300Corte SupremaCorte Suprema300300029271679 (250E)JESÚS VALLLEJO MEJIA198720/08/19871679 (250E)_JESÚS VALLLEJO MEJIA_1987_20/08/198730002927DENTRO DEL ESTADO DE SITIO, EL GOBIERNO PUEDE MODIFICAR COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. CIÑENDOSE A LOS LIMITES QUE TRAZA LA CARTA, ES PROHIBIDO EL JUZGAMIENTO DE CIVILES POR MILITARES. Constitucional el Decreto número 1196 de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 113. Referencia: Expediente número 1679 (250-E). 1987
REVISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DECRETO 1196 DEL 30 DE JUNIO DE 1987.Identificadores30030002928true74823Versión original30002928Identificadores

Norma demandada:  REVISIÓN CONSTITUCIONAL DEL DECRETO 1196 DEL 30 DE JUNIO DE 1987.


DENTRO DEL ESTADO DE SITIO, EL GOBIERNO PUEDE MODIFICAR COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. CIÑENDOSE A LOS LIMITES QUE TRAZA LA CARTA, ES PROHIBIDO EL JUZGAMIENTO DE CIVILES POR MILITARES.

Constitucional el Decreto número 1196 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 113.

Referencia:

Expediente número 1679 (250-E).

Revisión }constitucional del Decreto número 1196 del 30 de junio de 1987 "por el cual se establecen normas relativas a delitos cometidos por Militares y personas de competencia de la Justicia Penal Militar".

Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobada por Acta número 39.

Bogotá, D.E., agosto 20 de 1987.

I. Antecedentes

Ante esta Corporación, el Gobierno Nacional, en cumplimiento de lo estatuido por el artículo 121 de la Constitución Nacional, envió para revisión el Decreto Legislativo número 1196 de junio 30 de 1987 "por el cual se establecen normas relativas a delitos cometidos por Militares y personas de competencia de la Justicia Penal Militar".

La Corte, de conformidad con los artículos 121 y 214 de la Carta, y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede a resolver sobre el asunto planteado.

II. Texto del decreto sometido a revisión

El texto del decreto sometido a revisión es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 1196 DE 1987

Por el cual se establecen normas relativas a delitos cometidos por militares y personas de competencia de la Justicia Penal Militar.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, y

considerando:

Que el primero de julio entrará a regir el Decreto-ley 0050 de 1987 por medio del cual se expidió el Código de Procedimiento Penal;

Que el mencionado código constituye legislación permanente y regula integralmente la materia;

Que en ejercicio del artículo 121 de la Constitución Nacional el Gobierno dictó el Decreto 1057 de 4 de mayo de 1984;

Que la Corte Suprema de Justicia al verificar el control automático de constitucionalidad lo encontró ajustado a los términos de la carta política;

Que las normas contenidas en el decreto citado deben permanecer en vigor, dado que aún subsisten las circunstancias que motivaron su expedición,

decreta:

Artículo 1o. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio el territorio nacional, los delitos de competencia de la Justicia Penal Militar cometidos por militares y persona civil al servicio de las Fuerzas Armadas, se juzgarán por el procedimiento de los Consejos de Guerra Verbales consagrados en el Libro Cuarto, Titulo VI, Capítulo II, del Código de Justicia Penal Militar (artículo 566 y siguientes).

Artículo 2o. Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior los delitos de Abandono del Puesto, Deserción y Abandono del Servicio los cuales se tramitarán y fallarán por el procedimiento especial indicado en el artículo 590 del Código de Justicia Penal Militar.

En estos casos no tendrá lugar el grado de consulta.

Artículo 3o. El presente decreto rige a partir del primero de julio de mil novecientos ochenta y siete (1987) y suspende las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 30 de junio de 1987".

(Firmado por el Presidente de la República y los Ministros).

III. Intervención ciudadana

De conformidad con lo establecido en los artículos 214 de la Constitución Nacional y 14 del Decreto 432 de 1969 y dentro del término legal, el ciudadano Jaime Camacho Flórez intervino en el proceso para solicitar la declaratoria de inexequibilidad del artículo 1° del Decreto Legislativo 1196 de 1987, en la parte que dice: "...y personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas", por considerarlo violatorio de los artículos 55, 61, 121 y 170 de la Carta.

El impugnante fundamenta su solicitud en los mismos argumentos que motivaron la sentencia de esta Corporación de 5 de mayo de 1987, mediante la cual se declaró la inexequibilidad del Decreto 3671 de 1986, por considerar que de acuerdo con los textos constitucionales antes citados, "en ningún tiempo, ni de normalidad ni de guerra o conmoción interior, puede jurisdicción militar conocer de procesos en que los partícipes sean civiles". Considera, además, que el texto impugnado no guarda conexidad alguna con los motivos que dieron lugar a la instauración del estado de sitio hoy vigente.

IV. Concepto fiscal

El Procurador General de la Nación conceptúa que, tanto por su aspecto formal como por la conexidad guardada con las causas del Decreto 1038 de 1984, por medio del cual se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el Territorio de la República y en cuyo desarrollo se expidió el decreto en revisión, éste cumple a cabalidad con las exigencias constitucionales.

Sin embargo, al analizar su contenido la Fiscalía encuentra:

a) El Decreto 1196 de 1987 es una reproducción del también Decreto de Estado de Sitio número 1057 de 1984, en su debido momento declarado exequible por la Corte;

b) Aunque los artículos primeros de ambos decretos son iguales, la Fiscalía conceptúa que para el presente caso, la parte que dice "...y personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas" debe ser declarada inexequible, pues las partes restantes se limitan a señalar un cambio de procedimiento para aplicar al de los Consejos de Guerra Verbales de que tratan los artículos 566 y siguientes del Código de Justicia Penal Militar;

c) Comparte la Procuraduría los argumentos del impugnante al considerar la inexequibilidad de aquella parte del artículo Io que se refiere al juzgamiento por jueces militares, del personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas, por infracción de los cánones 55, 58, 61 y 170 del Estatuto Superior, debido a que con dicha norma se vulneraron, entre otros, principios tales como la separación de las Ramas del Poder Público y la no acumulación en ningún tiempo del ejercicio simultáneo de la autoridad judicial y militar;

d) En relación con lo establecido por los artículos 2° y 3° del decreto que se revisa, la Fiscalía no encuentra ningún reparo constitucional, pues el 2° simplemente enuncia unos delitos que por excepción continuaron rigiéndose por el procedimiento especial contenido en el artículo 590 del Código de Justicia Penal Militar. El artículo 3o, señala las condiciones de vigencia del decreto de conformidad con lo estatuido por el artículo 121 de la Carta.

Con fundamento en lo expuesto la Fiscalía recomienda a la Corte declarar la exequibilidad del Decreto 1196 de 30 de junio de 1987, salvo la frase del artículo 1° que dice: "...y personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas" .

V. Consideraciones de la Corte

Esta Corporación es competente para conocer por vía de revisión oficiosa, de los Decretos Legislativos que dicte el Gobierno en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 121 C.N. al tenor de lo que disponen dicho artículo y el 214 idem. No hay glosa alguna para formular respecto de la parte formal del decreto, ya que ha sido firmado por el Presidente y la totalidad de los Ministros.

Ha sostenido la Corte que, dentro del estado de sitio, el Gobierno puede modificar competencias y procedimientos judiciales, siempre y cuando lo haga ciñéndose a los límites que trazan los artículos 26, 55, 58, 61 y 170 de la Carta, y que las medidas que tome guarden conexión directa con los motivos que inspiraron la declaratoria del estado de sitio.

En cuanto a lo primero, como el artículo 170 C.N. dispone que "de los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar", observa la Corte que a ello se ajustan los artículos 1° a 2° del decreto que se revisa, en lo atinente a delitos de competencia de la Justicia Penal Militar cometidos por militares; mas no así las expresiones "… y personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas..." que trae el artículo 1°. Cabe recordar, en efecto, que a partir del 5 de marzo último esta Corporación ha venido sosteniendo que la Carta no autoriza, en ningún caso, el juzgamiento de civiles por Cortes Marciales o Tribunales Militares, así se trate de civiles al servicio de las Fuerzas Armadas.

Respecto de la conexidad, el Decreto Legislativo 1038 de 1984, que instauró el estado de sitio aún vigente, se fundó básicamente en la existencia de "grupos armados que han atentado contra el régimen constitucional, mediante lamentables hechos de perturbación del orden público y suscitando ostensible alarma en los habitantes", así como en "que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose gravemente el normal funcionamiento de las instituciones en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas y en la economía nacional".

Es obvio que ante una emergencia de tamaña gravedad, sea necesario reforzar la disciplina militar. De ahí la conexidad de lo dispuesto en el decreto que se revisa con los motivos de turbación del orden público, en la parte que se refiere a militares en servicio. Pero, como lo observa el impugnador, tal conexidad no se da respecto del personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación y previo estudio de la Sala Constitucional,

Resuelve:

Declarar constitucional el Decreto Legislativo número 1196 del 30 de junio de 1987, salvedad hecha de las expresiones "... y personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas..." contenidas en el artículo 1°, las cuales se declaran inconstitucionales.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora (con salvamento de voto); Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo (con salvamento de voto); Lisandro Martínez Zúñiga (con salvamento de voto); Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero (con salvamento de voto); Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra (con salvamento de voto); Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario

Salvedad de voto

Consignamos los motivos de nuestro disentimiento, al no compartir la decisión adoptada por la mayoría de la Corte en el sentido de declarar inconstitucional las expresiones "... y personal civil al servicio de las Fuerzas Armadas…" contenidas en el artículo 1° del Decreto 1196 de 1987.

1o. A título de introducción advertimos que el Decreto 1196 de 1987 fue expedido por el Gobierno en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1038 de 1984, este último declaratorio del estado de sitio.

2o. Hemos considerado, con fundamento en el artículo 61 de la Constitución, que en tiempos de perturbación del orden público, bien puede atribuírsele a la jurisdicción penal militar el juzgamiento de ciertos delitos cometidos por civiles, cuando estas medidas sean aconsejables para el restablecimiento del orden público.

3o. La doctrina constitucional de la Corte ha entendido que el artículo 61 de la Carta autoriza, para tiempos de no paz, como el que vive el país actualmente, extender y asignarle a la justicia penal militar el juzgamiento de delitos cometidos por civiles.

En efecto, dijo la Corte en sentencia de 30 de octubre de 1978:

"Precisamente, el Decreto 1923 no ha hecho en este aspecto sino aplicar la excepción del artículo 61 que autoriza para tiempos anormales la acumulación y, por tanto, el traslado transitorio de competencias, y expresamente las de naturaleza jurisdiccional, en órganos distintos a los que las ejercen ordinariamente, lo cual legitima la adscripción a la Justicia Penal Militar, y a las autoridades militares y de Policía que aquel decreto determina, el conocimiento y sanción de ciertos delitos y contravenciones.

"El decreto en estudio no crea organismos ad hoc, ni cambia el origen ni la composición de los existentes. Simplemente, faculta a ciertas autoridades el ejercicio simultáneo de las atribuciones que ordinariamente les compete, con las que le son adscritas transitoriamente, según autorización constitucional del artículo 61".

4o. El criterio precedente, lo reiteró la Corporación en decisiones de 23 de mayo de 1980 y de 3 de julio de 1984.

5o. Por lo antes expresado y por no encontrar que las expresiones declaradas inconstitucionales entren en conflicto con la Carta, pues se trata de medidas de excepción que tienen claro respaldo en los artículos 61 y 121 de la Constitución, es por lo que nos separamos, con respeto, de la decisión tomada por la mayoría.

Fecha ut supra.

Alberto Ospina Botero, Héctor Marín Naranjo, Rafael Romero Sierra, Lisandro Martínez Z., Hernando Gómez Otálora.