300Corte SupremaCorte Suprema300300034181739Jairo E. Duque Pérez.198818/02/19881739_Jairo E. Duque Pérez._1988_18/02/198830003418COSA JUZGADA. CLAUSULAS QUE FORZOSAMENTE DEBEN CONTENER LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. La Corte remite a sentencia número 90 de septiembre 29 de 1983. Corte Suprema de Justicia Sala Plena. Sentencia número 13. Referencia: Expediente número 1739. 1988
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COSA JUZGADA. CLAUSULAS QUE FORZOSAMENTE DEBEN CONTENER LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

La Corte remite a sentencia número 90 de septiembre 29 de 1983.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena.

Sentencia número 13.

Referencia: Expediente número 1739.

Acción de inexequibilidad parcial contra el inciso 1° del artículo 60 del Decreto número 222 de 1983. De las clausulad que forzosamente deben contener los contratos administrativos.

Actor: Julián Alberto Arias Martínez.

Magistrado sustanciador: doctor Jairo E. Duque Pérez.

Aprobada según Acta número 9.

Bogotá, D.E., febrero dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

I. Antecedentes

Se decide sobre la demanda de inexequibilidad presentada por el ciudadano Julián Alberto Arias Martínez, contra una parte del inciso 1° del artículo 60 del Decreto número 222 de 1983, en ejercicio del derecho que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, por estar agotados los trámites del proceso constitucional que señala el Decreto número 432 de 1969.

II. Norma Acusada

A continuación se transcribe el texto completo del artículo 60 del Decreto número 222 de 1983 y se subraya el fragmento acusado.

«DECRETO NUMERO 222 DE 1983 (febrero 2)

TITULO VI

Cláusulas obligatorias

Artículo 60. De las cláusulas que forzosamente deben cumplir los contratos.

Salvo disposición en contrario, en todo contrato se estipularán las cláusulas propias o usuales conforme a su naturaleza y, además, las relativas a caducidad administrativa; sujeción de la cuantía y pagos a las apropiaciones presupuéstales; garantías; multas; penal pecuniaria; y renuncia a reclamación diplomática cuando a ello hubiere lugar. Así mismo en los contratos administrativos y en los de derecho privado de la administración en que se pacte la caducidad, se incluirán como cláusulas obligatorias los principios previstos en el Titulo IV de este estatuto.

Siempre deberán precisarse el objeto, la cuantía y el plazo para la ejecución completa del contrato».

III. Razones de la demanda

El demandante estima que la norma acusada infringe el ordinal 8° del artículo 118 de la Constitución Nacional.

Comienza el demandante por señalar que la Ley 19 de 1982 confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para reformar el régimen de contratación administrativa previsto en el Decreto número 150 de 1976, y para dictar otras disposiciones y estableció los principios a los cuales debía ceñirse el Ejecutivo para el ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas.

Precisado lo anterior sostiene que la disposición acusada al incluir como cláusula obligatoria en todos los contratos que celebre la administración, tanto los administrativos como los de derecho privado en que se pacte la caducidad; las relacionadas con los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales a que se refiere el Título IV del estatuto contractual "supera los límites o parámetros fijados por los artículos 2°, 3° y 6° de la ley de facultades y se contradice con lo dispuesto en el artículo 18 del Decreto número 222 de 1983°; por ello el Presidente "se excedió en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el Congreso por medio de la Ley 19 de 1982".

Apoya su criterio en que conforme a la ley de facultades extraordinarias los principios premencionados "se aplican única y exclusivamente a los contratos administrativos y en ningún caso a los de derecho privado de la administración" y de otra parte, el artículo 18 del Decreto número 222 de 1983 que establece los contratos a los cuales se aplican "en ningún caso nombra los contratos de derecho privado de la administración, por lo que se presume que no es obligatoria la presencia en ellos".

Advierte finalmente que aunque las expresiones impugnadas fueron objeto de una demanda anterior y la Corte declaró su exequibilidad en sentencia de septiembre 29 de 1983, "no se presenta la figura de cosa juzgada, pues las dos demandas se refieren a materias diferentes", ya que mientras en la anterior se impugnó la inclusión de la cláusula de caducidad en los contratos de derecho privado de la administración, la que es materia de esta acusación se refiere a la inclusión en esos contratos de terminación, modificación e interpretación unilaterales.

IV. concepto del procurador general de la nación

El Procurador solicita estar a lo resuelto en la sentencia número 90 de septiembre 29 de 1983, que declaró exequibles las expresiones que son objeto de esta nueva impugnación, pues en contra de lo que afirma el actor considera que los argumentos expuestos en uno y otro caso "se identifican" y "en consecuencia ya fueron objeto de análisis por parte de la Corte Suprema de Justicia".

V. Consideraciones de la corte

Como quiera que la disposición acusada forma parte del Decreto-ley número 222 de 1983 expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 19 de 1982, de acuerdo con el artículo 76-12 de la Constitución Nacional, compete a la Corte decidir sobre su exequibilidad según lo dispone el artículo 214 del Estatuto Fundamental.

"Como lo recuerda el Procurador y lo acepta el actor, la parte de la disposición objeto de la presente demanda había sido impugnada dentro del proceso 1085 promovido por el ciudadano Alvaro Galvis Pino y la Corte en sentencia número 90 de septiembre 29 de 1983, que ha hecho tránsito a cosa juzgada con alcance y efectos erga omnes, declaró su exequibilidad.

Considera esta Corporación, de acuerdo con el Procurador, que no le asiste razón al demandante cuando afirma que 'no se presenta la figura de cosa juzgada', pues se trata del mismo tema o materia que fue objeto de decisión en la sentencia prealudida adoptada en el proceso 1085.

En efecto el actor de este proceso acusó tanto el artículo 1° en la parte que dispone el pacto de la caducidad en los contratos que celebre la administración, como el segundo fragmento del mismo artículo que se refiere precisamente a la inclusión tanto en contratos administrativos como en los civiles de la administración en que se pacte la caducidad, de las cláusulas previstas en el Título IV del Decreto número 222 de 1983; y ambas normas fueron declaradas exequibles.

Hay pues identidad de normas y aun de causa petendi-, pero si se acepta, sólo hipotéticamente, que la causa petendi de la nueva demanda es distinta de la que sirvió de fundamento a la anterior, también se generarían los efectos de la cosa juzgada ya que como lo tiene decidido la doctrina de esta Corporación que el Procurador cita en su concepto 'en este aspecto la Corte tiene que reiterar su jurisprudencia, en el sentido de que sus decisiones en materia de inexequibilidad tienen efecto definitivo, de cosa juzgada, y que no puede por tanto, volver sobre pronunciamientos, así los motivos de la acusación propuesta sean distintos a los formulados en otras ocasiones o no aparezcan expresamente analizados en sus providencias. De modo que, cuando la Corte declara exequible o inexequible una disposición, en el primer caso se estima integralmente saneada de cualquier tacha, y en el segundo no revive ni readquiere vigencia por ninguna razón. Es claro que ese afecto definitivo admite revisión en el caso de que se presente una inconstitucionalidad sobreviniente, por cambio posterior de las normas constitucionales'.

No sobra recordar que al examinar las expresiones acusadas frente a las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por la Ley 19 de 1982 (artículo 1° literales b y d) halló la Corte que no había extralimitación alguna 'al adoptar las prescripciones acusadas, ya que una facultad amplia como la de definir, reclasificar y señalar regímenes especiales para los contratos regidos por el estatuto

contenido en el Decreto número 222 de 1983, implica clarísimamente la posibilidad de distinguir las diferentes especies de contratos y darle a cada uno la regulación específica que se crea más conveniente, ya de derecho público, ora de derecho privado, o combinando disposiciones de una y otra naturaleza según el interés del Estado. Ese es el sentido que debe darse al concepto de regímenes especiales incorporado en la ley de facultades'.

Se debe pues estar a lo decidido en el fallo de septiembre 29 de 1983. Así se ordenará".

Decisión

En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia en -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Estése a lo dispuesto en la sentencia número 90 de septiembre 29 de 1983 que declaró exequible las expresiones: "y en los de derecho privado de la administración en que se pacte la caducidad".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Alejandro Bonivento Fernández, Presidente; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dáuila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Didimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jaime Sanín Greiffenstein, Ramón Zúñiga Valverde.

Alvaro Ortiz Monsalve

Secretario