300Corte SupremaCorte Suprema300300020781029Luis Carlos Sáchica198314/07/19831029_Luis Carlos Sáchica_1983_14/07/198330002078CODIGO PENAL. EJECUTORIA PENAL DEL CHEQUE. COSA JUZGADA. Estése a lo dispuesto en sentencia del 26 de mayo de 1981. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 76. Referencia: Expediente número 1029. Norma demandada: Artículo 357, inciso 3° del Código Penal. Demandante: Fabio Espitia Garzón. Magistrado Ponente: doctor Luis Carlos Sáchica. Aprobada por Acta número 41 de 14 de julio de 1983. Bogotá, D. E., catorce (14) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983). I. Antecedentes 1983
Fabio Espitia Garzón.Identificadores30030002079true73981Versión original30002079Identificadores

CODIGO PENAL. EJECUTORIA PENAL DEL CHEQUE. COSA JUZGADA.

Estése a lo dispuesto en sentencia del 26 de mayo de 1981.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 76.

Referencia:

Expediente número 1029.

Norma demandada: Artículo 357, inciso 3° del Código Penal.

Demandante: Fabio Espitia Garzón.

Magistrado Ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 41 de 14 de julio de 1983.

Bogotá, D. E., catorce (14) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983).

I. Antecedentes

El ciudadano Fabio Espitia Garzón, en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 214 de la Constitución, solicita de la Corte "la declaratoria de inexequibilidad del inciso tercero del artículo 357 del Decreto número 100 de 1980 (actual Código Penal)".

Corrido el traslado de rigor a la Procuraduría General de la Nación, según lo dispuesto por el ya citado artículo de la Constitución, ese Despacho ha solicitado "proferir fallo inhibitorio para la operancia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada".

II. Norma acusada

Comprendido el epígrafe respectivo del Decreto de que forma parte, y subrayado lo demandado, el texto del artículo 3 57 del Código Penal es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 100 DE 1980

(enero 23)

Artículo 357. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de uno a tres años, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor.

La pena se aumentará hasta en la mitad, si la cuantía del cheque fuere superior a cien mil pesos.

La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia.

La emisión o transferencia de cheque posdatado o entregado en garantía no da lugar a acción penal.

No podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia del cheque, si hubieren transcurrido seis meses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago.

III. Normas de la Constitución que se consideran violadas

Al respecto estima el libelista que la norma demandada "viola flagrantemente los postulados constitucionales recogidos en las siguientes normas de la Carta Política-artículo 55.76 numerales 2 y 118 numeral 8".

IV. Fundamentos de la violación

El libelista considera como núcleo básico de su alegación, el hecho de haberse excedido el gobierno en el ejercicio de las facultades otorgadas por el Congreso mediante la Ley 5"de 1979. Al efecto, y luego de determinar cuáles son las premisas fundamentales' de orden constitucional que caracterizan las facultades extraordinarias, concreta así su pensamiento:

"Vislumbrado como está, el alcance constitucional de la ley de facultades, surge la primera afirmación obvia, cuando el Decreto emitido por el gobierno, en uso de tales facultades, excede los marcos propios de las precisas facultades y más aun, excede el alcance total de las mismas facultades, dicho Decreto-ley es inconstitucional.

El Decreto número 100 de 1980, sólo podía dentro del marco mencionado, derogar el Código Penal anterior, establecer, como es lógico, nuevas conductas punibles, ciertos principios rectores que guiaran los derroteros culpabilistas mencionados en los proyectos, pero en ningún momento derogar tácitamente varias disposiciones del Código de Procedimiento Penal actualmente vigente, generando gravísimos detrimentos a los sujetos procesales, a través de ilógicas cesaciones de proceso, en tipos penales determinados".

Seguidamente el demandante cita como derogados por el artículo demandado los artículos 9o, 24, 26, 102, 125, 136 y 138 del citado Código de Procedimiento Penal, precisando el alcance de cada uno de ellos, para concluir una vez más que el Código Penal:

"Puede crear algunas causales especiales de exclusión de la pena o alguna causal especial de excarcelación, en cuanto ellas no impliquen una derogatoria de normas ajenas al Decreto-ley, lo que no se entiende es cómo este tipo especial de Decreto ley pretenda crear causales de cesación procesal generando gravísimos problemas en lo atinente a una indemnización dentro del proceso penal, en desmedro de los derechos reconocidos a la parte Civil... el inciso tercero obliga al perjudicado a recurrir a otras vías, acaso las civiles para obtener unos derechos que la legislación procesal otorga en todo hecho punible".

V. Concepto de la Procuraduría General de la Nación

Mediante la vista fiscal número 654 de marzo 10 del presente año, el Ministerio Público descorrió el traslado ordenado por la Constitución y la ley, concluyendo que "en este caso sí cabe proferir fallo inhibitorio por operancia del fenómeno jurídico de la cosa juzgada"-, alude para ello a la providencia dictada por la Corte -Sala Constitucional- el 26 de mayo de 1981 en la que se declaró exequible en su totalidad el artículo 357 del Código Penal, y respecto de la cual a su juicio:

"Como puede verificarse con la lectura de dicha sentencia, la honorable Corte explícitamente desestimó el cargo de inconstitucionalidad por un posible exceso en el uso de las facultades extraordinarias que el gobierno invocó para expedir la disposición acusada".

Finalmente la Procuraduría plantea una vez más la tesis que sobre los efectos de la cosa juzgada expuso con ocasión de la revisión constitucional de los Decretos dictados por el gobierno en desarrollo del último estado de emergencia económica, si bien insiste en la declaración de aquélla en el presente caso.

VI. Consideraciones de la Corte

a) Competencia.

Toda vez que el artículo acusado forma parte de un Decreto-ley, la Corte es competente para conocer del mismo en Sala Plena y previo estudio de la Sala Constitucional, según lo dispuesto por el artículo 214 de la Carta Fundamental;

b) Cosa juzgada.

Mediante providencia del 26 de mayo de 1981, la Corte -Sala Constitucional-, declaró la exequibilidad de los artículos "Io del Decreto número 172 de 1980 que modificó el artículo 241 del Decreto número 100 de 1980 (Código Penal)... y 357 del mismo Código".

Ulteriormente, frente a una nueva demanda del artículo 357 del Código Penal, la Corte en providencia de 2 de junio del mismo año, dispuso estar a lo resuelto en aquélla.

Por consiguiente, se está en presencia del fenómeno de la cosa juzgada, y la Corte, en razón del carácter definitivo e integral que tienen sus providencias en el campo constitucional, por virtud de lo que en ese aspecto prescriben el artículo 214 de la Constitución y el Decreto número 432 de 1969, debe atenerse a lo resuelto en los referidos procesos.

VII. Decisión

A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación y en ejercicio de sus atribuciones consagradas en el artículo 214 de la Constitución,

Resuelve:

Estése a lo dispuesto en sentencia de fecha 26 de mayo de 1981, por medio de la cual se declaró exequible el artículo 357 del Código Penal, adoptado por el Decreto número 100 de 1980, materia de la acción instaurada en este proceso por el ciudadano Fabio Espitia Garzón.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Eduardo Gnecco Correa, Presidente; Jerónimo Argáez Castello, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza A., José María Esguerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Germán Giraldo Zuluaga, Héctor Gómez Uribe, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano (Con aclaración de voto); Gabriel Meló Guevara, Con juez; Humberto Murcia Bailen, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos Sáchica, Jorge Salcedo Segura, Fabio Restrepo Arteaga, Fernando Uribe Restrepo, Jesús Ramírez Suárez, Conjuez; Alfonso Suárez de Castro (Con aclaración de voto), Conjuez; Jaime Vidal Perdomo, Conjuez; Pedro Elias Serrano Abadía.

Rafael Reyes Negrelli,

Secretario

Aclaración de voto

Mediante providencia del 26 de mayo de 1981, la Corte -Sala Constitucional-declaró la exequibilidad de los artículos "Io del Decreto número 172 de 1980 que modificó el artículo 241 del Decreto número 100 de 1980 (Código Penal)... y 357 del mismo Código".

Ulteriormente, frente a una nueva demanda del artículo 357 del Código Penal, la Corte en providencia de junio 2 del mismo año, dispuso estar a lo resuelto en aquélla.

En la actualidad, nuevamente se solicita la declaración de inexequibilidad del inciso tercero del citado artículo 357 del Código Penal.

Las demandas anteriores se basaban fundamentalmente en que el artículo 357 del Código Penal consagraba 'la prisión por deudas'; la actual se dirige únicamente contra el inciso tercero que consagra la cesación del procedimiento por el pago del cheque. Se exponen ahora por el actor argumentaciones que en las dos primeras oportunidades no fueron presentadas por los demandantes y que no fueron debatidas. Consiguientemente, encontrándonos plenamente de acuerdo con la decisión tomada por la Corporación, estimamos oportuno y conveniente hacer las siguientes observaciones:

a) Conviene precisar en primer término cuál fue el alcance de las facultades otorgadas por el Congreso, mediante la Ley 5a de 1979 "relacionadas con la expedición y vigencia del Código Penal". Al respecto, los artículos correspondientes disponen:

"Artículo 1° De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de un año, contado a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir y poner en vigencia un nuevo Código Penal, sobre las bases, principios y lincamientos generales del proyecto presentado por el gobierno al Senado de la República el 3 de agosto de 1978, y el anteproyecto publicado en 1974 por el Ministerio de Justicia, que para los efectos de esta ley formará parte del expediente.

Artículo 2° El Presidente ejercerá las facultades asesorado de una comisión integrada por dos Senadores y tres representantes nombrados por las Mesas Directivas de las Comisiones Primeras de ambas Cámaras, y por sendos miembros de las comisiones redactaras, designadas por el gobierno.

Artículo 3° El nuevo Código entrará en vigencia un año después de su expedición, previa divulgación que del mismo haga el Ministerio de Justicia".

También es necesario tomar en consideración que la Corte, mediante providencia del 9 de abril de 1980-Sala Constitucional-, declaró la exequibilidad de dicha ley de facultades;

b) Como ya se ha visto, las facultades otorgadas al Presidente por el Congreso lo eran para "expedir y poner en vigencia un nuevo Código Penal, sobre las bases, principios y lineamientos generales" de los dos proyectos elaborados en 1974 y 1976.

Ahora bien, siempre se ha aceptado que la codificación es una constante histórica, y si se quiere todavía más, la culminación de la cultura histórico-jurídica de la mayor parte de los países del mundo, con excepción de los que aplican el CommonLaw, y que ella responde no sólo a necesidades elementales de orden técnico, sino a una concepción filosófica y a principios políticos y jurídicos de singular relievancia, encontrándose hoy el sistema de codificación, vigente en casi todo el mundo.

Se pretende con ella, reunir en un sólo cuerpo legal, dotándolas de unidad orgánica, todas las normas vigentes en una determinada materia; en otros términos, en incorporar en cuerpos orgánicos y sistemáticos, los preceptos existentes sobre una determinada área del derecho, reduciendo por lo tanto una definida rama de éste a una ordenación sistemática de reglas legales, todo ello en oposición al sistema abierto o de mera recopilación;

c) En tales condiciones un Código Penal, es una estructura armónica de orden integral, a través del cual se expresa la política criminal del Estado, para la cual y con el fin de prevenir y reprimir aquellas conductas que ponen en peligro la convivencia de la comunidad, puede resultar tan necesario el castigo de una conducta como el premio de otra, quizás por ello la doctrina se ha referido de antiguo a él, como al "Código de los delitos y de las penas".

Es por lo tanto elemental y necesario que un Código Penal además de la descripción de los delitos, se refiera con amplitud a toda la gama de hechos que caen en la órbita de la impunibilidad, entre los cuales se encuentra naturalmente el que es materia del presente juicio de constitucionalidad. Su inclusión por lo tanto en el Código Penal, no infiere agravio alguno a la Constitución;

d) Y que tal hecho o hechos, puedan tener consecuencias en el Código de Procedimiento Penal, también es obvio, en atención a la unidad existente entre tales ramas del derecho. Para destacar dicha unidad basta recordar que, con no poca frecuencia se ha acostumbrado a dividir el Derecho Penal en Derecho Penal Material para aludir a las normas que definen los delitos y determinan las penas y en Derecho Penal Formal, a través del cual se regula la actividad del Estado encaminada a la efectividad del primero;

e) Finalmente, y como ya se ha visto, el Congreso hizo remisión para la elaboración del nuevo Código Penal, a los proyectos de 1974 y 1976.

Pues bien, el primero de ellos en su artículo 271, inciso tercero, disponía que:

"Respecto de quien haya realizado por primera vez una cualquiera de las conductas descritas en precedencia, la acción penal cesará por pago total del cheque antes de la sentencia de primera instancia" (Proyecto y anteproyecto del Código Penal Colombiano-Fundación Justicia y Desarrollo-Bogotá, 1977, página 197).

Y, el segundo, en su artículo 466, inciso tercero, ordenaba por su parte que:

"La acción penal proveniente de la expedición o transferencia de cheque que no sea pagada por falta o insuficiencia de fondos, o por haber sido expedido con firma que no corresponda a la registrada en el Banco, o sin los complementos de éste, o sobre cuenta embargada o por haberse dado orden injustificada de no pago, se extinguirá por cancelación total del título valor cumplida antes de la sentencia de primera instancia, siempre que el agente, en los seis meses inmediatamente anteriores a la comisión del hecho, no hubiera realizado ninguna de las conductas previstas en este artículo".

Como puede verse fácilmente, también por este aspecto, las facultades recibidas del Congreso, fueron empleadas por el gobierno, ajustándose a la ley respectiva.

Fecha, ut supra.

Alfonso Suárez de Castro, Ricardo Medina Moyano.