300Corte SupremaCorte Suprema300300031531670HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA198722/10/19871670_HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA_1987_22/10/198730003153ESTATUTO PENAL ADUANERO. DE ACEPTAR TAL TESIS ESTARIA PROHIBIDO A TODAS LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO LA DESIGNACION DE APODERADOS PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, YA QUE DE HACERLO INVADIRIAN LA COMPETENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. Exequible el artículo 46 numeral 3 del Decreto-ley 051 de 1987 . Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 145. Referencia: Expediente número 1670. 1987
NAYIB ABDALA GUTIERREZDEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART 46, NUM 3 DEL DECRETO-LEY 0051 DE 1987. ESTATUTO PENAL ADUANERO.Identificadores30030003154true75056Versión original30003154Identificadores

Norma demandada:  DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ART 46, NUM 3 DEL DECRETO-LEY 0051 DE 1987. ESTATUTO PENAL ADUANERO.


ESTATUTO PENAL ADUANERO. DE ACEPTAR TAL TESIS ESTARIA PROHIBIDO A TODAS LAS ENTIDADES DE DERECHO PUBLICO LA DESIGNACION DE APODERADOS PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, YA QUE DE HACERLO INVADIRIAN LA COMPETENCIA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION.

Exequible el artículo 46 numeral 3 del Decreto-ley 051 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 145.

Referencia: Expediente número 1670.

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46, numeral 3 del Decreto

ley 0051 de 1987. Estatuto Penal Aduanero. Sujetos procesales

.

Demandante: Nayib Abdala Gutiérrez.

Magistrado ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 49 de 22 de octubre de 1987.

Bogotá, D.E., octubre veintidós (22) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. La Demanda

Acude a la Corte el ciudadano Nayib Abdala Gutiérrez, para solicitar que se declare inexequible el artículo 46, numeral 3 del Decreto-ley 0051 de 1987 (Estatuto Penal Aduanero), cuyo texto es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 0051 DE 1987

(enero 13)

Por el cual se expide el Estatuto Penal Aduanero.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 2 de la Ley 52 de 1984 y consultada la Comisión Asesora que ella estableció,

DECRETA:

Artículo 46. Quiénes son. Los sujetos procesales son:

3. El Director General de Aduanas y los Administradores de Aduanas en caso de ser abogados, o por medio de apoderado que sea funcionario de la Dirección General de Aduanas, para la petición y práctica de pruebas, la presentación de alegatos y la interposición de recursos, respecto del carácter de contrabando de la mercancía».

Afirma el demandante que la norma transcrita viola el artículo 143 de la Constitución Nacional por cuanto el Director General de Aduanas y los administradores de la misma institución "no pueden coadyuvar una función que a la luz del Derecho Constitucional es facultad del Ministerio Público". Añade que la petición y práctica de pruebas, la presentación de alegatos y la interposición de recursos están "taxativamente implícitas" en el mencionado artículo 143 por corresponderle al Ministerio Público perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social. La defensa de los intereses de la Nación, en concepto del demandante, corresponde al Ministerio Público, no a la aduana nacional, que ha sido creada para desempeñar otras funciones.

El actor presenta, además, algunos argumentos orientados a sostener la inconveniencia de la norma acusada y solicita que "el Presidente de la Corte declare también dicha inconveniencia".

II. Concepto del Procurador General

Expresa el señor Procurador General de la Nación (Concepto número 1206 de julio 27 de 1987):

"Ahora bien la defensa de los intereses de la Nación por parte de los funcionarios del Ministerio Público, no está encaminada únicamente a proteger los bienes materiales o patrimoniales que pertenecen al Estado, sino de toda la colectividad humana, pues su función primordial es evitar la arbitrariedad que menoscabe los derechos individuales de los gobernados y evitar que éstos se conculquen. En el proceso penal la función del Ministerio Público está claramente definida en el artículo 122 del Decreto-ley número 050 de 1987, cuando expresa:

"El Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe procurar la sanción de los infractores de la ley penal, la defensa de las personas acusadas sin justa causa y la indemnización de los perjuicios causados por la infracción. 'En cumplimiento de esos deberes, el Ministerio Público pedirá la práctica de las pruebas conducentes al esclarecimiento de la verdad, las medidas de aseguramiento o la libertad del procesado, interpondrá los recursos y, en general, intervendrá en todas las diligencias de investigación preliminar y actuaciones del proceso penal' (Subrayas fuera del texto" ).

"Esta disposición constituye un desarrollo de lo estatuido en el art. 143 constitucional y es aplicable a los procesos penales aduaneros. Clarificada la intervención del Ministerio Público en los procesos penales aduaneros, no encuentra el despacho que el numeral 3 del artículo 46 del Decreto-ley 051 de 1987 -materia de acusación-contraríe el canon superior citado, pues la actuación de los representantes de la Dirección General de Aduanas, está dirigida única y exclusivamente a demostrar la calidad de contrabando de la mercancía, por tanto las pruebas que se soliciten y practique, los alegatos que se presenten y los recursos se limitan a este aspecto. En cambio la labor del Ministerio Público como se dejó anotado, busca que se sancione a quien haya infringido la ley, defender al acusado injustamente, solicitar la indemnización de perjuicios a favor del lesionado con la infracción etc., pues actúan en defensa de la sociedad y de la legalidad.

"La intervención de la Dirección General de Aduanas en tales procesos, no puede considerarse ajenas a sus atribuciones para la que fue creada, como lo asegura el actor, ya que conforme a lo consagrado en el Decreto 075 de 1976 le corresponde "prevenir, reprimir y aprehender el contrabando tanto de importación como de exportación", "liquidar y recaudar los impuestos, derechos y tasas de carácter aduanero y demás gravámenes que por mandato de la ley deban liquidarse y recaudarse en las aduanas", etc.

"No sobra agregar que la intervención de los representantes de la Dirección General de Aduanas en el proceso penal aduanero en nada menoscaba el derecho de defensa que le asiste al procesado, pues éste continúa con la facultad de pedir pruebas, contradecirlas, intervenir en la práctica de ellas, ejercer los medios de impugnación, etc.

"Finalmente, advierte el despacho que el hecho de indicarse en el artículo 142 de la Carta que el Ministerio Público se ejerce 'bajo la suprema dirección del Gobierno', esto no significa que exista dependencia, o que éste pertenezca a aquél, por cuanto las funciones de fiscalización, supervigilancia de la conducta oficial de los empleados públicos, defensa de los intereses de la Nación, de la sociedad, de la legalidad, la persecución de los delitos y contravenciones, el cumplimiento de las sentencias judiciales, de las leyes y disposiciones administrativas es una tarea que se lleva a cabo en forma autónoma e independiente".

En consecuencia, solicita a la Corte que declare exequible el numeral 3 del art. 46 objeto de acción.

III. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Goza la Corte Suprema de Justicia de plena competencia para decidir sobre la demanda instaurada, en razón de la naturaleza legislativa del Decreto 0051 de 1987.

2. Observación preliminar.

No es de competencia de la Corte emitir juicio alguno acerca de la conveniencia u oportunidad de las disposiciones sometidas a su fallo definitivo en materia constitucional.

En consecuencia, aunque la demanda ha sido entablada "por inconstitucionalidad e inconveniencia" y gran parte de la sustentación de la misma incluye motivos referentes a los posibles males que, según el actor, acarreará la vigencia de la norma acusada, esta corporación únicamente tendrá en cuenta aspectos constitucionales y adoptará la decisión que corresponda atendiendo a la conformidad o disconformidad entre dicha norma y la Carta Política.

3. La norma acusada.

El artículo 46 del Decreto-ley 0051 de 1987 está destinado a determinar quiénes son los sujetos dentro de los procesos penales aduaneros. Entre ellos figuran, según el ordinal 3 de ese artículo, el Director General de Aduanas y los administradores de aduanas, quienes directamente (sí son abogados) o por intermedio de apoderados que sean funcionarios de la dirección de aduanas, tendrán la calidad de sujetos procesales "para la petición y práctica de pruebas, la presentación de alegatos y la interposición de recursos respecto de! carácter de contrabando de la mercancía".

Entiende el actor que resulta inconstitucional atribuir a los mencionados funcionarios la calidad de sujetos procesales por cuanto, de acuerdo con el artículo 143 de la Carta, quien tiene la función de perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social es el Procurador General de la Nación, por lo cual no puede el legislador otorgarla a organismos creados "para otras funciones".

El mismo demandante explica que, en su sentir, la petición y práctica de pruebas, la presentación de alegatos y la interposición de recursos están "taxativamente implícitas" (sic) en el citado artículo constitucional. Es decir que, si bien entiende la Corte el lenguaje usado en la demanda, todos esos actos procesales implican el ejercicio de una función propia del Ministerio Público, que a ningún otro organismo le es dado desempeñar.

Si se acepta esta tesis, tendríamos que concluir en que estaría prohibido a todas las entidades de derecho público la designación de apoderados para la defensa de sus intereses tanto en el orden judicial como en el extrajudicial, pues al hacerlo estarían invadiendo la expresa órbita constitucional del Procurador General de la Nación.

"Juzga la Corte infundado este cargo, por cuanto parte de una interpretación errónea del artículo 143 de la Constitución y de la función que allí se encomienda al Ministerio Público respecto a la defensa de los intereses nacionales.

En efecto, aunque la citada disposición confía a los funcionarios del Ministerio Público la responsabilidad de perseguir los delitos y contravenciones que turben el orden social, mal puede entenderse que exista incompatibilidad entre esa atribución y el normal ejercicio de las actividades que competen a los distintos organismos administrativos directamente interesados en materias definidas por la ley, como lo son en el presente caso el recaudo de impuestos aduaneros y la represión del contrabando. Lo primero corresponde a una acepción genérica y abstracta del interés público, por el cual deben velar los mencionados funcionarios en toda ocasión y respecto de muy diversas materias, y lo segundo al concepto específico y delimitado de la función que cumple cada dependencia oficial.

En tal sentido hay diversos enfoques y finalidades en la defensa del interés público, perfectamente compatibles y armonizables entre sí, razón por la cual no se puede sostener que la tarea de un organismo, en el ámbito de su respectiva órbita de competencia y en relación con uno de esos enfoques o finalidades, impida a los demás llevar a cabo la que les atañe. Así, en el asunto objeto de controversia, nada obsta para que la función general de perseguir los delitos, que es propia del Procurador General y los demás funcionarios del Ministerio Público, se desarrolle en forma simultánea con la tarea que la legislación aduanera deja en manos de la dirección general y las administraciones de aduanas, tendiente a impedir que, a través de las distintas modalidades del contrabando, resulten evadidos los impuestos que esas dependencias administran y, por ende, burlado el interés público que está de por medio. Téngase en cuenta que, según las leyes vigentes, la responsabilidad de los funcionarios encargados del recaudo de tributos no radica simplemente en el ejercicio de funciones administrativas al interior de sus dependencias sino que se extienden mucha veces a la necesidad de comparecer ante las autoridades jurisdiccionales competentes, en representación del interés público concreto que les ha sido confiado, cuando los organismos correspondientes están de alguna forma vinculados a procesos, como partes o como terceros".

En torno a esa distinción ya se pronunció la Corte en sentencia del 17 de mayo de 1979 (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago) cuando, al resolver sobre demanda instaurada contra el artículo 78 de la Ley 52 de 1977, por los mismos motivos ahora invocados por el actor, expresó:

"La Constitución Política parece limitar la defensa de los intereses de la Nación al Procurador General de la Nación, a los fiscales de los tribunales superiores de distrito, a los demás fiscales que designe la ley, y a la Cámara de Representantes para algunas funciones fiscales (artículos 142 y 102).

"Sin embargo, una visión amplia de lo que comprende esa función, una de cuyas manifestaciones más destacadas es la vigilancia de la gestión fiscal, no permite excluir al Contralor General de la República (artículos 59 y 60). De otra parte tampoco pueden pretermitirse los procuradores y personeros delegados, que cumplen funciones fiscales y de representación o defensa de los intereses colectivos.

"El Ministerio Público debe defender genéricamente los intereses de la Nación. Empero, administrativamente el representante constitucional de la Nación es el Presidente de la República como suprema autoridad administrativa así como el representante de los departamentos es el gobernador respectivo tanto en lo administrativo como en lo judicial (artículo 194-4) representación que puede delegar, conforme con la ley; los municipios, a su vez, están representados por los alcaldes que son jefes de la administración municipal (artículo 201) y en cuanto a la representación judicial de los municipios, la Constitución nada dice al respecto, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 3" de la Ley 28 de 1974, que establece que el alcalde es el representante legal del municipio para todos los efectos a que hubiere lugar", norma ésta declarada constitucional por sentencia de 16 de octubre de 1975 (Foro Colombiano número 77, página 419).

"Las otras entidades territoriales, intendencias y comisarías, están 'bajo la inmediata administración del Gobierno y corresponde al legislador proceder a su organización administrativa, electoral, judicial, contencioso-administrativa, y al régimen de los municipios que las integran' " (artículo 6U, Constitución Nacional).

"Si la Constitución dice que el Presidente es la suprema autoridad administrativa del Estado y que el legislador determina la estructura de la administración nacional, no cabe duda que éste también puede autorizar al Presidente para que delegue en el Ministro de Hacienda la facultad de 'actuar en todos los procesos contencioso administrativos que se promuevan contra los actos proferidos por las autoridades tributarias'.

"Ni aún en las cuestiones penales la intervención del Ministerio Público es excluyente, puesto que la misma Carta faculta al Presidente de la República para designar 'un abogado fiscal nombrado al efecto', en alternativa con el respectivo agente del Ministerio Público, para mandar acusar ante el tribunal competente a determinados funcionarios por infracción de la Constitución o de la ley (artículo

119-3)".

En relación con el supuesto desconocimiento del artículo 55 de la Carta, cabe advertir que en ella el Ministerio Público no está instituido como rama del poder del Estado, sino que consiste en una función constitucional, según lo ha recordado esta corporación en reciente jurisprudencia (sentencia del 9 de octubre de 1986).

IV. Decisión

Puesto que la disposición acusada no vulnera ningún precepto constitucional, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, con fundamento en las razones expuestas, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declárase exequible el artículo 46, numeral 3 del Decreto-ley 0051 de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jairo E. Duque Pérez, Presidente (E.); Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel, Enrique Daza Alvarez, Norma Inés Gallego de López, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Didimo Páez Velandia, Hernando Gómez Otálora, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra,

Secretario.