300Corte SupremaCorte Suprema300300020611031Luis Carlos Sáchica198307/07/19831031_Luis Carlos Sáchica_1983_07/07/198330002061CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. VALORACION DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS ANTE AUTORIDADES DE POLICIA. Exequible la parte del artículo 306 del C. de P.P., demandada. Corte Suprema de Justicia Sala Plena Sentencia número 74. Referencia: Expediente número 1031 artículo 306 (parcialmente del Código de Procedimiento Penal). Actores: Antonio José Cancino, Saúl Flórez Enciso y Hernán Fabio López B. Magistrado Ponente: Doctor Luis Carlos Sáchica. Aprobada por Acta número 40 de 7 de julio de 1983. Bogotá D. E., siete (7) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983). I. Antecedentes 1983
Antonio José Cancino, Saúl Flórez Enciso | Hernán Fabio López B.Identificadores30030002062true73965Versión original30002062Identificadores

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. VALORACION DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS ANTE AUTORIDADES DE POLICIA.

Exequible la parte del artículo 306 del C. de P.P., demandada.

Corte Suprema de Justicia

Sala Plena

Sentencia número 74.

Referencia:

Expediente número 1031 artículo 306 (parcialmente del Código de Procedimiento Penal).

Actores: Antonio José Cancino, Saúl Flórez Enciso y Hernán Fabio López B.

Magistrado Ponente: Doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 40 de 7 de julio de 1983.

Bogotá D. E., siete (7) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983).

I. Antecedentes

Los ciudadanos Antonio José Cancino, Saúl Flórez Enciso y Hernán Fabio López Blanco han pedido a la Corte que se declare inconstitucional la parte que se subraya en el texto del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal que dice:

"Valor probatorio de las diligencias. Las diligencias de indagación realizadas por la Policía Judicial, tienen el mismo valor probatorio que las practicadas por el juez. La versión juramentada quéde los hechos suministre quien ejerza funciones de Policía Judicial tiene el carácter de testimonio. Los dictámenes rendidos por el personal técnico de la Policía Judicial se someterán a las reglas de apreciación establecidas en este Código para la prueba pericial.

"A petición de parte o de oficio podrán practicarse en el proceso las pruebas que sean repetibles de las producidas por la policía judicial".

Consideran los demandantes que el precepto acusado viola los artículos 55, 58 y 26 de la Constitución. Argumentan en favor de su tesis así:

a) Formalmente, las pruebas realizadas por la Policía Judicial no están sometidas a las mismas exigencias que las practicadas por los jueces. Por tanto, "No parece lógico, pues, que unas pruebas practicadas por un 'órgano auxiliar', dependiente del Ejecutivo, tengan exactamente el mismo valor que las estructuradas por el juez directamente y con todo el cumplimiento de los principios de garantía, contradicción, lealtad, oportunidad, inmediación, etc";

b) Añaden que tampoco "parece lógico que unas pruebas llevadas a efecto durante un período de simple 'indagación', tengan exactamente el mismo valor que las realizadas por un funcionario con capacidad jurisdiccional'

c) Igualmente, "No parece lógico, en fin, que el legislador, por una parte, sostenga que las pruebas practicadas por el 'órgano auxiliar', tienen el mismo valor que las practicadas por el juez, pero a la vez ordene que las primeras, a petición de parte o de oficio, pueden repetirse. Si tienen el mismo valor, ¿para qué esa pérdida de tiempo y de trabajo y esa violación al principio de economía procesal ".

Aceptan que las diligencias de indagación preliminar practicadas por la Policía Judicial, legalmente aportadas, tienen valor y el juez debe tenerlas en cuenta, pero no admiten que tengan el mismo valor que las practicadas por el juez.

Es por eso que estiman violado el artículo 55, en cuanto "no pueden identificarse" una actividad ejecutiva, la indagación preliminar efectuada por la Policía Judicial, con la instrucción de los procesos, que es actividad de naturaleza judicial.

Siguiendo esta idea, afirman que hay violación del artículo 58 que determina quiénes administran justicia, porque el legislador atribuyó directamente en el artículo acusado la función jurisdiccional a unos funcionarios auxiliares de los jueces, pero que no ejercen jurisdicción.

Concluyen afirmando que hay infracción del artículo 26, porque la norma acusada crea la posibilidad de que las formas propias de los procesos se desvirtúen cuando el juzgador, al adoptar decisiones de fondo, de igual valor a las indagaciones hechas por la policía que a las actuaciones y diligencias que se desarrollan dentro de la etapa propiamente procesal.

El Procurador, en concepto del 14 de marzo del año en curso, distinguido con el número 656, opina que la disposición acusada es inexequible. Después de explicar las funciones de la Policía Judicial, afirma:

"Nada se opone constitucionalmente a que la Policía Judicial sirva de cuerpo auxiliar del Organo Judicial, para la eficaz verificación de la comisión de los delitos y el descubrimiento de sus autores. Empero, pretender como lo hizo el legislador extraordinario, asimilar las diligencias que corresponde por razón de competencia constitucional realizar a los magistrados y jueces a las que efectúan funcionarios administrativos (de Policía Judicial), sí se opone a precisos mandatos de la Carta, pues la Procuraduría General de la Nación -que dirige, vigila y coordina a la Policía Judicial- que depende formalmente del Ejecutivo, no puede realizar actos de carácter jurisdiccional, como quiera que desde ningún punto de vista pertenece a la Rama Judicial".

Se apoya, además, en lo dicho por la Corte en sentencia del 27 de septiembre de 1969, que no es pertinente transcribir porque sus términos corresponden a una situación distinta y, por tanto, no aplicable al caso que se juzga, pues aquélla se refería a la atribución de funciones de instrucción criminal a los fiscales y funcionarios públicos, y ahora se trata de funciones de policía judicial en las diligencias preliminares de la investigación, que no son de índole jurisdiccional.

Consideraciones de la Corte

La Corte es competente para conocer de la presente demanda porque la disposición acusada forma parte del Decreto número 409 de 1971, dictado en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas por las leyes 16 de 1968 y 16 de 1969.

La Corte no acepta los puntos de vista del demandante ni del Procurador, por esto:

1° El principal cargo que se formula contra la disposición demandada es el de que viola los artículos 55 y 58 de la Constitución por cuanto la práctica de pruebas sería, en principio, una competencia de naturaleza jurisdiccional y, por tanto, privativa de los jueces y ejercitable dentro de los respectivos procesos, razón por la cual las pruebas practicadas por otra clase de funcionarios y fuera de los procesos mismos no pueden tener valor igual al de las practicadas jurisdiccionalmente.

Así las cosas, se puede estar de acuerdo con los autores en que, es lógico, que el valor de unas y otras pruebas no puede ser igual porque no es lo mismo el practicarlas dentro del sistema de garantías pierias del proceso formal, que dentro de un período de simple indagación, y tampoco es equiparable exactamente la actuación de una autoridad jurisdiccional que la de un simple "órgano auxiliar", que es el carácter que la ley atribuye a la policía judicial.

Pero el que la disposición acusada haya hecho esa estimación legal de las pruebas producidas por esa policía, no implica violación de ninguna disposición constitucional, pues el artículo 26 de la Constitución delega en el legislador la competencia para señalar cuáles son las formas propias de cada juicio, sin que directamente el estatuto constitucional señale ninguna de ellas.

2° No se presenta ruptura del principio de separación de poderes ni violación del artículo 58 que enumera los organismos que administran justicia porque las competencias del Estado no son, a priori, legislativas, ejecutivas o jurisdiccionales, per se, sino que son tales porque el constituyente les atribuye dicho carácter y las asigna al respectivo órgano sin que, de otra parte, sean exclusivas del mismo, aunque sí específicas, puesto que el propio artículo 55 constitucional separa las ramas y funciones del poder pero las declara colaboradoras en la realización de los fines del Estado. Es por eso que, por ejemplo, el artículo 58 aclara que el Senado ejerce algunas funciones judiciales, así no tenga el carácter de organismo judicial.

De lo que se desprende que la práctica de pruebas no es por sí una actividad estrictamente judicial, ni tiene relación exclusiva con la administración de justicia por autoridades judiciales, ya que las autoridades administrativas también pueden practicarlas y también pueden decidir con base en ellas en los asuntos de su competencia.

En consecuencia, la asimilación legal que de su valor hace la norma acusada entre una y otra clase de pruebas, sin distinguir por razón de la autoridad que las practica, es una decisión del legislador que tiene plena validez constitucional por no ser contraria a ninguna de las prescripciones del referido estatuto.

Así mismo, es pertinente anotar que entre las múltiples funciones que el Código de Procedimiento Penal asigna a la Policía Judicial no hay ninguna que la faculte para adoptar decisiones referentes a la privación de libertad o a la inviolabilidad del domicilio, siendo, por el contrario, todas de naturaleza administrativa.

Hay que decir, además, que la posibilidad legal de repetir algunas de las pruebas practicadas por la policía judicial no las demerita, pues ello sólo constituye una garantía procesal más en favor de los sospechosos o inculpados, y no circunstancia que implique duda sobre la validez y fuerza de tales pruebas.

De otra parte, cualquiera que sea el criterio de apreciación de las pruebas por el juez, una norma como la acusada simplemente significa que aquél puede apreciar autónomamente en igualdad de circunstancias una y otra clase de pruebas, pero no que necesariamente deba darles el valor que indica tal disposición.

Finalmente, no puede dejar de advertirse que el éxito investigativo depende en gran parte de la actuación inmediata, de la celeridad y eficacia que en recoger las primeras pruebas despliegue la policía judicial, que se supone es un cuerpo técnico y neutral que impide la desaparición de esos elementos.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -en Sala Plena-, previo estudio de su Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar exequible la parte del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal que dice: "Las diligencias de indagación realizadas por la policía judicial, tienen el mismo valor probatorio que las practicadas por el juez".

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Eduardo Gnecco Correa, Presidente; Jerónimo Argáez Castello, Luis Enrique Aldana Rozo, Ismael Coral Guerrero, Manuel Enrique Daza A., José María Esguerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Germán Giraldo Zuluaga, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez (con permiso); Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Gabriel Meló Guevara, Con juez; Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Luis Carlos Sáchica, Jorge Salcedo Segura, Pedro Elias Serrano Abadía, Femando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria, Jaime Vidal Perdomo, Conjuez.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario