300Corte SupremaCorte Suprema300300022201.126Carlos Medellín198426/04/19841.126_Carlos Medellín_1984_26/04/198430002220SE ABSTIENE DE PRONUNCIAR FALLO DE MERITO, POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. SUSTRACCION DE MATERIA La Corte se abstiene de pronunciar fallo de fondo. Sentencia numero 30. Referencia: Expediente número 1.126. 1984
Alberto León Gómez ZuluagaDemanda de inconstitucionalidad en contra del Parágrafo (parcialmente) del artículo 1° del Decreto número 314 de 1981Identificadores30030002221true74129Versión original30002221Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad en contra del Parágrafo (parcialmente) del artículo 1° del Decreto número 314 de 1981


SE ABSTIENE DE PRONUNCIAR FALLO DE MERITO, POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO. SUSTRACCION DE MATERIA

La Corte se abstiene de pronunciar fallo de fondo.

Sentencia numero 30.

Referencia: Expediente número 1.126.

Norma demandada: Parágrafo (parcialmente) del artículo 1° del Decreto número 314 de 1981

Actor: Alberto León Gómez Zuluaga.

Magistrado ponente: doctor Carlos Medellín.

Aprobado por Acta número 16 de abril 26 de 1984.

Bogotá, D. E., abril veintiséis (26) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

I. la demanda

En su carácter de ciudadano colombiano, y haciendo uso del derecho que le concede la Constitución Política, Alberto León Gómez Zuluaga solicita a la Corte que declare la enexequibilidad de una parte del parágrafo del artículo 1° del Decreto número 314 de 1981, cuyo texto es éste:

"Artículo 1° Fijase la escala de remuneración correspondiente a las distintas categorías de empleos del Instituto de Seguros Sociales, así:

" "

"Parágrafo. La escala fijada en el presente artículo se aplicará a partir del 1° de mayo de 1981 únicamente a las personas que se vinculen a. cargos dentro de la planta de personal del instituto de Seguros Sociales o que sean objeto de promoción o ascenso". (La parte demandada es la que se subraya).

Dice el actor que las normas violadas son los artículos 11 y 17 de la Constitución, y explica que la lesión consiste en que la disposición acusada, al limitar la aplicación de los salarios establecidos a quienes se vinculen a las plantas de personal o a quienes sean promovidos o ascendidos, "rompe la igualdad que ante la ley deben disfrutar todos los asalariados del Instituto de Seguros y coloca en condiciones diferentes a aquellos que venían vinculados de antemano con la entidad... No es admisible esa discriminación, máxime cuando la ley de facultades que se invoca no estableció tal distinción".

Agrega el demandante que desde 1962, Colombia ratificó el convenio de la OIT que consagra el principio de igual salario para igual trabajo, el cual también resulta vulnerado por cuanto la disposición que se acusa "deja abiertas las puertas para que en un mismo oficio, desempeñado en igualdad de condiciones, se presenten remuneraciones diferentes entre quienes se vinculen con posterioridad a la fecha allí establecida y quienes para esa misma fecha ya se encontraban al servicio de la entidad". Y que, además, hay agravio al artículo 17 constitucional, por cuanto la norma en cuestión es "atentatoria contra el Derecho al trabajo, con lo cual está transgrediendo la disposición de este artículo que ordena al Estado otorgar al trabajo especial protección".

II. El Ministerio Público

Por su parte, el Procurador General de la Nación ha manifestado:

El Decreto número 814 de 1981 fue expedido en oportunidad con respecto al término establecido en la Ley de facultades número 42 de 1980, la cual, por lo demás, no fue contrariada, ya que ella autorizó al Presidente de la República para "Fijar las escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación correspondiente a las distintas categorías de empleos de:

a) La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional" y eso fue precisamente lo que hizo el Decreto en referencia en lo relacionado con el Instituto de Seguros Sociales, que es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y parte, por lo mismo, de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Teniendo en cuenta que con posterioridad al Decreto número 314 de 1981, han sido expedidas varias normas que modifican las suyas, e inclusive algunas que las derogan, "frente a la disposición materia del presente proceso de inexequibilidad, puede polemizarse en uno de dos sentidos: o que se encuentra vigente, o que ya no rige por haber sido derogada en forma tácita. Por tanto, y en miras al estricto cumplimiento de la función que la Carta Máxima le otorga a la Corte Suprema cuando la erige en guardiana de la integridad de la Constitución, no solamente tiene objeto válido, sino que justamente la situación reclama y exige un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión propuesta por el actor".

En consecuencia, el Procurador, a tiempo que solicita a la Corte un fallo de mérito, reitera opiniones suyas sobre el caso que plantea expresadas a propósito de casos iguales, en especial las consignadas en su concepto 711 del 9 de diciembre de 1983, expediente número 1117. En tal orden de ideas, afirma y reitera:

"desafortunadamente, aún mediando una providencia de la Corte Suprema que considere derogada una disposición, puede válidamente concebirse la hipótesis de que una autoridad cualquiera la estime vigente y consecuencialmente de aplicación. Al respecto es pertinente recordar y además es innegable, como se sabe, que la honorable Corte hace alusión a la derogatoria de una norma en la parte considerativa de una sentencia inhibitoria, por manera que jamás acontece que, en estos eventos, esa alta corporación haga una declaración específica en forma alguna en el fallo, en la parte resolutiva de la decisión''.

En consecuencia, el Procurador manifiesta que:

"Se inclina en forma definitiva por sostener la tesis, que hasta ahora ha tenido acogida minoritaria en el seno de esa respetable Corporación, que la Corte Suprema debe proferir siempre fallo de mérito, aún en el caso de estimar que la norma acusada se encuentra derogada".

En lo relativo al cargo formulado por el actor sobre violación por parte de la norma demandada del Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo, el Ministerio Público recuerda:

"Hasta ahora la Constitución Nacional solo ha consignado jurisdicción y competencia a la Corté Suprema para ejercer el control de leyes y decretos en guarda de la integridad de la Constitución. Vale decir, que una ley sólo puede ser declarada inexequible por violación de la Constitución, única y exclusivamente por transgredir o quebrantar la Carta Fundamental, pero no (salvo el caso muy excepcional de las leyes orgánicas) por violación de otra ley, así se trate de aquellas que aprueban Tratados Internacionales".

Por último, con relación a los cargos de lesión de los artículos 11 y 17 de la Carta, el primero de ellos habla de los derechos de los extranjeros en nuestro país, lo que excluye toda relación con el de la norma demandada. Del 17 se deriva el principio universal de "a trabajo igual, salario igual", el cual no resulta tampoco quebrantado en el presente caso. "Cosa muy distinta es que en la práctica puedan ocurrir interpretaciones abusivas, aplicaciones erróneas o indebidas de la norma en cuestión por parte de la administración. Pero no porque la administración interprete y aplique en forma desviada una disposición o le haga producir efectos distintos de los que entraña la norma o la ejecute en forma indebida o errónea, no por ello la disposición deviene en inconstitucional".

III. consideraciones de la corte

Primera. Como lo hace notar el Procurador, con posterioridad a la expedición del Decreto número 314 de 1981 "por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos del Instituto de Seguros Sociales, y se dictan otras disposiciones", y al cual pertenece la norma demandada, el Gobierno Nacional ha dictado otros decretos de la misma categoría y con idéntico propósito. Tales son: el 123 y el 253 de 1982; el 304 de 1983 y el más reciente, de febrero próximo pasado, el 448 de 1984, el cual fija las escalas de remuneración "para las distintas categorías de empleos del Instituto de Seguros Sociales", así como las asignaciones básicas de los funcionarios que no se encuentran vinculados a la planta de personal. En el artículo 8° de dicho estatuto se dispone que él rige a partir de la fecha de su expedición, y "deroga las disposiciones que le sean contrarias".

Segunda. No está, pues, vigente la norma impugnada. Sin embargo, el Ministerio Público, al reiterar su solicitud de que en casos como éste la Corte profiera fallo de mérito, repite los mismos argumentos que en apoyo de su petición ha venido reproduciendo en circunstancias iguales, y agrega uno nuevo: que existe la posibilidad de que algún funcionario aplique una norma derogada a pesar de que en cualquier fallo de la Corte se haya consignado el hecho de la derogatoria, porque, como se sabe, acerca de ello, en las providencias solo se hace relación en la parte considerativa, pero no en "declaración específica en forma alguna en el fallo, en la parte resolutiva de la decisión".

Al respecto basta recordar que un fallo no consiste solamente en la resolución de quien lo profiera, ya que ésta es la consecuencia necesaria de las motivaciones que le han dado fundamento, y éstas y aquéllas configuran una unidad orgánica inseparable. De ahí que las jurisprudencias no estén formadas solo por las decisiones que se adopten, manifestación del poder judicial, sino, principalmente, por las partes doctrinarias de las providencias, expresión de la autoridad jurisdiccional. Material y formalmente unas y otras son aplicación positiva de la función de administrar justicia. Por manera que las sentencias tanto obligan a funcionarios públicos como a particulares, así lo que ellas expresen se encuentre consignado en su parte motiva como en su parte resolutiva. Y que, en un momento dado, por ignorancia o por cualquiera otra razón, un funcionario dé aplicación a una norma inexistente, es cuestión imponderable y riesgo que existe no porque, como en este caso, la Corte se abstenga de fallar de fondo para repetir en serie de fallos sin fin la constitucionalidad o inconstitucionalidad de unas mismas normas más allá del tiempo de su vigencia. Por encima de tal consideración, simplemente eventual y apenas en la órbita de las suposiciones, está la razón constante de la ausencia de objeto actual por sustracción de materia, que es lo que de nuevo ocurre en el asunto sub judice.

IV. Decisión

Con base en las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Abstenerse de pronunciar fallo de mérito, por falta de objeto actual para el mismo.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Humberto Murcia Ballén, Presidente, Luis Enrique Aldana Rozo, Fabio Calderón Botero, Ismael Coral Guerrero, Manuel E. Daza Alvarez, con salvamento de voto; Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, con salvamento de voto, Gustavo Gómez Velásquez, con salvamento de voto, Héctor Gómez Uribe, José Edo. Gnecco Correa, con salvamento de voto, Fanny González Franco, Juan Hernández Sáenz, con salvamento de voto, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyana, Horacio Montoya Gil, Alberto Ospina Botero, Nicolás Pájaro Peñaranda, con salvamento de voto, Alfonso Reyes Echandía, Alfonso Patino Rosselli, Jorge Salcedo Segura, con salvamento de voto; Pedro Elías Serrano Abadía, Femando Uribe Restrepo, con salvamento de voto, Darío Velásquez Gaviria, con salvamento de voto.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario

salvamiento de voto

De los Magistrados Manuel Enrique Daza Alvarez, José Eduardo Gnecco Correa, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Nicolás Pájaro Peñaranda, Jorge Salcedo Segura, Femando Uribe Restrepo y Darío Velásquez Gaviria.

Hemos dicho en numerosas ocasiones que la simple derogatoria del precepto acusado por inconstitucionalidad no excusa a la Corte de hacer un pronunciamiento de fondo, bajo el pretexto de inexistencia de objeto sobre el cual resolver o de la llamada "sustracción de materia".

Lo creemos por las siguientes razones:

1. Porque así como el constituyente no le confiere a la Corte la defensa de algunos textos de la Carta Política, dejando en el desamparo a los demás, sino que le atribuye la tutela integral de todos sus preceptos, tampoco exige el constituyente que para que la Corte pueda pronunciarse sobre la validez de una norma tachada de inconstitucionalidad esa norma se halle vigente al tiempo de tal pronunciamiento, pues, al contrario, prevé implícitamente que la guarda completa de la Carta debe ejercerse en todo momento y en todo lugar, cuando se presente o se haya presentado un conocimiento de sus dictados por actos de rango inferior al constitucional.

2. Porque la simple derogatoria de una norma no hace desaparecer como por arte de encantamiento los efectos que ya haya producido. Y si ella es contraria a la Constitución Política, fatalmente perdurarán tales efectos si la Corte se abstiene de resolver sobre sus ortodoxia, por estar derogada. Entonces, si es axioma jurídico que no puede haber derechos adquiridos cuando se contradigan dictados de la Carta, o de las leyes ¿Cómo puede admitirse la permanencia de supuestos derechos que surjan de una ley inconstitucional, por haberse abolido ella

3. Porque la misma Corte Suprema, con fundamento en reflexiones semejantes a las anteriores, ha admitido que debe pronunciarse sobre la exequibilidad de preceptos sin vigencia cuando ellos hacen parte de decretos expedidos en ejercicio de las facultades concedidas por los artículos 121 y 122 de la Constitución. Pueden leerse sobre el tema los fallos pronunciados por la Sala Plena el 20 de octubre de 1977 y el 28 de febrero de 1983 (caso del Decreto Legislativo número 3747 de 1982), entre otros.

4. Porque si tal dijo la Corte en cuanto al juzgamiento de reglas dictadas dentro de períodos de anormalidad institucional, previstos por los mencionados artículos 121 y 122 de la Constitución, que por su origen y naturaleza deben tener vigencia efímera, no puede existir argumento serio y valedero para que esa misma tesis no sea predicable en cuanto a preceptos expedidos dentro del régimen normal u ordinario de nuestras instituciones, consagrado por la Carta Política y que, por ello mismo, tienen vocación de imperio permanente y no fugaz, como aquellas otras.

5. Porque solamente cuando la norma derogada no alcanzó a tener vigencia ni, por ende, a producir efectos, puede admitirse que la Corte carece de materia o de objeto sobre el cual pronunciarse, y así lo aceptamos nosotros.

6. Porque, de acuerdo con las argumentaciones anteriores, no puede sensatamente creerse que en estos casos la Corte ejerce un simple "magisterio moral", romántico, teórico o idealista sin consecuencias prácticas en la vida jurídica, ya que, al contrario, cuando la Corporación decide sobre la exequibilidad de un texto derogado pero que rige, cumple apenas de manera cabal el deber de preservar en todo tiempo y lugar la intangibilidad plena de la Carta Política, como confió el constituyente que lo hiciera cuando le encomendó sin cortapisa alguna, tan sagrada y trascendental obligación.

Como ahora también la mayoría de la Sala decidió proferir un fallo inhibitorio y no de fondo, como era lo pertinente, disentimos de él por las razones que dejamos expuestas.

Fecha ut supra.

Manuel Enrique Daza Alvarez, José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Nicolás Pájaro Peñaranda, Jorge Salcedo Segura, Femando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

aclaración de voto

Del Magistrado Manuel Gaona Cruz.

Hállome de acuerdo tanto con la motiva como con la decisión inhibitoria del Plenario de la Corte, pero considero indispensable aclarar que de la afirmación por parte del Juez de Constitucionalidad sobre la subrogación o derogatoria de un precepto legal no puede deducirse, como lo pueden dar a entender los ilustres colegas de la Sala Plena que han salvado su voto, que la Corte desconozca las situaciones jurídicas que se deriven de la égida de las disposiciones subrogadas o derogadas.

Cuando la Corte se declara inhibida para decidir sobre una demanda presentada contra una disposición legal que ha dejado de regir en el momento del fallo, por "carencia de objeto actual sobre el cual pronunciarse", no está decidiendo "definitivamente" sobre lo acusado ni por lo tanto impidiendo con su fallo que los efectos de las disposiciones derogadas o subrogadas sigan produciéndose, conforme a las reglas de retroactividad, retrospectividad, efecto general inmediato o ultractividad que, según su naturaleza y materia, se desprendan de la interpretación y aplicación de aquéllas.

Bogotá, D. E., abril 26 de 1984.

Manuel Gaona Cruz, Magistrado Sala Constitucional.