300Corte SupremaCorte Suprema30030001904Rodríguez P191302/09/1913Rodríguez P_1913_02/09/191330001904Corte Suprema de-Justicia Sala de Negocios Generales-Bogotá, dos de septiembre de mil novecientos trece. (Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.). Vistos: 1913
Luis Forero RubioDemanda de inequebilidaidad contra el Decreto número 393 de 23 de 1913Identificadores30030001905true73801Versión original30001905Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inequebilidaidad contra el Decreto número 393 de 23 de 1913


Corte Suprema de-Justicia Sala de Negocios Generales-Bogotá, dos de septiembre de mil novecientos trece.

(Magistrado ponente, doctor Rodríguez P.).

Vistos:

El doctor Luis Forero Rubio ha acusado de inexequible el Decreto número 393 de 23 de abril del año en curso, por considerarlo inconstitucional, y ha presentado el número del Diario Oficial en el cual fue publicado.

Presentado por el señor Procurador el concepto correspondiente, se procede a resolver la solicitud.

El Decreto acusado se dio, según sus considerandos, para reglamentar el denuncio de las minas de petróleo, en atención a que el artículo 112 del Código Fiscal de 1912 sometió la adjudicación de ellas al mismo procedimiento que la de las minas de oro de aluvión, y a que no es posible en la práctica que sea rigurosamente igual el procedimiento para la adjudicación de las de petróleo a las de oro de aluvión, por ser unas y otras de naturaleza diferente.

Basado en esto y en razones de conveniencia para la riqueza nacional, el Decreto dicho dispuso lo siguiente:

"Artículo 1.° Una vez dado el aviso de que trata el artículo 8.° del Código de Minas, el interesado, dentro de los noventa días siguientes, comprobará la calidad de descubridor, llenando las formalidades siguientes:

"Artículo 2.° Para que un individuo sea considerado como descubridor de un yacimiento petrolífero deberá acompañar a la solicitud el correspondiente análisis técnico demostrativo de que se trata realmente de una mina de petróleo y no de simples descomposiciones orgánicas con las cuales fácilmente se confunde aquella sustancia.

"Artículo 3° Deberá también presentar muestras del petróleo, bien en forma líquida, bien en forma sólida.

"Artículo 4.° Presentará igualmente dos planos científicos, uno superficial del terreno en que está ubicada la mina, con exacta indicación de sus límites, y otro en el que, por los sondajes al menos, se indique la naturaleza y accidentes geológicos del terreno, la extensión, localización y disposición de-las napas, bolsillos o lagos de petróleo, su profundidad, etc.

''Artículo 5.° La solicitud, las muestras y los planos se enviarán por la respectiva. Gobernación al Ministerio de Obras Públicas, para que este Despacho haga examinar los planos y comprobar el análisis.

"Artículo 6.° El Ministerio de Obras Públicas, hecho el examen de los planos y comprobado el análisis, los devolverá al respectivo Gobernador, junto con la solicitud, al pie de la cual se extenderá un auto en el que se reconozca o nó, según el caso, la calidad del descubridor del solicitante.

"Artículo 7.° Sin que al escrito de denuncio se acompañe la declaratoria de descubridor hecha por el Ministerio de Obras Públicas, no se le dará curso al expediente."

La acusación del solicitante a ese Decreto afirma que éste hace nugatorio el derecho consagrado por el artículo 112 citado del Código Fiscal, a causa, dice, de las formalidades que tal Decreto ha establecido para dar curso a los denuncios de minas de petróleo, formalidades que, conforme a ese artículo, deben ser las mismas requeridas para el denuncio de minas de oro de aluvión, pero que en virtud del Decreto, considera el peticionario, no son las mismas, sino diferentes, para el denuncio de las minas de petróleo.

Partiendo de esta aseveración, denuncia el demandante el Decreto dicho, como contrario a las siguientes disposiciones constitucionales:

1.a Al artículo 58 de la Constitución, en virtud del cual la potestad de hacer leyes reside en el Congreso, y que en sentir del peticionario la ha ejercido por el Decreto referido el Poder Ejecutivo, modificando y aun sustituyendo por éste el artículo 112 del Código Fiscal, por el hecho de exigir para el denuncio de minas de petróleo comprobaciones que no prescribe la ley para el de las minas de oro de aluvión, especialmente la de un análisis técnico demostrativo de que la mina denunciada es realmente de petróleo, y la de un plano superficial del terreno donde está, y otro en que se indiquen la naturaleza y accidentes geológicos del terreno, etc.

2.a Al artículo 31 de la misma Carta, porque considera el peticionario que el derecho a denunciar minas de petróleo, en virtud de la ley que lo concedió, es derecho adquirido que no puede ser vulnerado por leyes o decretos posteriores.

3.a A los artículos 57 y 61 de la propia Carta, porque juzga el actor que la atribución que el Decreto da al Ministro de Obras Públicas para resolver si el denunciante de una mina de petróleo se reputa descubridor de ella, es una especie de facultad judicial, incompatible con la separación de los poderes públicos, y con la prohibición a toda persona o corporación de ejercer simultáneamente, en tiempo de paz, la autoridad política y la judicial.

4.a Al artículo 26 del Estatuto Fundamental, por cuanto conceptúa el demandante que la Resolución del Ministro de Obras Públicas, acerca de la calidad de descubridor en el denunciante de una mina de petróleo, es un fallo que no corresponde al Ministerio, sino al Tribunal competente, conforme a ese artículo.

5.a A los artículos 5.° y 6.° del Acto legislativo número 3.° de 1910, porque cree el peticionario que los gastos que tiene que hacer el denunciante de una mina de petróleo, para acreditar, como lo requiere el Decreto, que es realmente descubridor de ella, es una privación de la propiedad impuesta por aquél, no siendo en los casos en que se puede privar de ella, al tenor de esos artículos.

6.a Al artículo 80 de la Carta, por cuanto conceptúa el solicitante que el Decreto acusado modifica el Código de Minas, el cual, como ley sustantiva, no puede ser modificado sino por ley iniciada, como previene ese artículo, y que modifica el Decreto ese Código, porque lo dispuesto en él no es una adaptación de las disposiciones para los de nuncios de minas de oro de aluvión a los denuncios de minas de petróleo, una vez que para los de aquéllas no se exige el análisis demostrativo de que son de oro, ni el levantamiento de un plano superficial del terreno, y de otro indicativo dé la naturaleza del mismo terreno, etc., como los requiere el Decreto para los denuncios de las de petróleo; y

7.a A los artículos 164 de la Constitución y 42 del Acto legislativo número 3.° de 1910, por juzgar el peticionario que el Decreto acusado inviste de la autoridad judicial al Ministro de Obras Públicas, para decidir sobre la calidad de descubridor del denunciante de una mina de petróleo, autoridad que corresponde a los Jueces ordinarios o a los funcionarios de lo contencioso administrativo, según el artículo 26 de la Carta y los citados por el peticionario.

Aparte de las alegaciones de inconstitucionalidad del Decreto en referencia, el demandante hace en contra de su conveniencia estas dos consideraciones especiales: 1.a,que es imposible hacer, para presentar el denuncio de una mina de petróleo, estudios que sólo se pueden hacer cuando se esté explotando; y 2.a, que el Decreto coloca en condición desventajosa a los denunciantes de esas minas, respecto a la Casa Pearson, a la cual ha concedido el Gobierno, por contrato celebrado con ella, el privilegio de que se le adjudiquen las que denuncie dentro de determinada extensión y tiempo, Casa que además tiene por el contrato el privilegio de explorar una o más regiones del territorio nacional, para descubrir tales minas.

Termina el demandante diciendo que la solicitud que presenta difiere de la que presentó sobre inexequibilidad del mismo Decreto el doctor Bonifacio Vélez, que le fue negada por esta Superioridad, y que por ello no hay cosa juzgada.

La Corte empieza por donde acaba el solicitante, esto es, considera en primer término si la presente petición es idéntica en sus fundamentos a la del citado doctor Vélez, teniendo ésta y la sentencia respectiva a la vista.

La solicitud del doctor Vélez se fundó en que el Decreto es contrario al ordinal 3.° del artículo 120 de la Constitución, porque lejos de reglamentar conforme a éste la ejecución del Código Fiscal, está en oposición con él, especialmente con su artículo 112, y con disposiciones del Código de Minas y de leyes que lo reforman, y en que vulnera y desconoce derechos adquiridos por los denunciantes de minas de petróleo.

Comparada esa solicitud con la que se está resolviendo, no tienen sino un fundamento común, que es el relativo a que el Decreto acusado viola los derechos adquiridos por los descubridores de minas de petróleo, pues los demás que sustentan la presente petición son alusivos a disposiciones constitucionales, diferentes de las que creyó violadas el doctor Vélez, bien que en rigor el esencial en una y otra solicitud es que el Gobierno ha ejercido por el Decreto en cuestión una facultad correspondiente a otra autoridad.

Esto no obstante, se toma en consideración, para resolverla, la solicitud actual del doctor Forero Rubio, porque los motivos especiales de inconstitucionalidad que invoca contra el Decreto, son distintos en cada una de tales demandas, salvo el ya indicado. Se estudian pues en seguida los motivos alegados por el peticionario.

1° En la resolución de esta Superioridad, que decidió el pedimento referido del doctor Vélez, sobre inexequibilidad del mismo Decreto que acusa hoy el doctor Forero Rubio, fechada en 12 de julio último, se consideró que las formalidades que prescriben sus artículos 1.° a 4 ° para acreditar el denunciante de una mina de petróleo que es descubridor de ella, a fin de que se dé curso al denuncio, si bien no coinciden exactamente con las que la ley establece para presentar el denuncio de una mina de oro de aluvión, sí son semejantes, y que por esto el Decreto se ajusta al artículo 112 del Código Fiscal, que señala para el denuncio de las minas de petróleo el mismo procedimiento establecido por la ley para el denuncio de las de oro de aluvión, y estimó que las condiciones requeridas por los artículos 5.° a 7.° del propio Decreto son complemento de esos primeros artículos, y aplicación por analogía del artículo 35 del Código de Minas, a causa de la unificación legislativa verificada desde 1886.

Juzgó en esa resolución esta Superioridad que las formalidades prescritas por el Decreto dicho para el denuncio de las minas de petróleo, caben dentro de la potestad constitucional que tiene el Presidente de la República para dictar resoluciones conducentes a la cumplida ejecución de las leyes, por su semejanza y aun identidad de alguna con las señaladas por la ley para el denuncio de las de oro de aluvión, porque no es posible identidad absoluta del procedimiento para el denuncio de las primeras con el de las segundas, por ser de naturaleza diferente aquéllas de éstas, lo que hacía indispensable que el Gobierno adaptara, en lo posible, el procedimiento legal a que obedece el denuncio de la de oro de aluvión, a las de petróleo a que alude el artículo 112 del Código Fiscal recientemente expedido.

Persiste ahora la Corte en este concepto, porque no hay razones de mayor fuerza que las en que él se basa, para modificarlo, y además, por lo que se expone a continuación.

Siendo las minas de petróleo, como es innegable que lo son, de naturaleza diferente a las de oro de aluvión, el procedimiento prescrito por la ley para el denuncio de éstas no puede ser idénticamente el mismo, por más que el Código Fiscal vigente hoy disponga que se siga para el de las primeras el establecido para el de las últimas. Por tanto era preciso que el Gobierno, que tiene la función constitucional de disponer lo conducente a la cumplida ejecución de las leyes, decretase cuál había de ser ese procedimiento. Esto es lo que ha hecho el Gobierno por el Decreto acusado, fundándose en tal razón y consultando la conveniencia pública en la explotación de las minas de petróleo. Luego si las formalidades prescritas en el Decreto no son idénticas a las señaladas en las leyes, ellos efecto de la necesidad de que se pueda cumplir el artículo 112 del Código Fiscal, necesidad a que tiene que proveer el Gobierno, puesto que se trata de un asunto administrativo.

Si las formalidades exigidas por el Decreto acusado fueran, como lo dice el solicitante, de costoso y aun imposible cumplimiento, esta Superioridad no tiene la misión de resolver en la cuestión ventilada puntos de hecho, como lo es el contenido en lo firmado por el peticionario. Le basta a ella no hallar el procedimiento prescrito en el referido Decreto, contrario a ley ninguna, como no lo ha hallado, para no considerarlo inexequible, en vista de ser necesario para cumplir determinada ley.

El privilegio que se haya concedido a la Casa Pearson en cuanto a adjudicación de minas de petróleo, y la condición desventajosa en que por él y por el Decreto acusado vengan a quedar los demás descubridores de esas minas, es también un punto de hecho sobre el cual nada puede decidir esta Superioridad.

Si el Decreto en cuestión y el privilegio a dicha Casa fueren perjudiciales para el descubrimiento de tales minas, en manos de los particulares está recabar del Gobierno la reforma del primero, y del Congreso la improbación o modificación del segundo, puesto que la Corte no puede remediar ni lo uno ni lo otro.

2.° Cierto es que los descubridores de minas de petróleo tenían derecho a denunciarlas desde antes de expedirse el Decreto acusado, pero la determinación por éste del procedimiento que se ha de seguir para denunciarlas no afecta ese derecho, puesto que, como ya se expuso, tal procedimiento no es contrario a ley ninguna, sino que es efecto de la necesidad de señalarlo.

3.° La atribución que el Decreto en debate asigna al Ministro de Obras Públicas, para calificar el carácter de descubridor de una mina de .petróleo, en vista de las comprobaciones que aquél requiere, no es fallo de naturaleza judicial, sino un acto administrativo sobre punto no controvertido, que no pugna con los artículos 57 y 61 de la Constitución, cuyo tenor ya se ha expresado.

4.° Por idéntica razón tampoco contraría el Decreto el artículo 26 de la misma Carta, y al cual considera el solicitante que viola.

5.° Los gastos que tenga que hacer el descubridor de una mina de petróleo para presentar el denuncio de ella, sean pocos o muchos, no constituyen una privación de su propiedad, puesto que el Fisco no aprovecha nada de lo impendido en ellos, y por tanto no viola el Decreto, por este aspecto, las disposiciones constitucionales citadas por el peticionario, sobre garantía de la propiedad.

6.° Como en virtud de lo qué se ha expuesto, el Decreto acusado no modifica el Código de Minas ni las leyes que lo han reformado, sino que dispone la forma en que se ha de cumplir una ley, no es contrario al artículo 80 de la Carta Fundamental.

7.° La calificación que el Ministro de Obras Públicas haga del carácter de descubridor de una mina de petróleo, de acuerdo con el Decreto denunciado, no corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como lo dice el solicitante, puesto que la ley no la ha establecido.

Según lo dicho hasta aquí, el Decreto acusado no es inexequible, por inconveniente que pueda considerársele.

En consecuencia, de acuerdo con el señor Procurador, en lo sustancial, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, niega la declaración de inexequibilidad del Decreto de que se ha tratado.

Notifíquese, cópiese, comuníquese al Ministerio de Obras Públicas e insértese en la Gaveta Judicial.

BARTOLOME RODRIGUEZ P.-augusto N. Samper-Alberto Suarez Murillo -Pedro Sanz Rivera, Secretario en propiedad.