300Corte SupremaCorte Suprema300300024301445Fabio Morón Díaz198611/09/19861445_Fabio Morón Díaz_1986_11/09/198630002430LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEBERA ACREDITAR ANTE LA SALA DE CONSULA DEL CONSEJO DE ESTA QUE REUNEN LAS CALIDADES CONSTITUCIONALES RQUERIDAS PARA EL CARGO. AL NO EXISTIR UN PROCESO JURISDICCIONAL EN RELACION CON LA EXPEDICION DE LA CERTFICACION, MAL PUEDE CONSIDERARSE VIOLADO EL ARTICULO 26 DE LA CARTA. LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO SON: CONSULTIVAS, JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS. Ecequible el artículo 159 de la Ley 28 de 1979. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 68 Referencia: Expediente número 1445. 1986
Fernando Londoño OchoaIdentificadores30030002431true74336Versión original30002431Identificadores

LOS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEBERA ACREDITAR ANTE LA SALA DE CONSULA DEL CONSEJO DE ESTA QUE REUNEN LAS CALIDADES CONSTITUCIONALES RQUERIDAS PARA EL CARGO. AL NO EXISTIR UN PROCESO JURISDICCIONAL EN RELACION CON LA EXPEDICION DE LA CERTFICACION, MAL PUEDE CONSIDERARSE VIOLADO EL ARTICULO 26 DE LA CARTA. LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DE ESTADO SON: CONSULTIVAS, JURISDICCIONALES, ADMINISTRATIVAS.

Ecequible el artículo 159 de la Ley 28 de 1979.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 68

Referencia:

Expediente número 1445.

Demanda de inexequibilidad contra el artículo 159 de la Ley 28 de 1979.

Certificación del Consejo de Estado sobre calidades constitucionales para ejercer la Presidencia de la República. Competencia de los poderes públicos.

Actor: Fernando Londoño Ochoa.

Magistrado Ponente: doctor Fabio Morón Díaz.

Aprobada por Acta número 56.

Bogotá, D. E., septiembre once (11) de mil novecientos ochenta y seis (1986).

i. Antecedentes

Ante esta corporación el ciudadano Fernando Londoño Ochoa, presentó demanda de inexequibilidad contra el artículo 159 de la Ley 23 de 1979 (Código Electoral).

II. Texto de la norma acusada

"Ley 28 de 1979.

"Artículo 159. Los candidatos a la Presidencia de la República deberán acreditar ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado que reúnen las calidades constitucionales requeridas para el cargo. Esta Sala expedirá, dentro de los seis (6) días siguientes a la petición del candidato, una certificación al respecto que se acompañará a la solicitud que se le formule al Registrador Nacional para la inscripción de la candidatura presidencial. Los miembros de la Sala incurrirán en causal de mala conducta si no expidieren la mencionada certificación dentro del término señalado en este artículo".

III. Argumentos de la demanda

Sustenta el actor su demanda en los siguientes aspectos:

1. Que el artículo 55 de la Carta consagra las tres clásicas funciones estatales: Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional, y establece así mismo que las tres ramas del poder público deben cumplir tareas separadas, sin que una pueda inmiscuirse o entorpecer la acción de las restantes.

2. Que la Constitución es precisa en establecer la órbita funcional de cada rama del poder, y que sólo ella puede atribuir a una rama, determinadas funciones análogas o semejantes a las de otras o permitir que sus órganos intervengan en mayor grado en el ejercicio de las competencias de otras.

3. Que el Consejo de Estado forma parte de la Rama Jurisdiccional en cuanto respecta a las funciones que le competen como Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, pero que no puede catalogarse como órgano de dicha rama cuando actúa como supremo cuerpo consultivo del Gobierno o cuando prepara proyectos de ley y de código.

4. Que por tanto, es un órgano no jurisdiccional, quien debe definir de manera absoluta si una persona reúne o no las condiciones para ser Presidente de la República, decisión que interfiere la función que le es propia a la Rama Jurisdiccional como es la de resolver las controversias, en este caso contenciones administrativas.

5. Que dicha solución a tal controversia se resuelve sin audiencia y sin posibilidad de discutir la cuestión de si los ciudadanos pueden votar por una persona para Presidente de la República, acto que sólo podría ser demandado en actuación de nulidad ante el propio Consejo de Estado.

6. Que se viola el principio de separación de poderes, es decir, el artículo 55 de la Carta, lo mismo que los derechos políticos de los ciudadanos, contenidos en los artículos 2°, 15, 26, 27 y 171 de la Carta, por cuanto que se restringe el derecho político a elegir y ser elegido, contenido en el artículo 15, que es la base para la concurrencia universal de todos los ciudadanos a elegir Concejales, Diputados, Representantes, Senadores y Presidente de la República (Artículo 171).

7. Que la decisión administrativa viola el debido proceso reconocido en los artículos 26 y 27 de la Carta, por cuanto en dicha actuación no se da la posibilidad de defensa.

8. Que también se desconoce la soberanía nacional que reside en la comunidad de los ciudadanos, que no es otra que el Pueblo - Nación, violándose en esta forma el artículo 2° de la Carta.

9. Que por tales razones solicita la declaratoria de inexequibilidad del artículo acusado.

IV. Concepto de la Procuraduría General de la Nación

El señor Procurador General de la Nación solicita se declare exequible el artículo acusado, basándose en los siguientes argumentos:

1. Que el artículo materia de la impugnación tiene por objeto impedir que se inscriban como candidatos a la Presidencia de la República personas que no reúnen las calidades constitucionales.

2. Que el Consejo de Estado administra justicia cuando obra en los casos señalados en el artículo 97 del Decreto número 001 de 1984 y pertenece a la Rama Jurisdiccional.

3. Que la Ley sí puede asignar funciones al Consejo de Estado ya que así lo disponen los artículos 137 y 141 de la Carta.

4. Que el legislador en desarrollo a tales disposiciones le atribuyó a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, la delicada misión de certificar si una persona que aspira a inscribirse como candidato a la Presidencia de la República, reúne o no las condiciones constitucionales exigidas para el mismo.

5. Que las calidades requeridas para ser Presidente de la República se encuentran señaladas taxativamente en el artículo 94 de la Carta, sin que la Sala de consulta pueda exigir más de lo que allí se establece para expedir el certificado respectivo.

6. Que no encuentra violado el artículo 26 de la Carta, ya que el acreditar las calidades para el ejercicio de un cargo, no implica ninguna clase de controversia y por lo tanto no hay proceso en donde deba ejercerse el derecho de defensa.

7. Que la denominada "certificación" es demandable ante la jurisdicción contencioso-administrativa en acción de nulidad.

8. Que no hay razón para considerar infringidos el artículo 6º, 15, 27 y 171 de la Constitución, ni el demandante indicó el concepto de su violación.

9. Que por tales causas no se encuentra razón para considerar violación alguna de la Constitución y por ello solicita la declaración de exequibilidad.

V. Consideraciones de la corte

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia, decidir sobre las demandas de inexequibilidad que contra las leyes sean presentadas por cualquier ciudadano, de acuerdo con el artículo 214 de la Constitución. De modo que la Corte es competente para conocer y decidir este asunto.

La acusación de inexequibilidad plantea varios aspectos que es necesario precisar:

1. Funciones del Consejo de Estado.

La Constitución Política de Colombia destina el título XIII para reglamentar la composición, división en salas, calidades para ser Consejero y las atribuciones del Consejo de Estado.

El artículo 141 de la Carta dispone que son atribuciones del Consejo de Estado:

"Artículo 141. Son atribuciones del Consejo de Estado:

1ª Actuar como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración, debiendo ser necesariamente oído en todos aquellos que la Constitución y las leyes determinen.

En los casos de que tratan los artículos 28, 121, 122 y 212, el Gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado. Los dictámenes del Consejo de Estado no son obligatorios para el Gobierno, salvo en el caso del artículo 212 de la Constitución.

2 ª Preparar proyectos de ley y de códigos que deban presentarse a las Cámaras Legislativas, y proponer las reformas convenientes en todos los ramos de la legislación.

3 ª Desempeñar las funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, conforme a las reglas que señale la ley.

4 ª Darse su propio reglamento y ejercer las demás funciones que la ley determine (Acto legislativo número 1 de 1968, artículo 48)".

De lo anterior se deduce que son varias y diversas las funciones que puede y debe desempeñar el Consejo de Estado, así:

a) Consultivas: Cuando el Gobierno de acuerdo con la Constitución y las leyes deba oírlo en los asuntos de la Administración;

b) Jurisdiccionales: Cuando deba decidir sobre las distintas acciones sometidas a su conocimiento, de acuerdo con la ley;

c) Administrativas: Cuando revisa determinados contratos y ejerce funciones que la ley determina en este mismo campo.

Las funciones anteriores las cumple en Sala Plena, en Sala Contencioso-administrativa, en Sala de Consulta y Servicio Civil y en Sala Contencioso-electoral, dejándose a la Ley el señalamiento de las funciones propias de cada una de las Salas al tenor del artículo 137, inciso segundo de la Carta.

Por lo tanto, si es a la Ley a la que corresponde determinar las materias sometidas al conocimiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil, no aparece que el artículo 159 de la Ley 28 de 1979, sea contrario a este postulado, pues precisamente está cumpliendo con las disposiciones constitucionales de los artículos 137 y 141 de la Carta, al asignar una nueva competencia a esta Sala como es la de expedir certificaciones sobre la idoneidad y calidades de la persona que quiera inscribirse como candidato a la primera magistratura del país, para poder someter su nombre a la consideración de los electores.

De otro lado, se observa que no se encuentra violado en manera alguna el artículo 2o de la Constitución, pues la soberanía que reside esencial y exclusivamente en la Nación y de la que emanan los poderes públicos, se ha ejercido en los términos establecidos por la misma, esto es, a través de la ley se ha señalado una función a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, como lo consagra en términos expresos la Carta Política.

2. Función jurisdiccional y función administrativa.

Ya la Corte Suprema de Justicia, en proveído pasado, determinó los lineamientos de la función jurisdiccional:

"La función jurisdiccional consiste en que el Estado compruebe la violación, existencia o extensión de una regla de derecho, o de una situación de hecho y tome las medidas necesarias para asegurar su respeto. El acto derivado de ella se caracteriza por su fuerza de verdad legal. En consecuencia hacen parte de la función jurisdiccional, la función de orden judicial: civil, penal o laboral; la de orden contencioso-administrativo; la de orden disciplinario y la de orden constitucional" (Sentencia de 5 de agosto de 1970).

Así mismo, el Consejo de Estado cumple funciones jurisdiccionales cuando realiza el fin inmediato del proceso: el conjunto de actividades unidas entre sí por un vínculo de idea común y esa idea común es la satisfacción de las pretensiones.

De lo anterior se concluye, que no es posible afirmar que cuando la Sala de Consulta y Servicio Civil expide o niega una certificación sobre las calidades de una persona para inscribirse como candidato a la Presidencia de la República, esté ejerciendo función jurisdiccional, pues no está resolviendo sobre las pretensiones que son base de una acción, ni está comprobando la violación, existencia o extensión de una regla de derecho o de una situación de hecho.

Por tanto, esta competencia para la Sala de Consulta y su actuación en ella constituye una función administrativa y como tal se concreta en actos administrativos, impugnables por medio de las acciones consagradas en la ley.

En este sentido, no se advierte violación alguna del mandato contenido en el artículo 55 de la Carta, ya que la división de los poderes consagrados en este canon constitucional cuando señala que el Congreso, el Gobierno y los Jueces, tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado, no se desconoce pues la función asignada a la Sala de Consulta del Consejo de Estado que es objeto de análisis no es jurisdiccional. En efecto, no ha existido invasión o intromisión de una rama en otra, y por ello tampoco se advierte violación del artículo 58 de la Carta. Lo anterior conduce también a. establecer que no existiendo un proceso jurisdiccional en relación con la solicitud de la certificación, mal puede considerarse violado el artículo 26 de la Carta.

De otro lado, la no expedición de la certificación o la expedición de la misma, no implican juzgamiento sin juicio previo, y tratándose de materias distintas -las que regulan la norma acusada y las que consagra el artículo 27 de la Carta- 110 puede establecerse el cotejo de constitucionalidad. De ahí que tampoco se encuentre violación de la Constitución por este aspecto.

3. El Derecho político de ejercicio de la ciudadanía.

El artículo 15 de la Carta consagra una de las formas de ejercicio de la ciudadanía como es la de elegir y ser elegido. Sin embargo, además de la restricción que hace la Constitución al conceder este derecho solamente a los ciudadanos en ejercicio, establece en otros artículos requisitos que deben ser cumplidos para ser elegidos, esto es, para ser Presidente de la República de Colombia además de ser ciudadano, el candidato habrá de llenar las exigencias que le señala el artículo 115 de la Constitución, con remisión expresa al artículo 94 de la Carta.

La Ley 28 de 1979, en su artículo 159 dispuso la forma en que han de verificarse tales requisitos para inscribirse como candidato a la Presidencia de la República de Colombia, situación jurídica de la que se derivan ciertas prerrogativas legales. Lo anterior no implica, como lo sostiene el actor, que sea la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la que decida si una persona tiene o no un derecho y si el conjunto de los ciudadanos puede o no votar por ésta. Pues se trata de impedir que personas que no cumplen las exigencias constitucionales puedan presentar su nombre para ser elegidos Presidente de la República. Si se pensara en la posición contraria podría hacerse nugatorio el derecho de los ciudadanos a elegir Presidente de la República, al sufragar por personas no idóneas para tan alta dignidad. De ahí que 110 puede considerarse violado el artículo 1 5 de la Carta por la norma acusada.

decisión

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el señor Procurador General de la Nación,

decide:

Declarar exequible el artículo 159 de la Ley 28 de 1979, que dispone:

"Artículo 159. Los candidatos a la Presidencia de la República deberán acreditar ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado que reúnen las calidades constitucionales requeridas para el cargo. Esta Sala expedirá, dentro de los seis (6) días siguientes a la petición del candidato, una certificación al respecto que se acompañará a la solicitud que se le formule al Registrador Nacional para la inscripción de la candidatura presidencial. Los miembros de la Sala incurrirán en causal de mala conducta si no expidieren la mencionada certificación dentro del término señalado en este artículo".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Fernando Uribe Restrepo, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreña Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Germán Valdés Sánchez, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Oscar Peña Alzate, Con juez; Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jaime Pinzón López, Edgar Saavedra Rojas, Guillermo Salamanca Molano, Rafael Romero Sierra.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria

La suscrita secretaria general de la Corte Suprema de justicia,

HACE CONSTAR:

Que los Magistrados Rafael Baquero Herrera, Nemesio Camocho Rodríguez y Edgar Saavedra Rojas, no asistieron a la Sala Plena celebrada el once (11) de septiembre del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria