300Corte SupremaCorte Suprema30030002338Suarez Murillo191515/02/1915Suarez Murillo_1915_15/02/191530002338Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, febrero quince de mil novecientos quince. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo). Vistos: 1915
Pablo GarciaLEY 101 DE 1914Identificadores30030002339true74243Versión original30002339Identificadores

Norma demandada:  LEY 101 DE 1914


Corte Suprema de Justicia-Sala Plena-Bogotá, febrero quince de mil novecientos quince.

(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:

El señor Pablo García de la Parra, apoyado en lo que dispone el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, se dirige a la Corte Suprema de Justicia acusando como inconstitucional la Ley 101 de 1914, que reforma el artículo 26 de la Ley 117 de 1913, y solicita en consecuencia se le declare inexequible.

A su solicitud acompaña el número 15359 del Diario Oficial en que se halla publicada la Ley, con la autenticación debida, y un certificado expedido por el señor Secretario del Senado, de fecha 21 de diciembre de 1914, en el que aparece que el proyecto de ley de que se trata tuvo origen en el Senado y fue presentado por la Comisión de Tarifa de Aduanas.

Oído el concepto del señor Procurador, procede la Corte a decidir lo que sea legal, y para ello considera:

La Ley que se tacha de inconstitucional reforma el artículo 26 de la Ley 117 de 1913, sobre Tarifa de Aduanas, y establece la manera corno se cobrarán en las Aduanas de Buenaventura y Guapi los derechos de importación de mercancías.

El motivo de la .acusación consiste, según el actor, en que siendo la Ley 101 una disposición del Cuerpo Legislativo, por la cual se establece una contribución, debía tener origen en la Cámara de Representantes, según lo que disponen el artículo 80 de la Carta Fundamental y el numeral 2.° del artículo 20 del Acto número 3 de 1910, reformatorio de la misma; y juzga el dicho demandante que como la Ley en cuestión es originaria de la Cámara del Senado, es violatoria de las disposiciones constitucionales citadas, por cuanto no se ajustó a ellas en su formación.

La cuestión planteada por el peticionario fue resuelta por la Corte en la acusación del señor Pedro María Carreño a la Ley 65 de 1911, sobre auxilios a los establecimientos de beneficencia y caridad de la República. En el fallo que decidió dicha demanda, el que lleva fecha 20 de abril de 1912, se dijo lo siguiente:

"De los términos de la disposición citada, y de su espíritu, se deduce rectamente que en el segundo de los casos apuntados las funciones de la Corte, en presencia de una ley acusada ante ella, se limitan a examinar si sus disposiciones como tales violan o nó preceptos constitucionales; mas no a decidir si la voluntad soberana del Cuerpo Legislativo, manifestada en forma de ley, se ha ajustado, en cuanto a su expedición, a las disposiciones constitucionales. En efecto, el artículo 4.° del Código Civil define la ley diciendo que es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional, y que su carácter general es el mandar o prohibir, permitir o castigar. Por consiguiente, acusada una ley ante la Corte, para que esta corporación pueda entrar a decidir sobre su exequibilidad, debe proceder sobre la base de que el Acto legislativo acusado reúne, en cuanto a su forma, las condiciones que la Constitución establece; es decir, que se halla suscrito por los Presidentes y Secretarios de las Cámaras Legislativas, sancionado de acuerdo con la misma Carta Fundamental y promulgado para que sus disposiciones sean obligatorias.

"Por otra parte, como el carácter general de la ley es el que señala el artículo del Código Civil ya citado, su análisis, en caso de acusación como ley en vigencia, no puede referirse sino a sus disposiciones, porque es en ellas donde aparece claramente manifestada la voluntad soberana del legislador, y es con ellas con las que propiamente puede infringirse un precepto constitucional, ya atacando la estructura política de la Nación, ya violando los derechos de los ciudadanos.

"La acusación propuesta contra la ley que se examina va encaminada no precisamente a obtener la declaración de que sus disposiciones violan la Carta Fundamental, sino a. que se decida que aquel acto no es una ley, por defecto en los trámites seguidos para su expedición. Ahora bien: entiende la Corte que la facultad a ella conferida por el artículo 41 citado no puede extenderse hasta declarar que una ley no es ley porque se hayan quebrantado en su formación algunas ritualidades prescritas por la Constitución Nacional, pues si de otro modo se entendiese aquella facultad, se daría a la Corte Suprema tal suma de poderes que invadiría el campo de acción del Cuerpo Legislativo, lo cual sin duda no ha sido la intención del Constituyente de 1910, pues ello iría abiertamente contra el principio fundamental consignado en el artículo 57 de la Carta, según el cual todos los poderes públicos son limitados y ejercen separadamente sus atribuciones respectivas, principio éste que informa nuestras instituciones y es piedra angular del sistema republicano que ellas reconocen y consagran.

"La atribución que el artículo 41 del Acto reformatorio da a la Corte Suprema para declarar la inexequibilidad de las leyes, debe entenderse en sentido limitativo y no extensivo, porque las facultades de las autoridades y funcionarios públicos no pueden ser otras sino las que expresamente les hayan sido dadas, según se deduce del artículo 20 de la Constitución, y porque tratándose con especialidad del Poder Judicial, existe la prohibición terminante del artículo 195 de la Ley 147 de 1888, armónico con aquel precepto constitucional, según el cual es vedado a los funcionarios del Poder Judicial ejercer atribuciones que expresa y claramente no les hayan sido conferidas por la Constitución o las leyes.

"No se cree la Corte autorizada para abrir proceso a una ley a efecto de resolver si en los actos preparatorios de ella se infringieron o nó las reglas constitucionales. Ello, además de la amenaza que envolvería para la estabilidad de las leyes, o equivaldría a llevar la investigación a una época anterior a la existencia de la ley acusada; a deducir su inconstitucionalidad, no de los propios términos de la ley misma, sino de las pruebas que al efecto se presentasen, y a declarar, no la inexequibilidad de la ley como tál, sino la inconstitucionalidad del procedimiento empleado para dictarla."

Como el demandante no aduce nuevas razones que demuestren que la Corte se halla en un error al sostener esa doctrina, ella insiste en mantenerla, y por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, de acuerdo en el fondo con el señor Procurador, declara que no ha lugar a decidir sobre la inexequibilidad de la Ley 101 de 1914, por los motivos en que funda su acusación el señor doctor Pablo García de la Parra.

Notifíquese y copíese.

El Presidente, TANREDO MANNETTI-El Vicepresidente, Alberto Suárez Murillo-Constantino Barco-Manuel José Angarita-Isaías Castro Vélez -Manuel José Barón-Bartolomé Rodríguez P.-Elías Romero-Luis Rubio Saiz.Vicente Parra R., Secretario en propiedad.