300Corte SupremaCorte Suprema300300025031490Hernando Gómez Otálora.198609/10/19861490_Hernando Gómez Otálora._1986_09/10/198630002503EL DECRETO 1853 NO CONTIENE UN CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, MATERIA PARA LA CUAL FUE FACULTADO EL PRESIDENTE, SINO UNA SERIE DE DISPOSICIONES AISLADAS Y PARCIALES' QUE NO CONFORMAN UNA ESTRUCTURA NORMATIVA SUSCEPTIBLE DE TOMARSE Y APLICARSE COMO CODIGO POR TOCAR ASUNTOS MUY VARIADOS CUYA DISPERSION SUSTANCIAL ES EVIDENTE. FACULTADES LEGISLATIVAS. DESBORDAMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES PRESIDENCIALES. La Corte remite a sentencias de mayo 22 y junio 25 de 1986, respecto de los artículos 4 ° (incisos 2°y 3°), 14 (numerales 1,2 y 3) y 15 del Decreto 1853 de 1985. Declara inexequible en su totalidad el Decreto 1853 de 1985. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 90. Referencia: Expediente número 1490. 1986
Luis Xavier Sorela.Identificadores30030002504true74413Versión original30002504Identificadores

EL DECRETO 1853 NO CONTIENE UN CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, MATERIA PARA LA CUAL FUE FACULTADO EL PRESIDENTE, SINO UNA SERIE DE DISPOSICIONES AISLADAS Y PARCIALES' QUE NO CONFORMAN UNA ESTRUCTURA NORMATIVA SUSCEPTIBLE DE TOMARSE Y APLICARSE COMO CODIGO POR TOCAR ASUNTOS MUY VARIADOS CUYA DISPERSION SUSTANCIAL ES EVIDENTE. FACULTADES LEGISLATIVAS. DESBORDAMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES PRESIDENCIALES.

La Corte remite a sentencias de mayo 22 y junio 25 de 1986, respecto de los artículos 4° (incisos 2°y 3°), 14 (numerales 1,2 y 3) y 15 del Decreto 1853 de 1985.

Declara inexequible en su totalidad el Decreto 1853 de 1985.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 90.

Referencia: Expediente número 1490.

Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 1853 de 1985.

Demandante: Luis Xavier Sorela.

Ponente: doctor Hernando Gómez Otálora.

Aprobada por Acta número 60 de 9 de octubre de 1986.

Bogotá, D. E., octubre nueve (9) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

i. antecedentes

El ciudadano Luis Xavier Sorela, invocando el derecho consagrado en el artículo 214 de la Constitución, ha demandado ante la Corte la totalidad del Decreto número 1853 de 1985 "por el cual se dictan unas normas sobre procedimiento penal".

Repartido el expediente, fue admitida la demanda y se dio traslado al señor Procurador General de la Nación, quien emitió concepto; procede ahora decidir, para lo cual se transcribe, en primer término, la norma acusada.

ii. Texto

El texto del Decreto demandado es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 1853 DE 1985

(julio 8)

"Por el cual se dictan unas normas sobre procedimiento penal

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1984, y oído el concepto de la Comisión Asesora creada por el artículo 3° de la referida ley,

"decreta:

"Artículo 1° Flagrancia y cuasiflagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento de cometer un hecho punible. Se considera en situación de cuasiflagrancia la persona sorprendida con objetos, instrumentos o huellas, de los cuales aparezca fundadamente que ha cometido un hecho punible o participado en él; o cuando es perseguida por la autoridad; o cuando por voces de auxilio se pide su captura.

"Artículo 2° Captura en flagrancia o cuasiflagrancia. Quien sea sorprendido en flagrancia o cuasiflagrancia será capturado por la Policía Judicial o por cualquiera otra autoridad o persona y conducido en el acto, o a más tardar en el término de la distancia, ante el Juez competente para iniciar la investigación, a quien deberá rendir un informe sobre las causas de la captura. De este informe se dejará constancia en un acta que suscribirán el juez y quien haya realizado la captura.

"Artículo 3° Captura obligatoria. En los procesos por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo; por los delitos previstos en el Estatuto Nacional de Estupefacientes sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años; por los delitos tipificados en el Capítulo I del Título VII, del Código Penal, y en el Decreto número 2920 de 1982, el Juez librará orden de captura para oír al sindicado en indagatoria.

"Artículo 4° Captura facultativa o citación para indagatoria. En los procesos por delitos distintos de los señalados en el artículo anterior, sancionados con pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de agravación concurrentes, podrá librarse orden estricta de captura contra el presunto sindicado para efectos de la indagatoria, si a juicio del instructor hubiere mérito para recibirla, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal.

"Si no se considerare necesaria la captura, o si el delito mereciere pena de arresto o de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos (2) años, o pena no privativa de la libertad, se citará al sindicado y si éste no compareciere a rendir indagatoria, será capturado para el cumplimiento de dicha diligencia.

"Cuando se trate de la situación prevista en el inciso segundo de este artículo, el procesado será puesto en libertad mediante auto de sustanciación, una vez haya rendido indagatoria.

"Artículo 5° En los casos de homicidio y lesiones personales, cuando sea evidente que el inculpado obró en legítima defensa, sólo podrá ordenarse la captura, cuando exista prueba de que la persona no concurrió a rendir diligencia de indagatoria voluntariamente o por citación que haya hecho la autoridad competente.

"En la misma forma se procederá cuando se trate de homicidio o lesiones personales ocurridos en accidente de tránsito y sea evidente que el inculpado no actuó con culpa.

"Artículo 6° Cancelación de las órdenes de captura. El funcionario que haya impartido la orden de captura está en la obligación de cancelarla, inmediatamente cesen los motivos que dieron lugar a ella, so pena de incurrir en causal de mala conducta, sancionable con destitución, previo el trámite previsto en las normas legales correspondientes, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

"De la misma manera se procederá en los casos de declaratoria de reo ausente, una vez se haya resuelto la situación jurídica de éste, siempre que no se disponga medida de aseguramiento.

"Artículo 7° Definición de la situación jurídica. Terminada la indagatoria y si se tratare de los casos previstos en el artículo 3° y en el inciso primero del artículo 4°, de este Decreto, o de captura en flagrancia o cuasiflagrancia, la situación jurídica del aprehendido deberá definirse por auto interlocutorio, a más tardar, dentro de los cinco (5) días siguientes decretando medida de aseguramiento si hubiera prueba que la justifique, u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el procesado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante el juzgado cuando se le solicite.

"Si el procesado fuere dejado en libertad al término de la indagatoria, o hubiere sido declarado reo ausente, el plazo para resolver su situación jurídica, será hasta de diez (10) días. El juez dispondrá del mismo término cuando fueren cinco o más las personas aprehendidas siempre que la captura de todas ellas se hubiere realizado el mismo día.

"Artículo 8° Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento para los imputables, la conminación, la caución y la detención preventiva, las cuales se aplicarán cuando contra el procesado resultare por lo menos una declaración de testigo que ofrezca serios motivos de credibilidad, según el artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, o un indicio grave de responsabilidad.

"Artículo 9° Conminación. La conminación consiste en el compromiso por el cual el procesado, so pena de incurrir en arresto inconmutable hasta de treinta (30) días, se somete a cumplir las obligaciones que le imponga el juez al resolver la situación jurídica. Sólo procede para los delitos sancionados con arresto o pena no privativa de la libertad.

"Artículo 10. Cauciones. La caución puede ser juratoria o prendaria y se aplica en relación con los delitos cuya pena mínima sea inferior a dos (2) años de prisión, o cuando se conceda la excarcelación, o cuando se profiera primer sobreseimiento temporal.

"Artículo 11. Caución juratoria. La caución juratoria se otorgará mediante acta en la que el procesado bajo juramento prometa cumplir las obligaciones que le hayan sido impuestas. Esta caución procederá cuando a juicio del juez el procesado no tenga recursos económicos para constituir caución prendaria.

"Artículo 12. Caución prendaria. Consiste en el depósito de dinero cuya cuantía se fijará teniendo en cuenta las condiciones económicas del procesado y la gravedad del hecho.

"La cuantía oscilará entre un mil pesos ($ 1.000.00) y el equivalente a doscientas (200) veces el salario mínimo mensual establecido por la autoridad competente para el lugar donde haya ocurrido el delito.

"El dinero se depositará a órdenes del despacho respectivo, en el Banco Popular; donde éste no existiera, en la agencia de la Caja Agraria y, en defecto de ésta, en la Tesorería Municipal.

"Artículo 13. En las actas de conminación y de cauciones juratoria y prendaria se consignarán las obligaciones que el procesado debe cumplir, de conformidad con el artículo 460 del Código de Procedimiento Penal.

"Artículo 14. Casos en que procede la detención preventiva. La detención preventiva procede en los siguientes casos:

"1. Cuando el delito que se imputa al procesado tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de dos (2) años, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de agravación concurrentes, siempre que se den las exigencias probatorias establecidas en el artículo 8° de este Decreto.

"2. Cuando se trate de uno cualquiera de los delitos tipificados en el Capítulo I del Titulo VII del Código Penal y del delito de enriquecimiento ilícito.

"3. Cuando el procesado tuviere auto de detención o caución vigentes por delito doloso o preterintencional en otro proceso, aunque el delito por el cual se proceda tenga pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a dos (2) años, o pena de arresto.

"No procede la detención preventiva cuando exista evidencia de que el procesado obró en cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 29 y 40 del Código Penal.

"Artículo 15. Excarcelación. La excarcelación prevista en el numeral 3° del artículo 44 de la Ley 2ª de 1984, no podrá negarse sobre la base de que el detenido provisional necesita tratamiento penitenciario.

"Artículo 16. Excepciones a las normas sobre libertad provisional. No tendrán derecho a la libertad provisional prevista en el numeral 3o del artículo 44 de la Ley 2ª de 1984, los procesados por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo; por los delitos tipificados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando tengan pena de prisión que sea o exceda de dos (2) años y por los delitos de enriquecimiento ilícito y los consagrados en el Capítulo I del Titulo Vil del Código Penal y en el Decreto número 2920 de 1982.

"Artículo 17. Excarcelación por demora en la celebración de la audiencia. El procesado tendrá derecho a excarcelación caucionada cuando hayan transcurrido más de dos (2) años a partir de la ejecutoria del auto de proceder sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública con jurado de conciencia, o más de un (1) año si no se hubiere celebrado la respectiva audiencia sin jurado.

"Se exceptúan de este beneficio los procesados por los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y terrorismo y por los delitos tipificados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes cuando tengan pena de prisión que sea o exceda de dos (2) años.

"Artículo 18. Excepciones al artículo anterior. No habrá lugar a la excarcelación prevista en el artículo anterior cuando la audiencia se hubiere iniciado, así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa y cuando, habiéndose fijado la fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al procesado o a su defensor.

"Artículo 19. Notificación del llamamiento a juicio al procesado. El auto de proceder se notificará personalmente al procesado, si estuviere detenido o si se presentare dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto. En caso contrario, se notificará al apoderado que lo haya venido asistiendo o, si no lo tuviere, al apoderado de oficio que le designe el juez, y con él se continuará el proceso.

"Artículo 20. Defensa del procesado. La persona que haya sido legalmente vinculada a proceso penal, cualquiera sea su situación jurídica, podrá en cualquier momento designar apoderado o defensor, mediante poder debidamente autenticado ante autoridad competente y dirigido al juez respectivo.

"Artículo 21. Pago de cauciones y multas. Las cauciones que deban hacerse efectivas y las multas que se impongan en el proceso penal se depositarán en dinero, a órdenes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, en las oficinas de la Caja Agraria del respectivo municipio, dentro del plazo fijado por el juez o funcionario o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia.

"Artículo 22. Destino de las cauciones y multas. El valor de las cauciones y multas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, ingresen al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia se destinará a la construcción, reparación, mantenimiento y dotación de despachos judiciales y a programas de bienestar social de funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional.

"Artículo 23. Vigencia del decreto y derogatoria de disposiciones contrarias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga los artículos 120, 182, 289, ordinales 9 y 11, 301, 426 (artículo 38, Ley 2ª de 1984)427 (artículo 39, Ley 2ª de 1984), 437, 439 (artículo 42, Ley 2ª de 1984), 458, 459 (artículo 46, Ley 2° " de 1984), 461, 484, 485, 722, 724 y 725 del Código de Procedimiento Penal, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

"Comuníquese y cúmplase.

"Dado en Bogotá, D. E., a 8 de julio de 1985.

"(Firmado) Belisario Betancur.

"El Ministro de Justicia (fdo.) Enrique Parejo González.

"El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E.) (fdo.) María Mercedes Cuéllar de Martínez".

iii. la demanda

El actor manifiesta estar enterado de la jurisprudencia de la Corte en el sentido de que la disposición consignada en el ordinal 12 del artículo 76 sólo puede ser vulnerada por el Congreso, pero que, no obstante -en su concepto-, también compete determinar si existe o no una correspondencia entre los motivos (necesidad o conveniencia) que originaron el otorgamiento de facultades legislativas y los actos que realizó el Presidente de 1a República en desarrollo de ellas.

Afirma que encontrándose la condición previa (la existencia de la necesidad o de la conveniencia) consagrada en el artículo 76 de la Constitución Nacional y no en el artículo 118, ordinal 8°, la falta de concordancia entre las causas y el resultado debe apreciarse por la Corporación como violación de la primera de las normas y no de la segunda.

El demandante nada dice sobre dicha relación de concordancia en el caso concreto del Decreto número 1853 de 1985 y pasa directamente a manifestar los motivos por los cuales estima violado el artículo 118, ordinal 8° de la Carta Política.

Dice al respecto que la violación se produce por cuanto el Presidente de la República fue revestido de facultades extraordinarias, mediante la Ley 52 de 1984, para expedir y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal, y que el Gobierno las ha utilizado "para reformar parcialmente el Código actualmente existente y para derogar, también parcialmente, las normas que son objeto de dicha reforma".

Citando jurisprudencia de la Corte, señala que un Código es un conjunto sistemático, lógico y completo de las disposiciones que regulan determinada actividad, y debe comprender todas aquellas reglas que son propias de ella o que le son necesariamente anexas o complementarias, condiciones que no reúne -en su opinión- el Decreto número 1853 de 1985.

Añade:

"Si las facultades extraordinarias de que el Congreso revistió al Presidente de la República lo fueron con el fin específico y preciso de expedir y poner en vigencia un nuevo Código de Procedimiento Penal y el conjunto normativo que éste expidió, en asocio de dos de sus ministros, bajo ningún motivo o circunstancia admite ese calificativo, debe necesariamente colegirse que dicho decreto es inconstitucional desde que, tampoco bajo este aspecto, guarda concordancia con el fin preciso, determinado y objetivable de las facultades que se le concedieron. Debiendo, por mandato constitucional, existir una precisa correspondencia entre las facultades que delega el Congreso y el resultado de su utilización o empleo por parte del Presidente de la República, no le es permitido a éste excederse en su ejercicio o emplearlas para un fin distinto de aquél contemplado en la ley que lo revistió de las mismas.

"Permítaseme agregar que tampoco es de recibo la tesis ya esbozada por algunos miembros de la comisión redactara del Decreto número 1853 de 1985, en el sentido de que en el caso que nos ocupa la constitucionalidad del decreto se derivaría del aforismo según el cual quien puede lo más puede lo menos. Y sostengo que esta máxima no viene a cuento por cuanto el artículo 76, ordinal 12, al consagrar que la delegación o revestimiento debe hacerse en forma precisa lo que pretende es impedir cualquier grado de discrecionalidad con el que estas facultades pudieren ser ejercidas por el gobierno ya que, de aceptarse lo contrario, el resultado podría ser muy distinto al deseado por el legislador o no guardar ninguna relación con las necesidades o conveniencias que justificaron la delegación de la competencia que la Constitución Nacional le confirió al Congreso.

"Tampoco puede aceptarse que la valoración final del uso que se ha hecho de esas facultades extraordinarias sólo pueda hacerse una vez se haya vencido el término señalado en la ley por cuanto ello necesariamente implicaría reconocer la existencia de una sui generis condición suspensiva en virtud de la cual la constitucionalidad de una norma estaría sometida al acaecimiento de un hecho futuro e incierto, a saber, su complementación por una o varias normas más. Llevando tan singular razonamiento hasta sus últimas consecuencias, habría también que inferir que la acción pública de inexequibilidad consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional y la competencia de la Corte para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos extraordinarios, estarían igualmente sometidas a esa condición suspensiva ya que ni los ciudadanos podrían demandar la norma que se encuentra pendiente de complementación ni la Corte tendría competencia para pronunciarse al respecto, hasta tanto no expirara el término de que fue investido el Presidente de la República para hacer uso de las facultades extraordinarias, momento a partir del cual a la Corte sí le sería permitido ejercer su competencia".

iv. el concepto del procurador

Mediante oficio 1066 de agosto 26 de 1986, el Procurador General de la Nación emitió concepto en el cual se sostiene la constitucionalidad del Decreto número 1853 de 1985, con base en la siguiente argumentación:

1. La apreciación y oportunidad de conceder facultades extraordinarias es atribución del legislador que escapa al control jurisdiccional.

2. Una vez atribuida la competencia legislativa al Presidente de la República, tiene éste la facultad de escoger los medios necesarios y adecuados para la realización de los fines que se ha propuesto el legislador al concederle las autorizaciones, siempre que no estén prohibidos por la Constitución Nacional y sean consecuentes con la facultad conferida.

3. En el caso bajo examen el Ejecutivo actuó dentro de los límites temporales y materiales que le señaló la ley de facultades, toda vez que reguló aspectos de procedimiento penal, atinentes a la captura, detención, libertad provisional y caución, todo lo cual constituye cabal desarrollo de la atribución conferida en el literal b) del numeral 1" del artículo 1° de la Ley 52 de 1984, amén de que el Decreto cuestionado fue expedido sin exceder el límite temporal de la habilitación legislativa, puesto que las facultades conferidas por la mencionada ley expiran el 14 de enero de 1987, conforme a lo dispuesto en sus artículos 1° y 5°.

4. El ejercicio de las facultades en forma parcial por el Ejecutivo, a través de varios instrumentos normativos, no es forma extraña a nuestro ordenamiento jurídico.

5. Citando el Salvamento de Voto a las sentencias del 22 de mayo y del 25 de junio de 1986, que declararon inconstitucionales algunos artículos del decreto ahora demandado en su totalidad, afirma que la unidad temática no implica que necesariamente el Código deba estar conformado por una sola ley, pues diversas leyes o decretos pueden expedirse para integrar dicha unidad, que es justamente lo que de ordinario ocurre.

Concluye solicitando a la Corte que declare exequible el Decreto número 1853 de 1985, pero únicamente en cuanto a que el Presidente de la República no excedió las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 52 de 1984.

v. consideraciones de la corte

1. Competencia

La Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer sobre la constitucionalidad del Decreto objeto de la acción, pues fue expedido por el Gobierno Nacional en desarrollo de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 52 de 1984.

2. Estudio del decreto en relación con la Ley de Facultades

Ha reiterado la Corte en varias ocasiones que el legislador extraordinario no puede ejercer válidamente su función por fuera de los límites de orden material y temporal que le impone la ley de autorizaciones, en cumplimiento de lo preceptuado por el ordinal 12 de los artículos 55 y el 118, ordinal 8° de la Carta.

Como decidió recientemente la Corte en sentencia relativa a algunos artículos del mismo decreto objeto de la presente demanda, "la atribución de legislar corresponde por regla general al Congreso de la República y tan sólo de manera excepcional, limitada y taxativa, puede el Gobierno ejercerla, dentro de los perentorios términos que al respecto ha trazado la Constitución sobre la base de su carácter esencialmente extraordinario" (sentencia número 50, de junio 25 de 1986, Magistrado Ponente doctor Hernando Gómez Otálora).

Considera la Corte que ha de ser estricta y celosa la guarda de ese principio fundamental y que, por tanto, debe continuar velando rigurosamente por su acatamiento, sin dar lugar a interpretaciones extensivas que permitan la invasión de la órbita legislativa por parte del Ejecutivo.

a) La sujeción al término de las facultades

Como se ha expresado en fallos anteriores, el Decreto número 1853 de 1985 fue dictado en tiempo, ya que las facultades extraordinarias se confirieron al Gobierno por el término de dos (2) años, contados desde el 14 de enero de 1985 (fecha de promulgación de la Ley 52 de 1984, Diario Oficial número 36380), y el Decreto tiene fecha 8 de julio de 1985.

b) Sujeción al límite material de las facultades

También este tema ha sido objeto de estudio por la Corte, a propósito de demandas instauradas contra artículos del Decreto cuya totalidad ahora se confronta con la Constitución.

Objeto de las facultades conferidas al Gobierno fue el siguiente, según texto del artículo 1° de la Ley 52 de 1984:

"LEY 52 DE 1984

(diciembre 28)

"Por la cual se otorgan unas facultades extraordinarias al Presidente de la República.

"El Congreso de Colombia,

"decreta:

"Artículo 1" De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de dos (2) años para:

" 1. Elaborar y poner en vigencia 1111 nuevo Código de Procedimiento Penal, que deberá seguir la orientación filosófica del Código Penal y adecuarse a sus prescripciones, sobre las siguientes precisas y específicas bases:

"a) Creación, organización, reglamentación institucional y dotación técnica de un cuerpo de Policía Judicial;

"b) Reglamentación de la captura, detención y libertad provisional teniendo en cuenta la presunción de inocencia, sin desproteger los intereses de la sociedad, particularmente en relación con los delitos más graves, para los cuales no podrá haber excarcelación. Se establecerá preponderadamente la fianza, en la cuantía que el juez estime conveniente, según la gravedad del hecho, como medio de garantizar la presencia del sindicado en el proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia;

"c) Creación, organización y reglamentación de la defensoría de oficio;

"d) Creación de un sistema de actuación procesal que elimine en lo posible la escrita, incorpore todas las posibilidades que ofrece la tecnología moderna y permita concretar los actos procesales en síntesis documentales, como casetes, videocasetes, fonogramas, cintas fonópticas, etc., teniendo en cuenta ante todo la eficacia de la investigación, la preservación de la verdad histórica y la intangibilidad del debido proceso;

"e) Reglamentación de los medios de impugnación en orden a garantizar el sistema de la doble instancia, con la obligación de sustentar los recursos;

"f) Revisar la calificación del sumario para mantenerlo, modificarlo, sustituirlo o adicionarlo de acuerdo con las necesidades de la justicia;

"g) Reglamentación de la actuación procesal (recursos, términos, nulidades, instancias, etcétera;

"h) Creación de un sistema probatorio que permita la libre y racional convicción del juez, sin sujeción a tarifa legal alguna, con base en cualquier medio probatorio legalmente aducido al proceso;

"i) Establecimiento de la información jurídica y la gestión judicial;

"j) Creación de procedimiento o procedimientos abreviados, de acuerdo con la naturaleza del hecho, de la prueba, de las condiciones personales del agente, de los requerimientos sociales y judiciales. Determinar los mecanismos necesarios para la agilización de la Justicia Penal;

"k) Reglamentar, suprimir, adicionar, modificar lo relacionado con la indagación preliminar, etapas procesales y actuaciones posteriores. Determinar la actuación de las personas que pueden intervenir en tales oportunidades procesales.

"1° Revisar y modificar la competencia para instrucción y juzgamiento, teniendo en cuenta todos los factores que lo determinan.

"2° Crear y estructurar la división o departamento de política criminal dependiente del Ministerio de Justicia, con las funciones que le determine la ley.

"3° Revisar, reformar y poner en funcionamiento el estatuto de la Carrera Judicial.

"4° Revisar, reestructurar y descentralizar la organización y funcionamiento de la División de Medicina Legal.

"5° Reglamentar las exigencias y requisitos para el desempeño de los cargos inherentes a las autoridades de policía en materia penal".

El Decreto número 1853 no contiene un Código de Procedimiento Penal, materia para la cual fue facultado el Presidente, sino una serie de disposiciones aisladas y parciales que no conforman una estructura normativa susceptible de tomarse ni aplicarse como Código por tocar asuntos muy variados cuya dispersión sustancial es evidente. De manera que en nada se parece dicho Decreto 1853 de 1985, a un "conjunto sistemático, lógico y completo de disposiciones que regulan determinada actividad (en este caso el procedimiento penal) y que debe comprender todas aquellas reglas que sean propias de ellas o que le son necesariamente anexas o complementarias", según noción que sobre Código, ha aceptado la Corte en sentencias de 14 de abril de 1977, 6 de diciembre de 1983, 22 de mayo, 25 de junio y 17 de julio de 1986.

Puesto que ello es así, la totalidad del Decreto resulta palmariamente contraria al estatuto fundamental, en cuento a través del mismo el Presidente de la República legisló sobre diversas materias de competencia del legislativo, respecto de las cuales no se lo revistió de facultades precisas y pro tempore.

En recientes sentencias sobre artículos del Decreto en estudio, ha afirmado la Corte:

"(...) al analizar el artículo demandado por aspectos o motivos distintos de los invocados por el demandante como debe hacerlo la Corte por ser integral el control de constitucionalidad a ella confiado, se encuentra que dicha disposición hace parte del Decreto Extraordinario número 1853 de 1985, pero no pertenece propiamente a un Código Procedimental Penal que el Gobierno haya adoptado en cumplimiento de las atribuciones de que fue investido por la Ley 52 de 1984, ya que el Decreto en referencia carece de esa connotación como es fácil inferirlo por la variedad de temas o materias reguladas por él. No resulta infundado sostener por la heterogeneidad temática apuntada, que por medio del Decreto de marras del que forma parte la norma, materia de este proceso, el Gobierno lejos de haberse adecuado a las específicas materias de la ley de autorizaciones, hizo uso sin fundamento constitucional, de la facultad de derogar normas preexistentes con el pretexto de que ellas se acomodan a las materias detalladas por la ley de facultades.

"A pesar de que el Presidente puede derogar las leyes preexistentes que se opongan a las materias de las facultades extraordinarias; en el presente caso dicha derogatoria no puede ser previa a la adopción del Código de Procedimiento Penal que el Gobierno adopte en ejercicio de las especiales atribuciones que se le confirieron, sino coetánea o subsiguiente a la expedición de éste, como ineludible consecuencia del adecuado ejercicio de las facultades extraordinarias.

"(...) la disposición acusada y el Decreto a que pertenece, desarticulan el complejo catálogo normativo del actual Código de Procedimiento Penal haciendo difícil su interpretación aun para juristas expertos, frustrándose de esta manera, las finalidades que impulsaron al Legislador a conceder las atribuciones de que da cuenta la Ley.

"... el Legislador ordinario pretendió al investir al Ejecutivo de precisas y temporales facultades extraordinarias, que se ordenara sistemáticamente el procedimiento penal en un estatuto dentro del cual quedara regulado entre otros asuntos, el de la libertad provisional. A su turno el Gobierno al expedir el artículo 15 solamente de manera parcial o fragmentaria se refirió a esta materia y lo hizo dentro de una normatividad que no tiene las características ya apuntadas de un código..."

"Y no puede considerarse constitucional la norma impugnada por estar aún pendiente el término dentro del cual el Presidente pueda agotar el ejercicio de las facultades extraordinarias, toda vez que los decretos-ley que se dicten con miras al cumplimiento de esas atribuciones tienen que ser sistemáticos, es decir, seguir un orden metódico y ajustado a un sistema regular que guarde armonía con las materias propias del Código de Procedimiento Penal, características que no pueden predicarse del texto legal acusado ni del Decreto en que se origina (expediente número 1399 sentencia número 38 de 22 de mayo de 1986. Magistrado Ponente doctor Jairo Duque Pérez).

"Y ha reiterado estas ideas a través del fallo de julio 17 de 1986, a propósito del Decreto número 56 de 1986, modificatorio del 1853 y aquejado, por idénticas razones, de los mismos vicios de inconstitucionalidad que éste presenta:

"El Ejecutivo no puede legislar sino dentro de los precisos eventos en que la Carta Política lo autoriza ajustándose a ella, pues como norma constitucional exceptiva es de aplicación e interpretación restrictiva, y no puede legislar, sin arrogarse facultades propias del Congreso, con la misma aptitud formal, temporal y material como lo hace aquél. El Legislativo no facultó al Ejecutivo para que mediante ensayos legislativos buscara el ordenamiento procesal penal y a su criterio lo plasmara mediante la expedición de sucesivos Decretos-ley, porque no le otorgó facultades frente a la Ley Procesal Penal sino para hacerla cesar, una vez pusiera en vigencia el Código Procesal Penal y no para reformar el actual sucesivamente.

"Elaborar el nuevo Código de Procedimiento Penal y darle vigencia como acto previo contiene la idea de la confección total, y constituye una desviación de poderes legislativos, dentro del lapso de revestimiento de facultades, legislar contra el actual y poner en vigencia esas reformas, como lo denotan, por otra parte los epígrafes de los Decretos números 1853 de 1985 y 56 de 1986…" (expediente número 1473. Sentencia número 57. Julio 17 de 1986. Magistrado Ponente doctor Jaime Pinzón López).

En suma, dado que el Decreto número 1853 de 1985 no es un conjunto ordenado de disposiciones que, complementándose entre sí, regulen íntegramente una determinada materia, en este caso el Procedimiento Penal, según la noción que la Corte ha aceptado sobre Código, se concluye que no fue expedido con sujeción a las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno por la Ley 52 de 1984 y que, en consecuencia, se desbordaron las atribuciones presidenciales, vulnerando los artículos 55 y 118, ordinal 8° de la Constitución.

vi. decisión

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

resuelve

1° estese a lo resuelto por la Corte en sentencias de mayo 22 y junio 25 de 1986, respecto de los artículos 4° (incisos 2° y 3°), 14 (numerales 1, 2 y 3) y 1 5 del Decreto-ley número 1853 de 1985.

2° declarase inexequible en su totalidad el Decreto-ley número 1853 de 1985 "por el cual se dictan unas normas sobre procedimiento penal".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente; Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández (con salvamento de voto); Jorge Carreño Luengas, Nemesio Camacho Rodríguez, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Eduardo García Sarmiento, Jaime

Giraldo Angel (con salvamento de voto); Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Rodolfo Mantilla Jácome (con salvamento de voto); Lisandro Martínez Zúñiga (con salvamento de voto); Héctor Marín Naranjo, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jaime Pinzón López, Rafael Romero Sierra, Edgar Saavedra Rojas (con salvamento de voto); Germán Valdés Sánchez.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria general

salvamento de voto

Respetuosamente consignamos las razones que nos llevan a suscribir la anterior sentencia con salvamento de voto, en la misma forma en que lo hicimos en oportunidad precedente, cuando se estudió la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones del Decreto número 1853 de 1985:

1. La única razón que nos invoca para declarar la inconstitucionalidad del artículo 15 del Decreto número 1853 de 1985, radica en la afirmación de que este Decreto representa una regulación parcial de determinadas materias del procedimiento penal colombiano, con desconocimiento de la Ley 52 de 1984, que revistió al ejecutivo de precisas y temporales facultades extraordinarias para expedir un nuevo Código de Procedimiento Penal.

Punto de partida para la solución del tema planteado ha debido ser la determinación de la naturaleza jurídica de las facultades extraordinarias pues esta Corporación en diversas decisiones (mayo 8 de 1969 y abril 27 de 1970), ha dejado establecido que dichas facultades no constituyen una mera delegación legal ordinaria, sino una excepcional atribución emanada de la Carta, para cuyo ejercicio se requiere la previa autorización del Congreso.

En la sentencia del 27 de abril de 1970 dijo la Corte: "no se trata de una delegación de la Rama Legislativa a la Ejecutiva, sino una de atribución de competencia excepcional al Ejecutivo por Ministerio de la Constitución y condicionada para su ejercicio por la ley de facultades". Si éste ha sido el criterio de la Corte es obvio que la facultad de la cual se inviste al Presidente puede ser ejercida en la misma forma como podría ejercerla el Congreso, con las únicas limitantes de que debe ser cumplida con sujeción a la precisión relacionada con las materias sobre las cuales puede legislarse y dentro del marco temporal previamente determinado por el Congreso.

En este orden de ideas no hay razón alguna de índole constitucional que impida que un código se conforme por la suma de diversas leyes y decretos, ya que si bien es verdad que "código es un conjunto sistemático, lógico y completo de las disposiciones que regulan determinada actividad", la unidad temática no implica que necesaria-mene el código deba estar conformado por una sola ley, pues diversas leyes o decretos pueden expedirse para integrar dicha unidad, que es justamente lo que de ordinario ocurre.

De manera que si el Congreso puede expedir sucesivas regulaciones para integrar un Código, 110 hay razón alguna para afirmar que el Ejecutivo 110 pueda hacerlo del mismo modo, si se tiene en cuenta que no está ejerciendo una facultad delegada, sino en cumplimiento de atribución que le es propia por ministerio de la Constitución, una vez que se ha dado la previa autorización del Congreso.

2. No se viola la ley de facultades por el hecho de que ellas sean ejercidas en actos sucesivos, siempre y cuando se cumpla con las únicas exigencias que demanda la Constitución. En efecto, como las facultades deben ser precisas, su ejercicio por parte del Ejecutivo debe estar limitado a dictar decretos con fuerza de ley sobre los temas consignados en la ley, pues la precisión en manera alguna se refiere a la forma como se hace uso de la atribución, sino a la necesidad de que las materias sobre las cuales se expide la regulación sea desarrollo de aquéllas a las cuales genéricamente se refiere el acto del Congreso.

Tampoco, como es apenas obvio, se menoscaba la exigencia de la temporalidad de expedir sucesivos decretos-ley en desarrollo de una ley de facultades, pues cuando la Constitución señala que el Presidente de la República puede ser revestido pío tempore de precisas facultades, sólo está indicando que ellas deben ejercerse a partir de la vigencia de la ley y hasta el vencimiento del plazo concedido, pero en manera alguna se prohíbe que su ejercicio se haga en forma escalonada, siempre y cuando los decretos se expidan dentro de las previsiones temporales de la ley. Si fuera exigencia constitucional la necesidad de expedir formalmente un solo decreto, resultarían también contrarios a la Constitución los decretos que se expiden con posterioridad, pero dentro del término legal, que modifican, aclaran o corrigen la legislación expedida con apoyo en la ley de facultades afirmación que ciertamente 110 parece apropiada.

3. La tesis adoptada por la mayoría, parte de una premisa lógicamente inconsistente, pues se asevera que como la norma demandada no es un código, o no lo es el decreto del cual forma parte, se desconoció la facultad concedida que revistió al Presidente de la aptitud para expedir un Código. De conformidad con esta forma de análisis, la inconstitucionalidad no es predicable del artículo demandado, sino de las disposiciones expedidas que junto con las promulgadas integran el código, esto es, que en el fondo la inexequibilidad radicaría en la ausencia de las normas que hasta ahora han sido expedidas.

Ocurre sin embargo, que el Ejecutivo dispone todavía de más de medio año para el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 52 de 1984, de modo que aún puede expedir en su integridad el Código de Procedimiento Penal. Además, la promulgación de un Código no supone la abolición o sustitución de todas las materias tratadas por el anterior, las cuales bien pueden ser adoptadas, total o parcialmente, por la nueva reglamentación. En ese orden de ideas el Ejecutivo bien podría mantener buena parte de la regulación anterior, sin que por este motivo pueda afirmarse que violó la autorización que le imponía la facultad del deber de expedir un código en su totalidad.

4. Se insinúa, así mismo, en la sentencia de la cual respetuosamente discrepamos, que el Ejecutivo no expidió un nuevo Código, sino que se limitó a derogar parcialmente el que se halla vigente. Este argumento es sugestivo en apariencia porque toda nueva reglamentación supone que con su expedición se deroga la totalidad o parte de la precedente. Es que toda expresa facultad para expedir un nuevo ordenamiento lleva implícita la atribución de derogar la legislación preexistente.

5. Finalmente obsérvese que en el fondo lo que se critica es la técnica legislativa empleada, pero la forma como el Ejecutivo hace uso de las facultades no es razón para aseverar que las disposiciones promulgadas desconozcan ni el querer del Congreso ni los mandatos de la Constitución. El viejo aforismo según el cual "el que puede lo más, puede lo menos", que representa la aplicación de un principio lógico con alcances jurídicos, pone en evidencia que ninguna razón de inexequibilidad aqueja a la disposición demandada.

En esta forma dejamos consignados de manera sucinta las razones que nos permiten separarnos de la opinión mayoritaria.

José Alejandro Bonivenlo Fernández, Jaime Giraldo Angel, Rodolfo Mantilla Jácome, Lisandro Martínez Zúñiga, Edgar Saavedra Rojas.

Secretaría General.

Bogotá, veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.

Con oficio número 1091, se dio cumplimiento a lo ordenado en la parte final de la sentencia que antecede, dicha sentencia se publicó en cumplimiento al artículo 1° del Decreto número 41 de 1971, el día diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta y seis (1986), a las 6 p.m. y desfijado el mismo día a las 6 p.m. Pasa para su archivo.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria