300Corte SupremaCorte Suprema300300020171065Luis Carlos Sachica198307/06/19831065_Luis Carlos Sachica_1983_07/06/198330002017CONTROL DE ARRENDAMIENTOS EN BIENES INMUEBLES UBICADOS EN AREAS URBANAS. PARA EL EJECUTIVO LA INTERVENCION ECONOMICA ES OBLIGATORIA, POR LO TANTO PERMANENTE Y CONTINUADA UNA VEZ QUE LO ORDENA LA LEY. Exequible el Decreto número 3817 de 1982. Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Sentencia número 69. Referencia: Proceso número 1065. Decreto número 3817 de 1982 "por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos en bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas". Magistrado Ponente: doctor Luis Carlos Sáchica. Aprobada por Acta número 40 de 7 de julio de 1983. Bogotá D. E., siete (7) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983). I. Antecedentes 1983
DECRETO 3817 DE 1982Identificadores30030002018true73923Versión original30002018Identificadores

Norma demandada:  DECRETO 3817 DE 1982


CONTROL DE ARRENDAMIENTOS EN BIENES INMUEBLES UBICADOS EN AREAS URBANAS. PARA EL EJECUTIVO LA INTERVENCION ECONOMICA ES OBLIGATORIA, POR LO TANTO PERMANENTE Y CONTINUADA UNA VEZ QUE LO ORDENA LA LEY.

Exequible el Decreto número 3817 de 1982.

Corte Suprema de Justicia

Sala Constitucional

Sentencia número 69.

Referencia:

Proceso número 1065.

Decreto número 3817 de 1982 "por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos en bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas".

Magistrado Ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 40 de 7 de julio de 1983.

Bogotá D. E., siete (7) de julio de mil novecientos ochenta y tres (1983).

I. Antecedentes

El ciudadano Alvaro Galvis Pino, en ejercicio de la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución, pide a la Corte que declare inexequible el siguiente Decreto:

«DECRETO NUMERO 3817 DE 1982

(diciembre 30)

Por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos en bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el artículo 32 de la Constitución Nacional y en desarrollo del artículo 3º de la Ley 7ª de 1943,

decreta:

Artículo 1° A partir de la vigencia del presente Decreto, el precio mensual de arrendamiento en contratos que se celebren sobre inmuebles ubicados en áreas urbanas no podrá ser superior a los siguientes porcentajes, calculados sobre el avalúo catastral del correspondiente bien arrendado, según certificación de autoridad competente.

a) Para inmuebles cuyo avalúo catastral sea igual o inferior a $700.000: 0.6% del avalúo;

b) Para inmuebles cuyo avalúo catastral oscile entre $700.000 y $1.400.000: 0.8% del avalúo;

c) Para inmuebles cuyo avalúo catastral oscile entre $1.400.001 y $2.800.000: 1% del avalúo;

d) Para inmuebles cuyo avalúo catastral oscile entre $2.800.001 y $4.300.000: 1.3% del avalúo;

e) Para inmuebles que se destinen a oficinas, consultorios, locales de trabajo de profesionales y similares, y parqueaderos, cuyo avalúo catastral sea inferior a $3.000.000: 1.5% del avalúo.

Parágrafo. Los porcentajes previstos en el presente artículo se calcularán proporcionalmente sobre el área arrendada, si el arrendamiento no se refiere a la totalidad del bien avaluado catastralmente.

Artículo 2º Lo dispuesto en el artículo anterior no se aplicará a los siguientes contratos:

a) Los regulados por el Decreto número 410 de 1971 (Código de Comercio);

b) Los contratos en cuya ejecución el arrendatario subarriende todo o parte del bien, o cambie su destinación, sin expresa autorización contractual, respecto de los cuales el arrendador podrá optar entre la iniciación del correspondiente juicio de lanzamiento o el libre reajuste del precio mensual de arrendamiento;

c) Los contratos que versen sobre inmuebles cuyo avalúo catastral sea superior a $4.300.000, si se destinan a vivienda, o a $3.000.000, si se destinan a oficina o consultorio, locales de trabajo de profesionales y similares, y parqueaderos, en los cuales el precio del arrendamiento podrá pactarse libremente por los contratantes.

Artículo 3° Para tener derecho al cobro del precio de arrendamiento en los términos previstos por el artículo 1º, el arrendador deberá encontrarse en paz y salvo con la correspondiente Tesorería Municipal o Distrital por concepto del pago de impuestos predial o complementarios.

Parágrafo. Tanto el certificado sobre avalúo catastral como el certificado de paz y salvo formarán parte integrante del contrato de arrendamiento.

Artículo 4º Los contratos celebrados antes de la vigencia del presente Decreto en los cuales se hubiere estipulado un precio mensual que resultare superior o inferior a los porcentajes previstos en el artículo 1º, continuarán ejecutándose en los términos pactados hasta su vencimiento o el de su última prórroga. De allí en adelante, se sujetarán a lo dispuesto en el presente Decreto.

Si vencido el término del contrato o su prórroga, al aplicar las tarifas indicadas en el artículo primero, resultare que los precios del arrendamiento son inferiores a los que se venían causando, continuarán rigiendo los precios anteriores a la vigencia de este Decreto.

Parágrafo. Si al vencer el término del contrato o el de su última prórroga, el arrendatario no se aviniere a pagar el precio de arrendamiento en las cuantías previstas por el presente Decreto, el contrato se dará por terminado de pleno derecho.

Artículo 5° Por vencimiento del término del contrato, ningún arrendador podrá exigir al arrendatario la entrega del inmueble, si el arrendatario hubiere cubierto los precios del arrendamiento en su oportunidad, sin perjuicio de lo previsto en el parágrafo del artículo anterior.

Artículo 6º En los casos en que el propietario haya de ocupar el inmueble arrendado por un término mínimo de un (1) año, para su propia habitación o negocio o haya de demolerlo para efectuar una nueva construcción o para reconstruirlo o repararlo con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin su desocupación, así como en el evento previsto por el parágrafo del artículo 4º, el propietario podrá solicitar la restitución del inmueble con arreglo a las normas del presente Decreto, sin necesidad de licencia o trámite administrativo previo.

Artículo 7º Cuando el arrendador, en ejercicio del derecho consagrado en el artículo anterior, instaure demanda contra el arrendatario para obtener la restitución del inmueble por cualquiera de las causas allí previstas, deberá seguirse, en lo pertinente, el trámite contemplado por el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, no podrá admitirse la demanda sin que el arrendador otorgue caución a favor del demandado y a órdenes del juzgado competente, hasta concurrencia de doce mensualidades de arrendamiento.

Parágrafo. El trámite de esta clase de procesos se adelantará ante los jueces competentes para conocer del juicio de lanzamiento según las normas vigentes.

Artículo 8º Para los efectos del pago por consignación que efectúen los arrendatarios, con arreglo a las disposiciones vigentes, autorízase al Banco Central Hipotecario para que en sus oficinas y sucursales se reciban válidamente dichos pagos, con los efectos legales consiguientes, sin perjuicio de las funciones que en el mismo sentido cumple el Banco Popular.

Artículo 9° El presente Decreto rige a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983) y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Continúan vigentes todas las normas contenidas en los decretos sobre control de arrendamientos en cuanto no contraríen manifiesta o tácitamente lo dispuesto en este Decreto.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, a 30 de diciembre de 1982».

Considera el actor que el Decreto transcrito es violatorio de los artículos 2º, 16, 30, 32, 55, 72-2, 76-4, 76-11, 76-12, 79, 80 y 118-8 de la Constitución.

Los fundamentos de la demanda son:

1ª Hay infracción del principio de igualdad ante la ley, implícito en el artículo 16, "al establecer diferencias en los cánones que puedan pactarse en el arrendamiento de inmuebles según el valor de sus respectivos avalúos catastrales, por tratarse de una aplicación incorrecta de la proporcionalidad contenida en el de igualdad ante la ley". La diferencia es de hecho y no de derecho, por lo cual el tratamiento legal debe ser el mismo para los propietarios independientemente del valor de sus inmuebles. El decreto que se juzga permite a los propietarios modificar unilateralmente los términos contractuales, en contra del principio de la igualdad jurídica, lo que contraría los artículos 16, 32 y 76-2 del estatuto constitucional.

2ª Las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 32, no pueden ser dictadas sin sujeción a un plan de desarrollo, desde la reforma constitucional de 1968. Y por tanto, esta enmienda "derogó las leyes de carácter intervencionista dictadas por el Congreso con anterioridad a dicha fecha, en tanto éstas no hayan sido expedidas en razón de un plan de desarrollo, general y sectorial". Luego, el Decreto número 3817 en mención es inconstitucional, por haber sido dictado con base en las facultades de una ley derogada, con lo cual se presenta infracción de los artículos 2, 32, 74 y 76 numerales 4 y 12 de la Constitución.

3ª La Ley 7ª de 1943 en que se fundamenta el Decreto acusado no está vigente porque las habilitaciones legislativas del Gobierno se agotan con su ejercicio, y pretender su permanencia es hacer una interpretación extensiva del artículo 76 ordinal 11, que no es aceptable por tratarse de una regla de excepción.

4ª Pero, en todo caso, la autorización contenida en el parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª citada, se agotó, "por cuanto el Presidente ya hizo uso de ella al expedir el Decreto número 2770 de 1976, y porque el legislador ordinario, mediante la Ley 16 de 1968 facultó al Presidente para expedir el Código de Comercio, el cual se ocupa en los artículos 515 y siguientes, de lo relativo al arrendamiento de los locales destinados al comercio", argumento que el actor apoya en jurisprudencia de la Corte.

5ª "A partir de la reforma de 1968 es claro que el mandato intervencionista de la Constitución, para la dirección general de la economía se encuentra atado a la elaboración y adopción por parte del Estado de uno o más planes, sin los cuales es perfectamente imposible cumplir con su objetivo primordial de racionalizar y planificar la economía, fundamento y explicación única de la limitación de la autonomía privada dentro de los límites del bien común", de lo cual concluye el demandante que la autorización dada en el parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª de 1943 no puede aplicarse, "por cuanto su ejercicio se encuentra condicionado a la expedición de un plan, con las formalidades y requisitos establecidos por el artículo 80".

6a Tampoco puede entenderse que el Decreto acusado cabe en las facultades a que se refiere la parte final del numeral 11 del artículo 76, porque aquel estatuto es materialmente una ley y el Gobierno sólo puede dictar este tipo de actos por la vía prevista en el numeral 12 del mismo artículo. Lo contrario, acarrea violación del artículo 55 y del artículo 118-8.

7ª el Decreto número 3817 que se juzga es inconstitucional porque implica modificación de la Ley civil al cambiar la naturaleza de arrendamiento y modificar la ley de procedimiento civil, cuando varía los requisitos para la presentación de la demanda, regulaciones que no pueden estar comprendidas en el mandato legal para "dictar las medidas necesarias, a fin de establecer el control de los arrendamientos", según la prescripción del parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª de 1943, lo cual es violatorio del artículo 76-12 de la Constitución.

