300Corte SupremaCorte Suprema300300031021716 (258E)HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA198708/10/19871716 (258E)_HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA_1987_08/10/198730003102ESTADO DE SITIO. CRITERIOS DE LA CORTE PARA DETERMINAR SI LOS DECRETOS LEGISLATIVOS SE AJUSTAN O NO A LAS PRESCRIPCIONES SUPERIORES. EN ESTADO DE SITIO, SE DISPONE DE LAS FACULTADES LEGALES, QUE LA CARTA AUTORIZA PARA TIEMPOS DE GUERRA O DE PERTURBACION Y LAS QUE CONFORME A LAS REGLAS ACEPTADAS POR EL DERECHO DE GENTES RIGEN PARA LA GUERRA ENTRE NACIONES, NORMAS SOBRE JUECES DE INSTRUCCION CRIMINAL. Exequible el Decreto 1630 de 1987 . Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 138. Referencia: Expediente número 1716 (258-E). 1987
REVISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1630 DEL 27 DE AGOSTO DE 1987.Identificadores30030003103true75002Versión original30003103Identificadores

Norma demandada:  REVISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DECRETO LEGISLATIVO 1630 DEL 27 DE AGOSTO DE 1987.


ESTADO DE SITIO. CRITERIOS DE LA CORTE PARA DETERMINAR SI LOS DECRETOS LEGISLATIVOS SE AJUSTAN O NO A LAS PRESCRIPCIONES SUPERIORES. EN ESTADO DE SITIO, SE DISPONE DE LAS FACULTADES LEGALES, QUE LA CARTA AUTORIZA PARA TIEMPOS DE GUERRA O DE PERTURBACION Y LAS QUE CONFORME A LAS REGLAS ACEPTADAS POR EL DERECHO DE GENTES RIGEN PARA LA GUERRA ENTRE NACIONES, NORMAS SOBRE JUECES DE INSTRUCCION CRIMINAL.

Exequible el Decreto 1630 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 138.

Referencia: Expediente número 1716 (258-E).

Revisión constitucional del Decreto Legislativo número 1630 d 27 de agosto de 1987 "Por el cual se dictan normas en materia i instrucción".

Magistrado ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 47.

Bogotá, D.E., octubre ocho (8) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El decreto sometido a revisión

En acatamiento a lo establecido por el artículo 121 de la Constitución Nación; la Presidencia de la República ha remitido a esta Corte, para que decida sobre constitucionalidad, copia auténtica del Decreto 1630 de 1987 (Agosto 27), "Por el cual se dictan normas en materia de instrucción", cuyo texto se reproduce a continuación:

Texto de la norma en revisión.

"DECRETO NUMERO 1630 DE 1987

(agosto 27)

Por el cual se dictan normas en materia de instrucción.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

considerando:

Que por Decreto 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;

Que los fenómenos de alteración del orden público se han venido concentrando alarmantemente en determinadas regiones del territorio de la Nación;

Que el actual sistema de distribución de los Jueces de Instrucción no permite asignar el número suficiente de ellos para afrontar los hechos delictuosos cometidos en el país;

Que es indispensable agilizar la acción de los organismos de investigación del Estado en la lucha contra estos factores,

decreta:

Artículo 1o. La Dirección Nacional de Instrucción Criminal podrá comisionar a los Jueces de Instrucción ambulantes a cualquier municipio, de Distrito Judicial diferente al de su sede, cuando los fenómenos delictivos lo justifiquen.

Artículo 2o. En todo caso, los jueces comisionados quedarán bajo la jurisdicción del Tribunal Superior del Distrito Judicial al cual hayan sido asignados en ejercicio de la facultad consignada en el artículo 1º de este decreto.

Artículo 3o. Las comisiones que otorgue el Director Nacional de Instrucción Criminal en ejercicio de las facultades conferidas por este decreto deberán ser comunicadas inmediatamente al Consejo Nacional de Instrucción Criminal.

Artículo 4o. El presente decreto rige a partir de su publicación y suspende las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 27 de agosto de 1987.

VIRGILIO BARCO

El Ministro de Gobierno, César Gavina Trujillo; el Ministro de Relaciones Exteriores, Julio Londoño Paredes; el Ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa; el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Luis Femando Alarcón Mantilla; el Ministro de Defensa Nacional, Rafael Samudio Molina; el Ministro de Agricultura, Luis Guillermo Parra Dussán; el Ministro de Desarrollo Económico, Fuad Char Abdala; el Ministro de Obras Públicas y Transporte, encargado de las funciones del Ministerio de Minas y Energía, Luis Femando Jaramillo Correa; el Ministro de Educación Nacional, Antonio Yepes Parra; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Diego Younes Moreno; el Ministro de Salud, José Granada Rodríguez; el Ministro de Comunicaciones, Femando Cepeda Ulloa".

Impugnaciones y defensas

El término de fijación en lista transcurrió en silencio, lo cual implica que ningún ciudadano hizo uso del derecho de impugnar o defender la constitucionalidad del decreto en referencia.

Concepto del Procurador

El Procurador General de la Nación, por medio de Oficio número 1242 de septiembre 18 de 1987, emitió concepto favorable a la constitucionalidad del decreto, con fundamento en las siguientes razones:

"Ahora bien, en cuanto al contenido del Decreto 1630 de 1987, no encuentra el despacho que contraríe canon constitucional alguno, pues el artículo 1º se limita a facultar al Director Nacional de Instrucción Criminal para comisionar a los jueces de instrucción criminal ambulantes a cualquier municipio de Distrito Judicial diferente al de su sede cuando los fenómenos delictivos así lo justifiquen; el 2º dispone que dichos jueces comisionados quedan bajo la jurisdicción del Tribunal Superior de Distrito Judicial al cual hayan sido asignados en uso de la atribución contenida en el artículo 1º y por último el artículo 3º ordena que el Director Nacional de Instrucción Criminal comunique dichas comisiones al Consejo Nacional de Instrucción Criminal.

"Ciertamente las disposiciones citadas no modifican en nada la división territorial del país, la cual describe la Constitución en forma general al señalar distritos, circuitos y municipios, pero la delimitación concreta es de competencia del legislador. Por tanto, en el entendimiento de que lo que quiere significar el legislador de excepción al Congreso en el artículo 2° que los jueces de instrucción criminal comisionados quedan bajo la jurisdicción del Distrito Judicial del Tribunal Superior al que fueron asignados, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 1º, no es más que la de señalar a cuáles funcionarios deben ser entregadas las diligencias adelantadas por ellos cuando se encuentran comisionados, no lesiona la Carta Política.

"En consecuencia, siendo una labor ya asignada al Director de Instrucción Criminal por los Decretos 2267 de 1969 y 050 de 1987 la de distribuir y asignar jueces de instrucción criminal ambulante a aquellos sitios donde las circunstancias lo requieran, la medida aquí dictada simplemente se limita a ampliar el ámbito espacial de la competencia de dichos funcionarios judiciales.

"Por otra parte, el artículo 3º al ordenar que el Director Nacional de Instrucción Criminal comunique al Consejo Nacional de Instrucción Criminal las comisiones que otorgue en ejercicio del decreto, es una medida puramente administrativa que en nada vulnera la Carta y en cambio se adecúa a lo dispuesto en el Decreto 2267/69 en su (artículo 4º), que contiene las funciones a cargo de dicho Consejo dentro de las cuales están la de coordinar la actividad represiva de la criminalidad en todo el país y trazar la política de investigación criminal.

Consideraciones de la corte.

Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia el Tribunal competente para resolver acerca de la constitucionalidad del decreto transcrito.

Aspecto formal.

El Decreto 1630 de 1987 lleva las firmas del Presidente de la República y de todos los Ministros del Despacho, cumpliendo así el requisito exigido por el artículo 121 de la Constitución.

Constitucionalidad del decreto por razones de fondo.

Ha recordado la Corte en recientes fallos que, siendo una institución excepcional, el uso del Estado de Sitio implica para el Gobierno la posibilidad de ejercer atribuciones adicionales a las ordinarias, tendientes en forma exclusiva a conjurar la crisis del orden público, pero que en todo caso no son ellas absolutas sino que se hallan delimitadas por los siguientes aspectos:

a) Debe existir conexidad entre las medidas adoptadas y los motivos de perturbación del orden público (ver sentencia del 19 de mayo de 1987. Magistrado ponente: Hernando Gómez Otálora);

b) No puede el ejecutivo ejercer toda clase de facultades ni dictar toda suerte de normas durante el Estado de Sitio, pues dispone tan solo de las que el propio constituyente indica: las facultades legales, las que la Carta autoriza para tiempos de guerra o de perturbación y las que, conforme a las reglas aceptadas por el Derecho de Gentes rigen para la guerra entre naciones (Ver sentencia del 5 de marzo y el 16 de junio de 1987. Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía);

c) Puede, además, suspender leyes anteriores pero tan sólo sobre la base de que sean incompatibles con el Estado de Sitio (ver sentencia del 19 de mayo de 1987);

d) No puede el Gobierno durante el tiempo de excepción desconocer las normas constitucionales ni cercenar las garantías y libertades, a menos que exista expresa previsión en el mismo Estatuto Fundamental, ya que el Estado de Sitio no es figura extra ni supraconstitucional (ver sentencia del 16de junio de 1987. Magistrado ponente: Jesús Vallejo Mejía).

Son esos, entonces, los criterios que consagra la Constitución y, por tanto, los que tiene en cuenta la Corte a efectos de determinar si los decretos legislativos se ajustan o no a las prescripciones superiores.

Con fundamento en ellos, respecto del decreto sometido a revisión, considera la Corte que la facultad de comisionar a los jueces de instrucción ambulantes para que cumplan su función en cualquier municipio de Distrito Judicial ajeno al de su sede cuando los fenómenos delictivos lo justifiquen (artículo 1º del decreto), así como la disposición en cuya virtud dichos jueces quedarán bajo la jurisdicción del Tribunal Superior al que han sido asignados (artículo 2º) y la necesidad de que tales medidas se pongan en conocimiento del Consejo Nacional de Instrucción Criminal (artículo 3º), son materias que guardan indudable relación con los motivos por los cuales permanece en Estado de Sitio todo el territorio nacional y en especial con el motivo aducido por el Gobierno al dictar el Decreto 1038 de 1984, consistente en la acción de grupos armados en distintas zonas del país.

Como lo expresa con acierto la motivación del decreto y como es bien conocido de todos, los fenómenos de alteración del orden público se han venido concentrando en determinadas regiones. Por tanto, se hace indispensable el desplazamiento de los jueces de instrucción a tales sitios para que atiendan con prontitud los requerimientos de las regiones en las cuales se han suscitado los hechos perturbatorios del orden público y las conductas delictivas que serán objeto de su actividad investigativa.

De tal modo que no puede sostenerse falta de conexidad entre las normas contempladas por el acto en referencia y las causas de perturbación.

"En cuanto a las facultades constitucionales que sirven de apoyo a dichas normas, el artículo 119, ordinal 2, de la Constitución dice que corresponde al Jefe del Estado 'velar porque en toda la República se administre pronta y cumplida justicia'.

En tiempos de normalidad, esa tarea de colaboración con la Rama Jurisdiccional parte del supuesto, inmodificable por el ejecutivo, de una distribución de competencias con arreglo a criterios y normas que consagra el legislador ordinario.

Empero, hallándose el Presidente investido de atribuciones excepcionales y obrando como legislador en lo concerniente al restablecimiento del orden público -para lo cual puede ser indispensable, como en el presente caso, modificar temporalmente el sistema de distribución de competencias establecido en la ley nada obsta para que cumpla la señalada función decretando la suspensión de las normas legales pertinentes.

Para hacerlo goza el Gobierno de expresa autorización otorgada por el propio artículo 121, a cuyo tenor los decretos legislativos gozan de fuerza suficiente para suspender aquéllas normales legales incompatibles con el Estado de Sitio.

En el caso de cuya revisión se ocupa ahora la Corte, esa incompatibilidad surge de fenómenos claramente invocados por el ejecutivo en la motivación del Decreto 1630 de 1987: la concentración de los fenómenos perturbatorios del orden público de manera alarmante en determinadas regiones del territorio de la Nación, por una parte, y por otra, la insuficiencia de jueces instructores para asumirlas investigaciones que garanticen pronta y cumplida justicia, derivada del sistema vigente para la distribución de competencias.

Dicen los artículos pertinentes del Código de Procedimiento Penal (Decreto 0050 de 1987):

'Artículo 313. Clases de jueces de instrucción. Los jueces de instrucción criminal serán radicados, ambulantes y permanentes.

'Artículo 316. Jueces ambulantes. Los jueces ambulantes tendrán su sede en la cabecera del respectivo Distrito Judicial; pero, el Director Seccional podrá enviarlos a cualquier municipio dentro del respectivo Distrito Judicial para iniciar a proseguir la investigación de un delito de su competencia.

"Corresponde a los jueces ambulantes, la instrucción de cualquier proceso por delito de competencia de los jueces superiores o de circuito'.

De las transcritas normas legales se deduce que en épocas de paz no pueden los jueces ambulantes ejercer sus funciones en Distritos Judiciales diferentes de aquellos a cuya cabecera pertenecen. Pero ésta es una regla establecida por el legislador, no por el constituyente, y puede por ello ser modificada por la ley, o suspendida por el Gobierno como legislador extraordinario en los casos de perturbación del orden público, toda vez que la competencia y los criterios para determinarla son de alcance puramente legislativo.

Cabe anotar que la función de establecer competencias para el ejercicio de la tarea encomendada a los jueces de la República es de naturaleza legislativa, en virtud de cláusula general, y está plasmada también en disposiciones particulares como la del artículo 158, inciso 3 de la Constitución. Es posible, por eso, que la desempeñe el Congreso de la República como legislador ordinario y el Gobierno Nacional revestido de atribuciones excepcionales en su carácter de legislador extraordinario".

Añade la Corte que las disposiciones contenidas en el decreto objeto de este proceso no introducen cambio alguno en la división del territorio para efectos del servicio público de la justicia (arts. 5º, 7º y 152 C.N.), ni tampoco implican modificaciones al orden jerárquico contemplado por la Carta para la Rama Jurisdiccional máxime cuando el artículo 2° en revisión indica que los jueces comisionados quedarán bajo la jurisdicción del Tribunal de Distrito Judicial del territorio al cual hayan sido asignados.

Las disposiciones del decreto sometido a examen no violan ningún precepto de la Constitución Política.

IV. Decisión

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar exequible, por no ser contrario a la Constitución, el Decreto número 1630 del 27 de agosto de 1987, "por el cual se dictan normas en materia de instrucción".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Vicepresidente; Eduardo García Sarmiento, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Didimo Páez Velandia, (con salvamento de voto); Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, (con salvamento de voto); Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra,

Secretario.

Salvamento de voto

Con el debido respeto que nos merece la decisión adoptada por la mayoría de la Sala Plena en el proceso referido, nos permitimos consignar las razones por las cuales consideramos que debió haberse declarado inexequible el Decreto Legislativo número 1630 de 27 de agosto de 1987.

El articulado de dicho decreto gira en torno de lo dispuesto por su artículo 1º según el cual "la Dirección Nacional de Instrucción Criminal podrá comisionar a los jueces de instrucción ambulantes a cualquier municipio, de Distrito Judicial diferente al de su sede, cuando los fenómenos delictivos lo justifiquen".

Esta disposición permite prescindir, cuando un organismo adscrito a la Rama Ejecutiva como lo es la Dirección Nacional de Instrucción Criminal lo considere pertinente, del factor territorial como determinante de la competencia de los jueces ambulantes de instrucción criminal. Nótese que esta medida puede tomarse por tiempo indefinido y sin necesidad de que exista conexión alguna de los asuntos que esté investigando el funcionario de que se trate con aquellos cuya instrucción se le encomiende por fuera del Distrito Judicial al que corresponde su sede.

La Corte, en otras oportunidades, se ha mostrado contraria a la constitucionalidad de esta clase de medidas, arguyendo que los Magistrados de Tribunal y los jueces jerárquicamente dependientes no pueden adquirir competencia legal fuera del Distrito Judicial a que pertenecen, por disponerlo así los artículos 7º, 152 y 153 de la Constitución Nacional.

Ha dicho igualmente esta corporación que "el servicio y prestarse dentro de los límites de cada departamento, pues solamente "las divisiones relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la planificación y el desarrollo económico, podrán no coincidir con la división general", reza el artículo 7º (sentencia de agosto 14 de 1987).

El texto de esta última disposición constitucional es suficientemente claro: la división judicial no puede exceder los límites departamentales. Esta regla se concreta en el artículo 154 C.N. según el cual "en cada departamento habrá un Tribunal Administrativo", pero se halla implícita también en el artículo 152 id. que prevé la división del territorio en Distritos Judiciales, en cada uno de los cuales habrá un Tribunal Superior. Cierto es que en la práctica se ha admitido la posibilidad de varios distritos judiciales en el interior de cada departamento, pero sin salirse de los límites del mismo, mas no la de distritos que cubran territorio perteneciente a varios departamentos.

Para el caso a estudio es pertinente recordar el artículo 157 C.N. que, después de mencionar las distintas categorías de jueces, incluyendo los de instrucción criminal, termina con estas palabras "Los jueces de que trata este artículo serán elegidos por el Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial, en Sala Plena, para un período de dos años", lo cual significa que quedan bajo la jurisdicción de este tribunal no de otro.

Este solo texto da a entender sin necesidad de demasiado esfuerzo interpretativo que los jueces, así sean abulantes de instrucción criminal, deben actuar dentro de sus respectivos Distritos Judiciales. Sostener lo contrario conduce a admitir que un tribunal pueda nombrar los jueces correspondientes a otro Distrito Judicial, pues no otra cosa significa quedar bajo su jurisdicción, lo que no se compadece con el artículo últimamente referido.

El factor territorial no es accidental a la luz de la Constitución. Todo lo contrario, es un criterio de organización del que no puede prescindirse, así se considere por algunos como una rémora del sistema federal que fue abandonado por el país hace un siglo.

En recientes pronunciamientos esta corporación ha puesto de presente que la Administración de Justicia debe someterse a reglas que satisfagan los requisitos de jerarquización, independencia y autonomía de los órganos adscritos a la rama jurisdiccional del orden público, y sin vulnerar la estructura que para ésta ha señalado la Constitución (vid sentencia de 30 de abril de 1987).

Por no satisfacer esos requisitos, entre otras razones, fue declarado inconstitucional el Decreto Legislativo número 750 de 1987 que estableció el famoso tribunal especial de instrucción (vid sentencia de 16 de junio de 1987).

Las reglas de organización judicial que formula la Constitución, así puedan parecer formalistas y obsoletas, tienen una justificación fundamental y es la de garantizar la instauración de lo que la doctrina ha denominado el "juez natural", contrario al "juez ad hoc". El primero de ellos es instaurado para conocer a priori de un conjunto genérico de casos, lo cual permite presumir su imparcialidad. Si ésta se pone en peligro por alguna circunstancia concreta, entran a obrar entonces los impedimentos y las recusaciones. En cambio, el juez ad hoc es instaurado para conocer a priori de un caso específico. No hay que presumir, desde luego, que siempre se lo establezca con el propósito de vulnerar la imparcialidad de la administración de justicia, ya que pueden darse hipótesis de jueces que por su versación, su experiencia y su respetabilidad sean considerados como especialmente aptos para resolver asuntos de excepcional dificultad en un momento dado. Pero como la institución del juez ad hoc se presta fácilmente a manipulaciones de muchas clases que desdicen de una sana administración de justicia, la doctrina civilizada la considera peligrosa y por ello no la encuentra aconsejable.

Pues bien, el modus operandi del decreto en cuestión se acerca ostensiblemente a la figura del juez ad hoc que, comisionado por una autoridad ejecutiva, desplaza al juez natural de la investigación de determinados asuntos. La justificación aparentemente es clara: el juez ambulante de instrucción criminal tiene más experiencia que los jueces ordinarios; en un momento dado pueden faltar jueces en un Distrito Judicial, en tanto que en otros pueden sobrar; la comisión de muchos delitos, sobre todo en las modalidades tan extendidas en la actualidad, no se circunscribe a la división judicial sino que cubre varias porciones del territorio nacional; hay, en fin, que garantizar la distribución eficaz de los recursos jurisdiccionales. Pero, frente a estas consideraciones de conveniencia, caben otras pertinentes acerca de los peligros de este tipo de soluciones, porque la amplitud del supuesto previsto por el artículo 1" en discusión ("cuando los fenómenos delictivos lo justifiquen") permite también que un Juez de Instrucción Criminal sea desplazado de su sede por motivos políticos, bien sea para sustraerlo de investigaciones que esté adelantando o para desplazar a otros que lleven un rumbo que a una autoridad ejecutiva no le parezca conveniente.

Se dirá que esto es llevar la cosa a extremos, pero la jurisdicción constitucional existe precisamente para impedir esos extremos si son fácilmente advertibles. La Constitución misma, sobre todo si es de inspiración demoliberal, está motivada en la desconfianza respecto de los abusos del poder público: por eso lo sujeta a reglas y multiplica los controles.

De la desorganización institucional de la administración de justicia nada bueno cabe esperar. Los precedentes que hoy se sientan para asuntos aparentemente sencillos y claros como el de los jueces de instrucción criminal ambulantes, pueden servir de base para otras medidas ya no tan convincentes. En efecto ¿qué razones habría para no extender la regla implícita que con este fallo está adoptando la Corte, a los jueces de conocimiento Es más: si el artículo 61 C.N. autoriza para que en Estado de Sitio se acumulen las autoridades política o civil y la judicial ¿qué impediría, a la luz del criterio que motiva esta glosa, que en virtud de un decreto legislativo un ministro ordenase que el tribunal de un Distrito Judicial se trasladara a ejercer sus funciones a territorio de otro distrito cuando los fenómenos delictivos así lo justificasen

Aunque para evitar estos extremos, abiertamente extravagantes, bastaría con el buen juicio de los gobiernos y, en última, con el de la Corte, no sobraría de todas maneras que a las doctrinas susceptibles de ser invocadas en su apoyo se las rodeara de cortapisas y restricciones.

¡Cuánto bien habrían hechos los muy importantes juristas que en los años cuarentas invocaron el Estado de Sitio para impedir que sesionaran los cuerpos colegiados de elección popular, o para introducir nociones tan interesantes como la de orden público económico y las de los poderes implícitos del ejecutivo, más amplio aún que los del Congreso, si hubiesen al mismo tiempo sentado criterios que impidiesen el Estado de Sitio permanente de los años cincuentas o el cuasi permanente de las tres últimas décadas

Jesús Vallejo Mejía, Dídimo Páez Velandia.

Fecha ul supra.