Sentencia 1765 de 1988

300Corte SupremaCorte Suprema300300034821765Fabio Mor�n D�az.198807/04/19881765_Fabio Mor�n D�az._1988_07/04/198830003482SENTENCIA INHIBITORIA. INHIBICION DE FALLAR POR CARENCIA DE OBJETO ACTUAL. Cuando la acci�n de inexequibilidad se interpone mientras la norma acusada est� vigente, es obligatorio el fallo de m�rito, con guarda de la integridad de la Constituci�n. La Corte se declara inhibida por carencia de objeto. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia n�mero 33 . Referencia: Expediente n�mero 1765. 1988

Cuando la acci�n de inexequibilidad se interpone mientras la norma acusada est� vigente, es obligatorio el fallo de m�rito, con guarda de la integridad de la Constituci�n.

Acci�n de inexequibilidad contra el Decreto n�mero 2349 de 1971 (parcialmente). Funciones de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria.

El ciudadano Santiago Uribe Ortiz, en ejercicio de la acci�n p�blica de inexequibilidad, present� ante esta corporaci�n escrito de demanda en el que solicita se declare que los art�culos 3� numerales 4�, 10, 21 y 22; 4� numerales 8� y 9�; 15 segundo inciso; 36, 101, 105, 110 a 121, 131 y 132 del Decreto n�mero 2349 de 1971, "por el cual se crea la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria y se dictan otras disposiciones", son inexequibles. Admitida la demanda, se corri� traslado al se�or Procurador General de la Naci�n. Procede la Corte Suprema de Justicia a resolver la cuesti�n planteada, cumplidos como se encuentran todos los tr�mites que prev� el Decreto n�mero 432 de 1969.

Por el cual se crea la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 7a,

Art�culo 3� Son funciones y atribuciones de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria:

4a Orientar, reglamentar e inspeccionar el transporte mar�timo internacional y de cabotaje.

10. Regular y controlar la adquisici�n y construcci�n de naves, la distribuci�n de tr�ficos y l�neas entre armadores colombianos y las actividades e inversiones del transporte mar�timo, evitando el derroche econ�mico de esfuerzos por paralelismo u otro fen�meno.

22. Conceptuar previamente sobre los convenios y tratados internacionales sobre transporte mar�timo, desarrollo y construcci�n naval que pueda suscribir el Estado.

8. Fallar en segundo grado las apelaciones y consultas de las providencias dictadas en primer grado por capitan�as de puerto.

9. Presentar a la aprobaci�n del Gobierno Nacional los proyectos de reglamentos relacionados con las funciones de la direcci�n.

La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria reglamentar� la carrera del personal de la Marina Mercante Colombiana.

Art�culo 36. El Ministro de Defensa podr� vincular por trato en forma permanente personal altamente calificado y especializado con destino a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, de acuerdo con la reglamentaci�n que para tal efecto expida el Gobierno.

Art�culo 101. Las �reas mar�timas recuperables ser�n objeto de reglamentaci�n por parte del Gobierno Nacional. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria estudiar� y aprobar� los proyectos que sobre el particular le sean sometidos a su consideraci�n mientras se dicta la reglamentaci�n de que trata el presente art�culo.

Art�culo 105. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria reglamentar� por resoluci�n los requisitos, procedimientos y medidas de seguridad que se exigir�n para autorizar toda clase de exploraciones costeras y submarinas. Cuando dicha autorizaci�n exige el desplazamiento de un funcionario de la Direcci�n General, los gastos respectivos estar�n a cargo del solicitante.

Art�culo 110. Corresponde a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria la vigilancia y control de las exploraciones submarinas y de las exploraciones que se hagan, por personas naturales o jur�dicas nacionales o extranjeras, encaminadas a la b�squeda de tesoros y antig�edades de toda clase que se hallen en aguas territoriales o en la plataforma continental de la Naci�n.

Art�culo 111. Toda persona natural o jur�dica, nacional o extranjera, que localice en las aguas jurisdiccionales o en la plataforma continental especies n�ufragas que puedan contener elementos de valor hist�rico, cient�fico o comercial, deber� denunciar su descubrimiento a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria indicando las coordenadas geogr�ficas en donde se encuentre.

Art�culo 112. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria dictar� un reglamento para determinar la forma de registrar los avisos que se dan conforme a lo dispuesto en el art�culo procedente en relaci�n con las coordenadas geogr�ficas que determinan la posici�n de cada hallazgo y las m�rgenes de error que se puedan aceptar, sobre la fecha y la hora de los avisos y otras informaciones necesarias. En caso de coincidencia sobre el �rea de una o m�s denuncias, cuando se presuma que el hallazgo es el mismo, tendr� prelaci�n el primer denunciante.

Art�culo 113. Al denunciante que hubiere sido aceptado como tal por la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, se le reconocer� una participaci�n del 5% sobre el producto bruto de los tesoros o antig�edades en caso de que se recuperen.

Art�culo 114. Cualquier persona natural o jur�dica, nacional o extranjera, podr� celebrar con la Naci�n contratos para la recuperaci�n y explotaci�n de los elementos de valor hist�rico, cient�fico o comercial que se encuentren en las especies n�ufragas, sobre las zonas que hayan sido objeto de aviso debidamente aceptado. La Direcci�n General Mar�tima y Portuaria comprobar� la capacidad t�cnica y financiera de los contratistas para llevar a cabo los trabajos.

Art�culo 115. En cada contrato se estipular� que la supervisi�n de los trabajos estar� a cargo de la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria, quien con tal objeto podr� inspeccionar las naves dedicadas a las labores de recuperaci�n, pact�ndose adem�s el reconocimiento expreso por el contratista de pagar al denunciante un 5% del producto de lo recuperado. As� mismo, cuando se trate de contratistas extranjeros se har� expresa declaraci�n de �stos de someterse a la jurisdicci�n de los tribunales y leyes del pa�s.

Los contratistas se obligar�n a suministrar transporte, alojamiento y vi�ticos al funcionario que asigne la Direcci�n para la inspecci�n y control que les compete.

Art�culo 116. De lo recuperado corresponder� como participaci�n a la Naci�n un 25%, y al contratista un 70%, todo calculado sobre el producto bruto.

Art�culo 117. El valor de todas las especies n�ufragas ser� fijado por los peritos designados, uno por la Direcci�n General, otro por el contratista y un tercero por los dos as� nombrados. En caso de desacuerdos de los dos peritos iniciales en la escogencia del tercer perito, �ste ser� nombrado por el gerente del Banco de la Rep�blica.

Art�culo 118. Cuando a juicio de los peritos, los objetos rescatados formen parte del patrimonio art�stico o hist�rico de la Naci�n, la participaci�n del 25% que le corresponde, ser� pagada en especie. As� mismo, la Naci�n tendr� un derecho de preferencia dentro de los 120 d�as siguientes al rescate, para comprar aquellas partes art�sticas o hist�ricas que excedan a su porcentaje, al precio que hayan se�alado los peritos para fijar el monto de todas las participaciones.

Art�culo 119. Para el uso y destinaci�n de los bienes que le corresponden a la Naci�n por participaci�n o compra de los elementos a que se refiere el art�culo anterior, cr�ase una comisi�n presidida por el se�or Ministro de Defensa Nacional o su representante, un representante del Ministerio de Educaci�n, un representante de la Academia Colombiana de Historia, el Alcalde de la ciudad capital del departamento de la zona mar�tima adyacente o su representante, y el Director de la Corporaci�n Nacional de Turismo, la cual dispondr� sobre su distribuci�n en los distintos museos de la Rep�blica o la organizaci�n de un museo especial.

Art�culo 120. El Ministerio de Defensa, previo concepto de la Comisi�n a que se refiere el art�culo anterior, podr� celebrar contratos con terceras personas o con el contratista para el establecimiento de museos en el pa�s, que exhiban al p�blico los tesoros y antig�edades recuperadas.

Art�culo 121. Las divisas que se importan al pa�s para fines de exploraciones y b�squeda de las especies n�ufragas y su correspondiente extracci�n y explotaci�n, deber�n ajustarse a las disposiciones legales sobre la materia.

Art�culo 131. Autor�zase a la Direcci�n General Mar�tima y Portuaria para crear incentivos honor�ficos de reconocimiento a los buenos oficios de entidades y personas que contribuyan eficazmente al desarrollo mar�timo del pa�s.

Art�culo 132. El presente decreto deroga las disposiciones que le sean contrarias y entra en vigencia a partir del primero de enero de 1972".

En extenso escrito, el actor fundamenta las razones de su demanda despu�s de se�alar que lo acusado infringe lo dispuesto por los art�culos 2�, 16, 20, 30, 31, 32, 34, 55, 57, 58, 61, 63, 76 numerales 1�, 2� 9�, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20y 21; 118 numeral 8�; 119 numeral 2�; 120 numerales 2�, 3�, 5�, 13 y 20; 147 a 164; 183; 184; 202; 206 y 207 de la Constituci�n Nacional.

En resumen, para el actor s�lo el jefe de la administraci�n puede reglamentar la ley, y las normas acusadas entregan a otra autoridad esta competencia; adem�s, sostiene que en nuestro r�gimen s�lo los cuerpos colegiados pueden decretar honores y no es admisible constitucionalmente que lo hagan entidades administrativas como ocurre en el caso que demanda. De otra parte, s�lo el legislador puede establecer el r�gimen general de los bienes en el Territorio Nacional por lo que sin esa facultad expresa no pod�a el Gobierno modificar lo correspondiente a bienes vacantes, mostrencos y dem�s especies n�ufragas, como lo hizo en las normas que acusa.

En Oficio n�mero 1301 de cuatro de marzo de 1988, el se�or Procurador solicita a la Corte que, como lo ha se�alado en reiteradas oportunidades, se declare inhibida para proferir fallo de m�rito en relaci�n con las normas acusadas, por carencia actual de objeto ya que el Decreto n�mero 2349 de 1971 fue derogado en su totalidad en forma expresa.

Esta corporaci�n advierte, de la misma manera como lo hace el se�or Procurador General de la Naci�n, que debe inhibirse de fallar la demanda que se dirige contra algunas disposiciones del Decreto n�mero 2349 de 1971, en raz�n de que no existe objeto actual sobre el que pueda recaer su decisi�n.

En efecto, el Decreto n�mero 2324 de 1984 (septiembre 18), expedido por el Gobierno Nacional, con base en las facultades extraordinarias que le confiri� la Ley 19 de 1983, derog� expresamente todo el Decreto n�mero 2349 de 1971, algunas de cuyas disposiciones son acusadas en la demanda que inici� este proceso. As�, el art�culo 196 del Decreto n�mero 2324 de 1984, dispuso:

"Vigencia y derogatoria. El presente decreto deroga los Decretos n�meros 3183 de 1952,2349 de 1971, los art�culos 2�, 3o, 4�, 5� del Decreto n�mero 1208 de 1969 y todas las disposiciones que le sean contrarias y, entra en vigencia a partir de la fecha de su expedici�n" (Subraya la Corte. Diario Oficial n�mero 36780 de noviembre 1� de 1984).

De esta manera, como lo que se acusa por el actor ha desaparecido del mundo jur�dico, ya que por derogatoria expresa que de ello hizo la norma arriba transcrita ha perdido su vigencia tanto formal como material, no puede esta corporaci�n pronunciarse de m�rito en este caso.

Es preciso agregar que la jurisprudencia actual de la Corte ha establecido, en relaci�n con normas acusadas derogadas, que cuando la acci�n de inexequibilidad se interpone mientras la norma acusada est� vigente, es obligatorio el fallo de m�rito, en guarda de la integridad de la Constituci�n (Sentencia n�mero 15 de marzo 3 de 1987. Magistrado ponente: doctor Hernando G�mez Ot�lora).

En m�rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y o�do el se�or Procurador General de la Naci�n,

C�piese, publ�quese, comun�quese al Gobierno Nacional, ins�rtese en la Gaceta Judicial y arch�vese el expediente.

Jos� Alejandro Bonivento Fern�ndez, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carre�o Luengas, Guillermo D�vila Mu�oz, Manuel Enrique Daza Alvarez, (con salvamento de voto); Jairo E. Duque P�rez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo Garc�a Sarmiento, Gustavo G�mez Vel�squez, (con salvamento de voto); Juan Hern�ndez S�enz (con salvamento de voto); Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla J�come, H�ctor Mar�n Naranjo, Lisandro Mart�nez Z��iga, Fabio Mor�n D�az, Alberto Ospina Botero, Didimo P�ez Velandia, Jorge Iv�n Palacio Palacio, Jacobo P�rez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime San�n Greiffenstein, Ram�n Z��iga Valverde.

Hemos dicho en numerosas ocasiones que la simple derogatoria del precepto acusado por inconstitucionalidad no excusa a la Corte de hacer un pronunciamiento de fondo, bajo el pretexto de inexistencia de objeto sobre el cual resolver o de la llamada "sustracci�n de materia''.

1� Porque as� como el constituyente no le confiere a la Corte la defensa de algunos textos de la Carta Pol�tica, dejando en el desamparo a los dem�s, sino que le atribuye la tutela integral de todos sus preceptos tampoco exige el constituyente que para que la Corte pueda pronunciarse sobre la validez de una norma tachada de inconstitucionalidad esa norma se halle vigente al tiempo de tal pronunciamiento, pues al contrario, prev� impl�citamente que la guarda completa de la Carta debe ejercerse en todo momento y en todo lugar, cuando se presente o se haya presentado un desconocimiento de sus dictados por actos de rango inferior al constitucional.

2� Porque la simple derogatoria de una norma no hace desaparecer como por arte de encantamiento los efectos que ya haya producido. Y si ella es contraria a la Constituci�n Pol�tica, fatalmente perdurar�n tales efectos si la Corte se abstiene de resolver sobre su ortodoxia, por estar derogada. �Entonces, si es axioma jur�dico que no puede haber derechos adquiridos cuando se contradigan dictados de la Carta, c�mo puede admitirse la permanencia de supuestos derechos que surjan de una ley inconstitucional, por haberse abolido ella

3� Porque la misma Corte Suprema, con fundamento en reflexiones semejantes a las anteriores, ha admitido que debe pronunciarse sobre la exequibilidad de preceptos sin vigencia cuando ellos hacen parte de decretos expedidos en ejercicio de las facultades concedidas por los art�culos 121 y 122 de la Constituci�n. Pueden leerse sobre el tema los fallos pronunciados por la Sala Plena el 20 de octubre de 1977 y el 28 de febrero de 1983 (caso del Decreto Legislativo n�mero 3747 de 1982), entre otros.

4� Porque si tal dijo la Corte en cuanto al juzgamiento de reglas dictadas dentro de per�odos de anormalidad institucional previstos por los mencionados art�culos 121 y 122 de la Constituci�n, no puede existir argumento serio y valedero para que esa misma tesis no sea predicable en cuanto a preceptos expedidos dentro del r�gimen normal u ordinario de nuestras instituciones, consagrado por la Carta Pol�tica.

5� Porque solamente cuando la norma derogada no alcanz� a tener vigencia ni, por ende, a producir efectos, puede admitirse que la Corte carece de materia o de objeto sobre el cual pronunciarse, y as� lo aceptamos nosotros.

6� Porque, de acuerdo con las argumentaciones anteriores, no puede sensatamente creerse que en estos casos la Corte ejerce un simple "magisterio moral", rom�ntico, te�rico e idealista, sin consecuencias pr�cticas en la vida jur�dica, ya que, al contrario, cuando la corporaci�n decide sobre la exequibilidad de un texto derogado pero que rigi�, cumple apenas de manera cabal el deber de preservar en todo tiempo y lugar la intangibilidad plena de la Carta Pol�tica, como confi� el constituyente que lo hiciera cuando le encomend�, sin cortapisa alguna, tan sagrada y trascendental obligaci�n.

Como en esta oportunidad la mayor�a de la Sala decidi� proferir sentencia inhibitoria y no de fondo, disentimos de ella por las razones que hemos expuesto.

Juan Hern�ndez S�enz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Gustavo G�mez Vel�squez