300Corte SupremaCorte Suprema30030003763Luis Felipe Rosales193031/05/1930Luis Felipe Rosales_1930_31/05/193030003763Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, mayo treinta y uno de mil novecientos treinta. (Magistrado ponente, doctor Luis Felipe Rosales). Vistos: 1930
Rafael EscallónDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 55 de 1927 y el 1 del Decreto 2006 de 1927.Identificadores30030003764true75655Versión original30003764Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 55 de 1927 y el 1 del Decreto 2006 de 1927.


Corte Suprema de Justicia-Corte Plena-Bogotá, mayo treinta y uno de mil novecientos treinta.

(Magistrado ponente, doctor Luis Felipe Rosales).

Vistos:

En ejercicio de la acción pública que confiere a todo ciudadano el artículo 41 del Acto legislativo número 3.° de 1910, el doctor Rafael Escallón, en su propio nombre, y además en el de apoderado del Municipio de Turbaco, pide a esta corporación que declare inexequibles el artículo 13 de la Ley 55 de 1927 y el l.° del Decreto ejecutivo número 2006 de 7 de diciembre de 1927.

El señor Procurador de la Nación se opone a las declaraciones impetradas en la demanda y añade que el acusador no puede representar en este asunto al Municipio de Tumaco, porque, en su sentir, la acción de que se trata sólo corresponde a los ciudadanos, esto es, a los individuos a quienes se refiere el artículo 15 de la Constitución, y de ningún modo a los Municipios u otras entidades jurídicas.

La Corte cree innecesario considerar este aspecto del problema una vez que el acusador habla también en su propio nombre como ciudadano colombiano. Basta esto para entrar al estudio de fondo del negocio.

Las disposiciones acusadas dicen:

Artículo 13 de la Ley 55 de 1927:

"El Ministro de Instrucción y Salubridad Públicas nombrará la Junta Directiva o de Beneficencia del Hospital de Tumaco, y a ella corresponde la inversión de las subvenciones o auxilios que se le den, así como también la participación del producto de los bosques de Tumaco que a dicho establecimiento cedió la Ley 42 de este año."

Artículo l.° del Decreto ejecutivo número 2006 de 7 de diciembre de 1927:

"Nómbrase miembros principales de la Junta de Beneficencia del Hospital de Tumaco, al Reverendo Padre Alberto Fernández y a los señores Santiago J. Levy, Maximiliano Llorente O., Carlos Santander N. y Gonzalo Lamos V.; miembros suplentes de los anteriores, en su orden, al Reverendo Padre Leopoldo Marquínez y a los señores Juan Valente G., Guillermo Quiñones, Luis Segundo Escruceria y Eduardo Orjuela M."

El acusador sostiene que estas disposiciones violan los artículos 2.°, 31, 49, 57, 76 y 78, numeral 2.°, de la Constitución, y 5.° y 50 del Acto legislativo número 3 de 1910.

Hé aquí sus razonamientos:

"El ejercicio de la función legislativa está preciso y claramente definido en la Carta Fundamental del país; el legislador, en tal virtud, sólo puede ejercer las atribuciones que le ha conferido la Constitución, debiéndose amoldar en la letra y el espíritu de las disposiciones legales a la doctrina que en los diversos ramos de la Administración Pública está consignada en las prescripciones constitucionales.

"Toda disposición legal que en cualquier forma contraríe los principios constitucionales, es por tanto in-exequible y debe ser declarada así por la Corte Suprema de Justicia.

"En relación con la materia que contempla el artículo 13 de la Ley 55 de 1927 y el Decreto ejecutivo número 2006 de 7 de diciembre de 1927, se encuentran los siguientes:

"Según el artículo 2.° de la Constitución, la soberanía reside esencial y exclusivamente en la Nación, y de ella emanan los poderes públicos, que se ejercerán en los territorios que esta Constitución establece,' es decir, se declara que el ejercicio de los poderes públicos está estrictamente sometido a las prescripciones constitucionales .

"Estos principios se hallan reafirmados en el artículo 57 y en el numeral 2.° del artículo 78, en virtud de los cuales se establece que todos los poderes públicos son limitados y ejercen separadamente sus respectivas atribuciones, y se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes en asuntos que sean de la privativa competencia de otros poderes.

"Por otra parte, en armonía con el artículo 50 del Acto legislativo número 3 de 1910, los bienes y rentas de los Departamentos, así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas particulares, y no podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada.

"Además de todo esto, 'las corporaciones legítimas y públicas tienen derecho a ser reconocidas como personas jurídicas, y a ejecutar en tal virtud actos civiles y gozar de las garantías aseguradas por este Título, con las limitaciones generales que establecen las leyes por razones de utilidad común.' (Constitución Nacional, artículo 49).

"Las garantías de que gozan los particulares, entre otras, son al respecto las siguientes:

'a) Los derechos adquiridos con justo título con arreglo a las leyes civiles por personas naturales o jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.' (Constitución Nacional, artículo 31); y

'b) En tiempo de paz nadie podrá ser privado de su propiedad en todo o en parte, sino por pena o apremio o indemnización o contribución general, con arreglo a las leyes' (Artículo 5.° del Acto legislativo número 3 de 1910).

"Según esto, el legislador en ningún caso puede desconocer los derechos adquiridos por los Departamentos, los Municipios o las corporaciones públicas, ni privarlos de su propiedad en todo o en parte, sino con las formalidades constitucionales enunciadas."

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La Corte estima que de todos los textos constitucionales citados por el demandante sólo el del artículo 50 del Acto legislativo número 3 de 1910 puede considerarse violado, al menos de manera directa, por las disposiciones acusadas.

En efecto: el artículo l.° de la Ley 37 de 1924 concedió al Municipio de Tumaco el usufructo de los bosques existentes en los terrenos baldíos comprendidos dentro de sus límites territoriales por el término de veinticinco años, y dispuso que el producto del usufructo se distribuyera así: el 50 por 100 para las obras de defensa de la isla de Tumaco y mejoramiento del puerto; 30 por 100 para los gastos comunes del Municipio y 20 por 100 para el Hospital Municipal "que funciona en Tumaco, bajo la dirección de la Junta de Beneficencia." Una Junta especial denominada de Defensa y Mejoras del Puerto debía recaudar, administrar e invertir esa renta y pasarle al Municipio las cuotas destinadas a él por la Ley citada. Esta fue reformada por la 42 de 1927 en el sentido de atribuir al Concejo Municipal de Tumaco la recaudación, administración y distribución del producto de la renta, y de destinar el 50 por 100 para gastos comunes del mismo Municipio y del otro 50 por 100 para el Hospital de San Andrés, del mismo puerto. Estos fondos, agrega el parágrafo 1.° del artículo 2.° de la mencionada Ley, se entregarán mensualmente mediante las respectivas formalidades legales, al Tesorero Municipal de Tumaco y al Síndico del Hospital.

Se tiene, pues, que por obra de las cesiones hechas en las leyes que se acaban de citar, el Municipio de Tumaco adquirió durante el término de la concesión la propiedad del producto de la explotación de los bosques situados dentro de sus límites territoriales, en la proporción de un 50 por 100 para gastos comunes, y de otro 50 por 100 para el Hospital. Siendo esto así, y demostrado con los acuerdos municipales y con los títulos de propiedad acompañados a la demanda, que el Municipio de Tumaco fundó el Hospital de San Andrés creando una Junta de Beneficencia para su administración y 'destinando a él rentas municipales, entre otras, el 50 por 100 del producto de la explotación de los bosques, que vino a ser municipal por razón de las cesiones a que se ha hecho referencia, ya no podía la Ley 55 de 1927 y el Decreto que la reglamentó, quitarle al Municipio de Tumaco la administración del Hospital que él venía ejerciendo por medio de la Junta de Beneficencia, para dársela a otra de su libre nombramiento y remoción.

Si el Hospital de Tumaco es un bien municipal y las rentas de que disfruta municipales también, tal institución se halla amparada por el artículo 50 del Acto legislativo número 3 de 1910, que otorga a los bienes y rentas de los Departamentos y Municipios las mismas garantías de que gozan las propiedades y rentas de los particulares.

Ese texto de la Constitución reza:

"Artículo 50. Los bienes y rentas de los Departamentos, así como los de los Municipios, son propiedad exclusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan de las mismas garantías que las propiedades y rentas de los particulares. No podrán ser ocupadas estas propiedades sino en los mismos términos en que lo sea la propiedad privada. El Gobierno Nacional no podrá conceder exenciones de derechos departamentales ni municipales."

Por tanto, esta corporación, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inexequibles el artículo 13 de la Ley 55 de 1927 y el artículo l.° del Decreto ejecutivo número 2006 de 7 de diciembre de 1927.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Ministro de Educación Nacional, publíquese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

JUAN N. MENDEZ - Juan E. Martínez-Enrique A. Becerra - Parmenio Cárdenas - José Miguel Arango. Germán B. Jiménez-Julio Luzardo Fortoul - Luis F. Rosales - Tancredo Nannetti - Ignacio González Torres-Francisco Tafur A.-Juan C. Trujillo Arroyo-El Secretario en propiedad, Augusto N. Samper.