300Corte SupremaCorte Suprema300300026011500Fabio Morón Díaz.198729/01/19871500_Fabio Morón Díaz._1987_29/01/198730002601FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. NORMAS SOBRE EL ESCALAFON NACIONAL PARA EL SECTOR DOCENTE PUBLICO Y PRIVADO, DEMAS ASPECTOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS EDUCADORES. COSA JUZGADA. En cuanto al art. 100 del Decreto número 080 de 1980, remite a sentencia del 13 de septiembre de 1984. Exequible el artículo 113 del mismo decreto. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 6. Referencia: Expediente número 1500. 1987
Vicente Miranda MeloIdentificadores30030002602true74507Versión original30002602Identificadores

FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. NORMAS SOBRE EL ESCALAFON NACIONAL PARA EL SECTOR DOCENTE PUBLICO Y PRIVADO, DEMAS ASPECTOS DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS EDUCADORES. COSA JUZGADA.

En cuanto al art. 100 del Decreto número 080 de 1980, remite a sentencia del 13 de septiembre de 1984.

Exequible el artículo 113 del mismo decreto.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 6.

Referencia: Expediente número 1500.

Acción de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 100, y el artículo 113 del Decreto número 080 de 1980. Docentes de Educación Post-Secundaria: Pensión de Jubilación. Inhabilidades e incompatibilidades.

Actor: Vicente Miranda Melo.

Magistrado ponente: doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobada por Acta número 002.

Bogotá, D. E., enero veintinueve (29) de mil novecientos ochenta y siete (1987).

I. Antecedentes

El ciudadano Vicente Miranda Melo, presentó ante esta Corte demanda de inexequibilidad contra el inciso 2º del artículo 100 y artículo 113 del Decreto número 080 de 1980. Se admitió la demanda, se corrió traslado al Procurador General de la Nación y se procede ahora a resolver el asunto.

II. Texto de las normas acusadas

"DECRETO NUMERO 080 DE 1980

"Por el cual se organiza el Sistema de Educación Post-Secundaria.

"Artículo 1º

"Artículo 100

"El goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de la docencia de tiempo parcial o de cátedra. Su vinculación se hará, sin embargo, por períodos académicos.

Artículo 113. Salvo lo expresamente previsto en este Decreto, las inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden nacional se aplicarán a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial".

III. Normas que se consideran infringidas

Artículos 2º, 55, 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional.

IV. Argumentos de la demanda

Considera el actor infringida la Constitución por las siguientes razones:

1. Que la Ley 8ª de enero 24 de 1979, con base en la cual se expidió el Decreto número 080 de 1980, y "Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias para establecer la naturaleza, características y componentes del Sistema de Educación Post-Secundaria, se fijan requisitos para la creación y funcionamiento de instituciones públicas y privadas de educación post-secundaria, para organizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario y para expedir las normas sobre Escalafón Nacional para el sector docente y derogar unas normas, en su artículo 1º, ordinal 3º, dice: "Reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades o instituciones oficiales de nivel post-secundario, dictar sus estatutos orgánicos en los cuales se defina su naturaleza jurídica, la composición y funciones de sus órganos de dirección, administración, las calidades y atribuciones de sus rectores y directivos, las normas a que estarán sujetas para su manejo administrativo y financiero dentro de claros parámetros de planificación, las disposiciones generales a que deberán someterse los estatutos internos que en materia de personal a su servicio y régimen estudiantil expida cada entidad, con el fin de lograr una óptima calidad académica y una adecuada organización administrativa".

2. Que como se ve claramente de la transcripción del numeral 3º de la Ley de facultades, en ella. no se encuentra directa ni indirectamente aspecto alguno relacionado con el régimen de incompatibilidades del personal docente.

Los decretos-leyes, tienen también el carácter de ley en el sentido material, pero con su ámbito reducido exclusivamente al que las facultades señalan. Si en éstas y, para el presente caso, no hubo habilitación en cuanto a incompatibilidades pensiónales de los docentes de educación post-secundaria o universitaria, mal podía el Ejecutivo establecerlas en los artículos materia de la presente demanda.

3. Que como principio general y, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Nacional, existe prohibición de recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público o de empresas o instituciones en que tenga parte el Estado, salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Así, la percepción simultánea de pensión y sueldo implicaría transgresión al mandato constitucional, el cual contiene una regla general de carácter prohibitivo, con excepción: "salvo lo que para casos especiales determinen las leyes. Por ello, la compatibilidad entre pensión y sueldo debe ser determinada exclusivamente por la ley, y por tratarse de una excepción, su interpretación y aplicación deben ser estrictas y restrictivas".

4. Que en consecuencia, no habiendo sido revestido el Ejecutivo de facultades precisas y extraordinarias conferidas por el Congreso de acuerdo con la facultad constitucional consagrada en el ordinal 12, artículo 76 de la Constitución Nacional para reglar aspectos relacionados con las prestaciones sociales, como es el régimen de incompatibilidades pensiónales, se violan los artículos: 2º, porque un poder público como es el Ejecutivo, no se ejerce en los términos que señala la Constitución, sino en contra de ella; el 55, porque desconoce flagrantemente el principio de la separación de los poderes en él consagrada, invadiendo en forma inconstitucional las funciones de la Rama Legislativa del Poder Público, y el 76, ordinal 9º, porque la fijación de prestaciones sociales corresponde por disposición expresa de la Constitución Nacional al Congreso y no al Ejecutivo, el que al hacerlo viola la norma constitucional.

5. Que considerados los presupuestos del régimen democrático y el mandamiento del orden jurídico del país presidido por el permanente respeto de la Carta, en este desdoblamiento de la función legislativa el Ejecutivo interfirió funciones propias del Congreso cuando en aplicación de facultades de que no estuvo investido, dictó los textos legales acusados que invaden la órbita exclusiva del Congreso.

6. Que ha dirigido la argumentación de inexequibilidad por inconstitucionalidad de las normas acusadas, porque el Gobierno extralimitó la ley de autorizaciones sin que el Congreso le hubiere delegado la competencia en forma precisa al tenor del citado numeral 12 del artículo 76 de la Carta. Corresponde a la Honorable Corte buscar la perfección del Estado, deslindando dentro de marcos precisos el poder constitucional ahora fuerte y extenso, a través del exacto control constitucional.

V. Concepto del Procurador General de la Nación

El Procurador General de la Nación emitió concepto en los siguientes términos:

1. Que en primer lugar debe observarse que la Corte Suprema de Justicia ya se ha pronunciado sobre la exequibilidad del artículo 100 del Decreto número 080 de 1980, en sentencia No. 98 del 13 de septiembre de 1984, y en consonancia, es pertinente solicitar a la Corte que se esté a lo resuelto en la citada sentencia, por ser cosa juzgada.

2. Que en relación con el artículo 113 del mismo decreto, no existe pronunciamiento de la Honorable Corporación. Sin embargo, es evidente que dicha norma también se ocupa del régimen de incompatibilidades de los docentes, haciendo extensivas a ellos las reglas generales previstas para los empleados públicos del orden nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior es forzoso concluir que las facultades del Ejecutivo para dictar el artículo 113 se encuentran también señaladas en las expresiones "expedir las disposiciones que regulen los derechos, deberes, estímulos, sanciones y demás aspectos del ejercicio profesional de los educadores al servicio de establecimientos de educación", contenidas en el artículo 1º, numeral 4º de la Ley 8ª de 1979, puesto que si la incompatibilidad establecida en el artículo 100 es una materia que la Corte consideró que se ajusta a los conceptos de "derechos" y "demás aspectos" de la docencia, previstos por la ley de facultades, la misma consideración cabe en lo atinente a las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en el artículo 113 que se analiza.

3. Que por otra parte, cabe observar que en sentencia No. 16 del 6 de mayo de 1982, la Corte también declaró exequible el artículo 95 del Decreto número 080 de 1980, el cual precisamente se refiere a una de las excepciones de incompatibilidad previstas por el artículo acusado en la presente demanda, y aunque en dicha sentencia no se analizan expresamente las facultades, no se hacen reparos sobre este aspecto, por lo que resulta obvio que si la Corte no encontró objeciones de orden constitucional en una norma que señala las excepciones, tampoco existan en la disposición que establece la regla general de la misma materia.

VI.Consideraciones de la Corte

1. Competencia

La Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del presente asunto, toda vez que de acuerdo con el artículo 214 de la Carta, las normas acusadas hacen parte del Decreto número 080 de 1980, dictado por el Ejecutivo, con base en las facultades otorgadas por el Congreso en desarrollo del artículo 76-12 de la Constitución.

2. Cosa juzgada

La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 13 de septiembre de 1984, No. 98 aprobada por acta No. 43 de la misma fecha y con ponencia del doctor Manuel Gaona Cruz, declaró exequible el artículo 100 del Decreto número 080 de 1980.

Como quiera que la exequibilidad de esta norma ya fue decidida por la Corte en la sentencia antes referida, se ha producido el efecto procesal de cosa juzgada y por tal razón se ordena estarse a lo resuelto en la sentencia de 13 de septiembre de 1984.

3. El artículo 113 del Decreto número 080 de 1980

Por cuanto la Corte no ha efectuado cotejo de constitucionalidad del artículo 113 del Decreto número 080 de 1980, se procede a ello.

El actor considera que el artículo mencionado infringe los artículos 2-55, 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional.

De la exposición efectuada por el demandante, se observa que la acusación fundamental se basa en la posible extralimitación del Ejecutivo respecto del marco que la ley de facultades extraordinarias (Ley ,8ª de 1979) le había conferido.

Está establecido ya por la jurisprudencia, pero no sobra reiterarlo nuevamente, que cuando se acusa una norma por exceso en las facultades otorgadas con base en el artículo 76-12 de la Carta, la infringida por el Presidente de la República es el artículo 118-8 de la Carta y no el 76-12 de la misma, toda vez que el 76-12 hace referencia a la ley de facultades y ésta no es objeto de acusación. Por ello, el cotejo se efectuará frente al 118-8 de la Constitución, a fin de establecer si el Presidente de la República al dictar el artículo 113 del Decreto número 080 de 1980 rebasó las facultades que le había conferido la Ley 8ª de 1979. Es preciso conocer el texto de esta Ley en su parte pertinente, que es el siguiente:

"LEY 8a DE 1979

(Enero 24)

"Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias para establecer la naturaleza, características y componentes del sistema de educación post-secundaria, se fijan los requisitos para la creación y funcionamiento de instituciones públicas y privadas de educación post-secundaria para reorganizar la Universidad Nacional de Colombia y las demás universidades e institutos oficiales de nivel post-secundario y para expedir las normas sobre escalafón nacional para el sector docente y derogar unas normas.

"EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA,

decreta:

"Artículo 1º De conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del art. 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la sanción de la presente Ley, para lo siguiente:

"4º Expedir las normas sobre escalafón nacional para el sector docente público y privado de los niveles de educación superior y las disposiciones que regulen los derechos, deberes, estímulos, sanciones y demás aspectos del ejercicio profesional de los educadores al servicio de establecimientos de educación sin desconocer los derechos que en materia de escalafón hubieran adquirido antes de la expedición del Decreto Extraordinario número 128 de 1977 y durante la vigencia de éste.

"Artículo 5º Esta Ley regirá a partir de la fecha de su sanción.

"Dada en Bogotá, D. E., a los 24 días del mes de enero de 1979".

La sentencia de 13 de septiembre de 1984, al pronunciarse sobre la amplitud de la ley de facultades frente al régimen de incompatibilidades que establecía el artículo 100 del mismo Decreto dijo:

"De lo subrayado del texto del numeral 4º del artículo 1º de la Ley 8ª de 1979 precedentemente transcrito, saca en claro el juez de constitucionalidad que el Gobierno sí estaba facultado para expedir el artículo 100 del Decreto número 080 de 1980, en el cual, ciñéndose a dicha Ley, y recorriendo sus mandatos se 'regulan' algunos 'derechos', 'estímulos' y 'aspectos' sobre el 'ejercicio profesional de los educadores al servicio de establecimientos de educación; como son los siguientes de naturaleza laboral: el de que 'la edad de retiro forzoso para los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial, será de sesenta y cinco años', el de que 'el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de la docencia de tiempo parcial o de cátedra' y el de que su 'vinculación se hará, sin embargo, por períodos académicos'. Las materias así reguladas del artículo demandado las toma la Corte como habilitadas por aquella ley en calidad de 'derechos' y 'aspectos' y sobre todo de 'estímulos' de carácter laboral o atinentes al ejercicio profesional de dicho personal docente".

"6. Negarle en estrado jurisdiccional de constitucionalidad al Gobierno la atribución de regular lo anterior frente a las admitidas facultades equivale a exigirle al legislador ordinario un recetario tan detallado y minucioso para conferirlas que haría estéril la razón y finalidad de la investidura legislativa extraordinaria o que convertiría al legislador extraordinario en un mero reglamentador ordinario de la ley, para lo cual no requieren ni el Congreso ni el Gobierno apoyarse en los artículos 76-12 y 118-8 de la Carta, sino en el 76-1 en el que se le otorga al primero la facultad de hacer y reformar directamente la ley, y en el 120-3 de la misma en el que se le reconoce al segundo la atribución directa de reglamentación de la ley"

Ahora bien, el artículo 1º, numeral 4º de la ley de facultades, autoriza al Presidente de la República para expedir normas sobre Escalafón Nacional para el sector docente público y privado y las disposiciones que regulen entre otros los deberes y sanciones y demás aspectos del ejercicio profesional de los educadores.

El artículo 113 del Decreto número 080 de 1980, al someter a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden nacional, con las salvedades que fija el mismo decreto, está precisamente regulando los deberes y sanciones a que deben estar sujetos tales educadores. La Corte entiende que el contenido del artículo acusado se encuentra cobijado en la ley de facultades y especialmente en el artículo 1º, numeral 4º. Por tanto, no se advierte violación alguna del artículo 118-8 de la Carta.

En conclusión, como el Presidente de la República hizo uso de las facultades conferidas no se advierte violación alguna de los artículos 2º y 55 de la Carta, ni de otra norma constitucional, por ello debe declararse exequible la norma acusada.

Decisión

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

Decide:

Primero. En cuanto al artículo 100 del Decreto número 080 de 1980, Estése a lo resuelto en sentencia de 13 de septiembre de 1984.

Segundo. Declarar exequible el artículo 113 del Decreto número 080 de 1980, que dispone:

"Artículo 113. Salvo lo expresamente previsto en este Decreto, las inhabilidades e incompatibilidades de los empleados públicos del orden nacional se aplicarán a los docentes de tiempo completo y de tiempo parcial".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Juan Hernández Sáenz, Presidente, Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Oscar Peña Alzate, Conjuez, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Rodolfo Mantilla Jácome, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jorge Iván Palacio Palacio, Jacobo Pérez Escobar, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas, Jesús Vallejo Mejía.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia

hace constar:

Que el Magistrado Edgar Saavedra Rojas, no asistió a la Sala Plena celebrada el día veintinueve de enero del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Bogotá, diecisiete (17) de febrero de mil novecientos ochenta y siete (1987).

Inés Galvis de Benavides

Secretaria