300Corte SupremaCorte Suprema30030003402Luzardo Fortoul192528/09/1925Luzardo Fortoul_1925_28/09/192530003402Corte Suprema de Justicia-Corte Plena. Bogotá, veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticinco. (Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul). Vistos: 1925
Celso Rodríguez OIdentificadores30030003403true75295Versión original30003403Identificadores

Corte Suprema de Justicia-Corte Plena.

Bogotá, veinticinco de septiembre de mil novecientos veinticinco.

(Magistrado ponente, doctor Luzardo Fortoul).

Vistos:

El doctor Celso Rodríguez O., obrando con el carácter de Gerente del Banco Prendario Municipal.de Bogotá y haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, acusa el artículo 53 de la Ley 68 de 1924 como violatorio del 31 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos adquiridos con justo título por personas naturales o jurídicas.

El señor Procurador General de la Nación ha emitido concepto desfavorable a la acusación, por estimar que no existe la inexequibilidad alegada.

La disposición que se acusa dice textualmente:

"Los Bancos Prendarios Municipales de que trata el artículo 120 de la Ley 45 dé 1923, estarán sometidos en lo pertinente a las disposiciones del capítulo v de la misma Ley."

Verificadas las referencias que hace el artículo transcrito, resulta de él que los Bancos Prendarios Municipales que tengan sección de ahorros quedan sujetos a las disposiciones pertinentes del capítulo v de la Ley 45 de 1923, que establece los requisitos y formalidades a que, como garantía para el público, deben someterse los bancos que tengan la expresada sección de ahorros.

Los principales de esos requisitos son en síntesis los siguientes: solicitar y obtener del Superintendente Bancario autorización especial para abrir sección de ahorros; poner aparte, como garantía de las personas que hagan depósitos en dicha sección, una determinada cantidad proporcional al total de las sumas depositadas; no recibir a un solo individuo más de tres pesos en cuenta de ahorros, salvo ciertas excepciones; dar a los depósitos recibidos en la expresada sección las inversiones determinadas en el artículo 118 de la sobredicha Ley 45; hacer que los inmuebles que se den en garantía hipotecaria al banco, cuando en ellos estén comprendidos edificios, sean asegurados a favor del banco por quien da la garantía; constituir en manos del Superintendente un depósito no menor de quinientos pesos; someterse a la revisión y vigilancia de dicho funcionario, y presentar los informes y relaciones de que tratan los artículos 41 y 42 de la mencionada Ley 45.

Estriba la tacha de inconstitucionalidad en someter el artículo acusado los Bancos Prendarios Municipales a los requisitos que se dejan mencionados y a otros establecidos en la precitada Ley 45 de 1923, sin hacer distinción alguna entre los bancos que estaban ya organizados cuando dicha Ley entró en vigencia, como el Banco Prendario Municipal de Bogotá, y los que se fundaron con posterioridad a tal vigencia, por lo cual considera el demandante lesivo el expresado texto legal de los derechos adquiridos por aquella institución, y que se hallan amparados por el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Para formar concepto acertado acerca de la procedencia de la acusación, conviene traer a la vista los textos de nuestra. Ley fundamental que se relacionan con el ejercicio de las industrias en general y de la bancaria en particular.

El artículo único del Acto legislativo número 1.° de 1921, que sustituyó al Acto de la misma especie número 1.° de 1918, el cual a su vez reemplazó al artículo 44 de la Constitución de 1886, es del siguiente tenor:

"Toda persona podrá abrazar cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de pertenecer a gremio de maestros o doctores.

"Las autoridades inspeccionarán las industrias y profesiones en lo relativo a la moralidad, la seguridad y la salubridad públicas. La ley podrá restringir la producción y el consumo de los licores y de las bebidas fermentadas.

"También podrá la ley ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas, y reglamentos de las empresas públicas de transporte o conducciones y exigir títulos de idoneidad para el ejercicio de las profesiones médicas y de sus similares y de la de abogado."

El artículo 120 de la Constitución, relativo a las atribuciones del Presidente de la República como suprema autoridad administrativa, consagra la siguiente en su ordinal 17:

"Organizar el Banco Nacional, y ejercer la inspección necesaria sobre los bancos de emisión y demás establecimientos de crédito conforme a las leyes."

Las disposiciones que se acaban de reproducir consagran en Colombia la libertad de industria y la facultad de ejercer cualquier oficio u ocupación honesta sin necesidad de títulos especiales de idoneidad, salvo en lo relativo a la medicina y profesiones similares, así como en lo referente al ejercicio de la abogacía.

Pero las mismas disposiciones, inspiradas en el principio de que el bien común prefiere al del individuo aisladamente considerado, consagran la facultad de restringir el ejercicio de las industrias y profesiones en cuanto de él puede originarse algún perjuicio para la sociedad en orden a la moralidad, la seguridad o la salubridad públicas.

Y se dice que las disposiciones de que se habla consagran la facultad de restringir el ejercicio de las industrias, aunque sólo hablan de inspección sobre ellas, por cuanto esta última no podría tener en muchas ocasiones la eficacia práctica que el constituyente ha querido darle, si no llevara anexa la potestad de reglamentar, o sea de restringieren determinados casos el ejercicio de la industria.

A más de esto, los debates que en el Consejo Nacional de Delegatarios tuvieron lugar al discutirse el artículo 44 de la Constitución, ponen de manifiesto que los miembros de aquella corporación entendieron que la facultad de inspeccionar las industrias establecida en dicho texto envuelve la potestad de restringir el ejercicio de ellas, ya que en sus oraciones empleaban indistintamente los vocablos inspección y restricción.

Si estas restricciones han sido halladas convenientes por el constituyente respecto de las industrias en general, en lo tocante a la industria bancaria se hace más imperativa la intervención y vigilancia de las autoridades, por ser los bancos instituciones de crédito a cuyo funcionamiento está íntimamente ligada la vida económica de un país.

Establecida como está en la Constitución, según se deja visto, la facultad de reglamentar el ejercicio de las industrias en lo tocante a la moralidad, la seguridad la salubridad públicas, no pueden los bancos alegar derechos adquiridos respecto de cualquier disposición legal que tienda a regular o restringir el ejercicio de la industria bancaria por motivos de seguridad pública, como son las disposiciones contenidas en el capítulo y de la Ley 45 de 1923, pues si un derecho nace a. la vida civil con el carácter de restringible, no puede considerarse violado por el hecho de sometérsele a la restricción prevista.

Las consideraciones hechas son suficientes para demostrar que bien puede el legislador, en guarda de la seguridad pública, disponer que una ley como la de que se trata se aplique, a establecimientos fundados con anterioridad, como en realidad ha sucedido respecto de todos los bancos que antes de la expedición de la indicada Ley venían funcionando en el país, los cuáles han quedado cobijados por las disposiciones de la referida Ley, sin que en ello pueda verse la violación de un derecho adquirido.

Bien puede que algunas disposiciones de, la Ley 45 de 1923 referentes a las secciones de ahorro ofrezcan inconvenientes en su aplicación, mas a esto cabe observar que la Corte no está llamada a decidir respecto de la conveniencia o inconveniencia de las leyes, sino tan sólo acerca de su atemperamento a las normas constitucionales.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, en Sala Plena, obrando en conformidad con el concepto fiscal y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, decide que no es el caso de declarar inexequible el artículo 53 de la Ley 68 de. 1924.

Cópiese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Judicial.

JUAN N. MENDEZ-Tancredo Nannetti-Dionisio Arango-José Miguel Arango-Manuel José Barón-Enrique A. Becerra-Julio Luzardo Fortoul-Jesús Perilla V.-Luis Felipe Rosales Raimundo Rueda-Francisco Tafur A.-Juan C. Trujillo Arroyo-Augusto N. Samper, Secretario en propiedad.