300Corte SupremaCorte Suprema300300026491572Hernando Gómez Otálora198725/06/19871572_Hernando Gómez Otálora_1987_25/06/198730002649COSA JUZGADA ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL . Estése a lo resuelto por la Corte en fallo No. 64 de 25 de junio de 1987. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 65. Referencia: Expediente número 1572. 1987
Héctor Jesús Rodríguez Cruzdemanda de inexequibilidad contra la totalidad del Decreto-ley número 052, expedido el 13 de enero de 1987, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".Identificadores30030002650true74551Versión original30002650Identificadores

Norma demandada:  demanda de inexequibilidad contra la totalidad del Decreto-ley número 052, expedido el 13 de enero de 1987, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".


COSA JUZGADA ESTATUTO DE LA CARRERA JUDICIAL.

Estése a lo resuelto por la Corte en fallo No. 64 de 25 de junio de 1987.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 65.

Referencia: Expediente número 1572.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley número 0052 de 1987 (enero 13), "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".

Demandante: Héctor Jesús Rodríguez Cruz.

Ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 30 de 25 de junio de 1987

Bogotá, D. E., junio veinticinco (25) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

El ciudadano Héctor Jesús Rodríguez Cruz, en ejercicio del derecho que le confiere el artículo 214 de la Constitución, ha presentado a la Corte demanda de inexequibilidad contra la totalidad del Decreto-ley número 052, expedido el 13 de enero de 1987, "Por el cual se revisa, reforma y pone en funcionamiento el Estatuto de la Carrera Judicial".

Se procede a adoptar decisión de fondo, una vez surtidos los trámites ordenados por el Decreto número 0432 de 1969.

I. Texto del decreto acusado

El decreto objeto de la acción dice textualmente:

(Ver anexo No. 1).

II. La Demanda

Dice el actor que el Presidente de la República hizo uso de las facultades conferidas por la Ley 52 de 1984 cuando expidió el Decreto-ley número 2400 de 1986 y que en consecuencia las agotó, lo cual implica que la posterior expedición del Decreto número 052 de 1987 fue extemporánea aunque formalmente se hubiera puesto en vigencia dentro del término autorizado.

Agrega que, como resultado de esa extemporaneidad, el Decreto es íntegramente inconstitucional, por violar el artículo 76, ordinal 12 de la Constitución Política.

III. Concepto Del Procurador

Por oficio No. 1123 del 12 de marzo de 1987, el señor Procurador General de la Nación emitió concepto en el cual expresa:

"Aunque no existen antecedentes sobre la derogatoria y sustitución por parte del Ejecutivo en uso de facultades extraordinarias de todo un Estatuto dictado en ejercicio de las mismas, como ocurre con el Decreto número 052 de 1987 -materia de acusación- que derogó el 2400 de 1986, la posibilidad planteada por la Corte Suprema de Justicia de dictar Decretos-leyes sucesivos hasta agotar la materia y el término, permite inferir que en toda ley de facultades queda implícita la atribución de derogar, modificar o sustituir sus propias normas, siempre y cuando se expidan las disposiciones dentro del plazo que la Ley le haya señalado.

"De otra parte cabe agregar que cuando el Congreso le confiere facultades extraordinarias al Presidente de la República le traslada toda su competencia, es decir, que en ese momento el Ejecutivo sustituye al Congreso y como tal puede dictar Decretos-leyes como también derogar, modificar y sustituir los que haya dictado con base en las mismas autorizaciones, pues ciertamente goza de todas las atribuciones que tiene el Congreso cuando dicta las Leyes.

"En consecuencia no encuentra este Despacho que el Ejecutivo al expedir el Decreto número 052 de 1987 por medio del cual derogó y sustituyó el Decreto número 2400 de 1986 y algunas otras disposiciones, haya excedido las atribuciones contenidas en el Artículo 1.°, numeral 3°, de la Ley 52 de 1984, por lo que solicitará a la Corte Suprema de Justicia su exequibilidad pero sólo en cuanto a facultades se refiere".

IV. Consideraciones de la Corte

1. Competencia

Por la naturaleza del decreto objeto de la acción, es competente la Corte Suprema de Justicia para fallar definitivamente sobre su constitucionalidad.

2. Cosa juzgada

Dado que ya existe pronunciamiento de la Corte sobre la integridad del Decreto número 0052 de 1987, no puede decidir de nuevo en relación con la misma norma y con la misma materia, en guarda del principio que confiere a los fallos sobre constitucionalidad fuerza de cosa juzgada, por lo cual habrá de estarse a lo ya resuelto.

V. Decisión

Con fundamento en lo dicho, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estése a lo resuelto por la Corte en fallo No. 64 del 25 de junio de 1987.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime Giraldo Angel, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía, Ramón Zúñiga Valverde.

Alfredo Beltrán Sierra

Secretario