300Corte SupremaCorte Suprema300300034661736Jairo E. Duque Pérez198817/03/19881736_Jairo E. Duque Pérez_1988_17/03/198830003466NO ES COMPETENCIA DE LA CORTE, DECLARACION ALGUNA SOBRE LA BONDAD O CONVENIENCIA DE LA DISPOSICION ACUSADA. COMPETENCIA DE LOS JUECES SUPERIORES. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Exequible el numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 31. Referencia: Expediente número 1736. 1988
Fabio Ortiz Sánchez | Alfonso Murcia RojasAcción de inexequibilidad contra el numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987. Competencia de los jueces superiores.Identificadores30030003467true75357Versión original30003467Identificadores

Norma demandada:  Acción de inexequibilidad contra el numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987. Competencia de los jueces superiores.


NO ES COMPETENCIA DE LA CORTE, DECLARACION ALGUNA SOBRE LA BONDAD O CONVENIENCIA DE LA DISPOSICION ACUSADA. COMPETENCIA DE LOS JUECES SUPERIORES. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

Exequible el numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 31.

Referencia: Expediente número 1736.

Acción de inexequibilidad contra el numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987. Competencia de los jueces superiores.

Actores: Fabio Ortiz Sánchez y Alfonso Murcia Rojas.

Magistrado sustanciador Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada según Acta número 13.

Bogotá, D. E., marzo diecisiete (17) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

En ejercicio de la acción pública que prevé el artículo 214 de la Constitución Nacional, los ciudadanos Fabio Ortiz Sánchez y Alfonso Murcia Rojas han solicitado a la Corte declarar la inexequibilidad del numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987 (Código de Procedimiento Penal).

Procede la Corte a resolver sobre la solicitud impetrada luego de agotados los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto número 432 de 1969.

Norma acusada

Incluidos los acápites pertinentes, el texto de la norma acusada es el siguiente:

«DECRETO NUMERO 050 DE 1987

Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

CAPITULO II

De la competencia funcional y por razón de la naturaleza del hecho punible y la calidad de los procesados.

Artículo 70. Competencia de los jueces superiores. Los jueces superiores de Distrito Judicial, conocen:

2° En segunda instancia, de los procesos por lesiones personales» (Se subraya el numeral acusado).

Fundamentos de la demanda

Consideran los demandantes que el numeral que acusan desconoce los principios constitucionales contenidos en los artículos 39 y 40 de la Carta Política.

El concepto de la violación lo estriban en que con el cambio de competencia se cercena el derecho a litigar que les confiere el artículo 31 del Decreto número 196 de 1971 a quienes han terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho, puesto que conforme al anterior Código de Procedimiento Penal podían "actuar en los casos de lesiones personales ante el juez municipal e ir en apelación ante el juez penal del circuito", quien conocía en segunda instancia de los procesos atribuidos a los jueces municipales; mientras que por virtud de la disposición impugnada "su derecho se ve palmariamente vulnerado o desconocido ya que no podría sustentar el recurso de apelación en idéntico caso ya que éste se surte ante el Juez Superior" funcionario ante quien no les está permitido ejercer la profesión de abogado sin título profesional.

Concepto del Procurador

General. de la Nación

El Jefe del Ministerio Público considera que el legislador extraordinario estaba facultado para modificar las normas de competencia, según lo estipulado en el literal 1 del artículo 1° de la ley de investidura; la formulación del cargo resulta entonces improcedente "porque los demandantes deducen violación de los cánones 39 y 40 constitucionales, de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto número 196 de 1971 olvidándose que no hay inexequibilidad de un texto legal por violación de otro del mismo rango".

Señala que el precepto acusado no puede desconocer los preceptos constitucionales que indican los actores, "pues allí no se está restringiendo el libre derecho de las personas a escoger profesión u oficio, como tampoco se están regulando excepciones para litigar sin haber obtenido el título de abogado, las cuales se encuentran consagradas en el Decreto número 196 de 1971".

Anota finalmente que "las normas sobre competencia corresponde regularlas al legislador, ya sea ordinario o extraordinario, de manera que éste puede modificarlas en cualquier momento sin que se contraríe mandato constitucional". Apoya este criterio en la jurisprudencia de esta corporación plasmada en la Sentencia de 1° de diciembre de 1977.

Consideraciones de la Corte

1. El artículo 214 de la Constitución Nacional le da competencia a la Corte para decidir definitivamente sobre la presente demanda de inexequibilidad, por cuanto el decreto del cual forma parte el precepto acusado fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias de que trata el artículo 76-12 ibidem.

2. Cabe recordar en primer lugar, que la Corte en Sentencia número 49 de mayo 21 de 1984 declaró exequible el Decreto número 050 de 1987, en cuanto su expedición y vigencia se cumplieron de conformidad con lo previsto en la Ley 52 de 1984.

3. Como lo advierte el Procurador la ley de facultades habilitó al Ejecutivo para: "1. Revisar y modificar la competencia para instrucción y juzgamiento, teniendo en cuenta todos los factores que la determinan" y el precepto acusado es claro desarrollo de esa facultad puesto que establece una competencia funcional: la de los jueces superiores para conocer en segunda instancia de los procesos por lesiones personales.

4. Aun cuando los demandantes citan como vulnerados los artículos 39 y 40 de la Constitución Política de Colombia, advierte la Corte que la disposición acusada nada tiene que ver con los principios que ellos consagran, pues es evidente que el mandato legal no se refiere a la reglamentación del ejercicio de las profesiones en general, ni de la del derecho en particular, que ni prohíbe escoger una determinada profesión u oficio o impida su ejercicio para que pueda tener algún fundamento la acusación que plantean.

5. Obsérvese que el precepto cuestionado se limita a fijar una competencia a los jueces superiores, que bien puede no coincidir con la que en esa materia señalaba el anterior estatuto procesal, pues su determinación es privativa del legislador ordinario quien ejerce esa atribución directamente o invistiendo al Ejecutivo de facultades extraordinarias precisas y pro tempore.

Por lo demás, es claro que las razones de política legislativa que tuvo en cuenta el legislador extraordinario para modificar la competencia de juzgamiento en segunda instancia para los delitos de lesiones personales, escapan al control jurisdiccional, pues no le incumbe a la Corte declaración alguna sobre la bondad o conveniencia de la disposición demandada, aunque su aplicación eventualmente incida en la de otros preceptos de la misma jerarquía normativa. Se cuestionaría así la autonomía del legislador para señalar las competencias jurisdiccionales en la forma que considere más acordes con las necesidades de la administración de justicia.

En el ejercicio del control jurisdiccional de la ley, la Corte se circunscribe a confrontar la norma con el texto superior. No es procedente entonces analizar dentro del proceso de constitucionalidad aspectos de legalidad.

Desde el punto de vista estrictamente constitucional el cargo carece de fundamento, toda vez que si bien el artículo 31 del Decreto número 196 de 1971 le otorga a los egresados de las facultades de derecho la posibilidad de ejercer la profesión ante determinadas autoridades judiciales, como una excepción a la prohibición de litigar en causa propia o ajena sin ser abogado inscrito que el artículo 40 de la Carta prevé; tal autorización se confiere sin menoscabo de la potestad legislativa de distribuir las competencias de determinados asuntos entre las distintas categorías de jueces, pues salvo las atribuciones señaladas en los artículos 141, 151, 214 y 216 las demás funciones de los organismos de la Rama Jurisdiccional son determinadas por la ley, según se desprende del contexto de los artículos 26, 137, 141-4, 151-4, 154 y 158 de la Constitución.

Decisión

En mérito de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia -en Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declárase exequible el numeral 2° del artículo 70 del Decreto número 050 de 1987 Código de Procedimiento Penal, que dice: "2° En segunda instancia, de los procesos por lesiones personales".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez,Juan Hernández Sáenz, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Alfonso Suárez de Castro, Conjuez; Jaime Sanín Greiffenstein, Ramón Zúñiga Valverde.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario