300Corte SupremaCorte Suprema300300027781634Jesús Vallejo Mejía198705/08/19871634_Jesús Vallejo Mejía_1987_05/08/198730002778COSA JUZGADA. Estarse a lo resuelto en la sentencia del 9 de julio de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 93 Referencia: Expediente número 1634. 1987
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COSA JUZGADA.

Estarse a lo resuelto en la sentencia del 9 de julio de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 93

Referencia: Expediente número 1634.

Norma acusada: Artículo 51 del Decreto 050 de 1987.

Actor: Libardo López García.

Magistrado ponente: doctor Jesús Vallejo Mejía.

Aprobada según Acta número 37.

Bogotá, D. E., cinco (5) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

Procede la Corte a decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que presentó el ciudadano Libardo López García, en ejercicio de la acción que otorga el artículo 214 C.N., respecto del artículo 51 del Decreto Legislativo 50 de 1987 por medio del cual se expidió un nuevo Código de Procedimiento Penal.

El texto de la norma acusada es el siguiente:

"Artículo 51. Prohibición de enajenar. El autor o partícipe de un hecho punible no podrá enajenar bienes sujetos a registro dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de comisión del delito, a menos que esté garantizada la indemnización de perjuicios".

II. Razones de la demanda

Considera el demandante que la disposición acusada es violatoria del artículo 76-12 C.N. porque con ella el Gobierno excedió las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 52 de 1987.

En efecto, según su opinión, "el hecho de haber impartido prohibición y creado condicionamientos para quien sea sindicado, enajena bienes sujetos a registro, no es acorde con lo mandado expresamente de 'elaborar y poner en vigencia un Nuevo Código de Procedimiento Penal', no se limita a lo señalado para elaborar tal estatuto sino que va más allá, ya que se toma atribuciones para regular lo atinente a la propiedad privada y en especial lo relacionado a los bienes sometidos a registro público, como existencia para poderse transferir el dominio, en consideración a aquellas personas que se les indique de la comisión de una conducta punible; atentándose con este precepto el principio de la presunción de inocencia del implicado, hasta tanto no se le demuestre la plena prueba de la comisión del hecho, limitándose en tal virtud la disposición libre para enajenar los bienes sujetos a tal solemnidad".

Sostiene que este exceso en las facultades viola consecuencialmente, el artículo 118-8 C.N.

Agrega que también se incurrió en violación del artículo 37 C.N. porque la prohibición que se hace a quien sea sindicado como autor o partícipe de un delito, de enajenar bienes sujetos a registro, va contra el principio de que "no habrá en Colombia bienes raíces que no sean de libre enajenación".

III. La vista fiscal

El Procurador General de la Nación conceptuó dentro de la oportunidad legal, en forma favorable a la exequibilidad de la disposición acusada, remitiéndose a lo expuesto en los conceptos números 1585 y 1154.

En el primero de ellos dijo:

"No podía entenderse el sentido de la disposición si se omite considerar que las facultades otorgadas al Ejecutivo estaban, y finalmente estuvieron, dirigidas a elaborar y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal. Es decir que el legislador nunca pretendió modificaciones parciales sino que buscó como bien lo dijo la Corte en su sentencia de mayo 22 de 1986, una ordenación sistemática y ordenada, lógica y completa de las disposiciones que regulaban la actividad procesal en materia penal, con las únicas limitaciones expresamente establecidas en la ley de facultades, entendiéndose de contera que para las demás materias sobre las cuales el legislador no había señalado pautas precisas tenía que existir plena libertad en el ejercicio de las atribuciones delegadas, con la única obligación de que el nuevo estatuto siguiera la orientación filosófica del Código de las Penas y se adecuara a sus prescripciones.

"La autorización, por naturaleza, es laxa y abierta; la precisión, por el contrario, es restringida. Por eso debe siempre entenderse que la autorización para legislar que se delega en el ejecutivo de conformidad con el artículo 76-12 de la Constitución Nacional, no está sujeta a limitaciones sino en la medida del tiempo, de la materia (entendida in generi) y de las precisiones que se hagan a su ejercicio".

Y en el concepto número 1154 expuso:

"Que allí se consagra una presunción de objeto ilícito respecto de determinados bienes y durante un lapso determinado, 'se trata simplemente de una protección legítima al acreedor, a la manera de cualquier acción pauliana'.

"Es que el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal no impide la venta de determinada clase o categoría de bienes raíces, ni su enajenación, sino que busca ante todo, a través del sistema de presunciones, proteger el derecho a la indemnización por la responsabilidad derivada del delito y consagrada en el artículo 103 del Código Penal, como desarrollo del canon constitucional de los artículos 16 y 30 sobre protección a los bienes de las personas y los demás derechos adquiridos con justo título. No puede perderse de vista, en el examen de la norma acusada, que su cláusula final es una excepción a la presunción genéricamente consagrada, puesto que basta garantizar la indemnización para que adquiera legitimidad y validez plenas, la enajenación, y se libre así el carácter presuntivo de objeto ilícito.

"Finalmente, para destacar el carácter ajustado a la Constitución de esta norma, se agrega cómo la prohibición de enajenar opera de manera definitiva, precisamente en virtud de sentencia de condena, por lo que debe tenerse como presupuesto procesal el derecho de contradicción tanto por parte del enajenante como del adquirente de buena fe, que de otro lado no tiene que verse desprotegido patrimonialmente habida consideración de que no se reforman, con el artículo 51, el sistema de prestaciones mutuas o de restituciones que este último puede exigir".

IV. Consideraciones de la Corte.

Según el artículo 214 C.N. es competente esta Corporación para conocer de demandas de inconstitucionalidad de decretos expedidos por el Gobierno en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas al tenor del artículo 76-12 C.N., como sucede en el caso de autos.

No obstante, observa la Corte que respecto de la disposición acusada hubo un fallo definitivo de exequibilidad, proferido el 9 de julio de 1987 dentro del proceso radicado bajo el número 1588, con fuerza de cosa juzgada.

V. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estarse a lo resuelto, en la radicación número 1588, según sentencia del 9 de julio de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Hugo Palacios Mejía, Conjuez; Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra,

Secretario.