300Corte SupremaCorte Suprema300300023301273Manuel Gaona Cruz198518/04/19851273_Manuel Gaona Cruz_1985_18/04/198530002330PARA EJERCER LA ACCION PUBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD SOLO ES NECESARIO ACREDITAR LA CALIDAD DE CIUDADANO. COSA JUZGADA ABSOLUTA, DEFINITIVA Y ERGA OMNES . La Corte remite a sentencia del día de hoy, proceso número 1268. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 26. Referencia Proceso número 1273. 1985
Adalberto Carvajal Salcedo, Jairo Villegas Arbeláez | Eduardo Umaña MendozaIdentificadores30030002331true74236Versión original30002331Identificadores

PARA EJERCER LA ACCION PUBLICA DE CONSTITUCIONALIDAD SOLO ES NECESARIO ACREDITAR LA CALIDAD DE CIUDADANO. COSA JUZGADA ABSOLUTA, DEFINITIVA Y ERGA OMNES.

La Corte remite a sentencia del día de hoy, proceso número 1268.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 26.

Referencia

Proceso número 1273.

Norma acusada: artículo 6° del Decreto-ley 1599 de 1984, sobre sustitución patronal de trabajadores en la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

Demandantes: Adalberto Carvajal Salcedo, Jairo Villegas Arbeláez y Eduardo Umaña Mendoza.

Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz.

Aprobada por Acta número 12 de abril 18 de 1985.

Bogotá, D. E., abril dieciocho (18) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

I. La demanda

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución, los ciudadanos de la referencia, quienes además invocan su condición de abogados titulados, piden a la Corte declarar inexequible el artículo 6° del Decreto-ley 1599 de 1984.

2o. Previo el encabezamiento de rigor, el texto de la disposición acusada, que los actores no transcriben en el libelo pero que acompañan mediante fotocopia adjunta de la página 402 del Diario Oficial de 19 de julio de 1984, es como sigue:

"DECRETO NUMERO 1599 DE 1984

(junio 26)

"por el cual se reestructura administrativamente la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se crean unas Sociedades de Economía Mixta y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 11 de la Ley 68 de 1983,

decreta:

Artículo 6º La Caja y la respectiva entidad, de las que se crean mediante el presente Decreto, acordarán los términos de la sustitución patronal, con sujeción a las disposiciones legales, respecto del personal que haya de realizar las actividades que permitan el funcionamiento de las citadas entidades. En virtud de que la sustitución patronal no implica afectación de los derechos individuales de los trabajadores cobijados por ella, no se entenderá que en cuanto a tales trabajadores se ha operado traslado alguno, para ningún efecto legal, convencional o contractual".

3o. Al final de la demanda se señalan como violados por el acusado los artículos 20, 55, 76-12 y 120-3 y 15 de la Constitución. Los argumentos esenciales del extenso libelo son estos:

a) En el artículo 11 de la Ley 68 de 1983 el gobierno recibió del Congreso facultades extraordinarias por 180 días para reestructurar la Caja Agraria, pudiendo reorganizar la estructura de su administración central mediante la creación de áreas especializadas, reorganizar el nivel de la administración regional de la misma y racionalizar y agrupar las agencias bancarias y de crédito, pero no más. Sin embargo el Ejecutivo "creó dos nuevas Sociedades Anónimas de Economía Mixta: una con el nombre de Comercializadora de Insumos Agropecuarios 'Proagrícola S. A.', y otra con el nombre de Sociedad Fiduciaria de la Caja Agraria 'Fiduagraria S. A.'. Estas dos sociedades fueron creadas como "filiales" de la Caja Agraria, no obstante que el Decreto-ley 1599 se expidió exclusivamente en uso de las facultades de la Ley 68 de 1983 que no lo permitía. Y aunque en el artículo 2o de aquél se dice además que "las sociedades filiales... están autorizadas por la Ley 33 de 1971", debe atenderse que tal autorización había sido otorgada a la Junta Directiva de la Caja Agraria y no al Gobierno.

El Ejecutivo se excedió entonces en el ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 68 de 1983 al crear dos sociedades de economía mixta -según lo define en el encabezamiento mismo del Decreto-y transgredió el artículo 76-12 de la Carta. Enseguida se citan y transcriben apartes de sentencias de la Corte sobre el alcance y rigor tanto en el tiempo como en la materia respecto del debido ejercicio de las facultades extraordinarias, de marzo 25 de 1915, de septiembre 26 de 1933 y de junio 15 de 1981.

De otra parte, según sentencia de abril 21 de 1982, Expediente número 893, la Corte determinó que los decretos reglamentarios de la ley que se expiden conforme al artículo 120, ordinales 3, 21 y 22, "no pueden ir más allá de lo que la ley ordene, permita o prohíba", y por lo tanto como la Ley 33 de 1971 tampoco autorizó al gobierno para crear a "Proagrícola S. A." ni a "Fiduagraria S. A." con categoría y naturaleza de sociedades filiales anónimas de economía mixta, no era esa la vía constitucional adecuada para hacerlo.

b) Como consecuencia de lo anterior, presentan en concreto los actores su pedimento de inexequibilidad contra el artículo 6° del Decreto 1599 de 1984 por estimar que la "sustitución patronal" que allí se prevé respecto del personal que se traslade de la Caja a las entidades creadas, no es posible, no se da, pues aquella según la Ley de facultades no podía ser sino única y no distinta ni dividida.

II. La Procuraduría

En la Vista Fiscal se solicita a la Corte declarar inexequible el artículo 6° del Decreto 1599 de 1984 "por exceder las facultades otorgadas en el artículo 11 de la Ley 68 de 1983" y se advierte además que como en relación con el Proceso número 1268 ya la Procuraduría había pedido a la Corporación pronunciamiento respecto de tal disposición junto con otras, reitera su solicitud y sugiere a la Corte "estar a lo resuelto en la sentencia proferida, en cuanto al artículo 6º se refiere".

El extracto esencial de los fundamentos de la Procuraduría para el caso en examen, habida consideración de que en parte ella misma registra que con amplitud mayor expuso su criterio al respecto en concepto anterior, es el que sigue:

a) "En efecto, la falta de fundamento facultativo para la creación de las filiales, constituye la base principal para glosar la previsión laboral del artículo 6°, en razón de conllevar una extralimitación de las facultades conferidas, todo lo cual se traduce en el quebrantamiento de los artículos 76-12 y 118-8 de la Carta", y

b) "La creación de sociedades glosada, tampoco tiene, a juicio del Despacho, fundamento en la Ley 33 de 1971, por cuanto si bien ésta, en el artículo 6º de la misma, confirió facultades expresas para constituir o crear 'empresas filiales, en las cuales podrán participar entidades nacionales adscritas o vinculadas al Ministerio de Agricultura, u otras que desarrollen actividades en el sector agropecuario', es incuestionable que tal facultad fue dada a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, que no al Presidente de la República, quien, conforme a la citada ley, tenía facultad para impartir aprobación previa a la creación o constitución de los entes respectivos pero, sin que por esto pueda considerarse que recibiera la iniciativa creadora que ejercitó en el Decreto 1599 de 1984".

III. Consideraciones de la Corte

Primera.Algunas condiciones de la demanda: el ser ciudadano y la transcripción de lo acusado.

1o. Tiene ya definido la Corte que la acción es pública y ciudadana y que por lo tanto no es menester acreditar calidad distinta a la de ciudadano. De consiguiente, el invocar la calidad de abogado, como lo hacen los demandantes, es innecesario. Se ha admitido la demanda porque los libelistas acreditaron su condición de ciudadanos, no por más. Si únicamente hubiesen aducido su calidad de abogados sin comprobar la requerida y esencial de ciudadanos, no hubiera sido admisible dicha acción. Naturalmente, no es incompatible el ejercicio de la acción ciudadana con el de abogado, o aun con el de apoderado, con tal de que en el abogado concurran una y otra condición y que en el caso del apoderado tanto éste como el representado sean ciudadanos.

2o. Reitérase además que es suficiente, y hasta mejor para la Corte, como cumplimiento del requisito legal de transcripción de la norma o normas acusadas, que aquella se haga dentro del propio libelo. Sin embargo nada impide que los textos acusados sean reproducidos por cualquier medio impreso o escrito que físicamente se adhiera o superponga a la demanda, o que se acompañe a ésta en forma separada. Mas la Corte no exige que a la demanda tenga que anexarse un ejemplar o una fotocopia del Diario Oficial en el que se encuentre inserta la norma acusada. Obviamente, si esto se hace nada acontece, aunque para la Corporación resulta preferible que el ciudadano demandante transcriba o reproduzca dentro de la demanda el texto de lo que acusa, en lugar de que aquél adjunte el Diario Oficial o el ejemplar donde dicho texto se encuentre, pues esto se acostumbra por razones obvias primordialmente cuando se demanda todo un código o estatuto, mas no un solo precepto o una parte de un artículo, como sucede en el caso que aquí ocupa a la Corporación.

Segunda. La cosa juzgada.

Como quiera que la Corte ha decidido mediante sentencia número 25 de hoy, Proceso número 1268, con ponencia del Magistrado doctor Alfonso Patiño Rosselli, declarar inexequible, junto con otros, el artículo 6º aquí de nuevo acusado del Decreto-ley 1599 de 1984, ella se encuentra ante el principio procesal constitucional de la cosa juzgada absoluta, definitiva y erga omnes y respecto de lo decidido no puede volver, por lo cual su pronunciamiento se limitará a declararlo así.

IV. Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, con audiencia del Procurador General de la Nación, y en ejercicio de la atribución segunda del artículo 214 de la Constitución,

Resuelve:

Estar a lo decidido en la parte pertinente del fallo del día de hoy, Proceso número 1268, con el que se declaró inexequible el artículo 6º del Decreto número 1599 de 1984, "por el cual se reestructura administrativamente la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, se crean unas Sociedades de Economía Mixta y se dictan otras disposiciones".

Cópiese, infórmese al Gobierno y al Congreso Nacional, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Alfonso Reyes Echandía, Presidente; Manuel Gaona Cruz, Luis Enrique Aldana Rozo, Hernando Baquero Borda, José Alejandro Bonivento Fernández, Fabio Calderón Botero, Nemesio Camocho Rodríguez, Manuel Enrique Daza Alvarez, Dante L. Fiorillo Porras, José E. Gnecco Correa, Héctor Gómez Uribe, Fanny González Franco, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Horacio Montoya Gil, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Alfonso Patino Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Femando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

Inés Galvis de Benavides

Secretaria General