita exposición que con respecto a la Ley primeramente citada, él hizo entonces. Considero que. en ella están tratados todos los aspectos de la cuestión propuesta, y que cualquiera agregación desvirtuaría la fuerza del raciocinio que contiene.

Dice:

"Se trata de hallar la interpretación y alcance genuino que ha de darse al artículo 160, inciso 29, de la Constitución; Ordena este inciso que "no podrá suprimirse ni disminuirse el sueldo de los Magistrados y Jueces, de manera que perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos.'

"Sostienen unos, entre los cuales figura, en término saliente, el representante del Ministerio Público, que la disminución prohibida por el artículo 160 es específica-, esto es, que tan sólo está vedado al legislador rebajar expresa y directamente la cantidad prefijada por la ley como dotación a los Magistrados y Jueces; pero que las disminuciones que éstas puedan sufrir de modo indirecto, en razón de impuestos u otras disposiciones legales análogas, no están comprendidas en la prohibición constitucional."Sustentan otros, como el acusador de la Ley 56, que el sentido del artículo 160 debe ser amplio y debe aplicarse a toda clase de disposiciones legales que, directa

o indirectamente pesen sobre las asignaciones de los Magistrados y Jueces; porque siendo la integridad de tal remuneración el objeto de la garantía que otorga la Constitución, y uno de los medios de asegurar la libertad e independencia del Poder Judicial, no se realizaría tan alto fin si estuvieran fuera -de la prohibición las leyes que, con sólo contener disposiciones de índole indirecta y evasiva, eludieran el precepto constitucional.

"La Corte considera:

"La interpretación de la Constitución ha declarado esta Superioridad en acuerdos anteriores se rige por 'principios más amplios que los aplicables a la interpretación de las leyes. Entre los primeros predomina el canon de que a las disposiciones constitucionales, dictadas en salvaguardia de una norma fundamental de derecho político, o para protección de la libertad de los ciudadanos, no debe dárseles una estricta inteligencia, basada en la acepción literal de las palabras en que están redactadas, sino que debe atenderse al objeto primordial porque fueron dictadas y al principio que les sirvió de fundamento.'

"Y ha declarado también que 'el intérprete de los preceptos constitucionales debe remontarse a la historia de los tiempos en que una disposición fue creada, y penetrarse de los males que el constituyente se propuso evitar o remediar.'

"Ha decidido igualmente que 'la hermenéutica legal no permite establecer limitaciones a un principio que la Constitución o la ley formulan de un modo general, comprensivos de todos los objetos de un mismo orden.'

"Como complemento de estas normas de interpretación que hacen ya parte de las decisiones que, con arreglo al artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, tienen efecto obligatorio general, conviene invocar otro principio de Derecho Público generalmente aceptado, que marca también la regla de interpretación de una disposición constitucional tomada de otra Constitución anterior del mismo país o de una extranjera: 'Cuando los autores de una nueva Constitución-asienta un expositor-adoptan disposiciones contenidas en una anterior del mismo país, a las cuales se había dado una interpretación autorizada, se presume, salvo declaración especial en contrario, que el constituyente tuvo la intención de que las disposiciones acogidas tuviesen el mismo sentido que se les había dado bajo la Constitución primitiva. Esta misma norma es aplicable también cuando el canon prestado tiene por fuente una Constitución extranjera.'

"A la luz de estos principios, la Corte pasa a estudiar la, acusación,

"El artículo 160 de la Constitución, inciso 2-, que ordena que 'no podrán suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magistrados y Jueces, de manera que la supresión o disminución perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos,' no es disposición original de aquella Constitución, sino que tiene fuente extranjera, porque no existió en los estatutos anteriores de la República, y el constituyente de 1886 la tomó de la Constitución de los Estados Unidos. Ordena ésta, en efecto, en su artículo III, Sección II, que 'los Jueces, tanto de la Corte Suprema como de las Cortes inferiores recibirán, en tiempo determinado, una compensación por sus servicios, la cual no podrá ser disminuida durante su permanencia en el cargo.'

"La historia de este artículo, los principios de filosofía de derecho que se tuvieron en cuenta para servir de fundamento a esta disposición por los autores de la Constitución americana; los estudios acerca de ella hechos por los expositores, y que se han sucedido desde la expedición de aquella Constitución, y en fin, las decisiones de la Suprema Corte Federal que tiene la potestad constitucional de fijar el sentido auténtico a los preceptos de la Ley Fundamental, son otros tantos antecedentes de necesario y atento estudio para esta Superioridad, a fin de que, observando el principio enunciado atrás sobre interpretación de disposiciones tomadas de una Constitución extranjera, pueda fijar el sentido genuino al inciso 2º del artículo 160 del Estatuto Nacional, y dictar, con el posible acierto, su fallo sobre -la acusación presentada.

"Remota es la época desde que por primera vez se llevó a la Suprema Corte Federal la cuestión que al presente se examina, la cual cuenta ochenta y cinco años de debate judicial, desde 1841 a 1925, año éste en que fue dictado el último fallo de la Suprema Corte americana. Esta última sentencia se basa en las mismas conclusiones que, formuladas por el Magistrado ponente Van Devanter, fueron acogidas por la Corte como fundamento de la sentencia de fecha 1* de julio de 1920. Estos dos fallos, comprensivos y doctrinarios, resumen todas las cuestiones que se han suscitado con motivo de la inteligencia del artículo III, Sección II, ya mencionados, y que han recibido cerca de cincuenta fallos de la Suprema Corte Federal:

"1º La prohibición constitucional contra la disminución de los sueldos de los Jueces durante su permanencia en el cargo, debe interpretarse, no como una concesión personal, sino como una limitación impuesta en salvaguardia del interés público.

"2º La disminución puede efectuarse no solamente por medio directo, sino también por otros indirectos y aun evasivos. Por consiguiente, toda disposición que por su necesaria operación y efecto retenga o sustraiga del Juez alguna parte de aquello que le ha sido prometido por la ley, en compensación de sus servicios, debe considerarse como incluida en la prohibición constitucional.

"3º Una contribución impuesta sobre las dotaciones de los Jueces disminuye su compensación.

"4º La atribución conferida al Gobierno por la Constitución para decretar impuestos, no alcanza a facultarlo para establecerlos sobre materia exceptuadas. No puede, por consiguiente, el Congreso incluir el sueldo de los Jueces de Corte de los Estados Unidos en la renta sobre la cual ellos deben pagar un impuesto.

"5º La facultad de gravar con impuestos, puede reportar en la práctica la facultad de destruir,

"6º No obsta para que una disposición que grava esos sueldos sea inconstitucional, la circunstancia de qué es tu1viese en vigor antes de que el Juez asuma sus funciones. El criterio con que ha de juzgarse su inconstitucionalidad, no es el acto consumado de la expedición de la ley, sino los actos o hechos que pueden ejecutarse bajo su autoridad y en aplicación de ella.'

"Los Magistrados de esta Corte bien quisieran abstenerse de dar decisión en este asunto, que se roza indirectamente con un interés propio; pero ello no es posible por las mismas razones que, en idénticas circunstancias, expresó la Suprema Corte Federal de los Estados Unidos, en su sentencia de 1920:

'A causa de la relación individual de los miembros de esta Corte con la cuestión así tan ampliamente planteada, no podemos menos de lamentar que su solución recaiga sobre nosotros, aunque cada miembro ha venido pagando voluntariamente el impuesto que grava su sueldo. Pero la jurisdicción, en el presente caso, no puede declinarse ni ser renunciada. El acusador ejercita un derecho que le otorga la ley, e invoca la decisión de la Corte en un asunto respecto del cual no existe ningún otro Tribunal ante quien pudiera acudir. Ningún poder en el mundo, dijo la Comisión de la Cámara, al proponer en una ocasión que se sometiera al fallo de la Corte un asunto igual al presente, puede sentenciar, excepto la Suprema Corte.'

"Y no podía subsanarse tampoco el impedimento con "el reemplazo de suplentes o Conjueces, porque éstos, al igual de los titulares, participarían de aquel mismo interés indirecto, ya en razón de su propia remuneración, ya porque hacen parte, siquiera sea transitoriamente, de la corporación, cuyo interés se relaciona con el asunto que deben fallar.

"Esta Superioridad se limita, por tanto, a reproducir los principales pasajes de la sentencia dictada por la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1920, porque acoge su doctrina, ya por venir de tan alta procedencia, ya porque se halla, además, reforzada con la autoridad de los expositores de Derecho Constitucional americano, unánimes en opinión, desde Hamilton, uno de los miembros eminentes de la Convención que expidió la Constitución y coautor de ella, hasta Wilson, el Presidente jurisconsulto, en los recientes años.

"Hé aquí la sentencia:

'¿Con qué propósito ordena la Constitución que la compensación de los Jueces no podrá ser disminuida durante su permanencia en el cargo ¿Es acaso con el fin principal de beneficiar a los Jueces, o es más bien con el de promover el bien público, dándoles aquella independencia que es tan indispensable al cumplimiento imparcial y valeroso de las funciones judiciales

'¿Aquel mandato de la Constitución prohíbe tan solamente la disminución directa, esto es, la que reduce expresamente de una cantidad mayor a otra .menor la dotación anual, y deja, por lo mismo, abierto el camino de las rebajas indirectas, no menos efectivas, con las cuales queda retenida, a fuer de impuesto, o sustraída del total una parte del sueldo

'¿O significa más bien aquella disposición que el Juez ha de tener un derecho cierto, firme y permanente a la compensación, con la cual pueda contar con seguridad y confianza para su sostenimiento durante el desempeño de su cargo, de manera que ningún temor le asalte de que su situación pueda cambiar en perjuicio suyo

'La Constitución fue formada sobre la teoría fundamental de que mayor suma de libertad y justicia se asegura instituyendo tres grandes poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en Departamentos separados, cada uno relativamente independiente de los otros; y fue reconocido también que sin esta independencia, que debía ser real y permanente, la separación de poderes sería vana y fallaría en su propósito. Todos convienen en que son necesarias restricciones y barreras que han de imponerse a cada poder para asegurar la requerida independencia entre ellos; porque de otra suerte el Poder Legislativo, que tiene por inherencia mayor fuerza, podría invadir las otras esferas y aun avasallar los otros poderes; y el Poder Judicial, el más débil naturalmente, correría el riesgo de ser apocado y aun señoreado por los otros dos, especialmente por el Legislativo.

La Convención, penetrada de la naturaleza y fines del poder con que están investidos los Tribunales de justicia, reconociendo que sobre ellos habían de recaer responsabilidades más importantes y delicadas que las que correspondían antes a los Tribunales de justicia, y estimando que éstos llegarían a ser, según las palabras de Jorge Washington, 'la piedra angular de nuestra fábrica política/ la Convención, decimos, con unanimidad inusitada, incorporó en la Constitución el mandato de que 'los Jueces conservarán su cargo durante su buena conducta, y recibirán en determinado tiempo una compensación por sus servicios, la cual no podrá ser disminuida durante su permanencia en el empleo.'

'¿Cabe duda alguna de que estos dos mandatos, así pareados en el cuerpo de una misma cláusula, no estén demostrando que con ello se les atribuyó una importancia igual e idéntico propósito ¿Y no es patente que este fin común es el de investir a los Jueces de una independencia que guarde justa proporción con la delicadeza e importancia de sus tareas y la necesidad imperativa de que éstas sean desempeñadas con imparcialidad suma y sin ninguna vacilación o temor

'Estas consideraciones demuestran con claridad que el propósito primordial de la prohibición relativa a la disminución de los sueldos judiciales, no fue el de beneficiar con favor especial a los Jueces, sino al igual de la cláusula que les asegura la tenencia del cargo el de atraer varones probos y competentes a la Magistratura, y procurarles aquella libertad de acción, aquella independencia de juicio, indispensables al ¡mantenimiento de las garantías de los ciudadanos, a la conservación de las limitaciones que la Constitución impone a los poderes, y, en fin, de todos los principios que la inspiraron y penetran; independencia también que debe reinar en una administración de justicia que no contempla personas, sino que la distribuye por igual al rico y al pobre, al poderoso y al desvalido. Y si tales son los propósitos' de aquel canon constitucional, él no debe entenderse como una gracia particular a los Jueces, sino como una restricción a los poderes políticos, en salvaguardia del interés público; o en otros términos, que no debe dársele una interpretación estrecha, sino la amplia, que responda al principio y al espíritu con que ese mandato fue dictado.'

"Esta conclusión doctrinaria de la Suprema Corte Federal condena de antemano la tesis del señor Procurador General, quien sostiene que, darle al inciso 29 del artículo 160 de la Constitución, la significación de que los sueldos de los Jueces están libres de impuesto, es tanto como atribuirle a la Constitución el propósito de 'crear una clase privilegiada exenta de contribuir a las cargas públicas, sistema que pecaría contra los principios fundamentales de la organización republicana.

"No es este el concepto que entraña la disposición del artículo 160; su fin no es el de gratificar a los Jueces ni constituirlos en una casta extraña al común de los ciudadanos, y con el privilegio de succión de parte considerable de los caudales destinados al procomunal. No; el propósito de ese canon es elevado, y tiende, como lo expresa la sentencia, a procurar y fortalecer, junto con otros medios, la independencia y libre acción esencial al Poder Judicial, por ser tal y constituir uno de los sustentáculos del orden social sobre que descansa la República. 'Siempre he creído desde mi juventud, dice el Juez Marschall, que el mayor castigo con que el Cielo airado puede afligir a un pueblo ingrato y culpable, es un Poder Judicial ignorante, corrompido y servil.`

"Y en condición servil estaría relegado este Poder, si respecto de su remuneración quedase a merced del legislador, y éste pudiera á su arbitrio voluble unas veces, bastardo otras, rebajar hasta la nada las dotaciones de los Jueces. 'En él curso general dé la humana naturaleza, dice Hamilton á éste propósito, el poder sobre las subsistencias dé un hombre tanto vale como el poder sobré su voluntad.´

"La garantía sobre inmunidad dé los sueldos, aunque realizada en sus miembros, contempla el Poder Judicial en sí mismo, como institución de Derecho Público, que ejerce una acción efectiva y cumple una misión tanto en el orden social como en el organismo político, que requieren* como elemento indispensable, la independencia y libertad;

"En el orden social, describe el Juez Marschall la acción del Poder Judicial, así:

'Considerad los deberes dé un Juez. El tiene que decidir entre el Gobierno y un hombre a quien ese Gobierno persigue; entre el más poderoso individuo de la comunidad y el más desvalido y menospreciado, y es necesario entonces que, en el ejercicio de su autoridad, conserve la mayor rectitud y la más acendrada lealtad. ¿Necesito, por ventura, insistir sobre este particular ¿No siente cada individuo que su propia y personal seguridad y la de su patrimonio dependen de aquella probidad El Poder Judicial golpea a las puertas del hogar de cada hombre; decide sobre su propiedad, sobre su reputación, sobre su vida, y en .fin, sobre todo lo que en el orden temporal le pertenece. Y es, por tanto, un propósito de altísima importancia que al Juez se le asegure la más completa y perfecta independencia, sin nada que pueda influir sobre él ni constreñirlo, sino Dios y su conciencia.´

"La acción del Poder Judicial en el orden político, la describe Wilson, en sus estudios sobre el Gobierno constitucional de los Estados Unidos, en términos aplicables en lo general al sistema constitucional de Colombia, así:

'Nuestras Cortes son la rueda catalina de nuestro sistema constitucional. Es claro que para el sostenimiento firme de las interpretaciones de la Constitución, sin que ello requiera exposición alguna, era indispensable, tanto para la preservación de la integridad de los poderes del Gobierno, como para la preservación de la libertad de los individuos, que existiera algún foro extraño a la política, en el cual esas interpretaciones fueran imparcial-mente debatidas y determinadas. Ese Forum lo suplen nuestras Cortes. Allí el individuo puede sostener sus derechos; allí el Gobierno debe recibir y aceptar la definición de su autoridad. Allí el individuo puede disputar la legalidad de las acciones del Gobierno y obtener que se las juzgue a prueba de los principios fundamentales, y a cuya decisión debe someterse el Gobierno; allí el Gobierno puede, a su vez, contrarrestar las pretensiones asaz agresivas del individuo, y afirmar su poder sobre un trazo que todo el mundo comprenda y obedezca'. Las atribuciones constitucionales a las Cortes constituyen la última salvaguardia de los privilegios del individuo y de las prerrogativas del Gobierno; y en -este sentido se dice que nuestro Poder Judicial es la rueda de balanza de todo nuestro sistema político, porque está llamado a mantener aquella discreta armonía entre los derechos individuales y los poderes del Gobierno, lo cual constituye la libertad política´

"Y no es inoportuno agregar aquí que el Forum tan deseado en la República Americana, y suplido allá con las Cortes de Justicia, por inducción sacada de ciertas disposiciones dé la Constitución, ha venido a ser en Colombia una institución real, creada por el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, y que tiene su asiento en la Corte Suprema; y agregar también que en ese mismo orden político ésta posee la atribución altísima y trascendental, desconocida en el régimen constitucional dé los Estados Unidos dé ser el Juez qué, según el artículo 90 de la Constitución ha de decidir sobre la exequibilidad de un proyecto de ley, en el caso de que ocurra divergencia entre las Cámaras Legislativas y el Presidente respectó a su constitucionalidad;

"La importancia y alcancé qué tiene la acción del Poder Judicial en él orden político presupone como elemento esencial, una independencia absoluta en él obrar, en mayor grado quizá que en las funciones meramente judiciales, porque en ella le €s preciso afrontar no solamente a los individuos sino a los otros poderes públicos, cuyos actos, bajo el aspecto constitucional, puede revisar y anular. Ejemplos han despuntado ya de los enojos que • el ejercicio de ésta facultad tiene que despertar contra el poder que la posee.

"Se ha suscitado la cuestión referente a la extensión que haya de darse a la prohibición de disminuir los sueldos judiciales, es decir, si está vedada solamente la rebaja directa de la dotación misma, o si está incluida también en la prohibición del artículo 160 toda disminución que provenga de disposiciones legales que, por medios indirectos, efectúa la retención o pérdida de una parte del sueldo.

"Dice la sentencia de la Corte Federal:

'Es obvio que la disminución puede causarse por más de un medio, directos unos, indirectos otros y también evasivos. Pero todo aquello que por virtud de su necesaria operación y efecto retenga o tome del Juez una parte de aquello que la ley le tiene prometido para su servicio, debe considerarse que cae dentro de la prohibición constitucional; nada que coarte el querer de la ley puede ser consistente con el principio en que ésta se basa ni con el espíritu con que se dictó. En el caso presente es cierto que el querellante fue pagado de su compensación íntegra, pero se le sometió también a la obligación involuntaria de retornar una parte de ella, obligación que hubo de satisfacer pronta y coercitivamente. ¿Qué provecho le puede reportar esa porción que, largada por una mano, se arrebata por otra ¿No quedó prácticamente la misma situación que si se le hubiese retenido directamente esa parte Sólo postergando la sustancia a la .mera forma puede sostenerse que la dotación no quedó minorada.

Pero se arguye que el impuesto a cuyo pago fue obligado el querellante, recaía sobre la renta y era el mismo que se había percibido de otras personas ocupadas en empleos particulares.

'A lo cual se responde que si el gravamen sobre su compensación está prohibido, no puede servir de justificación a su cobro el hecho de haber percibido el mismo impuesto sobre otras rentas, respecto de las cuales no existe prohibición; porque es obvio que no por ejecutar un hecho que la Constitución permite en general, puede deducirse que es lícito también ejecutarlo en los casos especiales en que está vedado.

'La prohibición es general, no contiene voces de excepción, y aparece que fue establecida contra toda disminución, sea cual fuere su forma u objeto; y las razones que se tuvieron para adoptarla, coetáneas a la disposición prohibitiva y aceptadas generalmente desde entonces, impelen a la conclusión de que los padres de la Constitución tuvieron el designio de prohibir la disminución por vía de impuesto al igual que la directa, y que consideraron la independencia de los Jueces con mucha más importancia que el rendimiento de cualquier renta que pudiera derivarse del impuesto sobre la dotación de los Jueces.

'Cierto es que la atribución de decretar impuestos es comprensiva, y consiente muy pocas excepciones, pero aparte de la que venimos reconociendo y sustentando, hay otras varias que, si no expresamente establecidas por la Constitución, como la presente, se han reconocido como excepciones implícitas procedentes de un principio fundamental de Derecho Público, tal como la relativa a la prohibición de gravar con impuestos los intereses devengados de bonos emitidos por algunos de los Estados Federales o sus Condados o Municipios, excepción implícita que nace del principio de la soberanía de esos Estados.`

"Es preciso completar esta parte teórica de la sentencia con la narración que ésta misma hace de los sucesos acaecidos en 1862, con ocasión de una ley expedida en ese año, por la cual se gravaba con el income tas: los sueldos de todos los empleados civiles de los Estados Unidos. Los perceptores de esta renta interpretaron la ley en el sentido de que comprendía también los sueldos del Presidente de la República y los Jueces. El Justicia Mayor Taney, Jefe del Poder Judicial, dirigió al Secretario del Tesoro una nota de protesta, basada en la prohibición que se viene estudiando, y dijo en ella:

La ley en cuestión, tal como la habéis interpretado, disminuye la compensación de cada Juez en un 3 por 100, y si puede ser disminuida en tal monto con el nombre de impuesto, por el mismo medio puede rebajársele de tiempo en tiempo, al arbitrio del legislador.

'El Poder Judicial es uno de los tres grandes Departamentos de Gobierno creados por la Constitución. Sus deberes y atribuciones fueron -establecidas de una manera especial, y son de tal naturaleza, que requieren que ese Poder sea perfectamente independiente de los otros dos Departamentos, y en el propósito de colocarlo fuera de toda influencia y por sobre toda sospecha de esta especie, la facultad de reducir sus sueldos está expresamente retirada del Congreso y exceptuada de su atribución de legislar.

'El lenguaje de la Constitución no puede ser más claro, y el mandato que veda la disminución es una de sus disposiciones esenciales de más importancia. Los artículos que limitan las facultades de las ramas Legislativa y Ejecutiva del Gobierno, y las que proveen a las salvaguardias con que se protege a los ciudadanos en sus personas y propiedades, serían de poquísima valía sin un Poder Judicial que, para sostenerlas y preservarlas, estuviese libre de toda influencia directa o indirecta que pudiera desviar su juicio, principalmente en épocas de agitación política.

'Apoyado en esta razón fundamental, estimo como inconstitucional y nulo todo acto del Congreso por el cual se retenga alguna parte de la dotación de los Jueces.

"El cobro del impuesto siguió, y la Corte Federal, por iniciativa del Justicia Mayor, dispuso dejar constancia de su protesta en el Libro de Acuerdos. En 1869, el Secretario del Tesoro sometió el caso al Procurador General, quien tiene, como es sabido, entre sus principales funciones, la de dar su consejo y opinión sobre las cuestiones constitucionales y legales, cuando así se lo pidan el Presidente de la República o los Jefes de las Secretarías di Estado; y este funcionario emitió su concepto de acuerdo en lo sustancial con la protesta del Justicia Mayor Taney.

"La percepción del impuesto fue suspendida, y las cantidades cobradas se reembolsaron a sus dueños, parte administrativamente, parte por decisión de la Corte de Reclamación, y mediante la apropiación correspondiente que decretó el Congreso. Así, el Secretario del Tesoro, los Contadores, la Corte de Reclamación y el Congreso, aceptaron la tesis del Procurador General y la llevaron a efecto.

"Dice la sentencia a este propósito:

'En suma, durante un período de más de ciento veinte años, no ha habido sino un solo intento de gravar a los Jueces (Jueces Federales), en razón de sus sueldos, y ese intento fue desaprobado y mereció que se le anulase por acción concurrente de los funcionarios judiciales, de los funcionarios ejecutivos y de los miembros del Congreso. Es, por tanto, patente que en la actual práctica del Gobierno se ha dado a la prohibición constitucional el sentido de que comprende e impide la disminución por medio de impuestos.

"Esta conclusión de la Suprema Corte Federal confuta también otro concepto del señor Procurador General, según el cual, sólo las disminuciones directas son las prohibidas por el artículo 160 de la Constitución.

"Y no es tampoco exacta la consecuencia que aquel funcionario deduce de que por el hecho de estar exentos de impuesto los sueldos, haya de seguirse que los Jueces quedan libres de toda contribución, hasta llegar a convertirse en una clase privilegiada. No consiente la lógica que la conclusión tenga más extensión y más comprensión que las premisas. No se podría argumentar que si a un individuo se le exime del impuesto predial sobre una finca suya, quede por ello exento de la contribución de aduanas, que grava la importación de sus mercancías.

"Por esta razón, dice la «sentencia de la Corte Federal:

'Aparte de su sueldo, un Juez cae dentro de la facultad de decretar impuestos, tanto como los demás hombres. Si es dueño de una casa u otra propiedad, puede ser gravado de la misma manera que si las fincas pertenecieran a otra persona. Y hablando generalmente, sus deberes y obligaciones como ciudadano no difieren en nada de las de su vecino. Pero por el bien común, con el fin de investir al Juez perfecta y -completamente de independencia de todo lo que pueda influir sobre él y atar su libre acción, su sueldo está amparado contra toda disminución en cualquier forma, y le está asegurado íntegramente para su sostenimiento.

'Hay quienes -opinan con criterio materializado, que nada atañe al interés público que a un Juez se le prive, por medios evasivos, del goce de su remuneración por largo tiempo, si por otra parte el Tesoro no sufre merma en sus dineros, y queda expedito al Juez ayuno su retiro y abierto el camino para que sea reemplazado por otro individuo paciente que espere la olvidada paga.

"La última objeción que opone el señor Procurador General a la aplicación amplia del artículo 160, consiste en que 'siendo la ley de impuesto, anterior a los nombramientos de los que hoy desempeñan cargas judiciales, no quedaría cobijada con la prohibición del artículo 160 de la Constitución, porque esta misma disposición exige que 'la supresión o disminución perjudique a los que están ejerciendo dichos empleos.

"Esta cuestión puede plantearse en términos más concretos, así: ¿ Es el acto dé expedición de una ley, o es su ejecución la que debe tenerse en cuenta para apreciar si esta ley ocasiona perjuicio en determinado tiempo

"El acto del legislador por el cual expide una ley, es meramente potencial, ya que no redunda por sí mismo en beneficio o en daño real de nadie; es la ejecución de la ley la que produce estos efectos positivos, y ocasiona el beneficio o el perjuicio reales.

"Por esta razón la sentencia de la Corte Federal asienta que el 'toque para juzgar la inconstitucionalidad de una ley no es lo que se haya consumado (what has been done), sino lo que, por su autoridad, puede hacerse (may be done) bajo su vigencia.

"Confirma el sentido que se acaba de dar al inciso 2º, su estructura gramatical. El hecho expresado por el verbo perjudicar guarda relación de futuro con respecto a la promulgación de la ley, y de necesaria coexistencia con su complemento directo los que estén ejerciendo. El inciso segundo del artículo 160, según el somero análisis que acaba de hacerse, tanto vale en sentido gramatical como si se hubiese, redactado así: 'Está prohibida la disminución si perjudica a los Jueces que estén ejerciendo su empleo, en todos los casos en que se aplique la ley que cause la disminución.

"Este sentido coincide en un todo con la acepción literal y explícita que tiene el artículo III, Sección II, de la Constitución americana: 'Compensación que no podrá ser disminuida durante el ejercicio (continuance) de su cargo.

"Continuance es vocablo que, según los lexicógrafos del idioma inglés, tiene la acepción de duración, no con respecto a las cosas, sino con relación a las acciones, y significa 'hacer aquello mismo que se venía ejecutando anteriormente.

"Y basada en este sentido del artículo III, Sección II, la Corte Federal, en sentencia de fecha muy reciente (1º de junio de 1925), asentó esta doctrina:

'La circunstancia de que el nombramiento de Juez haya sido posterior a la ley que estableció el impuesto, no impide que sea inconstitucional el gravamen sobre su sueldo.

"Empero, una distinción entre la disminución directa y la indirecta de los sueldos, se impone en razón de nuestro sistema constitucional, relativo al período de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial. Rigen actualmente los períodos temporales, y esta circunstancia requiere una diferencia en la aplicación del inciso 29 del artículo 160.

"Si la rebaja es directa y se decreta con anterioridad a un nuevo período y con relación a éste, la cantidad nuevamente .señalada por el legislador es concreta, expresada en guarismos, la cual, debiendo ser por otra parte íntegra y permanente durante ese período, constituye la dotación garantizada por la Constitución.

"No sucede lo propio con la disminución indirecta, la cual obra sobre la cantidad concreta reconocida de antemano como dotación, que se hallaba, por lo mismo, bajo el amparo de la garantía constitucional, y sin embargo vendría a servir de minuendo, con relación a la suma a que asciende el impuesto. No podría decirse entonces que la cantidad concreta prefijada por la ley para el nuevo periodo permaneciera fija e inalterable, sino que, por el contrario, estaría sujeta siempre al evento de una disminución proveniente del impuesto, tan variada, como varia podría ser, de año en año, la voluntad del legislador.

"No es admisible tampoco la argumentación de que, preestablecido el impuesto que grava el sueldo de un período futuro, los Magistrados y Jueces que aceptan el cargo en tales condiciones, toman para sí voluntariamente esta carga, y no queda violada la garantía porque el individuo favorecido con ella la renuncie parcialmente.

"A esto se observa que la garantía sobre inmunidad de los sueldos no es un derecho privado del Magistrado o Juez sujeto a su voluntad, ni una gracia otorgada a su favor; es una limitación impuesta por la Constitución, como lo dijo la Corte Federal a los Poderes públicos, en guarda de la libertad e independencia del Poder Judicial, que son elementos necesarios a altos intereses de orden social y político.

"Los principios fundaméntales en que se basa la Constitución, no son ni pueden ser materia de que pueda disponer la voluntad del individuo, ni el vacío que comporta la violación de ellos, puede subsanarse con el mero beneplácito de aquél. Tan imperativa es, en el caso que se contempla, para el Magistrado, la obligación de mantener la garantía, como lo es para los Poderes públicos la de respetarla en toda su integridad."

Por las consideraciones que preceden, estima el suscrito que las disposiciones acusadas son inexequibles.

Bogotá, octubre tres de mil-novecientos treinta y uno.

Enrique A. Becerra--Martínez-I. González T.-Arango--Cárdenas - Nannetti - Jiménez - Hernández-Luzardo Fortoul-Rosales-Tafur A.-Trujillo Arroyo-Augusto N. Samper, Secretario en propiedad.

SALVAMENTO DE VOTO

del Magistrado doctor Tancredo Nannetti.

Dice el inciso 2º del artículo 160 de la Constitución:

"No podrán suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Magistrados y Jueces, de manera que la supresión o disminución perjudique a los que estén ejerciendo dichos empleos."

Conforme a esta disposición, es de evidencia inmediata que -no pueden suprimirse ni disminuirse los sueldos de los Jueces y Magistrados durante el período en que desempeñen sus funciones; disposición que obedece a mantener la independencia del Poder Judicial, base inconmovible de la seguridad de los derechos de todos los ciudadanos.

Ahora, la disminución de los sueldos puede hacerse de modo directo o indirecto, ya por medio de una ley que así lo ordene, ya por medio de contribuciones directas, que, aunque tengan el carácter de generales, menoscaban los sueldos, o sea la compensación a que tienen derecho los Jueces y Magistrados por sus servicios, que la Constitución declara intangible durante el tiempo del ejercicio de sus funciones, por altos motivos de interés público y de utilidad social.

Por el camino de las contribuciones directas sobre los sueldos asimilados a renta, puede llegarse a eliminarlos. Pero como según el artículo constitucional citado, la prohibición no reza sino con los Magistrados y Jueces que estén ejerciendo sus empleos, es también claro que antes de comenzar los nuevos períodos de los Jueces o de los Magistrados, pueden reducirse, ya directamente, o ya por medio de impuestos, los respectivos sueldos.

En el caso presente, cuando comenzaron los nuevos períodos de los funcionarios judiciales, ya regía la ley acusada, y por lo mismo, la merma de los sueldos, que implica el impuesto directo sobre ellos, no cae bajo la prohibición de la Carta.

Este motivo es suficiente para acoger la parte resolutiva de la sentencia, que suscribo por estar de acuerdo en que no es inconstitucional la ley acusada, limitando el presente salvamento, que hago con todo respeto, a los fundamentos del fallo de la mayoría.

Bogotá, tres de octubre de mil novecientos treinta y uno.

Tancredo Nannetti-Martínez-González T.-becerra. Cárdenas-Hernández-Arango-Jiménez-Luzardo> Fortoul-Rosales-Trujillo Arroyo-Tafur A.-E1 Secretario en propiedad, Augusto N. Samper.

SALVAMENTO DE VOTO

del Magistrado doctor Luis Felipe Rosales.

Para el suscrito es incuestionable que por efecto de las disposiciones acusadas, los sueldos de los Magistrados y Jueces sufren una disminución real equivalente a la cantidad que en proporción de dichos sueldos percibe el Fisco a título de impuesto; y constituyen ellas un medio, no por indirecto menos seguro y efectivo, de frustrar la prohibición establecida en el texto constitucional a que la demanda hace referencia.

Hoy el impuesto es reducido o pequeño; mañana puede ser elevado, en términos que reduzca las asignaciones de aquellos empleos a cifras incompatibles con la equitativa remuneración de sus funciones. Unas veces la disminución tiene el carácter de un recurso fiscal, que es el caso de ahora; en otras, pueden perseguirse con ella finalidades adversas a los sentimientos de dignidad e independencia que la Constitución procura infundir y asegurar en los ciudadanos que tienen a su cargo la delicada misión de administrar justicia. Mas como en la práctica es muy difícil, si no imposible, determinar los móviles que puedan haber inspirado una 'medida de esta clase, el constituyente estimó en su previsión conveniente no establecer distinción alguna al respecto, y por ello, sin duda, comprendió todos los casos de disminución de sueldo en la fórmula genérica adoptada en el inciso 2º del artículo 160 de la Constitución.

Uno de los miembros del Consejo Nacional de Delegatarios que expidió la Constitución de 1886, refiriéndose al inciso 2º, del texto acabado de citar, dice lo siguiente:

"Pero todavía hay otros medios de pesar sobre los Magistrados o Jueces, que no se habían previsto en el proyecto de constitución de 1886: consisten en suprimir las plazas judiciales servidas por Magistrados o Jueces que no agradan por su independencia, o en suprimirles o rebajarles /sus emolumentos para obligarlos a renunciar sus cargos. Previendo que pudieran ocurrir estos casos (no desconocidos en Colombia, por desgracia), el autor de este comentario propuso en el Consejo Nacional Constituyente el segundo párrafo que contiene el artículo 160, y quedó aceptado sin dificultad alguna. Bien puede la ley, conforme a este artículo, suprimir o disminuir los sueldos de los Magistrados y Jueces; pero la supresión o disminución no podrá llevarse a efecto mientras subsistan en sus magistraturas o judicaturas los individuos que las estén ejerciendo. Así, verbigracia, para que se haga efectiva la supresión o disminución del sueldo de un Magistrado, es necesario aguardar hasta que su plaza quede vacante, y si se trata de un Juez, hasta que se complete su periodo. En ningún caso puede la supresión o disminución perjudicar a los que están ejerciendo cuando ella es decretada."

(J. M. Samper. Derecho Público Interno:. Tomo II, páginas 356 y 357).

Cuando el autor escribió, eran vitalicias las Magistraturas, lo cual explica el concepto de que para suprimir o disminuir los sueldos a ellas asignados, era necesario esperar que las plazas quedaran vacantes. Hoy existe otro régimen: el del período temporal fijo, y por ello la garantía establecida en el inciso 29 del Texto Constitucional, únicamente favorece, como dice el comentador, a los Magistrados y Jueces que están ejerciendo cuando la supresión o disminución es decretada.

El señor Procurador de la Nación, quien admite en principio que los sueldos de los Magistrados y Jueces no pueden suprimirse ni reducirse dentro del período de sus funciones, precisamente en obsequio de su absoluta libertad e independencia, sostiene, en su vista de fondo, que esos empleados, en su calidad de ciudadanos, deben también pagar las contribuciones generales, como pagan las deudas y servicios privados que los particulares les presten. Lo propio dice la sentencia de que me aparto.

Está bien, los ciudadanos todos deben contribuir para los gastos del servicio público, y los Jueces y Magistrados no están exentos de esa carga; pero en relación con los sueldos que devengan en calidad de tales, la Constitución ha establecido la excepción, consistente en no permitir que la supresión o disminución de ellos perjudique a los que están ejerciendo los empleos dichos.

No hace distingos el constituyente: prohíbe en términos absolutos la supresión o disminución de los sueldos, y por consiguiente, si a ésta o a aquélla se llega por los medios indirectos del impuesto o de la contribución, que son tan efectivos como los directos, se viola igualmente la prohibición. Esta puede no estar en las palabras del legislador, pero está en sus efectos, y la ley común no puede engendrar efectos contra los designios del constituyente.

Como el impuesto fue establecido y aplicado antes de principiar los actuales períodos de los funcionarios judiciales, es claro que la merma de sus sueldos, por obra del impuesto, no es inconstitucional, pero sí lo es con relación a aquellos Jueces y Magistrados que actuaron en los períodos de que hacían parte los años de 1927, 1928 y 1929. Para convencerse, de esto, basta transcribir el artículo 16 de la Ley 64 de 1927, Ley que entró a regir el 12 de noviembre del mismo año. Dice el artículo:

"Los impuestos establecidos en esta Ley serán por primera vez tasados, exigidos, recaudados y pagados en 1928 sobre las rentas gravables correspondientes al año de 1927."

En los términos que preceden, dejo salvado mi voto.

Bogotá, octubre tres de mil novecientos treinta y uno.

Luis F. Rosales-Becerra-Martínez-Cárdenas-Arango-I. González T.-Nannetti - Hernández - Jiménez. Luzardo Fortoul-Tafur A.-Trujillo .Arroyo-Augusto N. Samper, Secretario en propiedad.