Por su parte el Procurador General de la Nación, en concepto 661 del 14 de abril pasado, rechaza las argumentaciones de la demanda, con base en estas consideraciones:

a) Decidido por la Corte en forma definitiva, mediante fallo del 30 de noviembre de 1948, que el parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª de 1943 era constitucional, sobre la base de que no otorgaba facultades extraordinarias al Gobierno, sino autorizaciones de carácter permanente para el ejercicio de la intervención estatal, "... no resulta válido plantear un posible cargo de inconstitucionalidad bajo el supuesto de que con base en el artículo 76-11 de la Carta no podía el legislador trasladar al Gobierno facultades de naturaleza legislativa, pues, dicho cargo eventualmente atribuible a la ley de autorizaciones ya fue examinado y desestimado por la honorable Corte Suprema.";

b) Apunta que no tiene razón el actor cuando condiciona la validez de las leyes de intervención económica a la vigencia de un plan de desarrollo, "pues aquél convierte en presupuestos de la intervención económica lo que el constituyente concibe como propósitos o finalidades de ésta". Sin desconocer la fuerza vinculante que tienen las leyes orgánicas y normativas respecto de la legislación ordinaria, hay que aclarar que "la racionalización y la planificación son propósitos que justifican la intervención económica, y no, como equivocadamente lo plantea el actor, presupuestos para que ésta se ejerza", aseveración que basa en fallo de la Corte de 27 de septiembre de 1972, en que se dijo:

"Obsérvese que si las leyes de intervención deben armonizar con las de planes y programas, no por ello carecen de virtud propia e independiente. Las leyes de intervención viven por sí solas y hacen parte, se enclavan, de modo más o menos congruente, en la planificación económica del país" (G.J. 2364-233);

c) No acepta el Procurador tampoco que la facultad que la Ley 7ª referida, parágrafo de su artículo 3º, otorgó al Gobierno, esté agotada, ya que "mientras el legislador no modifique el citado parágrafo, el Gobierno mantiene la facultad y la obligación de intervenir, por mandato de esa disposición legal", por lo cual también puede modificar preceptos de naturaleza legislativa, como los de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, porque el artículo 118-8 reconoce fuerza legislativa a este tipo de decretos;

d) "Cierto sí es que, al ejercer las facultades derivadas de una ley de autorizaciones, el Gobierno se halla obligado a observar los límites materiales y teleológicos que de ella se desprende, pero en orden a ejercer el "control de arrendamientos de las. habitaciones y locales urbanos", que dispone la ley, resulta inevitable condicionar la validez o la eficacia de los contratos respectivos o requisitos de carácter imperativo, o disponer la prórroga automática de tales contratos, o, en fin, someter a directrices, y, aún a categóricas normas generales, la determinación de los denominados 'elementos naturales' y 'elementos accidentales' del contrato cuya precisión, en principio, hubiere correspondido a los propios particulares en ejercicio de su libertad o discrecionalidad dispositiva.

"Verdad es, también, que si tales condicionamientos a la libertad dispositiva y al ejercicio del derecho de propiedad, carecen de relación con la limitación teleológica que supone la ley de autorizaciones, puede sostenerse, válidamente, un cargo de inconstitucionalidad por el exceso del Gobierno en el uso de las autorizaciones concedidas por el Congreso. Más, en este caso, ese cargo específicamente no ha sido sostenido por el actor, ni este Despacho advierte que pueda predicarse de ninguna de las disposiciones acusadas";

e) Desestima también el cargo de inconstitucionalidad por supuesto de desconocimiento del principio de la igualdad ante la ley, porque cuando, como en este caso, "ante diversas hipótesis de hecho (valores catastrales de los inmuebles) el legislador... dentro de la órbita de las valoraciones que le corresponden, prevé, por regla general, diversas consecuencias de derecho", no se está vulnerando dicha igualdad.

II. Consideraciones de la Corte

La Corte es competente para conocer de esta demanda, porque como lo tienen bien establecido la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y lo anota el Procurador, el Decreto acusado es de aquéllos con fuerza legislativa que pueden ser dictados por el Gobierno cuando, en los términos del ordinal 11 del artículo 76, y de los artículos 118-8 y 214, el Congreso le ha concedido autorizaciones para "ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional", mediante ley que, para el caso es la 7ª de 1943.

A la responsabilidad de dirigir la economía que el constituyente atribuyó al Estado en el artículo 32 de la Constitución, corresponde la potestad del mismo para intervenir esa actividad económica. Tal intervención se justifica por objetivos de orden técnico, como los de racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral, esto es el crecimiento y la consiguiente y equitativa distribución de la riqueza, y por propósitos políticos y de justicia social, como cuando se procura el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular, que es la finalidad perseguida por el Decreto que se estudia.

El campo de la intervención comprende toda la actividad económica, todos los bienes y servicios públicos y privados, y todo el proceso que va de la producción hasta el consumo, pasando por las fases de utilización y distribución de aquellos bienes y servicios. Por tanto, las regulaciones sobre arrendamientos urbanos son campo propio de esa intervención.

De otra parte, la intervención no es facultativa sino obligatoria, es un imperativo; no es facultad que el Estado pueda mantener inerte o emplear tan solo ocasionalmente. De ahí que sus mandatos deban ser continuados, permanentes.

Es preciso apuntar que la iniciativa o mandato para intervenir compete al Congreso, quien define qué, a quiénes, cuándo y para qué se ordena la intervención, y la ejecución de ese mandato corresponde al Gobierno, aplicando el principio de separación de poderes, de acuerdo con lo que dejó sentado la Corte en fallo del 5 de abril de 1978 (G.J. CLV1I, 83).

De otro lado, los límites de la intervención resultan del propio artículo 32, en cuanto la intervención no puede desconocer la propiedad privada que es el supuesto de nuestro régimen económico, ni la libertad de empresa y la iniciativa privada, que son el impulso del sistema. Lo intervenido es, pues, el sector privado de la economía, para acordar el interés particular con el público o bien común.

Sin que tales límites, sin embargo, puedan impedir que el Estado planifique indicativamente ese sector privado, pueda concertar políticas y programas económicos con empresarios particulares, así como establecer monopolios estatales, pero también puede expropiar por fines de utilidad social y aún "nacionalizar", según fallo de 18 de noviembre de 1982, aunque sin llegar a la confiscación .

También debe agregarse, para completar este marco conceptual, que la autorización o mandato de la ley para intervenir algún aspecto económico es permanente, si la propia ley no ha establecido expresamente límites temporales a esa decisión.

Lo primero que debe establecerse para resolver el caso que se juzga es que la Ley 7ª de 1943, con base en cuyo artículo 3°, parágrafo, se expiden las normas del Decreto acusado, está vigente, como resulta del fallo dictado por la Corte Suprema el 25 de agosto de 1969, que a su vez se fundamenta en el proferido por la misma Corte el 30 de noviembre de 1948, en el cual fue declarado exequible el parágrafo citado, decisión cuya fuerza de cosa juzgada es reconocida por la primera de las referidas sentencias.

En consecuencia, no prosperan los cargos de inconstitucionalidad contra el Decreto número 3817 que se apoyan en el agotamiento o temporalidad del mandato para establecer el control de arrendamientos, porque el Gobierno ya había ejercitado tal facultad, así como el que pretende sugerir una posible derogatoria tácita de ese mandato, en razón de las modificaciones introducidas en el texto constitucional de 1945, especialmente en lo tocante al modo de intervenir, pues en 1936 se disponía que ello fuera hecho "por medio de leyes", y en 1945 se indicó que debía obrarse "por mandato de la ley".

O sea que la potestad atribuida al ejecutivo en 1943 para efectos de aquel control subsiste, ya que no se trata de una "habilitación extraordinaria", como sostiene el demandante, puesto que la intervención económica a partir de 1945 no es facultativa o potestativa, como la concibió el constituyente de 1936, sino obligatoria y, por tanto, permanente y continuada una vez que la ordena la ley, salvo que ella misma la limite en el tiempo, que no es el caso del artículo 3º de la Ley 7ª.

En el mismo orden de ideas, es necesario reiterar lo que la Corte dijo en sentencia del 5 de abril de 1978, en el sentido de que el legislador tiene la iniciativa en materia de legislación económica y sus modalidades. Pero el ejecutivo, una vez investido de esa potestad, la puede ejercitar mientras esté vigente el mandato legal tantas veces cuantas sean necesarias para su cabal cumplimiento. De modo que al ejercitar esa potestad el ejecutivo no se está convirtiendo en un legislador extraordinario permanente, sino que se mueve apenas dentro de su obligación constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley, es decir, dentro de su típica función ejecutiva, por medio de los especiales instrumentos que le da el artículo 32.

No es admisible equiparar, como lo intenta el actor, un mandato legal para organizar y poner en funcionamiento un organismo estatal como la Sala Constitucional de la Corte, que es el ejemplo propuesto por aquél, la cual se agota al ser cumplida, con el mandato legislativo para establecer el control de arrendamientos porque, obviamente, un tal control tiene, de suyo, una duración indefinida que por lo mismo exige permanente reajuste, y que en ningún caso puede pensarse como control instantáneo u ocasional, pues perdería los efectos económicos y sociales que se quieren corregir con esa medida.

No asiste tampoco razón al demandante cuando considera que la tabla diferencial de porcentajes que establece el artículo 1º del Decreto acusado para determinar, con base en el avalúo catastral, el arrendamiento correspondiente, rompe el principio constitucional de la igualdad ante la ley. Y no lo quebranta porque la disposición se limita a dar trato diferente a situaciones diferentes, o sea, por el contrario, a dar aplicación a ese principio. La igualdad de trato se exige respecto de quienes se encuentren en la misma situación, pero no se predica entre situaciones sustancialmente distintas. Esto es que, como lo dice el demandante, "las obligaciones y derechos derivados de la propiedad son iguales...", de modo que los propietarios tienen los mismos derechos, pero no tienen derecho a lo mismo, pues la justicia impone la proporcionalidad que resulta de las desigualdades de hecho, so pena de desconocer la equidad.

De manera que el Gobierno no ha hecho otra cosa que intervenir en el arrendamiento de bienes inmuebles urbanos, teniendo por objetivo "la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular", como manda el artículo 32 constitucional.

Ni es fundada la tacha de inconstitucionalidad que pretende condicionar toda la intervención económica del Estado a la existencia previa de un plan formalmente establecido, de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, lo cual implica "la expedición de una ley orgánica que debe contener varias leyes-cuadro para hacer posible su cumplida y ágil ejecución", según palabras del demandante, de lo cual concluye que la reforma de 1968 derogó las leyes de intervención dictadas con anterioridad, en tanto respecto de ellas no se acató aquella condición.

En este punto la Corte debe hacer una precisión conceptual: la planeación del desarrollo económico y social no es un requisito ni un supuesto de la intervención; la planeación es uno de los medios para intervenir la economía, es una técnica intervencionista, un método, al lado de otros muchos como el establecimiento de monopolios estatales, la nacionalización de empresas privadas, la creación de industrias oficiales, etc.

Esto es que puede haber intervención sin planeación, y la hubo y la ha habido, pues fue incorporada expresamente en el Acto Legislativo número 1 de 1936, anterior al Acto Legislativo número 1 de 1945, que fue el que estableció por primera vez la planeación en la economía y en las obras públicas, y porque no se puede admitir que la circunstancia de que el Congreso no haya organizado la comisión que debe darle curso a las leyes de planes, tenga como consecuencia la anulación de la competencia interventora.

Los planes de desarrollo concretan la política y los propósitos de la intervención del Estado en los sectores que comprenda la planeación; pero al margen de la misma puede seguirse ejercitando una intervención particular y aún ocasional, con base tanto en el artículo 32 como en el ordinal 14 del artículo 120 de la Constitución.

No se puede aceptar, de otro lado, el presunto efecto derogatorio de la Reforma Constitucional de 1968 porque, en primer lugar, lo mismo podría predicarse de la reforma de 1945, y en segundo término, porque la validez de una norma legislativa en el aspecto formal no puede depender de la exigencia posterior de condiciones que no establecía la Constitución vigente cuando fue expedida aquélla.

Sostiene el demandante que la autorización para intervenir en el contrato de arrendamiento de bienes inmuebles urbanos ni implica delegación de la facultad legislativa ni alcanza, por tanto, para variar la regulación legislativa de dicho contrato, pues lo contrario sería violatorio de los artículos 55, 76, ordinales 11 y 12, y 118-8 de la Constitución.

Para despejar este problema es preciso fijar la naturaleza de las leyes y decretos que se dictan en desarrollo del artículo 32 de la Constitución. La Corte cree que aquéllas no se distinguen de las leyes ordinarias, salvo por su contenido y por la vía empleada, que es una orden al ejecutivo para intervenir en todos los aspectos o en alguno de ellos (producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios públicos y privados), indicando no sólo qué se interviene y las modalidades y mecanismos que puede emplear el Gobierno, ya mediante restricciones de una actividad, incentivos de la misma, o establecimiento de costos, precios, tarifas, márgenes de utilidad o comercialización, cuotas de absorción de materia prima nacional, prohibición u obligación de exportar, o fijación de contratos condicionantes de la respectiva actividad.

Pero ese contenido específico que hace de las leyes de autorizaciones sobre intervención unos estatutos técnico-económicos muy especiales, no los convierte en leyes distintas a las comunes, particularmente en lo tocante con su vigencia, que es indefinida, salvo disposición expresa en contrario, ni las convierte en leyes normativas u orgánicas, porque este último carácter sólo lo tienen la ley del plan de desarrollo económico y social y la reguladora de las leyes anuales de presupuesto, porque así las denominó la propia Constitución. De manera que las leyes emanadas del artículo 32 de la Constitución no implican un condicionamiento especial de la potestad legislativa que genera en el Gobierno, distinta a la derivada de su propio contenido y términos.

a) Desde otro punto de vista y establecido lo anterior, puede analizarse así el contenido del Decreto que se juzga. El artículo 1º establece, a partir del 1º de enero de 1983, determinar el precio del arrendamiento de inmuebles en áreas urbanas mediante el señalamiento de porcentajes correspondiente gradualmente a una tabla de avalúos catastrales, y comprende también los que se destinen a oficinas, consultorios, locales de profesionales y parqueaderos, modalidad de control que no es inconstitucional, para lo cual basta recordar que la Corte ha declarado exequibles anteriores congelaciones de cánones de arrendamiento fundadas en la misma Ley 7ª de 1943. Estos porcentajes se calcularán proporcionalmente sobre el área arrendada en el caso de que el arrendamiento no se refiera a la totalidad del bien arrendado;

b) El artículo 2º excluye del control los contratos regulados por el Código de Comercio, artículos 115 y ss., los contratos en que se presente subarriendo total o parcial o cambio de destinación, sin que exista autorización contractual al efecto, ya que entonces el arrendador podrá iniciar el juicio de lanzamiento o convenir libremente el precio, y los contratos que recaigan sobre inmuebles con avalúo catastral superior a $4.000.000, si se trata de vivienda, o de $3.000.000, si tienen destinación distinta. Sobre tales excepciones tampoco hay reparo de constitucionalidad que hacer;

c) En cambio, el inciso primero del artículo 3º es inexequible, pues un condicionamiento como el que hace del cobro del precio de arrendamiento a la circunstancia de que el arrendador esté a paz y salvo por concepto del impuesto sobre predial y complementarios, es inconstitucional porque sujeta el ejercicio de las facultades propias del derecho de dominio al cumplimiento de una obligación fiscal para con un municipio, extraña completamente tanto a la relación contractual de que se trata como a la naturaleza de la potestad interventora que se está aplicando para fines de justicia o mejoramiento social, independientes de las cuestiones tributarias. Resultan así lesionados tanto el artículo 30 como el 32 de la Constitución.

Por igual razón es inconstitucional en el parágrafo del artículo 3º la parte que prescribe que el certificado de paz y salvo de que se viene hablando forma parte del contrato de arrendamiento.

Adicionalmente, es pertinente hacer notar cómo al establecer aquel condicionamiento se viola así mismo el ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución, porque la autorización que la Ley 7ª de 1943, en su parágrafo, otorgó al Gobierno está limitada a la implantación de un control de arrendamientos, materia precisa que no comprende ningún aspecto tributario, por lo cual resulta abiertamente inconstitucional lo que dispone el inciso del artículo 3° del Decreto acusado respecto del impuesto predial y sus complementarios, al desbordar las referidas autorizaciones legales. No así en cuanto a la exigencia e incorporación del certificado sobre avalúo catastral del inmueble urbano de que se trate, ya que este es un requisito esencial para el cumplimiento de la tabla de valores que señala el artículo 1º del Decreto número 3817;

e) Los artículos 5º, 6º, 1º y 8º contienen disposiciones sobre la restitución del inmueble al arrendador no por el simple vencimiento del término del contrato, caso en el cual no existe tal derecho si ha habido pago oportuno del precio, sino para habitarlo personalmente, para ocuparlo con su propio negocio o para reconstruirlo, repararlo o efectuar una nueva construcción, para lo cual remite al artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, y se precisa que conocen de estos procesos los jueces competentes para los juicios de lanzamiento, agregando que el Banco Central Hipotecario queda autorizado para recibir pagos por consignación de los arrendatarios, como lo viene efectuando el Banco Popular.

Tampoco hay violación alguna de la Constitución por parte de estos preceptos, los cuales son reproducción de normas semejantes de los decretos que habían regulado anteriormente este control y que habían sido declarados constitucionales por la Corte;

f) Finalmente, el artículo 9º deroga las disposiciones contrarias y aclara que continúan vigentes "todas las normas contenidas en los decretos sobre control de arrendamientos en cuanto no contraríen manifiesta o tácitamente lo dispuesto en este Decreto". Aclaración que no es sino aplicación de una regla común de interpretación jurídica, que tampoco peca de inconstitucionalidad.

No ignora la Corte que el Gobierno expidió el Decreto número 160 de 1983, también sobre el control de arrendamientos de que se trata, cuyo artículo 2º, inciso 2º, establece norma semejante a la del artículo 3º que se está juzgando, pero como su preceptiva quedó condicionada a la validez y vigencia del Decreto número 3817 no hay obstáculo para que la Corte se pronuncie en esta oportunidad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, con base en estudio de su Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Declarar exequible el Decreto número 3817 de 1982, "por el cual se dictan normas sobre control de arrendamientos en bienes inmuebles ubicados en áreas urbanas", hecha excepción del inciso del artículo 3º en su totalidad y de las expresiones" como el certificado de paz y salvo..." en el parágrafo del mismo artículo 3º, las cuales son declaradas inexequibles.

Cópiese, comuníquese, publíquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Eduardo Gnecco Correa, Presidente; Jerónimo Argáez Castello (con salvamento de voto); Luis Enrique Aldana Rozo, Hernando Baquero Borda, Ismael Coral Guerrero, Manuel EnriqueDaza A. (con salvamento de voto); José María Esguerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras, Manuel Gaona Cruz, Germán Giraldo Zuluaga (con salvamento de voto); HéctorGómez Uribe, GustavoGómez Velásquez (con salvamento de voto); Juan Hernández Sáenz (con salvamento de voto); Alvaro Luna Gómez, Carlos Medellín, Ricardo Medina Moyano, Humberto Murcia Ballén (salvo el voto); Alberto Ospina Botero, Alfonso Reyes Echandía, Luis Carlos Sáchica,Jorge Salcedo Segura (con salvamento de voto); Pedro Elias Serrano Abadía, Fernando Uribe Restrepo, Darío Velásquez Gaviria.

Rafael Reyes Negrelli

Secretario

Salvamento de voto

Del Magistrado Manuel Enrique Daza Alvarez.

Considera el suscrito Magistrado que el Decreto número 3817 de diciembre 30 de 1982, es totalmente inconstitucional por las siguientes razones:

El parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª de 1943 dice lo siguiente:

"Autorízase igualmente al Gobierno para dictar las medidas necesarias, a fin de establecer el control de los arrendamientos de las habitaciones y locales urbanos".

Es claro, es evidente que el parágrafo visto sólo autoriza el control de arrendamientos de habitaciones y locales comerciales. Únicamente eso y nada más. Empero el mencionado Decreto desborda esa concreta y específica autorización que el Congreso le dio al Gobierno mediante la norma transcrita y por virtud del numeral 11 del artículo 76 de la Constitución Nacional, puesto que no se limita al control de arrendamiento de habitaciones y locales comerciales sino que llega hasta modificar el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil.

El citado Decreto debe ceñirse al poder o facultad que emana del Parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª de 1943 en vez de excederlo e hipertrofiado porque de este modo lo quebranta notoriamente y, por ende, viola el numeral 11 del artículo 76 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, la Constitución en sus artículos 30 y 32 le señala al país una orientación de propiedad privada, de libertad de empresa e iniciativa privada. Es cierto que el artículo 30, inciso 2º, expresa que "la propiedad privada es una función social que implica obligaciones", o sea que la comunidad le puede exigir al propietario que su propiedad no sólo le sea útil a él sino también a ella, empero no es menos cierto que la propiedad tiene un fin de utilidad individual para el propietario, cuyo derecho subjetivo lo reconoce la Constitución. No sólo nuestra Carta reconoce ese derecho subjetivo sino la de todos los países del mundo, incluida la de la Unión Soviética que en su artículo 10 consagra la propiedad personal que puede ser transmitida incluso por herencia, no obstante que su sistema jurídico-económico es diferente al de Colombia en donde prevalece la propiedad e iniciativa privada como en todos los países occidentales con excepción de Cuba.

Pero ese fin de utilidad individual para el propietario que sin duda reconoce la Carta, el cual fue advertido por el eminente jurista Carlos Lozano y Lozano al debatirse el precitado artículo 30, lo destruye el Decreto número 3817 de 1982 y le asesta un golpe de muerte económica al pequeño y mediano propietario que integra la clase media base fundamental del sistema democrático en Colombia -(el gran propietario está fuera del segador alcance económico del Decreto)-, pues los precios

de arrendamiento señalados en esa norma son ruinosos en un país de elevado índice de inflación y de acelerada desvalorización de la moneda, y donde esos discriminados propietarios deben pagar impuestos por concepto predial, renta y patrimonio, además costear el mantenimiento de la pequeña o mediana propiedad que sufre los daños ocasionados por los arrendatarios y cuyas reparaciones son cuantiosas, siendo cada día mayores, más el pago de los costosos honorarios profesionales de los abogados que se requieren para atender los juicios de lanzamiento por incumplimiento de los arrendatarios, lo cual es de ocurrencia muy frecuente. Los irrisorios precios señalados en el Decreto de marras sólo pueden dejar pérdidas a los reseñados propietarios, y ninguna utilidad, de ahí por qué se haya paralizado el mercado de finca raíz en el país, produciendo efectos negativos en la industria de la construcción que es la que mayor mano de obra emplea en Colombia. La falta de equidad de ese Decreto es ostensible. Olvida que en un estado de derecho como el nuestro no se puede escoger a un sector de la población para hacerle nugatorio su derecho a la utilidad individual que provenga de su pequeña o mediana propiedad, sin que la comunidad se beneficie con tal acto, mientras los otros siguen gozando, y muchos abusando, de ese derecho. El sistema socialista sólo puede aplicarse integralmente, aboliendo para todas las personas, naturales o jurídicas, de un país la propiedad privada y poniendo en cabeza del Estado todos los medios de producción, pero no a pedazos, ni a base del sacrificio solitario de la clase media, así no se implanta el socialismo sino la demagogia que quebranta la ley, degenera la democracia y anarquiza la economía originando pobreza y desolación.

El desconocimiento del derecho a la legítima utilidad individual del pequeño y mediano propietario que encierra el Decreto en referencia, viola de modo manifiesto, como se ha expuesto, el artículo 30 de la Constitución Nacional.

Por las razones expresadas el Decreto número 3817 del 26 de diciembre de 1982 es totalmente inexequible.

En los anteriores términos el suscrito Magistrado deja consignado su salvamento de voto.

Fecha, ut supra.

Manuel Enrique Daza Alvarez.

Salvamento de voto

De los Magistrados Juan Hernández Sáenz, Jerónimo Argáez Castello, Germán Giraldo Zuluaga, Gustavo Gómez Velásquez, Humberto Murcia Ballén y Alvaro Luna Gómez.

1. Ciertamente la Ley 7ª de 1943, en el parágrafo de su artículo 3º, habilitó al Presidente de la República para implantar el control de los arrendamientos de habitaciones y locales urbanos y que, de esta manera, lo estableció mediante el Decreto número 2768 de 1946, que inicialmente rigió hasta el 30 de enero de 1948 y fue prorrogado varias veces, la última de ellas por el Decreto número 178 de 1951, que le dio vigencia hasta el 31 de enero de 1952.

2. Pero luego el Decreto número 2341 de 1951, al encontrar que ya se había logrado la estabilidad económica del país, que era el objetivo de la Ley 7ª, suprimió el control de precios y derogó, entre otras normas, el Decreto número 2768 de 1946, que intervenía los arrendamientos y, a su vez, el Decreto número 1494 de 1955, dictado con invocación expresa de la Ley 7ª de 1943, eliminó ese control para los productos derivados del petróleo.

3. Desistió pues en forma expresa y clara el Presidente de la República de la facultad que le confería la susodicha Ley 7ª para controlar el precio de los arrendamientos, sin que el contenido del artículo 4º del Decreto número 2341 permita suponer lo contrario, desde luego que el Presidente no podía autoprorrogarse hacia el futuro una atribución que dejaba agotada definitivamente con aquel desistimiento.

Regresó entonces al Congreso, a quien genéricamente le incumbe legislar de acuerdo con la Constitución, la potestad de regular todo lo relativo a los arrendamientos.

4. Tanto es así que cuando más adelante fue restablecido este control, no se invocó la facultad conferida por la Ley 7ª sino que el Presidente utilizó las que concede el artículo 121 de la Constitución en el estado de sitio para congelar el precio de los arrendamientos en el que se pagara el 31 de diciembre de 1955, según lo dispuso el Decreto Legislativo número 1070 de 1956 y ulteriormente todo lo relativo a esa materia fue regulado mediante tal especie de Decretos, como lo son el 1943, el 1849 y el 2613, todos ellos de 1956, que adicionaron o modificaron el aludido Decreto número 1070, los primeros, o introdujeron variaciones en el trámite de los lanzamientos, el último de ellos.

5. La circunstancia de que el Presidente de la República, después de haber desistido de controlar el precio de los arrendamientos en 1951, hubiera optado por el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 121 de la Carta Política para implantarlo nuevamente es muestra evidente de que desde entonces halló agotada la potestad que antaño le concedía la Ley 7ª de 1943. Y el hecho de que el legislador, así fuese en tal oportunidad el extraordinario, se hubiese ocupado en forma directa de regular el aludido control, ostenta así mismo que el parágrafo del artículo 3º de la Ley 7ª ya no le permite al Presidente expedir normas sobre la materia sino que necesita una nueva habilitación del legislador. Este criterio resulta más indiscutible todavía si se recuerda que la Ley 141 de 1961 adoptó como leyes los Decretos Legislativos dictados desde el 9 de noviembre de 1949 hasta el 20 de julio de 1958, es decir, les dio vigencia permanente a preceptos que la tenían efímera al principio, dentro de los dictados del artículo 121 de la Constitución.

6. Nada mas cabe añadir para hallar incontrovertible que el Decreto número 3817, ahora acusado, infringe los artículos 32 y 76 de la Constitución. Lo primero, porque interviene en una actividad económica de los particulares, el arrendamiento de inmuebles urbanos, sin un previo mandato de la ley que s encuentre vigente. Lo segundo, porque, bajo el pretexto de tal intervención, asume poderes que constitucionalmente le corresponden al Congreso, como son expedir leyes o códigos y modificarlos.

Estas son las razones de nuestro disentimiento absoluto con el fallo que declara ajustado a la Constitución Política el Decreto aludido.

Fecha, ut supra.

Juan Hernández Sáenz, Jerónimo Argáez Castello, Germán Giraldo Zuluaga, Gustavo Gómez Velásquez, Humberto Murcia Ballén, Alvaro Luna Gómez.

Salvamento de voto

Del Magistrado Jorge Salcedo Segura en relación con la constitucionalidad del decreto sobre congelación de arrendamientos, por razón de la competencia de la Corte para declararla.

No podría jamás entenderse la razón de ser de mi disentimiento sin previamente conocer las razones que motivaron mi disidencia a lo resuelto por la Corte en relación con la competencia de la corporación para conocer de la constitucionalidad del Decreto número 3817. Ocurrió que a propósito de una solicitud para que se declarase la Corte incompetente y enviase el expediente al Tribunal Disciplinario para desatar una presunta colisión de competencia, sostuve la tesis de que el Decreto ahora examinado había sido dictado por el Gobierno con fundamento en el artículo 32 de la Constitución y, en consecuencia, en desarrollo de lo establecido en el artículo 214 ibidem la Carta no era competente, por no señalar la norma últimamente citada los decretos dictados con apoyo en el artículo 32 de la Carta. Se me refutó mi apreciación con argumentos como el de que con fundamento en tal principio constitucional que consagra la intervención, el Gobierno no podía dictar decretos y sí, como en realidad lo hizo en el ahora examinado, se había invocado precisamente esa norma, el ejecutivo se había equivocado. Todo indicaba, entonces, que la Corte, consecuente con su tesis, y reafirmando lo expuesto en ese auto, ha debido examinar el Decreto número 3817 a la luz de la norma constitucional con fundamento en la cual se dictó, el ordinal 11 del artículo 76, y por la cual derivaba su competencia. Empero, para gran sorpresa mía, no fue así, sino que, por el contrario, todo el examen que hizo la Corte en la sentencia de que discrepo se hizo sobre la base (ciertamente inconmovible) de que la norma examinada no era otra cosa que el cumplimiento del mandato de intervención contenido en la Ley 7ª de 1943 en desarrollo del artículo 32 de la Constitución. De tal suerte que la Corte, en el mismo proceso, consagró dos principios francamente contradictorios entre sí. En el auto se dijo que el Decreto no podía ser desarrollo del artículo 32 de la Constitución, porque la Corte sería incompetente, y era preciso sostener su competencia a ultranza. Pero en la sentencia se enfoca todo el asunto sobre la base de que el Decreto sí se dictó tomando como fundamento el referido artículo 32, y tanto es ello así que para sustentar su argumentación la Corte lo citó expresamente en numerosos pasajes. Se presenta entonces una situación según la cual para establecer su propia competencia el Decreto no se pudo fundar en el artículo 32, pero para examinar el Decreto en el fondo, para lo cual se arrogó competencia, ahí sí se acepta que el Decreto no pudo tener etología constitucional diferente del artículo 32 sobre intervención. La sentencia es pues la más incipiente que haya podido dictar la corporación en toda su existencia.

Yo no puedo, en el mismo proceso, sostener una tesis en un auto previo y todo lo contrario en la sentencia. En consecuencia, sigo sosteniendo que la Corte no es competente para conocer de la constitucionalidad del Decreto número 3817, porque fundándose, como se fundó, en el artículo 32 de la Carta, la competencia para conocer del mismo corresponde al Consejo de Estado. Pero si yo fuese Magistrado del Consejo y no de la Corte y como tal tuviese que conocer del citado Decreto, con gusto suscribiría la sentencia de que ahora discrepo, porque establecido previamente que el Decreto tiene como fundamento el artículo 32 de la Constitución, en desarrollo del mandato intervencionista impartido por el legislador en la Ley 7ª, de 1943, el Gobierno podía hacer todo lo que hizo y aún más.

Estimo que habiendo dicho la Corte en el auto en que señaló su competencia que el Decreto número 3817 tuvo como fundamento el artículo 76-11, ha debido examinar aquél a la luz de éste. Y así enfocado el asunto, ha debido predicar su inconstitucionalidad, toda vez que la delegación de la competencia legislativa del Congreso al Gobierno debe hacerse a la luz del artículo 76-12, con límite en el tiempo; la autorización genérica del artículo 76-11 no podía para la época en que se dictó la Ley 7ª, en 1943, facultar al Gobierno para legislar. Y si se dijera, como ocurrió en el debate, que la enmienda de 1968 a propósito del artículo 118-8 le permite al Gobierno legislar con fundamento en el 76-11 allí citado, obviamente tan excepcional y al parecer antitécnica reforma sólo es aplicable para leyes de autorizaciones expedidas con posterioridad a tal enmienda. Enfocada entonces la ley de 1943, como lo predicó la Corte en el auto de competencia (contrariando lo que ya había dicho sobre esa ley en la sentencia de 30 de noviembre de 1949), como una autorización dada dentro del marco del 76-11 de la Carta, esa autorización únicamente era predicable en ese entonces para "otras funciones dentro de la órbita constitucional" pero desde luego de la misma naturaleza de las específicamente citadas en tal norma, o sea de carácter administrativo para los cuales se precisará autorización previa o posterior del legislador natural. Como las normas contenidas en el Decreto examinado son de carácter legislativo, toda vez que abrogan y subrogan principios contenidos en los Códigos Civil, de Comercio y de Procedimiento Civil, no era posible sostener su constitucionalidad con el simple soporte del 76-11 de la Carta. Y si, en consecuencia, la constitucionalidad había que deducirla inequívoca y unívocamente del artículo 32 de la Constitución, para hacerlo era preciso enviar el presente proceso de constitucionalidad el Consejo de Estado.

Declaro, según todo lo dicho, incorporado al presente salvamento el que hice a propósito del auto en que la Corte se arrogó su competencia. Y consecuente con el pensamiento allí expuesto, me separo de la decisión adoptada por la Corte, toda vez que si, como se dice en el fallo de que estoy discrepando, el fundamento del Decreto número 3817 es el artículo 32, del cual se hacen innumerables citas y glosas, el competente es el Consejo de Estado.

Dejo en los anteriores términos explicada la razón de mi disidencia.

Fecha, la de la sentencia.

Jorge Salcedo Segura.