300Corte SupremaCorte Suprema300300032651688Jesús Vallejo Mejía.198726/11/19871688_Jesús Vallejo Mejía._1987_26/11/198730003265NO HAY ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISION DEL HECHO PUNIBLE, FRENTE A UNA LEY POSTERIOR MAS FAVORABLE A LA LIBERTAD O EL DERECHO DE DEFENSA DE LOS PROCESADOS. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL, ARTICULO 26 C.N. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. Exequible el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 166. 1987
Ricardo Cifuentes Salamanca.Identificadores30030003266true75167Versión original30003266Identificadores

NO HAY ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISION DEL HECHO PUNIBLE, FRENTE A UNA LEY POSTERIOR MAS FAVORABLE A LA LIBERTAD O EL DERECHO DE DEFENSA DE LOS PROCESADOS. PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD DE LA LEY PENAL, ARTICULO 26 C.N. CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.

Exequible el artículo 677 del Código de Procedimiento Penal.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 166.

Referencia:

Expediente número 1688. Norma acusada: Artículo 677 del Decreto 0050 de 1987 "aplicación del Procedimiento anterior". Actor: Ricardo Cifuentes Salamanca.

Magistrado Ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobada por acta número 53.

Bogotá, D. E., noviembre veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Ricardo Cifuentes Salamanca, en uso del derecho otorgado por el artículo 214 de la Constitución Nacional, ha solicitado a la Corte que declare la inexequibilidad del artículo 677 del Decreto-ley 0050 de 1987, por el cual se expidió el Código de Procedimiento Penal.

Admitida la demanda, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien rindió concepto dentro de la oportunidad legal. Procede ahora la Corte a resolver sobre el fondo de la petición.

II. Disposición acusada

"Artículo 677. Aplicación del procedimiento anterior. El Código de Procedimiento Penal anterior se aplicará en los procesos que para la vigencia de este decreto estén con auto de cierre de investigación ejecutoriado".

III. Fundamentos de la demanda

Considera el actor que el artículo 677 del Decreto 50 de 1987 es violatorio del canon 26 de la Constitución Nacional, por cuanto establece una excepción al principio de favorabilidad, que en materia criminal consagra la precitada disposición superior.

Es de anotar, agrega el impugnante, que tanto los procesos con auto de cierre de investigación ejecutoriados al 1° de julio de 1987 como los que no se encuentran en esta situación, hacen parte de lo que la Constitución denomina "materia criminal". Por tanto, infringen el texto constitucional el artículo 677 del Nuevo Código de Procedimiento Penal y cualquiera otra norma que pretenda limitar en algún sentido el principio de favorabilidad consagrado por la Carta para el tránsito de legislación en materia criminal.

IV. Concepto del Procurador General de la Nación

La vista fiscal se apoya en algunos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia para sostener, en primer término, que el principio de favorabilidad consagrado por el artículo 26 de la Carta opera tanto con respecto a normas sustantivas como adjetivas, siempre y cuando se trate de disposiciones que regulen asuntos de naturaleza criminal. En segundo lugar, dice el Procurador, fundamentándose para ello en sentencia de esta Corporación de mayo 10 de 1984, que toda disposición procedimental que no trate asuntos sustanciales, puede considerarse indiferente frente al problema de la favorabilidad en materia criminal, por no afectar por sí misma dicho principio.

Con base en los argumentos esbozados, y partiendo de la discrecionalidad que asiste al legislador "para fijar si las normas procesales tienen vigencia inmediata para los procesos ya iniciados, en trámite, o si se aplican exclusivamente a los hechos o procesos que tengan ocurrencia con posterioridad a la fecha en que empezó a regir el nuevo Estatuto", la Procuraduría concluye, solicitando a la Corte la declaratoria de exequibilidad del artículo 677 del Decreto 0050 de 1987.

Consideraciones de la Corte

1. Competencia:

La disposición acusada forma parte del Decreto-ley 50 de 1987, expedido con fundamento en las facultades otorgadas al Gobierno por la Ley 52 de 1984, de acuerdo con lo prescrito por el numeral 12 del artículo 76 C.N. Luego, es competente la Corte para conocer de la demanda que ha dado origen a este proceso.

2. Adecuación a la Ley de Facultades:

Sobre la oportunidad en que se expidió y entró en vigencia el Decreto 50 de 1987, ya ha habido pronunciamiento de exequibilidad de esta Corporación, en fecha 21 de mayo del año en curso.

Sobre la adecuación material del texto del Decreto 50 de 1987 a la Ley de Facultades, 52 de 1984, es menester recordar que la Corte en forma reiterada ha sostenido, que cuando el objeto de la demanda es la totalidad de un Código o un estatuto dado que sería tarea imposible de realizar la de confrontar todos y cada uno de los artículos (680 en el Decreto 50 de 1987) con la totalidad de los textos constitucionales, dentro de los cortos y perentorios términos que le señala la Constitución para resolver sobre las demandas de inconstitucionalidad, la Corte limitará su pronunciamiento a los aspectos cuestionados profiriendo fallos definitivos pero no absolutos" (Corte Suprema de Justicia, sentencia número 49 de mayo 21 de 1979).

Lo anterior para precisar que los fallos proferidos en general sobre el texto del Decreto 50 de 1987, no son obstáculo para que la Corporación avoque el análisis específico de la disposición impugnada.

3. Examen de la acusación:

Tal como se indicó atrás, el actor considera que el texto acusado viola el artículo 26 C.N., por cuanto el legislador ha establecido limitaciones y restricciones al principio de aplicación de la ley penal favorable, no toleradas por la Carta, al disponer la aplicación de las normas del Código de Procedimiento Penal anterior a los procesos que, al entrar en vigencia el nuevo estatuto, estuvieran con auto de cierre de investigación ejecutoriado.

Según el inciso 2° del artículo 26 C.N. "en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable".

Esta importante disposición constitucional regula los llamados conflictos de leyes penales en el tiempo, que pueden presentarse tanto en materia sustancial como en lo procedimental, en la medida que esto último repercuta sobre la libertad o el derecho de defensa de los procesados, según lo tiene definido esta Corporación en providencias como la de 6 de junio de 1974 y la de 10 de mayo de 1984.

Este principio puede dar lugar a la aplicación retroactiva de la ley penal expedida con posterioridad a la comisión del hecho punible, si se la considera más favorable al interesado que la ley vigente en dicho momento.

Puede darse también la aplicación ultraactiva de la ley, especialmente en materia procedimental, si la ley vigente al cometerse el hecho punible es más favorable que la que posteriormente se expida, lo cual implica, desde luego, una notable excepción al principio de la aplicación general inmediata de las leyes procesales.

Ha dicho la Corte en fallo del 11 de marzo de 1979 que "cuando la nueva ley procesal entra a regir, todos los procesos iniciados con anterioridad quedan bajo su vigencia, en cuanto hace referencia a la sustanciación y ritualidad de los mismos porque el legislador supone o estima que la nueva ley está inspirada en mejores principios de defensa social, y en medidas aptas para conseguir una pronta administración de justicia, en todos los órdenes, sin menoscabar los sistemas defensivos del gobernado, ya que éstos son postulados superiores, que se deben acatar".

De ahí que, por regla general, no quepa invocar o alegar derechos adquiridos por leyes procesales anteriores, pero, prosigue diciendo el fallo que se cita, "la aplicación inmediata de la nueva ley sólo debe llevarse a efecto cuando con ella no se agraven las condiciones del acusado; de no ser así, la ley procedimental, lejos de tutelar los intereses sociales y los del procesado, los restringiría en perjuicio de éste".

Cita la Corte, en sustento de la doctrina referida, los fallos de 13 de septiembre de 1954, 27 de julio de 1951, 28 de noviembre de 1952, 23 de enero de 1953, y 30 de noviembre de 1953.

Se sigue de lo dicho, que no podría haber aplicación ultraactiva de la ley vigente al momento de la comisión del hecho punible, frente a una ley posterior más favorable a la libertad o el derecho de defensa de los procesados.

"La disposición acusada ordena continuar aplicando el Código de Procedimiento Penal derogado por el Decreto 50 de 1987 a los procesos que comenzaron a tramitarse dentro de su vigencia, siempre que al entrar a regir el nuevo estatuto procesal estuvieran con auto de cierre de investigación ejecutoriado, lo cual significa la aplicación ultraactiva de aquél y que el Código actualmente en vigencia no será aplicable a los procesos referidos, sin que el artículo acusado haga referencia al tema de la favorabilidad.

Puede observarse que el quid del asunto radica en una valoración de la favorabilidad de las nuevas disposiciones procedimentales respecto de las anteriormente en vigencia, lo cual exige comparar ambos regímenes en relación con cada caso concreto.

Dicho juicio puede formularse en términos abstractos cuando se busca establecer contrastes entre normas que prohíben determinadas conductas o que les permiten; o que disponen la aplicación de penas, unas privativas de la libertad y otras no, o con términos de duración máximos y mínimos; o con circunstancias de agravación o de atenuación diferentes, etc.

Pero cuando hay que comparar globalmente dos estatutos procesales, no es pertinente en el fallo de constitucionalidad determinar en principio cuál es el más favorable al procesado, porque habría que entrar a valorar los sistemas probatorios, los recursos, la tramitación de los procesos, la categoría de los jueces que en uno o en otro caso entrarían a decidir los regímenes de captura, de detención preventiva, de excarcelación, etc.

De ahí que la incidencia de disposiciones como la que se examina en la libertad y el derecho de defensa, sólo sea posible establecerla en casos concretos, atendidas las circunstancias específicas de cada uno.

Lo anterior permite concluir que no hay, a juicio de la Corte, violación flagrante ni abstracta del artículo 26 C.N., por parte de, la disposición acusada, por lo cual habrá de declararla exequible.

Pero dicha declaración no obsta para que, en casos concretos y dudosos en que los jueces adviertan que es más favorable la aplicación de las nuevas normas procesales, opten por éstas en virtud del principio de favorabilidad de la ley penal que consagra el artículo 26 C.N., y desarrollan la Ley 153 de 1887 y otras posteriores".

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -en Sala Plena-, oído el concepto del Procurador General de la Nación y previo estudio de su Sala Constitucional.

Resuelve:

Declárase exequible el artículo 677 del Decreto 50 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Pedro Lafont Pianeta, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Julio Salgado Vásquez, Conjuez (Con salvamento de voto); Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Hernando Morales Molina, Conjuez; Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario

Salvamento de voto

Disiento del fallo mediante el cual se declaró la exequibilidad del artículo 677 del Decreto-ley 50 de 1987 (Código de Procedimiento Penal), no porque el aludido texto sea violatorio de la Constitución Nacional, sino por razón diversa.

El artículo 677 acusado dispone que el Código de Procedimiento penal adoptado por la Ley 2a de 1982 "se aplicará a los procesos que para la vigencia de este Decreto (1° de julio de 1987) estén con auto de cierre de investigación ejecutoriado".

El artículo 678 del mismo código ordena: "Derogatoria. Derógase la Ley 2a de 1982 por la cual se adoptó el Código de Procedimiento Penal expedido mediante Decreto 409 de 1971, y todas las disposiciones que sean contrarias al presente Decreto".

Los artículos 677 y 678 son contradictorios, porque mientras el 677 dispone que la Ley 2a de 1982 continuará rigiendo la tramitación de los procesos que tengan auto ejecutoriado de cierre de la investigación, el 678 ordena la derogación de la citada Ley 2a de 1982, esto es, que no rige, que carece de vigencia, a partir del 1° de julio de 1987, fecha en que entró en vigencia el Decreto-ley 50 de 1987.

El artículo 5° de la Ley 57 de 1887 resuelve los problemas atinentes a las' incompatibilidades de los textos legales entre sí, diciendo que cuando esas incompatibilidades "se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior".

Según la interpretación hecha con autoridad por el legislador (artículo 25 del Código Civil), el artículo 677 nunca tuvo vida jurídica, porque el mismo día en que debió comenzar a regir (1° de julio de 1987), fue derogado por el artículo 678 del mencionado Código de Procedimiento Penal.

En la Sala Plena en que se discutió la ponencia, se defendió la tesis de que cuando el Código de Procedimiento Penal anterior (Ley 2a de 1982) fuera más favorable que el actual Estatuto Procesal, entonces se le daba aplicación ultraactiva al Código anterior. Tal planteamiento no es el que reflejan los artículos 677 y 678 del Decreto 50 de 1987, porque el 677 dispone que el anterior Código procesal continuará rigiendo para determinados procesos, en tanto que el 678 deroga el anterior Código Procesal.

Si el artículo 677 no formara parte del Nuevo Código Procesal, entonces sí se estaría en presencia de la aplicación de normas derogadas, en el evento de que fueran más favorables que las del actual código. Naturalmente, que ello se referiría .únicamente a los delitos cometidos con anterioridad al 1° de julio de 1987.

La acusación contra el artículo 677 carece de fundamento, porque esa norma, tal como lo expresa la ponencia, no viola el principio de favorabilidad. Pero la Corte no debe examinar la acusación porque el artículo 677 no está vigente, debido a que lo derogó el artículo 678 del Código Procesal actual.

Por tal razón, la Corte debió abstenerse de examinar la norma acusada, lo cual habría implicado una sentencia inhibitoria, porque el artículo 677 fue derogado por el 678.

Julio Salgado Vásquez

Conjuez