300Corte SupremaCorte Suprema300300022641180Carlos Medellín198403/07/19841180_Carlos Medellín_1984_03/07/198430002264COSA JUZGADA. Estése a lo dispuesto en sentencia número 33 de 10 de mayo de 1984. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 64. Referencia: Radicación número 1180. 1984
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COSA JUZGADA.

Estése a lo dispuesto en sentencia número 33 de 10 de mayo de 1984.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 64.

Referencia: Radicación número 1180.

Norma demandada: artículo 10, inciso Io de la Ley 2° de 1984.

Actor: Luis Enrique Beltrán Zapata.

Magistrado ponente: doctor Carlos Medellín.

Aprobada por Acta número 29, de julio 3 de 1984.

Bogotá D.E., julio tres (3) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

En ejercicio del derecho que le concede la Constitución Política, el ciudadano Luis Enrique Beltrán Zapata ha pedido a la Corte que, por razones de constitucionalidad, declare inexequible el inciso 1° del artículo 10 de la Ley 2a de 1984, cuyo texto es éste: '

"El procedimiento establecido en las normas anteriores sólo se aplicará a los hechos punibles cometidos con posterioridad a la vigencia de esta ley".

Dice el actor que la norma acusada ha lesionado los artículos 26 y 52 de la Constitución porque:

a)"Si una persona que está detenida desde antes de la vigencia de dicha ley, como lo están muchos, le está vedado por ejemplo, pedir el beneficio que consagra el artículo octavo, numeral tercero de la ley la norma sobre la que recae mi demanda, le cierra las puertas de manera evidente, dado que odiosamente prohíbe su aplicación .

b) "Cabe aclarar que el artículo 52 de la Carta Magna también fue víctima de ese desacierto legislativo, puesto que esta última norma es el sostén del artículo 26 C.N ya anotado. Basta examinar con detenimiento el texto del artículo 52 para deducir que la norma que estoy demandando por inconstitucional, hace nugatorio ese derecho tan preciado y garantizado por el Título III, C.N."

I. El Procurador

El Procurador General de la Nación reproduce lo fundamental de su concepto número 719, emitido con fecha 5 de marzo de 1984 para otro proceso de constitucionalidad sobre la misma norma. En él se afirmó y ahora se reafirma:

"Aunque la mayor parte de las normas procesales tienen un carácter meramente instrumental, existen ciertamente, como lo observa el profesor Morales Molina en su obra ya citada, algunas 'normas procesales materiales, de las cuales surgen obligaciones y, eventualmente, derechos'.

"Estas últimas no pueden estar cobijadas con la restricción que introduce el artículo 43 de la Ley 153 de 1887 (antes transcrito) pues sin lugar a duda, la garantía constitucional de aplicación preferente de la ley permisiva o favorable frente a la restrictiva o desfavorable, en materia criminal, se refiere también a las normas 'procesales materiales' que han creado o crean derechos para el procesado, como por ejemplo las instituciones procesales de la libertad provisional, la detención en el lugar de trabajo u otras similares.

"En este orden de ideas estimo inconstitucional la acepción adverbial 'sólo' empleada en el inciso 1° del artículo 10 de la Ley 2a de 1984 (…) en cuanto excluye posibilidad de que instituciones procesales consagradas en esta ley se apliquen de preferencia a otras normas de la misma estirpe establecidas en la ley anterior, pues en ese concepto desconocen el principio contenido en el inciso 2o del artículo 26 de la Carta".

II. Consideraciones de la Corte

La norma objeto de acusación en el presente proceso, esto es, el inciso 1° del artículo 10 de la Ley 2a de 1984, ya había sido demandada ante la Corte por los ciudadanos Flaminio Barrera y Gabriel Ríos Trujillo (radicación número 1130). En tal oportunidad la Corte decidió, mediante sentencia numero 33 de fecha 10 de mayo de 1984, que dicha disposición legal es exequible en su totalidad, lo que para el caso presente indudablemente determina la existencia de cosa juzgada.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, con base en el estudio de la Sala Constitucional, y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Estése a lo dispuesto en la sentencia número 33 del 10 de mayo pasado, radicación número 1130, Acta número 18.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Humberto Murcia Ballén, Presidente; Luis Enrique Aldana Rozo, Fabio Calderón Botero, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza Alvarez, Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, José Edo. Gnecco Correa, Héctor Gómez Uribe, Fanny González Franco, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Horacio Montoya Gil, Alberto Ospina Botero, Alfonso Patino Rosselli, Alfonso Reyes Echandía, Jorge Salcedo Segura, Pedro Elías Serrano Abadía, Nicolás Pájaro Peñaranda, Femando Uribe Res trepo, Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario