300Corte SupremaCorte Suprema300300032251701Hernando Gómez Otálora198705/11/19871701_Hernando Gómez Otálora_1987_05/11/198730003225CARRERA JUDICIAL. CUANDO DOS CONCURSANTES OBTIENEN EL MISMO PUNTAJE FINAL. METODO DE SELECCION. IGUALDAD DE CONDICIONES. Norma demandada: Inciso 2 del artículo 30 del Decreto 052 de 1987. Inexequible el inciso 2 del artículo 30 del Decreto 052 de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 157. Referencia: Expediente número 1701. 1987
Doris Esguerra Rubio.Identificadores30030003226true75128Versión original30003226Identificadores

CARRERA JUDICIAL. CUANDO DOS CONCURSANTES OBTIENEN EL MISMO PUNTAJE FINAL. METODO DE SELECCION. IGUALDAD DE

CONDICIONES.

Norma demandada: Inciso 2 del artículo 30 del Decreto 052 de 1987. Inexequible el inciso 2 del artículo 30 del Decreto 052 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 157.

Referencia: Expediente número 1701.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 30, inciso 2 del Decreto-ley 0052 de 1987. Carrera Judicial. Designación ante igualdad de resultados en el concurso

Demandante: Doris Esguerra Rubio.

Magistrado ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 51.

Bogotá, D.E., noviembre cinco (5) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

1. La demanda

Doris Esguerra Rubio, ciudadana colombiana, en ejercicio del derecho consagrado por el artículo 214 de la Constitución Política, ha presentado a la Corte demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2 del artículo 30 del Decreto-ley 0052 de 1987, que dice textualmente:

"Artículo 30. En la calificación de antecedentes la experiencia judicial tendrá valoración preponderante, según escala de puntaje que establezca el Consejo Superior de la Administración de Justicia.

"Realizado el concurso y en igualdad de resultados se designarán al inscrito en la carrera; en su defecto, a quien se encuentre en el servicio.

"Si se presenta empate entre personas ajenas al servicio, la designación será discrecional".

Como único cargo en contra de la disposición acusada, esgrime la demandante el argumento según el cual se configuran en el presente caso idénticos motivos a los que tuvo en cuenta la Corte para declarar inexequibles las expresiones "en estricto orden de resultado" y "en riguroso orden de méritos", contenidas en el artículo 29 del mismo Decreto 0052 de 1987, por medio del cual se puso en vigencia la Carrera Judicial (sentencia del 25 de junio de 1987).

Afirma al respecto la demanda:

"Pues bien, siendo esto así, estimo que la disposición acuasda (inciso segundo del artículo 30 del Decreto 052 de 1987) viola, por las mismas razones las normas constitucionales consagradas en los artículos 156, 157 y 158 de la Carta Política, pues al exigir al nominador que una vez realizado el concurso, y en el evento de la igualdad de resultados, se designe al inscrito en la carrera o en su defecto a quien se encuentre en el servicio, se está eliminando la "posibilidad de elección por parte, de aquél, y se distorsiona el objeto del concurso, ya que como lo pusimos de presente más arriba, éste da lugar tan sólo a la forma escogida para seleccionar a los elegibles mas no para imponer al nominador un nombramiento, que es discrecional suyo, conforme a las disposiciones constitucionales que se estiman vulneradas".

II. El Procurador General de la Nación

Mediante Oficio 1239 del 10 de septiembre de 1987, el señor Procurador General emitió concepto en el cual defiende la constitucionalidad de la disposición objeto de la demanda, con base en la siguiente argumentación:

"De otro lado cabe agregar que si bien es cierto la Corte declaró inexequibles los términos 'en estricto orden de resultado' y 'riguroso orden de méritos' del artículo 29 del Decreto 052 de 1987 (...) no es menos cierto que en el inciso segundo del artículo 30 del Estatuto de la Carrera Judicial, de ningún modo se restringe la facultad del nominador, para designar libremente, de entre la lista de elegibles, ya que simplemente se limita a estatuir el procedimiento a seguir en caso de presentarse igualdad de resultados entre dos personas opcionadas".

III. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Como ya lo expresara esta misma corporación en la sentencia antes mencionada, relativa a la integridad del Decreto 0052 de 1987, dada la naturaleza de éste, es la Corte Suprema el Tribunal competente para fallar sobre la constitucionalidad de las normas que lo integran. No obsta para que ese fallo se produzca en el presente proceso la circunstancia de haberse pronunciado ya la Corte sobre el aludido decreto, pues la decisión en la señalada oportunidad se circunscribió a la sujeción del ejecutivo a la ley de facultades y al cumplimiento de una formalidad previa a la expedición del estatuto, cual fue la de escuchar el concepto de una comisión asesora creada por la Ley 52 de 1984.

Según ya expresara la Sala Plena en la parte resolutiva de aquel fallo, con él no quedaban clausuradas las posibilidades de acción pública contra disposiciones particulares del Decreto 0052 de 1987 por motivos diferentes a los ya estudiados.

Aunque en el asunto en consideración el motivo alegado en la demanda para sustentar la inconstitucionalidad coincide con uno de los tenidos en cuenta por la Corte respecto de normas cuya inexequibilidad fue declarada, por ostensible, mediante la misma sentencia, dicho juicio no recayó sobre la norma hoy acusada, la cual quedó cobijada apenas por el estudio general que entonces adelantó la Corte en torno a la constitucionalidad de todo el estatuto.

Habrá de entrarse, pues, en el conocimiento de fondo sobre la exequibilidad del inciso acusado, por no configurarse en este caso el fenómeno jurídico de la "cosa juzgada".

2. El caso en estudio.

"La norma parcialmente demandada (art. 30 del Decreto 0052 de 1987) parte de dos supuestos que se hace indispensable considerar para los efectos del fallo; por una parte, que el concurso previsto por el estatuto ha culminado con igual puntaje entre dos o más aspirantes a desempeñar cierto cargo; por la otra, que entre esos aspirantes hay por lo menos uno inscrito en la carrera judicial o que se encuentra actualmente en el servicio.

El inciso 2°, objeto de controversia en este proceso, dirime el empate ordenando que se opte por la persona ya vinculada a la carrera y, en su defecto, por aquella que se encuentra laborando en la rama jurisdiccional.

No comparte la Corte el concepto de la ciudadana demandante en el sentido de que este sistema presenta idénticos vicios a los señalados por la corporación en sentencia de junio 25 de 1987 en relación con el artículo 29 del nombrado Decreto 0052 de 1987, ya que los eventos contemplados en una y otra norma son diferentes.

Pero sí merece glosa la disposición que se analiza si se tiene en cuenta la regla consagrada por el inciso 1 del mismo artículo 30, que dice textualmente: "En la calificación de antecedentes la experiencia judicial tendrá valoración preponderante, según escala de puntaje que establezca el Consejo Superior de la Administración de Justicia".

Siendo ello así, se tiene que el factor de estar en el cargo, en cuanto comporta experiencia, ya fue computado en el sentido de otorgar un mayor porcentaje en el concurso a esa persona, lo cual implica, para ella, una ventaja inicial que se ve incrementada al aplicar el inciso acusado. En efecto, agregar de nuevo el mismo elemento ya computado implica doble valoración del criterio "experiencia judicial" y, por ende, un tratamiento inequitativo que elimina el pie de igualdad implícito en el sistema de selección mediante concurso al que hace referencia el artículo 162 de la Constitución Política.

El inciso impugnado resulta inconstitucional en cuanto predetermina la escogencia de un candidato, anulando las posibilidades de otros participantes en el concurso por el solo hecho de no pertenecer al servicio. Si se analiza bien el punto, se encuentra cómo la persona ajena al servicio que logra empatar con la ya vinculada, en realidad la supera por todos los demás factores de puntaje, dada la ya mencionada ventaja o "valoración preponderante" del artículo 30, inciso 1. Si a eso se agrega una preferencia como la plasmada en el inciso 2, es patente la desigualdad y la consiguiente desfiguración del sistema constitucionalmente previsto".

IV. Decisión

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar inexequible por ser contrario a la Carta Política, el inciso 2 del artículo 30 del Decreto 0052 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jairo E. Duque Pérez, Presidente encargado; Rafael Baquero Herrera, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Pedro Lafont Pianetta, Rodolfo Mantilla Jácome, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Dídimo Páez Velandia, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario.