300Corte SupremaCorte Suprema300300026811600Fabio Morón Díaz198702/07/19871600_Fabio Morón Díaz_1987_02/07/198730002681FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL. PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. COMPETENCIAS ORDINARIAS DE REGLAMENTACION DE LA LEY, QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Exequible el Decreto 054 de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 69. Referencia: Expediente 1600. 1987
Hernán Darío Velásquez Gdemanda de inexequibilidad contra el Decreto 0054 de 1987.Identificadores30030002682true74581Versión original30002682Identificadores

Norma demandada:  demanda de inexequibilidad contra el Decreto 0054 de 1987.


FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL. PROPOSICION JURIDICA COMPLETA. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. COMPETENCIAS ORDINARIAS DE REGLAMENTACION DE LA LEY, QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.

Exequible el Decreto 054 de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 69.

Referencia: Expediente 1600.

Acción de inexequibilidad contra el Decreto 0054 de 1987, "por el cual se organiza el funcionamiento del cuerpo técnico de Policía Judicial".

Actor: Hernán Darío Velásquez G.

Magistrado Ponente: doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobado por Acta número 31 de 2 de julio de 1987.

Bogotá, D. E., julio dos (2) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

1. Antecedentes

El ciudadano Hernán Darío Velásquez Gómez presentó ante esta Corporación, en ejercicio de la acción que consagra el artículo 214 de la Constitución Nacional, demanda de inexequibilidad contra el Decreto 0054 de 1987. Se admitió su demanda y se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación quien emitió concepto. Procede ahora la Corte a resolver el asunto.

II. Texto de la norma acusada

El texto del decreto objeto de la demanda es el siguiente:

«DECRETO NUMERO 0054 DE 1987

(enero 13)

"Por el cual se organiza el funcionamiento del cuerpo técnico de Policía Judicial"

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y especial las conferidas por el artículo 1° numeral 1" literal a) de la Ley 52 de 1984 previo concepto de la Comisión Asesora creada por dicha ley,

DECRETA:

Artículo 1o. El cuerpo técnico de la Policía Judicial, como auxiliar permanente de la justicia, funcionará bajo la dirección y dependencia de la Dirección Nación de Instrucción Criminal.

Artículo 2o. El cuerpo técnico de Policía, tendrá la siguiente estructura:

1. Consejo Nacional de Policía Judicial.

2. Despacho del Director Nacional de Instrucción Criminal.

3. Subdirección Nacional de la Policía Judicial.

4. División Criminalística.

4.1 Sección de Laboratorios Criminalísticos.

4.2 Sección Técnica.

5. División Administrativa.

5.1 Sección de Personal.

5.2 Sección de Presupuesto.

5.3 Sección de Servicios Generales.

5.4 Visitadores.

6. División de Investigación.

6.1 Sección de Delitos contra el patrimonio económico.

6.2 Sección de delitos contra la vida e integridad personal.

6.3 Sección de delitos varios.

7. Asesores.

8. Secretaría General.

Artículo 3o. El Consejo Nacional de Policía Judicial estará integrado por:

1. El Ministro de Justicia.

2. El Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3. El Procurador General de la Nación.

4. El Jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

5. El Director General de la Policía Nacional.

6. El Director General de Aduanas.

La representación de este Consejo no será delegable.

Artículo 4o. El Consejo Nacional de Policía se reunirá cuando menos una vez al mes y tendrá como Secretario al Director Nacional de Instrucción Criminal.

Artículo 5o. Son funciones del Consejo Nacional de Policía:

1. Asesorar al Director Nacional de Instrucción Criminal en la adopción de los planes y programas generales de la Policía Judicial.

2. Formular las indicaciones que considere pertinentes para el funcionamiento del servicio.

3. Vigilar la actividad de la Policía Judicial en el país.

4. Solicitar al Gobierno Nacional la adopción de medidas tendientes al buen funcionamiento del servicio.

Artículo 6o. El Director Nacional de Instrucción Criminal será el Jefe de la Policía Judicial y como tal ejercerá la dirección y el mando de ella.

Artículo 7o. La Subdirección Nacional de la Policía Judicial tendrá a su cargo las funciones pertinentes a la organización y desarrollo del servicio de Policía Judicial.

Artículo 8o. La División de Criminalística tendrá a su cargo todo lo referente a balística, grafología, documentoscopia y demás servicios criminalísticos.

Artículo 9o. La División Administrativa tendrá a su cargo lo referente a la selección, capacitación y demás aspectos relacionados con el personal así como atender la cuestión presupuestal y la organización de los servicios indispensables para el funcionamiento de la Policía Judicial.

Artículo 10. La División de Investigación prestará colaboración especializada según los grupos de delitos.

Artículo 11. La Secretaría General coordinará las labores del cuerpo técnico de la Policía Judicial bajo la Dirección del Director Nacional de Instrucción Criminal y del Subdirector Nacional de Policía Judicial.

Artículo 12. Cada Dirección Seccional de Instrucción Criminal tendrá una subdirección seccional de Policía Judicial, encargada de la prestación del servicio en la respectiva comprensión territorial.

Artículo 13. En cada Seccional de Instrucción Criminal funcionará un Consejo Seccional de Policía Judicial integrado por: el Presidente de la Sala Penal del Tribunal respectivo; por el Procurador Regional o Jefe Seccional; por el Secretario de Gobierno del Departamento; por el Director Seccional del DAS y por el Comandante de Policía. En las seccionales que comprenden varios distritos judiciales o departamentos, liarán también parte del Consejo los homólogos de los funcionarios citados.

Artículo 14. Los oficiales, suboficiales y agentes de Policía Nacional, y los empleados de la Dirección General de Aduanas, actualmente adscritos al servicio de Policía Judicial, podrán pasar en comisión al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, a partir de la vigencia del presente decreto.

Artículo 15. Los organismos que en virtud de lo dispuesto en el artículo 331 del Decreto 50 de 1987 dejan de cumplir funciones de Policía Judicial, pondrán a disposición del Ministerio de Defensa Nacional, en forma inmediata, sus armas de dotación oficial. Quienes en la actualidad integran esos cuerpos, podrán ser vinculados a la Policía Judicial o al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, de acuerdo con las necesidades del servicio y según sus capacidades profesionales.

Artículo 16. Oportunamente el Gobierno reglamentará el funcionamiento del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en sus distintos aspectos, incluido el alcance y forma en que sustituye las funciones de Policía Judicial de los organismos que las cumplen.

Artículo 17. Para el cumplimiento de este decreto, el Gobierno Nacional queda autorizado para hacer los traslados presupuéstales y abrir los créditos y contracréditos necesarios.

Artículo 18. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. E., a 13 de enero de 1987».

(Diario Oficial número 37755 de enero 13 de 1987).

III. La demanda

A. Normas constitucionales que se consideran infringidas

Estima el actor que el Decreto 054 de 1987 viola los artículos 76 numerales 9", 10, 12 y 118 numeral 8 de la Constitución Nacional.

B. Fundamentaciones de la demanda

Son fundamento de la demanda las siguientes consideraciones:

1. Todo el Decreto 054 de 1987 viola el artículo 118-8 en concordancia con el 76 numeral 12 de la Carta porque el Presidente de la República incurrió en excesos en el ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1° de la Ley 52 de 1984. Según el actor, el literal a) del numeral 1° de este artículo facultó en forma precisa y con carácter específico al Presidente de la República para crear, organizar, reglamentar y dotar técnicamente un cuerpo de Policía Judicial pero dentro de un nuevo Código de Procedimiento Penal y no por fuera de él: esta normatividad debería ser sistematizada, concordada, unida e integrada debidamente y no desarticulada y sucesiva.

2. El artículo 16 del Decreto 054 de 1987 es inconstitucional además porque otorga facultades permanentes al Gobierno mismo para reglamentar el funcionamiento del cuerpo técnico de Policía Judicial en distintos aspectos. La Ley 52 de 1984 da facultades pro tempore para organizar y reglamentar institucionalmente, y para dotar técnicamente al cuerpo de Policía Judicial dentro del Código de Procedimiento Penal durante los 2 años de vigencia de las facultades; pero el artículo 16 extiende por fuera del término señalado la facultad de reglamentar la materia.

También resulta inconstitucional el artículo 16, pues en concepto del actor, la estructura del cuerpo técnico de Policía Judicial, las escalas de remuneración de los empleados y la regulación completa del servicio, sólo pueden ser señaladas y determinadas por el Congreso y, de manera excepcional, por el Gobierno de forma temporal, de tal manera que al señalar que "oportunamente el Gobierno reglamentará el funcionamiento del Cuerpo Técnico de Policía Judicial en sus distintos aspectos, incluido el alcance y forma en que sustituye las funciones de Policía Judicial de los organismos que las cumplen", el Gobierno incurre en violación del artículo 76 numerales 9° y 10 de la Carta por exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias.

IV. El Concepto Fiscal

El señor Procurador General de la Nación emitió el concepto de rigor y solicitó de esta Corte que se declare inhibida para emitir sentencia de fondo dada la existencia de proposición jurídica incompleta y, que si se encuentra que debe pronunciarse sobre el fondo del asunto declare la inexequibilidad de la norma acusada.

Son consideraciones del concepto fiscal las siguientes:

1. Como el actor demanda únicamente el Decreto 054 de 1987 que fija la estructura del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y señala las funciones generales a cargo de cada una de sus dependencias sin impugnar otras normas (entre éstas los artículos 326 y ss. del Decreto 050 de 1987) con las cuales aquél guarda estrecha relación de dependencia y subordinación, no puede la Corte analizar sólo lo demandado, pues necesariamente habría que estudiarlas en su conjunto para decidir pero hasta ese extremo no llegan las facultades de la Corporación ya que éstas se reducen al estudio de lo acusado, por lo que debe declararse inhibida para fallar en razón de la proposición jurídica incompleta.

2. Si no obstante lo anterior la Corte considera que puede pronunciarse por el fondo del asunto, debe declarar inexequible el Decreto 0054 de 1987 porque es el resultado de la violación del artículo 118-8 en concordancia con el 76-12 de la Carta. La creación, organización, reglamentación institucional y dotación técnica de un cuerpo de Policía Judicial debía realizarse y regularse dentro del nuevo Código de Procedimiento Penal y no por fuera de él como ocurre en el asunto sub examine. Además, el Presidente de la República agotó las facultades que se le habían otorgado y por tanto no podía organizar o fijar la estructura y las funciones nuevamente pues después del Decreto 0050 de 1987 no contaba con autorización para hacerlo.

V. Consideraciones De La Corte

Primera. Competencia

Por tratarse de un decreto que se expidió con base en las facultades conferidas al Presidente de la República por la Ley 52 de 1984, es competente la Corte Suprema de justicia para conocer de su constitucionalidad de conformidad con el artículo 214 de la Carta.

Segunda. Ejercicio oportuno de las facultades

La norma acusada se expidió dentro del término señalado por la Ley 52 de 1984, pues se dictó el 13 de enero de 1987 antes del vencimiento de los dos años para el ejercicio de las facultades conferidas.

Tercera. Proposición jurídica completa

No es el caso de aplicar el principio de la proposición jurídica incompleta puesto que al examinar el contenido de las normas objeto de acusación se concluye que aun estando vinculadas por razón de la materia a las que regulan lo relativo al Cuerpo Técnico de Policía Judicial en el Decreto 0050 de 1987, no dependen necesariamente aquéllas de éstas como para que no puedan ser analizadas singular y particularmente. Mantienen cada una su vigor y significación jurídica de manera autónoma y completa por lo que no es del caso la inhibición del pronunciamiento de la Corte.

Cuarta: La materia de la norma acusada

El literal a) del numeral 1° del artículo 1° de la Ley 52 de 1984 faculta al Presidente de la República para la "creación, organización, reglamentación institucional y dotación técnica de un Cuerpo de Policía Judicial" y es precisamente ésta la materia a la que se refiere el Decreto 054 de 1987.

La Corte encuentra que el contenido de la norma sub examine se ajusta a las precisas y específicas bases que señala la ley de facultades y que en su ejercicio el Presidente hizo uso constitucional de las mismas. La reglamentación institucional y la dotación técnica del Cuerpo de Policía Judicial creado y organizado por el Decreto 0050 de 1987, fue dispuesta normativamente por el Decreto 0055 de 1987 puesto que en él se estableció la estructura orgánica, la composición y las funciones de sus órganos de dirección, sus funciones, la composición y las funciones de sus órganos de dirección, sus funciones, la composición y las funciones de sus órganos operativos y administrativos nacionales y seccionales, así como las reglas para vincular algunos funcionarios que antes del mismo cumplían labores de Policía Judicial. Todo lo anterior en relación ordenada, lógica y sistemática y en complemento de lo dispuesto por los artículos 326 a 340 del Decreto 050 de 1987 que contiene el Código de Procedimiento Penal.

La Corte encuentra que no se han desconocido las razones de lógica y técnica legislativa en la expedición del Decreto 054 de 1987, que se sustenta claramente en las facultades conferidas al Ejecutivo por el literal a) del numeral 1° de la Ley 52 de 1984, lo cual la exonera de abundar en más consideraciones sobre una materia debidamente precisada en la jurisprudencia constitucional. En este sentido, no aparece violación de los preceptos citados por el demandante, por cuanto el Ejecutivo actuó dentro del marco de las autorizaciones legislativas y por lo tanto sin quebranto de los textos de la Constitución, como en efecto lo declarará la Corte en la parte resolutiva de este fallo.

Entiende la Corte que el artículo 16 del mismo decreto se refiere a las competencias ordinarias de reglamentación de la ley que le confiere la Constitución al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa en el numeral 3° del artículo 120. En efecto, corresponde al Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria de las leyes y, por lo mismo, puede expedir las órdenes, decretos y resoluciones necesarios para la cumplida ejecución de aquéllas. La ley de facultades autorizó al Presidente para que reglamentara institucionalmente el nuevo cuerpo de Policía Judicial y en el ejercicio de estas competencias atribuidas expidió los dos decretos citados que constituyen materialmente el nuevo estatuto de Procedimiento Penal; corresponde en adelante el ejercicio constitucional de las competencias administrativas propias y ordinarias del Ejecutivo y no el de unas facultades extraordinarias ya agotadas. Estos decretos reglamentarios se sujetarán a los precisos límites señalados en el ordinal 3° del artículo 120 de la Constitución Nacional y por tanto no podrán invadir la órbita propia de la función legislativa. No le asiste razón al actor en su cargo por lo que no se admite su acusación y en efecto la Corte declarará la constitucionalidad de la norma acusada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

Resuelve

Declarar exequible en su totalidad el Decreto Legislativo número 0054 de enero 13 de 1987 "por el cual se organiza el funcionamiento del cuerpo técnico de Policía Judicial".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario.