300Corte SupremaCorte Suprema300300021881098Manuel Gaona Cruz.198430/01/19841098_Manuel Gaona Cruz._1984_30/01/198430002188COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. ERGA OMNES . PARA LOS INTERMEDIARIOS DE LA BOLSA, CUANDO LAS OPERACIONES QUE REALICEN NO SEAN SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVAS DE LA SITUACION DEL MERCADO. REMITE A FALLO DEL 15 DE MAYO DE 1981, QUE EXPRESO LO SIGUIENTE "ES CONSTITUCIONAL LA LEY 32 DE 1972 QUE CREO Y REGULA LA COMISION DE VALORES". La Corte Remite a Sentencia del 15 de mayo de 1981. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia Número 5. Referencia: Proceso número 1098. 1984
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COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. ERGA OMNES. PARA LOS INTERMEDIARIOS DE LA BOLSA, CUANDO LAS OPERACIONES QUE REALICEN NO SEAN SUFICIENTEMENTE REPRESENTATIVAS DE LA SITUACION DEL MERCADO. REMITE A FALLO DEL 15 DE MAYO DE 1981, QUE EXPRESO LO SIGUIENTE "ES CONSTITUCIONAL LA LEY 32 DE 1972 QUE CREO Y REGULA LA COMISION DE VALORES".

La Corte Remite a Sentencia del 15 de mayo de 1981.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia Número 5.

Referencia: Proceso número 1098.

Disposición acusada: Letra b) del numeral 3 del artículo 12 de la Ley 32 de 1979 (sobre suspensión de inscripción por la Comisión Nacional de Valores).

Actor: César Castro Perdomo.

Magistrado Ponente: doctor Manuel Gaona Cruz.

Aprobada por Acta número 3 de enero 30 de 1984.

Bogotá D. E., enero treinta (30) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

I. la acción

El ciudadano César Castro Perdomo demanda ante la Corte la disposición de la referencia por considerarla inconstitucional.

II. Lo Acusado

El texto del ordinal acusado se subraya, dentro del contexto perinente transcrito de la ley.

"LEY 32 DE 1979

(mayo 17)

Por la cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se dictan otras disposiciones.

"EL CONGRESO DE COLOMBIA,

"Decreta:

"Artículo 12. En ejercicio de sus funciones la Comisión Nacional de Valores podrá:

"3. Suspender la inscripción de un intermediario en el Registro Nacional de Intermediarios cuando:

"b) Realice operaciones que no sean suficientemente representativas de la situación del mercado.

III. Fundamentos de la demanda

Al entender del demandante, la letra ordinal b) que acusa es contraria a lo previsto en los artículos 20, 23 y 28 de la Constitución.

Sus razonamientos son en esencia éstos:

1. Frente al artículo 23 de la Carta, en el que se dispone en lo pertinente que nadie podrá ser molestado en su persona o familia, sino por motivos previamente difinidos en las leyes, el precepto acusado es contrario a su mandato porque el motivo de la restricción a la libertad económica debe ser señalado en la ley y no entregado al criterio "de quien va a aplicar la pena de la contravención respectiva". Y como quiera que en ninguna parte de la Ley 32 de 1979 se determinó qué se entiende por operación representativa de la situación del mecado bursátil, como condición para decretar la suspensión de la inscripción de un intermediario de valores, el legislador violó el mentado artículo 23.

2. Estima el actor que también se infringió con la norma acusada el artículo 28 de la Carta, en el que se consagra el principio de la necesidad de configurar claramente la conducta prohibida a fin de que el infractor, pueda conocer la ilicitud de su acción u omisión, ya que 'la interpretación por analogía no puede ser autorizada, ni la interpretación caprichosa tampoco puede ser el marco para el funcionario público que aplica la pena contravencional".

3. Transcribe una parte textual de la obra del Constitucionalista José María Samper, titulada "Derecho Público Interno de Colombia", en el que de manera esencial se destaca que la ley debe dar a las prohibiciones claridad y explicitud, en relación con el alcance del actual artíulo 20 de la Carta.

Y hace otro tanto respecto de las "tesis jurídicas" de la comisión que elaboró el Código Penal Colombiano de 1930.

4. Hace ver cómo, en cambio, mediante Decreto número 384 de 1980, si se puntualizaron con claridad y precisión las prohibiciones a personas jurídicas que ocasionalmente pueden intervenir en el mercado de valores.

IV. El Procurador

1. En primer término, advierte el señor Procurador que según sentencia de 15 de mayo de 1981, la Corte declaró exequible la Ley 32 de 1979, de la cual forma parte de dispocisión acusada, pero que "como el actor ha planteado dos nuevos cargos, contra la letra ordinal b) del numeral 3° del artículo 12 perteneciente a la ley precitada, que no fueron estudiados por esa Corporación en aquella ocasión, entraré a analizarlos y emitiré la vista fiscal de rigor".

La anterior afirmación la hace el Jefe del Ministerio Público con sustento en que "es evidente que las decisiones que se adoptan al respecto hacen tránsito a cosa juzgada, empero ésta se contrae y cobija exclusivamente los cargos efectivamente examinados con fundamento en los cuales se declaran exequibles los preceptos materia de la acusación", y en que, por lo tanto, "queda abierta la posibilidad para que posteriormente ante nuevos cargos de inconstitucionalidad, la Corte Suprema entre a conocer y profiera el fallo de fondo a que haya lugar".

2. Encuentra el Procurador que la norma no es violatoria de precepto alguno de la Carta, por las siguientes razones:

a) Porque según fallo de la Corte, de junio 5 de 1975, las acciones delictuosas requieren ser descritas puntualmente, con indicación de sus elementos compositivos, en la ley que las consagra, pero en cambio, las faltas disciplinarias no son diseñadas con el mismo pormenor. Y agrégase en la vista fiscal que "es apenas lógico que fluya un diferenciación en el alcance del principio de legalidad para el ejercicio del poder punitivo, el poder de policía o el poder disciplinario, pues ni la Constitución concibe ni la realidad tolera, una visión estática o embalsamada de la actividad del Estado."

b) Porque aunque es innegable que el principio de legalidad cobija tanto las descripciones penales como las policivas y las disciplinarias y que dicho principio expresado en los artículos 23, 26 y 28 de la Carta, "solo encuentra adecuada realización si la definición de la conducta sancionable se hace de manera clara y precisa que permita a los destinatarios comprender cuál es el comportamiento que el legislador considera digno de reproche", sin embargo, "el principio de legalidad no supone la eliminación de todo ingrediente de apreciación o valoración del juzgador sino la supresión de las valoraciones pueramente subjetivas, caprichosas o arbitrarias", por lo cual es equivocado sostener la inconstitucionalidad del precepto acusado, que es suceptible de una definición o precisión objetiva, como la noción de operación de bolsa no representativa de mercado, lo cual, sin duda, no ofrece dificultades de interpretación ni para los destinatarios directos de la norma ni para la autoridad administrativa competente para calificar el hecho.

V. Consideraciones De La Corte

1. Es competente la Corte para pronunciarse sobre la exequibilidad del precepto acusado, en cuanto forma parte de una ley.

2. Pero acontece que esta Corporación ya emitió pronunciamiento de fondo-respecto de la letra ordinal b) del numeral 3 del artículo 12 de la Ley 32 de 1979, al declarar íntegramente exequible este estatuto, mediante fallo de 15 de mayo de 1981, cuando expresó:

"Terminado el examen que se ha hecho de la Ley 32 de 1979, se puede concluir que ella no ha violado los siguientes artículos 31, 32, 55, 61, 63, 76 y sus ordinales 2 y 9, 10, 12, 20, 22, 79, 120 ordinales 5 y 22, 132, 135, 206, ni el literal i) del artículo 63 del Acto Legislativo número 1 de 1979 ni ningún otro artículo de la Constitución.

"Fallo

"Por lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, en virtud de la competencia que le atribuye la Constitución, y oído el concepto del Procurador General

Resuelve:

Es constitucional la Ley 32 de 1979 que creó y regula la Comisión Nacional de Valores".

3. Con posterioridad a esta decisión, la Corte profirió de nuevo sentencia sobre la misma ley el 9 de junio de 1981, en la que se decidió:

"En vista de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional,

Resuelve:

Estése a lo dispuesto mediante sentencia de la Corte Suprema de fecha 15 de mayo de 1981, en el proceso promovido por el ciudadano Arturo Vallejo Sánchez contra la Ley 32 de 1979 (Expediente número 845)".

4. O sea que no solo nos hallamos sometidos al imperio erga omnes de la "cosa juzgada" constitucional, sino que esta Corporación ya tenía establecido que la había. Por lo tanto, en el presente caso se estará a lo ya resuelto y reiterado anteriormente.

VI. Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en -Sala Plena-, previo el examen de la Constitucional, y oído el Procurador General de la Nación.

Resuelve:

Estar a lo decidido en la sentencia de 15 de mayo de 1981, mediante la cual se expresó lo siguiente, "es constitucional la Ley 32 de 1979 que creó y regula la Comisión Nacional de Valores".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Congreso y al Gobierno, insértese en la Gaceta judicial y archívese el expediente.

Humberto Murcia Ballén, Presidente, Manuel Gaona Cruz Luis Enrique Aldana Rozo, Fabio Calderón Botero, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza A., José María Esguerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras, José E. Gnecco Correa, Héctor Gómez Uribe, Fanny González Franco, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Ricardo Medina Moyano, Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Pedro Elías Serrano Abadía, Darío Velásquez Gaviria, Carlos Medellín, Horacio Montoya Gil Alfonso Patino Rosselli, Jorge Salcedo Segura, Femando Uribe Restrepo.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario