300Corte SupremaCorte Suprema300300022811241Manuel Gaona Cruz198531/01/19851241_Manuel Gaona Cruz_1985_31/01/198530002281COSA JUZGADA, DEFINITIVA Y ERGA OMNES . FACULTADES EXTRAORDINARIAS. PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO. Remite a sentencia de diciembre 15 de 1969. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 5. Referencia: Proceso número 1241. 1985
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COSA JUZGADA, DEFINITIVA Y ERGA OMNES. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. PLENITUD DE LAS FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO.

Remite a sentencia de diciembre 15 de 1969.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 5.

Referencia:

Proceso número 1241.

Norma acusada: Inciso tercero del artículo 223 del Decreto 444 de 1967.

Demandante: Mariella Santos Vega y Dora Mariño Flórez.

Magistrado ponente: doctor Manuel Gaona Cruz.

Aprobada según Acta número 3.

Bogotá, D. E., enero treinta y uno (31) de mil novecientos ochenta y cinco (1985).

I. La demanda y la vista fiscal

1. Piden a la Corte las ciudadanas Mariella Santos Vega y Dora Mariño Flórez que declare inexequible el precepto de la referencia.

2. El texto del inciso acusado es como sigue:

"Artículo 223.

"El Consejo de Estado o el Tribunal rechazarán toda demanda a la cual no se le acompañe el recibo de pago de la multa, si no se hubiere hecho su conversión en arresto; en caso de arresto, la demanda deberá acompañarse de la prueba de que se está cumpliendo".

3. Consideran las demandantes que el precepto acusado quebranta los artículos 76-12 y 118-8 de la Carta, en virtud de que en el literal c) del artículo 1° de la Ley 6ª de 1967 las facultades extraordinarias solo fueron das al gobierno para establecer la organización y procedimiento adecuados para vigilar el funcionamiento del régimen de cambios internacionales y para señalar las sanciones que debieran imponerse por su violación, pero no para determinar el procedimiento o los mecanismos para acudir ante las autoridades jurisdiccionales una vez agotada la vía gubernativa y como esto último es lo que regula en el inciso acusado del Decreto 444 de 1967, se produjo entonces una extralimitación de las facultades extraordinarias conferidas y la consiguiente violación de los citados mandatos constitucionales. Por otra parte, como según los numerales 3 y 4 del artículo 141 de la Constitución las funciones de los organismos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo solo pueden ser señaladas por ley, y no por decreto, el gobierno infringió también estos preceptos de la Carta porque no estaba facultado por la ley para atribuir a dichos organismos esas funciones.

4. A juicio del Procurador, aunque por sentencia de 11 de diciembre de 1969 fue declarado exequible el artículo 223 ahora acusado parcialmente del Decreto 444 de 1967, no hay lugar a cosa juzgada sino que debe examinarse de nuevo, porque en aquella oportunidad el pronunciamiento apenas se refirió a que "el gobierno no excedió las autorizaciones otorgadas ni infringen por lo mismo el numeral 12 del artículo 76". Afirma sin embargo que lo previsto en los numerales 3 y 4 del artículo 141 de la Carta tiene por objeto que el Consejo de Estado ejecute los supuestos jurídicos de la norma demandada conforme a reglas señaladas por una disposición legal, las cuales se desprenden del hecho de que ya la Corte encontró que no hubo extralimitación de facultades extraordinarias. En consecuencia, pide a la Corte declarar de nuevo exequible el aparte acusado del artículo 223, con fundamento adicional en que frente al artículo 163 de la Constitución toda sentencia debe ser motivada.

II. Consideraciones

Por sentencia de diciembre 15 de 1969, la Corporación declaró exequibles junto con otras disposiciones los incisos segundo y tercero del artículo 223 del Decreto 444 de 1967, no solo por no haberse producido extralimitación de las facultades extraordinarias, sino porque tampoco hubo violación de la Carta por razones de contenido, especialmente frente al artículo 26 de la misma. En consecuencia al fallo fue de mérito y se está ante el principio de la cosa juzgada, definitiva, absoluta y erga omnes y en relación con lo así sentenciado la Corte no puede volver.

No es de recibo la propuesta del Ministerio Público en el sentido de que ahora la Corte tenga de nuevo que examinar de fondo el inciso tercero acusado frente a otros preceptos constitucionales que se aducen violados, con el argumento de que el artículo 163 de la Carta, en el que se dispone que toda sentencia debe ser motivada, así lo exige, pues la motivación ya se encuentra en las Consideraciones de aquel fallo, en el cual, por lo demás, se efectuó el examen por razones tanto materiales como de no extralimitación y no solo frente al artículo 76-12 superior, como erróneamente se afirma en la Vista Fiscal, sino al 26.

"En efecto, en aquella oportunidad la Corte expresó sobre la exequibilidad del artículo 223, en lo que atañe a sus incisos segundo y tercero entonces acusados, lo que sigue:

7. El reparo formulados los incisos segundo y tercero del artículo 223 es el de que violan el artículo 26 de la Constitución que prescribe para la imposición de penas la necesidad de .pronunciamiento de tribunal competente y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio, en el concepto de que estatuir dicho inciso segundo que en estos procesos, por infracción al régimen de cambios, sólo habrá recurso de reposición ante el funcionario que dicta la providencia, se suprime la segunda instancia, que es una de las formas esenciales de cada juicio, y porque al establecer el inciso tercero que la acusación ante la jurisdicción contencioso administrativa no se admitirá en la prueba del pago de la multa o de estar el presunto infractor cumpliendo el arresto sustitutivo, ello implica condena sin ser oído en juicio.

"Se trata, otra vez, de una interpretación forzada de la Carta. Esta no ha estatuido, en parte alguna, que los juicios deban tener dos o más instancias, asunto que se deja a la determinación del legislador; claro está que dada la organización jerárquica de la justicia que va de la Corte Suprema a los tribunales de distrito, juzgados de circuito y municipales, se infiere la posibilidad constitucional de establecer las dos instancias en unos juicios, la revisión en otros, la casación para estas o aquellas sentencias. Pero en todo ello puede obrar el legislador según el mejor criterio y la técnica procesal que acoja. Y ni para los juicios civiles, laborales, penales, contravencionales, ni para estos de tipo administrativo, está sujeto a prescripciones constitucionales relativas a instancias, recursos u otras formas.

"De otra parte, el Decreto 444 en su artículo 222 contempla juicio y debate administrativos, y en el 223 exige providencia motivada y admite un recurso, el de reposición, ante el funcionario que decide; finalmente, permite la revisión del proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa. Si no hay doble instancia en la etapa gubernativa, que no la prescribe la Carta, se establece en cambio la posibilidad de acusación para que el negocio se decida definitivamente por autoridades jurisdiccionales, ajenas al Gobierno. Entonces sí hay juicio, hay procedimientos preestablecidos, hay oportunidades de debate, recursos y acción por hacer valer. Otra cosa es que se condicione el ejercicio de esta última al pago de la multa o a la demostración de que la pena sustitutiva de arresto se está cumpliendo, porque el juicio es de única instancia y la acusación ante el contencioso equivale a una revisión del mismo, pero no a una suspensión de sus efectos y de las penas.

"Finalmente, cabe observar que, contrariamente a lo supuesto por el demandante, la Ley 6ª de 1967 no limitó las facultades extraordinarias, en materia de procedimientos y sanciones, sino respecto a su finalidad, que es la de reprimir las violaciones al régimen de cambios, pero no al establecimiento de una sola pena, la de multa por ejemplo, que excluyera su conversión en arresto, de modo que fuera dable a los infractores quedar impunes por insolvencia real u ocultación de bienes.

"Y es que como lo anota el Procurador General de la Nación, 'dentro del régimen contravencional existe el ilícito administrativo que puede ser sancionado con pena de arresto o de multa o de ésta convertible en aquel cuyo conocimiento compete precisamente a la administración pública; excesos de ésta pueden ser corregidos bien sea por la vía gubernativa, o si ésta fracasare, por la contencioso administrativa que es de esencia claramente jurisdiccional... Para la represión o para la prevención de posibles violaciones, se requieren sanciones adecuadas a su gravedad como la multa y si ésta no se paga, su conversión en arresto, sin que se pueda decir que la administración, a quien compete reprimir las violaciones, invada la órbita del poder jurisdiccional; éste por la vía contencioso administrativa, conserva su capacidad de control sobre los actos de la administración'.

"No puede, pues, admitirse que las normas objeto de examen en este aparte violen el artículo 26 de la Constitución".

(G.J. T. CXXXVII. Número 2338, ps. 535-537. Magistrado ponente doctor Hernán Toro Agudelo)".

III. Decisión

Con fundamento en lo expresado la Corte Suprema de Justicia. Sala Plena, previo el examen en la Sala Constitucional, y luego de oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estar a lo decidido en sentencia de diciembre 15 de 1969, conforme a la cual fue declarado exequible, junto con otros preceptos, el inciso tercero ahora acusado del artículo 223 del Decreto-ley 444 de 1967.

Cópiese, comuníquese, publíquese, infórmese al Gobierno, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Alfonso Reyes Echandía, Presidente; Manuel Gaona Cruz, Luis Enrique Alelaría Rozo, José Alejandro Bonivento Fernández, Fabio Calderón Botero, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez, Dante L. Fiorillo Porras, José E. Gnecco Correa, Héctor Gómez Uribe, Fanny González Franco, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Horacio Montoya Gil, Humberto Murcia Bailen, Alberto Ospina Botero, Alfonso Patino Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Tapias Rocha, Femando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gavina.

Rafael Reyes Negrelli,

Secretario General.