300Corte SupremaCorte Suprema300300029681613HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA198720/08/19871613_HERNANDO GÓMEZ OTÁLORA_1987_20/08/198730002968PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. INIMPUTABLES, CODIGO PENAL. FALLO INHIBITORIO. EL CONTROL CONSTITUCIONAL RECAE SOBRE NORMAS JURIDICAS Y NO SOBRE FRAGMENTOS DE ELLAS. Inhibida para conocer de la presente demanda. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 118. Referencia: Expediente número 1613. 1987
URIEL ALBERTO AMAYA OLAYAACCIÓN DE INEXEQUIBILIDAD CONTRA LOS ART 94,95,96 DEL DECRETO-LEY 100 DE 1980 (CÓDIGO PENAL).Identificadores30030002969true74865Versión original30002969Identificadores

Norma demandada:  ACCIÓN DE INEXEQUIBILIDAD CONTRA LOS ART 94,95,96 DEL DECRETO-LEY 100 DE 1980 (CÓDIGO PENAL).


PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. INIMPUTABLES, CODIGO PENAL. FALLO INHIBITORIO. EL CONTROL CONSTITUCIONAL RECAE SOBRE NORMAS JURIDICAS Y NO SOBRE FRAGMENTOS DE ELLAS.

Inhibida para conocer de la presente demanda.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 118.

Referencia:

Expediente número 1613.

Acción de inexequibilidad contra los artículo 94, 95 y 96 del Decreto-ley 100 de 1980 (Código Penal).

Actor: Uriel Alberto Amaya Olaya.

Magistrado ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.*

Aprobada por Acta número 39.

Bogotá, D. E., agosto veinte (20) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

En su condición de ciudadano en ejercicio y con apoyo en el artículo 214 de la Constitución, Uriel Alberto Amaya Olaya solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de una parte de los artículos 94, 95 y 96 del Decreto-ley número 100 de 1980 (Código Penal).

Admitida la demanda se dio traslado de ella al Procurador General de la Nación quien emitió oportunamente la vista fiscal de rigor; es por tanto ocasión para que la Corte decida sobre la petición prealudida previas las siguientes consideraciones:

II. Norma acusada

Se transcribe el texto literal de los artículos 94, 95 y 96 del estatuto penal y se subrayan las partes de ellos objeto de la impugnación.

*(Los Capítulos I, II, III y IV de este fallo, fueron tomados textualmente de la Ponencia original presentada por el honorable Magistrado Jairo E. Duque Pérez).

"DECRETO NUMERO 100 DE 1980

(enero 23)

capitulo v

De las medidas de seguridad

capitulo unico

Artículo 94. Internación para enfermo mental permanente. Al inimputable por enfermedad mental permanente, se le impondrá medida de internación en establecimiento psiquiátrico o clínica adecuada, de carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento científico que corresponda.

Esta medida tendrá un mínimo de dos (2) años de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.

Artículo 95. Internación para enfermo mental transitorio. Al inimputable por enfermedad mental transitoria, se le impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico o similar, de carácter oficial, en donde será sometido al tratamiento que corresponda.

Esta medida tendrá un mínimo de seis (6) meses de duración y un máximo indeterminado. Transcurrido el mínimo indicado se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su normalidad psíquica.

Artículo 96. Otras medidas aplicables a los inimputables. A los inimputables que no padezcan enfermedad mental, se les impondrá medida de internación en establecimiento público o particular, aprobado oficialmente, que pueda suministrar educación o adiestramiento industrial, artesanal o agrícola.

Esta medida tendrá un mínimo de un (1) año de duración y un máximo indeterminado. Se suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona haya adquirido suficiente adaptabilidad al medio social en que se desenvolverá su vida.

Cuando se tratare de indígena inimputable por inmadurez psicológica, la medida consistirá en la reintegración a su medio ambiente natural".

III. Razones de la demanda

Para el demandante los fragmentos acusados quebrantan los artículos 20, 26 y 28 de la Constitución Nacional, por las siguientes razones:

a) La indeterminación de la duración máxima de las medidas de seguridad aplicables a los inimputables en las condiciones fijadas en los prealudidos textos legales infringe el principio de legalidad consagrado en los textos constitucionales citados, dado que "la pena correspondiente a un hecho prohibido y calificado como tal por la ley, debe estar previamente determinada", lo que no sucede en el caso presente;

b) De acuerdo con los mismos artículos de la Carta Fundamental y de los principios rectores de la ley penal colombiana, "no se puede fijar una medida de seguridad a un inimputable cuya duración exceda la pena máxima legal establecida para un hecho punible específico, pues se estaría aplicando una sanción no por el hecho punible cometido, sino por el trastorno mental o la inmadurez psicológica, estados que por sí mismos no pueden constituir conductas que provoquen sanciones penales, pues éstas rebasarían la expresa calificación del hecho punible establecida por el Código Penal y la sanción derivada del mismo".

IV. Concepto del Procurador General

El colaborador fiscal solicita a la Corte que "se inhiba para desatar la acción pública a que se refiere este asunto", por cuanto conforme a la doctrina sentada en la sentencia de septiembre 1° de 1981 y posteriormente reiterada, la demanda incoada está dentro de los específicos casos de proposición jurídica incompleta que la Corporación ha señalado taxativamente.

En sustentación de su tesis, dice:

"En el evento de que prospere la declaratoria de inexequibilidad deprecada, el efecto del fallo sería nugatorio porque 'llevaría al intérprete y aplicador de la ley a producir una sentencia en donde los límites temporales para la dosimetría de la medida asegurativa serían (sic) un mínimo determinado, y la inexistencia de un máximo determinado, o lo que es lo mismo el máximo imponible seguiría siendo indeterminado".

A juicio del colaborador fiscal, el único modo para superar el inconveniente anotado, habría sido demandar en su integridad los artículos impugnados.

Consideraciones de la Corte

1a. Competencia

Por razón de la naturaleza del Decreto al cual pertenecen las disposiciones, es competente la Corte Suprema de Justicia para fallar definitivamente sobre su constitucionalidad.

2a. Se configura en el presente proceso un caso de proposición jurídica incompleta

En efecto, si resultaran inexequibles las expresiones demandadas, "un máximo indeterminado", contenidas en los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980, dichas normas quedarían igualmente indeterminadas en cuanto al máximo de duración de las medidas de seguridad a que se refieren.

Esa indefinición del máximo es precisamente la razón por la cual se acusan como inconstitucionales y que podría fundamentar una eventual declaratoria de inexequibilidad, lo que haría inocua la decisión de la Corte.

Además, las expresiones acusadas carecen de sentido por sí mismas, lo que impide el ejercicio de la función atribuida a esta Corte, ya que el control de constitucionalidad recae sobre normas jurídicas y no sobre fragmentos de ellas.

Con base en las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declárase inhibida para conocer de la demanda de inconstitucionalidad instaurada por el ciudadano Uriel Alberto Amaya Olaya contra las expresiones "un máximo indeterminado'' de los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera (con salvamento de voto); José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez (con salvamento de voto); Jairo E. Duque Pérez (salvo el voto); Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe (con salvamento); Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome (con salvamento de voto); Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz (con salvamento de voto); Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio (con salvamento de voto); Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas (con salvamento de voto); Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario

Salvamento de voto

Los suscritos Magistrados nos separamos con el mayor respeto, de la decisión mayoritaria de la Sala conforme a la cual el pronunciamiento que se impone en el expediente de la referencia, debe ser fallo inhibitorio por perfilarse en el proceso, una modalidad de "proposición jurídica incompleta" originada en el hecho que el Procurador General invoca en su concepto fiscal, esto, es decir, que en el supuesto de ser acogida la demanda y ser el fallo de inexequibilidad, tal decisión sería inane ya que de todas maneras la vigencia de las medidas de seguridad continuaría indeterminada por efecto de ese pronunciamiento.

Ha sostenido la Corporación insistentemente que el fenómeno de la proposición jurídica incompleta se tipifica sólo cuando la norma que se deja de impugnar está en una inescindible relación de dependencia con la que es objeto de la demanda, de modo que aunque se impugne únicamente una de las disposiciones contentivas de la misma regla jurídica la Corte no puede dejar de pronunciarse separadamente sobre la respectiva demanda; en caso contrario su actitud "equivale a impedir el ejercicio de la acción de inexequibilidad, con una razón puramente formalista, que se traduce en la exigencia al demandante de acusar todas las disposiciones del orden jurídico en que esté reproducida la norma de que se trata, requisito que no está establecido en la ley y que carece de sentido exigir cuando la norma acusada es perfecta en sí misma".

No puede, pues, la Corte sin eludir su función-deber de tutelar efectivamente la intangibilidad de la Constitución, crear a su talante motivos que la inhiban para pronunciarse sobre el fondo de las demandas de inexequibilidad incoadas por quienes hacen uso de la acción pública que consagra el artículo 214 de la Carta Fundamental.

Debemos anotar además que el proyecto de sentencia adoptado unánimemente por la Sala Constitucional y del que a última hora se separaron los Magistrados Vallejo Mejía y Gómez Otálora, tuvo muy en cuenta el "caos" que originaría un pronunciamiento de inexequibilidad de normas que necesariamente deben dejar al Juez la suficiente flexibilidad para supervigilar la efectividad de las medidas de seguridad impuestas a los inimputables.

Consideramos por lo expuesto que las razones consignadas en el proyecto original habían sido suficientes para sustentar un fallo de exequibilidad de las disposiciones acusadas.

Las partes pertinentes de la ponencia inicial, son las siguientes:

"V. Consideraciones de la Corte

"1. La Competencia

"Como los artículos parcialmente acusados pertenecen al Decreto-lev 100 de 1980, es de competencia de la Corte decidir sobre su exequibilidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 214 de la Constitución Nacional.

"2o. Proposición jurídica incompleta

"El Procurador solicita fallo inhibitorio por proposición jurídica incompleta, por haber circunscrito al actor la pretensión de inexequiblidad a las expresiones 'un máximo indeterminado' que emplean los artículos acusados, lo que irremisiblemente conduce en caso de inexequibilidad, a que la duración máxima de las medidas de seguridad para los inimputables, siga siendo indeterminada.

"Esta sola consideración no es suficiente en opinión de la Corte para que se tipifique la proposición jurídica incompleta, ya que la inocuidad del fallo de inexequibilidad en el supuesto de ser acogida la súplica de inconstitucionalidad de las expresiones subrayadas de las disposiciones arriba determinadas, no proviene de su falta de autonomía por encontrarse 'en una inescindible relación de dependencia con otro u otros no impugnados y que condicionan su validez', sino de la índole o naturaleza de las normas acusadas y más especialmente de los poderes restrictivos que tiene el Juez Constitucional que no le permite adoptar normas en sustitución de las declaradas inconstitucionales y, por el contrario, lo obligan a hacer solo el pronunciamiento de inexequibilidad en caso de encontrar fundada la demanda, pero sin que pueda dictar disposición adicional que le permita extender su competencia a la órbita legislativa, lo que obviamente quebrantaría la separación funcional de los poderes públicos".

"Este insalvable escollo no se habría superado, como lo sugiere el Señor Procurador, con la demanda de todas las disposiciones de que forman parte las expresiones impugnadas, ya que la tacha de inconstitucionalidad por el motivo alegado por el demandante, está circunscrita únicamente a la "Indeterminación" del máximo de las medidas de seguridad a que se refieren los artículos prealudidos y en forma alguna al límite mínimo de dichas medidas ni a las demás circunstancias en ellas contempladas.

"Finalmente, de la misma cita jurisprudencial en que apoya su concepto se desprende que cuando existen motivos fundados para 1111 fallo de exequibilidad se perfilaría la proposición jurídica incompleta si fuese igualmente nugatorio en sus alcances o efectos, lo que no puede afirmarse en el caso sub judice, pues si se declararan constitucionales las normas impugnadas, la sentencia, al despejar las dudas sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas está llamada a producir plenos efectos: en primer lugar cimentando la discreción del juez para fijar el máximo de las nombradas medidas de seguridad y en segundo, haciéndola inmodificable por virtud del principio de verdad legal, que la informa.

"Lo anterior indica que la Corte no puede eludir un pronunciamiento de fondo sobre el 'asunto de inconstitucionalidad' planteado en el petitum de la demanda y sustentado en la 'causa petendi' que le sirve de apoyo, con mayor razón si se tiene en cuenta que la posible inocuidad del fallo de inexequibilidad, no dependería de falta de los presupuestos o requisitos de la demanda, que fueron cumplidos en su integridad, sino de circunstancias adventicias extrañas a la actividad procesal de la parte actora y para ella insuperables.

"Obrar en forma contraria llevaría a la Corte a eludir el deber de ser guardián de la integridad de la Constitución, apoyada en consideraciones metajurídicas que no han sido consideradas expresamente por la Constitución y que restringen su alta misión y ponderoso encargo.

"Lo dicho es suficiente pues, para examinar el fondo del asunto planteado, ya que admitir lisa y llanamente que el caso sub judice se enmarca dentro de los supuestos de proposición jurídica incompleta precisados por la jurisprudencia de esta Corporación, sin ponderar los efectos que tendría en este caso particular el fallo inhibitorio, conduciría a desnaturalizar su función propia que no es otra como ya se dijo, que la efectiva guarda de la integridad de la Constitución.

"3o. Constitucionalidad de las expresiones acusadas.

"Para estudiar la constitucionalidad de los fragmentos acusados, éstos deben ser examinados dentro del contexto de la normatividad penal a que pertenecen. Para ello se requiere precisar algunos conceptos tangencialmente considerados en la demanda y confrontar con ellos las normas de la Constitución que se señalan infringidas.

"El principio medular que informa el derecho penal moderno y que fue consagrado en el ordenamiento penal vigente es el de la culpabilidad, que proscribe toda forma de responsabilidad objetiva, abandonando la doctrina de la peligrosidad social. Se basa él en la tesis según la cual no puede haber pena sin culpabilidad y en que no se sanciona al autor del hecho punible por la peligrosidad de su acción sino en cuanto sea culpable. La culpabilidad es entonces el fundamento y la medida de la pena.

"La consagración de la culpabilidad como fundamento de la pena incide o se proyecta sobre los conceptos de imputabilidad e inimputabilidad que tienen una connotación específica dentro del Código Penal según el análisis siguiente:

"Aunque la ley no define la imputabilidad, este concepto ha sido elaborado por la doctrina penal para la cual el agente es imputable si al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito, estuvo en capacidad de comprender la ilicitud del mismo y de determinarse a su realización de acuerdo con esa comprensión.

"El concepto de inimputabilidad que es fácilmente desprendible del anterior, recibe consagración legal en el artículo 31 del Código Penal. Dice esta disposición así: 'Es inimputable quien en el momento de ejecutar el hecho, 110 tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica o trastorno mental'.

"De las condiciones personales que concurran en el autor del hecho punible y permitan calificarlo como imputable o inimputable se derivan consecuencias de distinto orden así: al imputable que actúa culpablemente se le considera responsable y se le sanciona con una pena; por el contrario, al inimputable no se le puede considerar culpable del hecho punible por esta razón, es sujeto pasible de una medida de seguridad.

"Estas dos formas de respuesta al hecho punible previstas en el Código Penal, cumplen finalidades distintas así: 'la pena tiene función retributiva, preventiva y resocializadora', las medidas de seguridad 'persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación' (artículo 12 Código Penal).

"Bajo las anteriores premisas corresponde analizar el cargo que formula el actor sobre la base de considerar que los fragmentos de las disposiciones impugnadas, infringen el principio de la legalidad consagrado en los artículos 20, 26 y 28 del ordenamiento constitucional.

"Ciertamente el principio universal de la legalidad del delito y de la pena se hace derivar de los textos que cita el demandante y además del artículo 23 de la Constitución. Este principio protector de la libertad individual consagrado además en los artículos 11 de la Declaración de los Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, garantiza que nadie podrá ser castigado si previamente no se ha prohibido el hecho y señalado la pena correspondiente.

"La tacha de inconstitucionalidad se plantea bajo el supuesto equivocado de que las medidas de seguridad previstas en la ley para los inimputables son penas y por lo tanto deben estar determinados sus términos mínimo y máximo, lo cual no ocurre cuando el legislador deja al arbitrio del Juez señalar el máximo imponible como lo disponen las expresiones acusadas.

"Como se desprende de las consideraciones precedentes y lo expresó con suficiente claridad el legislador, las medidas de seguridad no son penas y su imposición no se hace con el criterio de castigar a quien no pueda actuar con culpabilidad, pues ellas carecen de contenido expiatorio; por el contrario, su aplicación está orientada a la seguridad del propio inimputable, quien por su condición anímica continúa con aptitud de lesionar intereses legalmente, por lo cual el Estado debe evitar que cometa nuevos ilícitos mediante su curación y la rehabilitación o adaptación al medio social de quien ha obrado por inmadurez sicológica.

"Enfocado así el asunto, resulta evidente que las normas acusadas no infieren quebranto al artículo 28 de la Constitución que exige la legalidad de la pena al disponer: 'Aun en tiempo de guerra nadie podrá ser penado ex post facto, sino con arreglo a la ley, o Decreto en que previamente se haya prohibido el hecho y orden determinándose la pena correspondiente'.

"A la expresión 'pena' que utiliza este canon se le debe dar la significación propia de la ciencia y doctrina penal en donde tiene una connotación diferente de las medidas de seguridad.

"Resulta ilustrativo recordar que la Comisión redactora del Código Penal, hizo una distinción profunda entre penas y medidas de seguridad, y excluyó a las segundas del título de la punibilidad, 'con el fin -se lee en la exposición de motivos- de hacer énfasis en que éstas, las medidas de seguridad, no tienen carácter punitivo, sino que se imponen como medidas de protección para el inimputable y la sociedad', pues a diferencia de imputabilidad que es la capacidad y el requisito de la sanción, la inimputabilidad es el presupuesto de las medidas de seguridad, como lo pregona la doctrina penal.

"De lo anterior se desprende que es lógico que la duración del término máximo de la medida de internación no pueda fijarse previamente por el legislador, ni siquiera por el juez en la sentencia puesto que se trata de someter al inimputable a tratamiento cuya duración depende de la curación efectiva y de la readaptación de éstos al medio social propio, razón por la cual resulta impredecible la vigencia del mismo por este motivo. Cabe recordar que en el seno de la comisión redactara del Código se propuso que también fuese indeterminado el mínimo de las medidas de seguridad, no sólo para que fuese flexible el tratamiento sino también para evitar que se desnaturalizara la finalidad de la medida de seguridad al lograrse antes de su vencimiento, la curación del inimputable.

"Por lo anterior no advierte la Corte la incompatibilidad que aduce el actor entre las partes acusadas de los artículos 94, 95 y 96 del Decreto 100 de 1980 y la Carta; al contrario, estas disposiciones y las demás que se relacionan con las medidas de seguridad por no tener el carácter de sanciones jurídicas, no excluyen la revocabilidad y la aplicación discrecional del Juez pues se han establecido, como lo reitera la doctrina 'en consideración a un peligro social presumido por la ley o probado por el juez'.

"Finalmente, la indeterminación del término máximo de las medidas de seguridad es aparente, dado que el Juez tiene poderes suficientes para suspenderlas o modificarlas y en todo caso declarar su extinción, cuando se den los requisitos o condiciones contemplados en los artículos 98, 99, 100 y 101 del Código Penal.

Fecha ut supra.

Jairo E. Duque Pérez, Fabio Morón Díaz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jorge Iván Palacio Palacio, Héctor Gómez Uribe, Ramón Zúñiga Valverde, Rafael Baquero Herrera.