300Corte SupremaCorte Suprema300300035231785Jairo E. Duque Pérez198809/06/19881785_Jairo E. Duque Pérez_1988_09/06/198830003523FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Sanciones para el recusante temerario y el funcionario que no se declare impedido. La simple enunciación de conductas punibles por las cuales proceda la detención preventiva y la libertad provisional en nada afectan los principios de la tipicidad, imputabilidad y culpabilidad, ni consagran la responsabilidad objetiva, no es dable considerar entonces que las normas impugnadas desconocen la orientación filosófica del Código Penal. Exequibles los artículos 116, 117 y 118y los numerales 2° y 4° del artículo 421 y 4° del artículo 441 en la parte acusada del Decreto número 050 de 1987. Inhibida para proferir fallo sobre el numeral I° del artículo 441 del mismo decreto. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 61. Referencia Expediente número 1785 1988
Héctor Rodríguez CruzAcción de inexequibilidad contra los artículos 116, 117, 118, 421 (parcialmente) y 441 (parcialmente) del Decreto número 050 de 1987Identificadores30030003524true75419Versión original30003524Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra los artículos 116, 117, 118, 421 (parcialmente) y 441 (parcialmente) del Decreto número 050 de 1987


FACULTADES EXTRAORDINARIAS.

Sanciones para el recusante temerario y el funcionario que no se declare impedido. La simple enunciación de conductas punibles por las cuales proceda la detención preventiva y la libertad provisional en nada afectan los principios de la tipicidad, imputabilidad y culpabilidad, ni consagran la responsabilidad objetiva, no es dable considerar entonces que las normas impugnadas desconocen la orientación filosófica del Código Penal.

Exequibles los artículos 116, 117 y 118y los numerales 2° y 4° del artículo 421 y 4° del artículo 441 en la parte acusada del Decreto número 050 de 1987.

Inhibida para proferir fallo sobre el numeral I° del artículo 441 del mismo decreto.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 61.

Referencia

Expediente número 1785

Acción de inexequibilidad contra los artículos 116, 117, 118, 421 (parcialmente) y 441 (parcialmente) del Decreto número 050 de 1987

Sanciones al recusante temerario y al funcionario que omita declararse impedido Detención. Prohibición de libertad provisional

Actor: Héctor Rodríguez Cruz.

Magistrado sustanciador: Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada según Acta número 23.

Bogotá, D. E., junio nueve (9) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

I. Antecedentes

En ejercicio del derecho que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Héctor Rodríguez Cruz acude a la Corte para que declare inexequibles los artículos 116, 117, 118, 421 (parcialmente) y 441 (parcialmente) del Decreto número 050 de 1987 (Código de Procedimiento Penal).

Procede la Corte a decidir sobre el fondo de la acción incoada, toda vez que se han surtido los trámites previstos en el Decreto número 432 de 1969 para el proceso de constitucionalidad.

II. Norma acusada

El texto literal de las disposiciones acusadas es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 050 DE 1987

(enero 13)

Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

TITULO II

CAPITULO IX

Impedimentos y recusaciones

Artículo 116. Sanción al recusante temerario. Si al decidir la recusación se encuentra que ella fue ostensiblemente infundada, se sancionará al recusante con una multa hasta el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales a favor del Tesoro Nacional. Si fuere el caso, se ordenará expedir las copias pertinentes para la investigación penal o disciplinaria a que hubiere lugar.

Artículo 117. Sanción al funcionario que omita declararse impedido. Cuando prospere la causal de recusación, se impondrá al juez que no se declaró impedido, dentro del término de que trata el artículo 105, una multa hasta el equivalente a un mes de salario, impuesta de plano por su respectivo superior jerárquico, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar.

Si se tratare de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, la sanción será impuesta por los demás miembros de la Sala.

Artículo 118. Ejecución de sanciones. Las sanciones a que se refieren los artículos anteriores, se aplicarán por auto interlocutorio, contra el cual sólo procede el recurso de reposición y se harán efectivas una vez esté ejecutoriada.

TITULO V

CAPITULO II

Medidas de aseguramiento

Artículo 421 .De la detención. La detención preventiva procede en los siguientes casos:

2° En los procesos por los siguientes delitos:

Cohecho propio (artículo 141);

Cohecho impropio (artículo 142);

Enriquecimiento ilícito (artículo 148);

Prevaricato por acción (artículo 149);

Receptación (artículo 177);

Fuga de presos (artículo 178);

Favorecimiento de la fuga (artículo 179);

Fraude procesal (artículo 182);

Incendio (artículo 189);

Provocación de inundación o derrumbe (artículo 191);

Siniestro o daño de nave (artículo 193);

Pánico (artículo 194);

Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos (artículo 197);

Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones (artículo 201);

Falsificación de moneda nacional o extranjera (artículo 207);

Tráfico de moneda falsificada (artículo 208);

Emisiones ilegales (artículo 209);

Acaparamiento (artículo 229);

Especulación (artículo 230);

Pánico económico (artículo 232);

Ilícita explotación comercial (artículo 233);

Privación ilegal de la libertad (artículo 272);

Constreñimiento para delinquir (artículo 277);

Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (artículo278);

Tortura (artículo 279);

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 303);

Lesiones personales con deformidad (artículo 333);

Lesiones personales con perturbación funcional (artículo 334);

Lesiones personales con perturbación síquica (artículo 335);

Hurto agravado (artículo 351); y los contemplados en el Decreto número 2920 de 1982.

4° Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión.

CAPITULO IV

Prohibición y revocación de

la libertad provisional

Artículo 441. Prohibiciones de libertad provisional. No tendrán derecho a la libertad provisional con fundamento en el numeral 1° del artículo 439 de este código:

1° Los procesados a quienes se hubieren dictado auto de detención preventiva conforme a lo previsto en el numeral 5° del artículo 421 de este código, antes de la calificación del mérito del sumario.

4° .y además, en los siguientes delitos:

Peculado por apropiación (artículo 133);

Concusión (artículo 140);

Cochecho propio (artículo 141);

Enriquecimiento ilícito (artículo 148);

Prevaricato por acción (artículo 149);

Receptación (artículo 177);

Fuga de presos (artículo 178);

Favorecimiento de la fuga (artículo 179);

Fraude procesal (artículo 182);

Incendio (artículo 189);

Daños en obras de defensa común (artículo 190);

Provocación de inundación o derrumbe (artículo 191);

Siniestro o daño de nave (artículo 193);

Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos (artículo 197);

Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones (artículo 201);

Fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas (artículo 202);

Falsificación de moneda nacional o extranjera (artículo 207);

Tráfico de moneda falsificada (artículo 208);

Emisiones ilegales (artículo 209);

Acaparamiento (artículo 229);

Especulación (artículo 230);

Pánico económico (artículo 232);

Ilícita explotación comercial (artículo 233);

Privación ilegal de la libertad (artículo 272);

Constreñimiento para delinquir (artículo 277);

Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar (artículo278);

Tortura (artículo 279);

Acceso carnal abusivo con menor de catorce años (artículo 303);

Acceso carnal abusivo con incapaz de resistir (artículo 304);

Lesiones con deformidad (artículo 333);

Lesiones con perturbación funcional (artículo 334);

Lesiones con perturbación síquica (artículo 335);

Hurto calificado (artículo 350);

Hurto agravado (artículo 351);

Extorsión (artículo 355), y los delitos contemplados en el Decreto número 2920 de 1982.

III. Razones de la demanda

Considera el actor que las disposiciones que acusa vulneran los artículos 2°, 55, 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional por cuanto el Presidente excedió las facultades extraordinarias de que fue investido por la Ley 52 de 1984.

Desarrolla así el concepto de violación:

1° Los artículos 116, 117 y 118 desbordan el marco material de la ley de investidura por cuanto ésta no habilitó al Presidente para "crear penas", lo cual además es antitécnico dentro de un Código de Procedimiento Penal "ya que el código de las penas es la ley penal sustantiva".

2° Los artículos 421 y 441 son inconstitucionales "especialmente en la enumeración de los delitos" toda vez que ella es caprichosa y no se aviene con la ley de facultades, pues para tal efecto el legislador extraordinario debía seguir la orientación filosófica del Código Penal y adecuarse a sus prescripciones. Apoya esta afirmación en que muchos de los delitos enunciados no son los de mayor entidad ya que tienen señalada una sanción menor en el Código Penal, que aquellos que no fueron incluidos por el legislador extraordinario para determinar la detención o prohibir la libertad provisional. Además cita el caso del "prevaricato por acción" y el "prevaricato por omisión" que tienen prevista la misma pena máxima y mínima en el Código Penal y sin embargo sólo se tuvo en cuenta una de estas especies punibles.

3° El numeral 4° del artículo 421 es contrario a la política criminal que trazó la ley de facultades porque favorece al delincuente más hábil y avezado ya que éste no se deja aprehender en flagrancia o cuasiflagrancia, mientras que el ingenuo y menos peligroso "que se deja coger ese sí va a la cárcel".

4° El numeral 1° del artículo 441 viola la ley de facultades "en donde la libertad es la norma general y el encarcelamiento la excepción" pues permite que el juez señale a su arbitrio una "caución altísima" que el sindicado no puede pagar "y así se le niega de plano la libertad".

IV. Concepto del Procurador General

El Jefe del Ministerio Público concluye en su concepto, que los preceptos acusados no exceden la ley de facultades y solicita a la Corte que declare su exequibilidad.

Anota el Procurador:

I° Respecto de la creación de sanciones por el Decreto número 050 de 1987 transcribe los argumentos que sirvieron de base a su vista fiscal número 1154, conforme a los cuales, son propias de los mandatos procesales, las regulaciones sobre los poderes de ordenación, instrucción y corrección disciplinaria que debe tener el juez y la tipificación de conductas antiprocesales, el señalamiento de las consecuencias jurídicas que de ellas se deriven y la indicación de los procedimientos para imponer las sanciones respectivas; pues como lo ha señalado la Corte "las sanciones procesales son 'de orden eminentemente funcional', y a través de ellas simplemente se garantiza 'el desarrollo normal del proceso' ".

2° Los artículos 421 y 441 determinan los eventos en los cuales procede la detención preventiva y la prohibición de otorgar libertad provisional, materias para las cuales estaba ampliamente facultado el Ejecutivo de conformidad con el literal b) del artículo 1° de la Ley 52 de 1984, pues este estatuto normativo no hizo referencia alguna a los casos en que debía operar la detención preventiva o la libertad provisional.

V. Consideraciones de la Corte

Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución Nacional, la Corte es el tribunal competente para decidir sobre la exequibilidad de los preceptos acusados, por pertenecer a un decreto expedido por el Presidente en ejercicio de las facultades extraordinarias de que trata la Ley 52 de 1984.

Facultades extraordinarias

Advierte la Corte que en sentencia número 49 de mayo 21 de 1987 (M.P. Dr. Jairo E. Duque Pérez) declaró exequible el Decreto número 050 de 1987 en cuanto su expedición v vigencia se cumplieron dentro del término señalado en la Ley 52 de 1984.

Para constatar si el Ejecutivo en el ejercicio de las facultades extraordinarias se ciñó a las materias que le fueron señaladas por la ley de investidura, conviene transcribir en lo pertinente el artículo 1° de ella:

"LEY 52 DE 1984

Artículo 1° De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de dos (2) años para:

1° Elaborar y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, que deberá seguir la orientación filosófica del Código Penal y adecuarse a sus prescripciones, sobre las siguientes precisas y específicas bases:

b) Reglamentación de la captura, detención y libertad provisional, teniendo en cuenta la presunción de inocencia sin desproteger los intereses de la sociedad, particularmente en relación con los delitos más graves, para los cuales no podrá haber excarcelación. Se establecerá preponderantemente la fianza, en la cuantía que el juez estime conveniente, según la gravedad del hecho, como medio de garantizar la presencia del sindicado en el proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia;

g) Reglamentación de la actuación procesal (recursos, términos, nulidades, instancias, etc.);

k) Reglamentar, suprimir, adicionar, modificar lo relacionado con la indagación preliminar, etapas procesales y actuaciones posteriores. Determinar la actuación de las personas que puedan intervenir en tales oportunidades procesales, y

Constitucionalidad de los artículos 116, 117 y 118

Enunciadas las bases específicas que fija la ley de facultades extraordinarias y examinados los artículos 116, 117 y 118 acusados frente a ellas, es claro que las sanciones que establecen para el recusante temerario y el funcionario que no se declare impedido, así como el procedimiento para su imposición, no desbordan el marco material con sujeción al cual debía ejercerse la función legislativa, toda vez que su finalidad no es otra que la de propender al buen desarrollo de los procesos evitando que sufran dilaciones innecesarias en detrimento de una correcta y pronta administración de justicia.

En efecto, es inherente a los ordenamientos procesales el establecimiento de correctivos tendientes a evitar la realización de actividades o conductas "antiprocesales" que atenten contra el normal desenvolvimiento de las actuaciones jurisdiccionales; las multas por comportamientos temerarios o mala fe de las partes que intervienen en los procesos tienen el carácter de sanción procesal de orden eminentemente funcional pues a través de ellas se garantiza el curso regular del procedimiento; pertenecen por tanto a aquellos correctivos como lo ha venido sosteniendo esta corporación. No puede entonces compartirse la apreciación del actor, conforme a la cual, estas previsiones deban ser materia del ordenamiento penal sustantivo, ya que no consagran penas para reprimir conductas delictivas sino que tienden a evitar que el proceso se obstaculice o interfiera por actuaciones temerarias o de mala fe de los sujetos procesales tales como el intento de separar al juez del conocimiento del negocio planteando recusaciones carentes de fundamento.

Iguales reflexiones pueden hacerse respecto de la sanción para el funcionario en quien concurra causal de impedimento que no declare oportunamente dando lugar a que prospere la recusación que se incoe en su contra. En este caso es manifiesta la actitud reprensible del juez, pues a sabiendas de la existencia de la respectiva causal de impedimento, se abstiene sin embargo de revelarla, originando su omisión un trámite procesal que entorpece el normal desarrollo de su natural y necesaria celeridad.

De otra parte cabe señalar que el artículo 118 al establecer el procedimiento con sujeción al cual deben aplicarse las sanciones de multa al recusante temerario y al funcionario que se abstiene de declararse impedido, no desborda el ámbito material de las facultades extraordinarias que le otorgó la Ley 52 de 1984, al Presidente de la República ya que dicho trámite es complemento necesario de los preceptos contenidos en los artículos 116 y 117 que definen la conducta antiprocesal y establecen la respectiva sanción. Estas disposiciones, como ya se dijo, son propias de un Código de Procedimiento, dada la finalidad que con ellas se pretende, siendo de este modo cabal desarrollo de las garantías procesales que consagra el artículo 26 de la Constitución.

Es pertinente señalar que la Corte en sentencia de agosto 13 de 1987 (M.P. Dr. Jesús Vallejo M.) al decidir la constitucionalidad del artículo 261 del Decreto número 050 de 1987 acusado con apoyo en idéntico cargo al que ahora se estudia, dijo lo siguiente:

"El artículo impugnado prevé sanciones para 'quien impida, obstaculice o no preste colaboración para la realización de cualquier prueba en el proceso', tema que obviamente corresponde a un Código de Procedimiento Penal, para cuya expedición estaba precisamente facultado el Gobierno".

Constitucionalidad de las partes acusadas de los artículos 421 y 441 del Decreto número 050 de 1987

A continuación se analizarán los cargos contra las disposiciones citadas en el orden propuesto por el actor:

a) En referencia concreta a los ordinales 2° del artículo 421 y 4° del artículo 441 afirma el demandante que la lista de hechos punibles que en ellos se enuncian "es caprichosa" y no se adecúa por tanto, a la ley de facultades.

Para el examen del cargo verifica la Corte que los preceptos acusados enumeran los delitos en que procede la detención preventiva y aquellos en los que no hay lugar a la libertad provisional; para regular estas materias estaba ampliamente facultado el Presidente en virtud del literal b) del artículo 1° de la Ley 52 de 1984 siguiendo la orientación filosófica y las prescripciones del Código Penal y teniendo en cuenta además "la presunción de inocencia, sin desproteger los intereses de la sociedad, particularmente en relación con los delitos más graves, para los cuales no podrá haber excarcelación".

En punto a los postulados filosóficos que informan el ordenamiento sustantivo penal ha señalado la Corte reiterativamente que:

"Nuestro Código Penal vigente da preeminencia a los principios de la escuela técnico-jurídica que acoge como elementos del hecho punible la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. La responsabilidad tiene como presupuesto básico la culpabilidad y la exteriorización de la conducta y no tanto la condición personal del agente. La responsabilidad objetiva ha sido proscrita de nuestra legislación penal y la catalogación ontológica o de la personalidad del agente juega apenas un papel circunstancial en la medición de la punibilidad. El elemento volitivo de la conducta supone necesariamente un nexo causal y teológico. De otra parte, la política criminal del legislador no ha olvidado los presupuestos criminogenéticos y sociológicos de la acción punible ni la función protectora y resocializadora de la pena y rehabilitara de las medidas de seguridad.

"Así pues, nuestra legislación punitiva no se halla matriculada en forma exclusiva y total en determinada doctrina o escuela penal".

(Sentencia febrero 10 de 1983, M.P. Dr. Manuel Gaona C.).

Revisada la enumeración de los delitos en referencia, no advierte la Corte en qué medida pueden vulnerar los principios esenciales que informan el Código Penal sustantivo pues la simple enunciación de conductas punibles por las cuales proceda la detención preventiva y la libertad provisional en nada afectan los principios de la tipicidad, antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad, ni consagran la responsabilidad objetiva; no es dable considerar entonces, que las normas impugnadas desconocen la orientación filosófica del Código Penal.

Ahora bien, como ya se dijo, el legislador extraordinario estaba habilitado para regular los aspectos relativos a la detención y a la libertad provisional, sin desproteger los intereses de la sociedad y sin que el beneficio de la libertad provisional se extendiera a los delitos más graves. Por tanto, para determinar la procedencia de la detención y vedar para algunos delitos el beneficio anotado, el Presidente no estaba sometido a pautas de valoración para determinar los más graves; podía en consecuencia señalarlos según su criterio. Es claro entonces que en ejercicio de la potestad que le fue conferida el Ejecutivo estableció una lista de los delitos que a su juicio eran los de mayor entidad. Para efectuar tal valoración es evidente que no sólo tuvo en cuenta el monto de la pena imponible por la acción criminosa, sino también la naturaleza del bien jurídico tutelado por la norma y la alarma social que genera la comisión de ciertos delitos; criterios diferenciales que podía aplicar a las distintas especies de hechos punibles para establecer su mayor gravedad, sin que por ello se quebrante el ordenamiento constitucional pues la ley de facultades le daba la competencia suficiente para el efecto.

El ejemplo de que se vale el demandante respecto del "prevaricato por omisión" que a pesar de tener señalada la misma pena, del "prevaricato por acción", no fue incluido por el legislador entre los excarcelables demuestra que el Gobierno en la elaboración del catálogo de delitos privados de excarcelación, estimó como de especial gravedad para estos efectos factores distintos al "quantum" de la pena, tales como la alarma y el daño social, la naturaleza del bien jurídico tutelado y en este caso particular, la posición del sujeto, es decir su actividad en la comisión del delito.

El cuestionamiento sobre el ordinal 4° del artículo 421 consiste en que se desvía de la política criminal diseñada en la ley de facultades. Esta disposición ordena como medida de aseguramiento la detención preventiva para quien es capturado en el momento de cometer el delito, si éste se reprime con pena de prisión; por tanto también se enmarca dentro de las facultades que el legislador delegó en el Presidente en virtud del literal b) del artículo 1° de la Ley 52 de 1984, arriba transcrito y que como se señaló, no estableció parámetros distintos para negar la excarcelación, que la gravedad del delito por el cual se proceda.

Por razones de política criminal que no le incumbe cuestionar al juez de la constitucionalidad, el legislador ha considerado en este caso, además de los elementos subjetivos -delitos doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión-otro factor objetivo, consistente en que al agente se le sorprenda en flagrancia, circunstancia de especial gravedad no sólo desde el punto de vista probatorio sino además como causal de celeridad del proceso motivo que tuvo en cuenta la ley del rito penal, con otros señalados en el artículo 474 del Código de Procedimiento Penal, para establecer el procedimiento abreviado.

5ª Proposición jurídica incompleta

El numeral 1° del artículo 441 dispone que no podrá concedérsele la libertad provisional a quienes se les hubiere dictado auto de detención preventiva conforme a lo previsto en el numeral 5° del artículo 421 del mismo estatuto.

Del contenido del precepto acusado se desprende claramente que él carece de autonomía normativa, pues se halla en íntima relación de causa a efecto con la disposición a la cual se remite, al punto de recibir de ésta su significado y alcance.

Lo anterior resulta particularmente evidente si se analizan los argumentos del actor, quien para sustentar la inconstitucionalidad de la norma que impugna, hace referencia al caso en que el juez imponga arbitrariamente una caución altísima que el sindicado no esté en condiciones de constituir, negándole por ello la libertad provisional. En estas circunstancias un pronunciamiento de mérito sobre la demanda obligaría a la Corte a examinar y decidir sobre la constitucionalidad de una disposición que no ha sido impugnada lo que implicaría un fallo "ultra petita", es decir, sobre lo no acusado y no "obiter dictum", esto es, apenas confrontando lo acusado con preceptos de la Carta y por razones distintas de las invocadas por el actor, excediendo así los límites de su función, toda vez que en los procesos de constitucionalidad por vía de acción, el petitum de la demanda delimita el alcance del pronunciamiento del juez constitucional.

Con fundamento en jurisprudencia constante y reiterada, esta corporación se abstendrá pues, de proferir fallo de mérito sobre el numeral 1' del artículo 441 por carencia de unidad normativa ya que esta parte de la disposición integra con el numeral 5° del artículo 421, no impugnado, la proposición jurídica completa.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -en Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Primero. Declarar exequibles por ajustarse a la Constitución, las siguientes disposiciones del Decreto número 050 de 1987: artículos 116, 117 y 118 y los numerales 2° y 4° del artículo 421 y 4° del artículo 441 en la parte que se acusa.

Segundo. Inhibirse para proferir fallo de mérito sobre el numeral 1° del artículo 441 del mismo decreto.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Hernán Guillermo Aldana Duque, Rafael Baquero Herrera, Jorge Caireño Luengas, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Jorge Enrique Valencia Martínez, Jaime. Sanín Greiffenstein, Ramón Zúñiga Valverde.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario General