300Corte SupremaCorte Suprema300300024141449Jaime Pinzón198628/08/19861449_Jaime Pinzón_1986_28/08/198630002414PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. VULNERAMIENTO EN LA INTEGRIDAD DE LA HIPOTESIS JURIDICA EN CUESTION. INHIBICION DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS EXTRAORDINARIAS CUMPLIDAS POR EL EJECUTIVO EN RELACION CON LA TERMPORALIDAD, FORMALIDAD Y MATERIALIDAD. La Corte se declara inhibida para fallar sobre la exequibilidad del artículo 36 numerales 4, 6, 9, 11 y 13 del Decreto número 3466 de 1982. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 64. Referencia: Expediente número 1449 1986
Eduardo Henao Hoyos.Identificadores30030002415true74319Versión original30002415Identificadores

PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA. VULNERAMIENTO EN LA INTEGRIDAD DE LA HIPOTESIS JURIDICA EN CUESTION. INHIBICION DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES LEGISLATIVAS EXTRAORDINARIAS CUMPLIDAS POR EL EJECUTIVO EN RELACION CON LA TERMPORALIDAD, FORMALIDAD Y

MATERIALIDAD.

La Corte se declara inhibida para fallar sobre la exequibilidad del artículo 36 numerales 4, 6, 9, 11 y 13 del Decreto número 3466 de 1982.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 64.

Referencia:

Expediente número 1449

Normas Acusadas: Artículo 36, numerales 4, 6, 9, 11 y 13 del Decreto-ley número 3466 de 1982.

Demandante: Eduardo Henao Hoyos.

Magistrado Ponente: doctor Jaime Pinzón.

Aprobada por Acta número 54.

Bogotá, D.E., veintiocho (28) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1986).

En ejercicio de la acción pública de inexequibilidad consagrada en el artículo 214 de la Constitución Nacional, el ciudadano Eduardo Henao Hoyos, solicita a la honorable Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionales los numerales 4, 6, 9, 11 y 13 del Decreto-ley número 3466 de 1982.

i. Texto de las normas acusadas

El texto de los numerales acusados del artículo 36 del Decreto número 3466 de 1982 es el siguiente:

"Artículo 36. Indemnización de daños y perjuicios."

"4. En el auto que admita la demanda se ordenará emplazar a las personas que se crean con derechos derivados de hechos similares a los previstos en la demanda, para que se presenten a hacerlos valer dentro de los quince (15) días siguientes a la última publicación del edicto,

"6. De las demandas presentadas por las personas que concurran se dará traslado conjunto al demandado por el término de cinco (5) días, mediante auto que se notificará por estado.

"9. La sentencia favorable aprovechará no sólo a quienes intervinieron en el proceso, sino a todas las personas emplazadas que no concurrieron, salvo a quienes expresamente manifiesten por escrito auténtico, presentado antes de la sentencia de segunda instancia, no acogerse a sus disposiciones, caso en el cual se extinguen sus derechos.

"11. La sentencia favorable se publicará por una vez por la Liga o Asociación de Consumidores que haya intervenido en el proceso, dentro del mes siguiente a su ejecutoria, en un periódico de amplia circulación en el lugar que el Juez designe, con la prevención a toda persona que no concurrió al proceso de que puede presentar al Juzgado, en el término indicado en el numeral 12, directamente o representado por dicha Liga o Asociación, una liquidación motivada y especificada de las pretensiones a que tengan derecho, acompañada de la prueba señalada en el numeral 3.

"13. Todas las liquidaciones presentadas se tramitarán conjuntamente como incidente. El auto de traslado, se notificará al demandado en la forma prescrita en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil.

ii. La demanda

El actor considera que la norma cuya inexequibilidad parcial solicita, vulnera los artículos 26 y 30 de la Carta.

El concepto de la violación de los artículos constitucionales citados se fundamenta en el conculcamiento del derecho adquirido que tiene el demandado a que se le enjuicie por iniciativa personal de quien cree tener en su contra una pretensión y quiere hacérsela efectiva, "creando para el comerciante, productor o industrial un 'fuero judicial más gravoso', negando por lo tanto la igualdad de las personas frente a la Ley". Ese emplazamiento, prosigue el actor, "crea un clima de zozobra y desconfianza social, que contraría principios constitucionales tan precisos como la igualdad, la seguridad y el orden, perjudicando por consiguiente a los industriales, comerciantes o productores de bienes de consumo".

Dice que el numeral 6°, además de vulnerar las normas constitucionales citadas transgrede los artículos 149 y 314 del Código de Procedimiento Civil, porque autoriza la acumulación de demandas, hace más gravosa, en gastos y tiempo, la defensa del demandado.

La acusación del numeral 9 se funda en que quien no interviene en un proceso civil no puede beneficiarse ni perjudicarse con la decisión que allí se adopte.

En torno al numeral 11, con iguales observaciones a las planteadas para el numeral 90, agrega que no se puede condenar a nadie sin previo proceso y que la exigencia de prueba sumaria de las pretensiones de quien no intervino en el proceso, impide al demandado la oportunidad de controvertir dicha prueba.

Respecto del numeral 13, dice que la tramitación conjunta de las liquidaciones como incidente, contraría el artículo 26, toda vez que se contemplan las liquidaciones que presentan las personas que no concurrieron al proceso y "mal pueden aspirar quienes no lo hicieron a beneficiarse de una sentencia sin conculcar el ya citado artículo de la Constitución Nacional".

iii. Concepto del Procurador

Comienza por decir el señor Procurador, que no se referirá a las acusaciones basadas en violaciones de preceptos del Código de Procedimiento Civil, porque, como lo ha sostenido la Corte, únicamente le es dable llevar a cabo la confrontación entre la norma de rango legal y la regla de rango constitucional, en cuyo caso habrá de desaparecer la norma de inferior categoría.

En concepto del Procurador no asiste razón al acusante en la tesis de violación del artículo 30 de la Carta, como derecho adquirido, ya que los procedimientos pueden cambiar de acuerdo con las circunstancias y necesidades de la época y desde el punto de vista del proceso no hay, ni pueden haber, derechos adquiridos.

Sobre el numeral 4 dice que, como el actor no expresó el concepto de la violación del artículo 26 de la Carta, presupuesto para manifestar su concepto de rigor, no efectúa por ello pronunciamiento. Respecto del numeral 6, solicita que se desestime la acusación por hallarse sustentada en violaciones de normas legales preexistentes y porque el artículo 26 de la Carta no prohíbe a la ley crear o cambiar los trámites procesales.

La acusación de los numerales 9, 11 y 13, para el Procurador, no debe prosperar, porque no encuentra que los numerales indicados violen el derecho de defensa contemplado en el artículo 26 del texto Constitucional. "En efecto -dice-, si bien la sentencia desfavorable para el demandado aprovecha a quienes no concurrieron al proceso, no por ello puede afirmarse que no hayan sido representados en el mismo, toda vez que el numeral 7 del artículo 36, no considerado inexequible por el actor, expresamente ordena que las personas emplazadas que no concurran al proceso, serán representadas por la Liga de Consumidores del lugar del proceso o por la Asociación de Consumidores, de no existir aquélla.

El numeral 11 guarda, en su concepto, directa relación con el 13, por cuanto las liquidaciones que deban presentar quienes no concurrieron al proceso, a pesar de lo manifestado por el demandante, sí podrán controvertirse durante el trámite incidental que establece el numeral 13. No hay entonces, ninguna violación al derecho de defensa".

En mérito de lo expresado el Procurador considera que los numerales acusados son exequibles.

Iv. Consideraciones de la Corte

1. Competencia.

Los textos acusados fueron expedidos por el Ejecutivo en ejercicio de facultades legislativas, por lo cual la Corte decidirá sobre la petición de inexequibilidad.

2. Ley de facultades.

Si bien no es materia de la demanda, sí es el marco referenciaL del ejercicio de las atribuciones legislativas por el Ejecutivo, ante lo cual, la Corte encuentra pertinente decir que por la Ley 73 de 1981, el Estado intervino en la distribución de bienes y servicios para la defensa del consumidor y concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República, entre otras materias vinculadas a este proceso, respecto de las siguientes:

"Ley 73 de 1981.

Artículo 1° De conformidad, con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República, de precisas facultades extraordinarias, por el término de 12 meses, a partir de la vigencia de la presente Ley, para dictar normas enderezadas al control de la distribución o venta de bienes y servicios y al establecimiento de las sanciones y procedimientos para imponerlas a quienes violan sus disposiciones. Estas facultades comprenden los siguientes aspectos:

"1. Mecanismos y procedimientos administrativos para establecer la responsabilidad de los productores por la idoneidad y calidad de sus bienes y servicios que ofrecen en el mercado, así como para fijar las sanciones pecuniarias o relativas al ejercicio de su actividad, que deban imponerse a los infractores.

"2. Creación de organismos de orden administrativo y jurisdiccional, así como la expedición de normas sustantivas y de procedimiento, que aseguren al consumidor el cumplimiento de las cláusulas especiales de garantía que se incluyan en las operaciones de compra y venta de bienes y prestación de servicios, especialmente que permitan la devolución del precio pagado y la indemnización de los perjuicios causados en el caso de violación por parte de los expendedores y proveedores.

4. Responsabilidad de los productores por las marcas y leyendas que exhiban los productos o por la propaganda comercial de los mismos, cuando su contenido no corresponda a la realidad o induzca a errores al consumidor, y fiación de procedimientos administrativos o jurisdiccionales para establecerla y determinar las consecuencias indemnizatorias a que haya lugar.

5. Reglas especiales de responsabilidad, para la prestación de servicios que requieran depósitos de bienes de propiedad de los usuarios. Así mismo, régimen de sanciones y procedimientos para imponerlas a los transgresores.

Artículo 4° La presente Ley rige a partir de su sanción".

3. El Decreto-ley número 3466 de 1982.

El Presidente de la República, en uso de las atribuciones de la Ley 73 de 1981, expidió, el 2 de diciembre de 1982, el Decreto-ley número 3466 para regular la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas, y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, expendedores y proveedores, cuyo artículo 36, titulado "Indemnización de-Daños y Perjuicios", ha sido acusado parcialmente de inconstitucionalidad.

4. Estudio de la exequibilidad de los textos acusados.

"Ha reiterado la Corte que cuando se trata de Decretos-ley acusados como violatorios de la Carta, la confrontación de exequibilidades debe referirse por una parte al desarrollo que de las facultades legislativas extraordinarias hace el Ejecutivo en sus aspectos materiales, formales y temporales, vertidos en la ley facultatoria y por otra parte, a los propios textos del Decreto-ley materias de acusación frente a los preceptos fundamentales.

Pero para lo uno y lo otro, es necesario que la acusación, además de cumplir los requisitos formales y de agotamiento de sus etapas procesales verse sobre una normatividad jurídica completa, la cual no siempre está integrada con una norma, o con una parte de ella, sino que se relaciona con otras partes de la misma o con otra u otras normas que rigen el mismo objeto".

En la materia de este proceso, la acusación ciudadana, como se ha reseñado, versa sobre unos específicos numerales del artículo 36 del Decreto-ley número 3466 de 1982 que regulan aspectos sustantivos y procesales de la indemnización de daños y perjuicios ocasionados al consumidor por el incumplimiento a la obligación de una calidad determinada por la prestación de los servicios o por la adquisición de las cosas, y la acusación sobre los aspectos procesales no los comprende en su totalidad, quedando sin aludir numerales que contienen previsiones procesales íntimamente relacionadas conexas e integrantes de la hipótesis legal regulada, que no son autónomas ni diversas. Este vicio de forma impide a la Corte decidir sobre el fondo para no vulnerar la integridad de la hipótesis jurídica en cuestión, por lo cual se inhibe de fallar la acusación propuesta.

Análogamente el defecto expuesto, implica que la Corte se inhibe de pronunciarse sobre el ejercicio de las facultades legislativas extraordinarias cumplidas por el Ejecutivo en relación a la temporalidad, formalidad y materialidad.

v. Decisión

Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarase inhibida para fallar sobre la exequibilidad artículo 36 numerales 4, 6, 9, 11 y 13 del Decreto-ley número 3466 de 1982.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Femando Uribe Restrepo, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, Rafael Baquero Herrera, José Alejandro Bonivento Fernández, Nemesio Camacho Rodríguez, Jorge Carreño Luengas, Guillermo Dávila Muñoz, Manuel Enrique Daza Alvarez, Humberto De la Calle Lombana, Jairo E. Duque Pérez, Guillermo Duque Ruiz, Hernando Gómez Otálora, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Héctor Marín Naranjo, Lisandro Martínez Zúñiga, Fabio Morón Díaz, Alberto Ospina Botero, Jaime Pinzón López, Edgar Saavedra Rojas, Guillermo Salamanca Molano, Hernando Tapias Rocha.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria

La suscrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia,

HACE CONSTAR:

1. Que el Magistrado Rafael Baquero Herrera, no asistió a la Sala Plena celebrada el 28 de agosto del presente año, por encontrarse con excusa justificada.

2. El Magistrado Hernando Tapias Rocha, en el momento de recoger las firmas no se encontró por estar en uso de licencia.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria