300Corte SupremaCorte Suprema30030001867Samper191314/07/1913Samper_1913_14/07/191330001867Corte Suprema, de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, catorce de julio de mil novecientos trece. (Magistrado ponente, doctor Samper). Vistos: 1913
Sergio martinez AparicioINEXEQUIBILIDAD EL ARTICULO 2 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 899 DE 1907 Y LOS DECRETOS Nº 1220 DE 1908 Y 756 DE 1912Identificadores30030001868true73761Versión original30001868Identificadores

Norma demandada:  INEXEQUIBILIDAD EL ARTICULO 2 DEL DECRETO EJECUTIVO NUMERO 899 DE 1907 Y LOS DECRETOS Nº 1220 DE 1908 Y 756 DE 1912


Corte Suprema, de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, catorce de julio de mil novecientos trece.

(Magistrado ponente, doctor Samper).

Vistos:

Por medio de memorial presentado el nueve de agosto último, Sergio Martínez Aparicio, vecino de esta capital, haciendo uso del derecho que a todo ciudadano reconoce el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, en su carácter de socio ge, rente de la Casa de Palacio & Martínez Aparicio-y diciéndose agente oficioso del comercio, ha pedido a esta Superioridad que se declaren inexequibles el artículo 2.° del Decreto número 899 de 1907, el Decreto número 1220 de 1908 y el Decreto número 756 del año pasado, por estimar que tales Decretos están en pugna con lo que preceptúan el inciso 2.° del artículo 20 del ya citado Acto legislativo número 3 de 1910, y el inciso 11 del artículo 76 de la Constitución Nacional.

Previa la tramitación correspondiente, pasa la Corte a resolver lo que sea conforme a derecho, para lo cual aduce las consideraciones siguientes:

El artículo 9.° de la Ley sancionada el primero de mayo de mil ochocientas veintiséis, arreglando la navegación del Magdalena, estableció un impuesto de dos reales por cada carga de efectos extranjeros que se introdujeran para el interior por el rio Magdalena en los buques de que habla dicha Ley. Esta fue la primera ley que se expidió en el país, imponiendo un derecho sobre loa cargamentos que del Extranjero vinieran con dirección al interior, o sea un impuesto que venía a gravar al dueño de la mercancía.

El artículo 21 de la Ley de cuatro de junio de mil ochocientos cuarenta y tres, "arreglando el servicio de los patrones y bogas del río Magdalena," conservó el impuesto creado por la Ley de mil ochocientos veintiséis y dejó la misma cuantía de dos reales por carga; pero, dispuso que los cargamentos que pasaran sin haber verificado el pago, pagarían el duplo, además de los costos que se hicieran para recaudarlo.

La Ley 61 de 1878, "que ordena la limpia y mejora del río Magdalena," por medio de su artículo 4.°, dispuso que se cobrara un impuesto de cuarenta centavos por cada carga de cien kilogramos que de subida o de bajada condujeran los buques de vapor que transitaban entre los puertos de Barranquilla y Caracolí o Bodegas de Bogotá.

La Ley 19 de 1879, en su artículo 2.°, varió la organización del impuesto, porque dispuso que los cuarenta allí determinados; y preceptuó, además, que, se continuara cobrando el impuesto de cincuenta centavos por cada carga de mercancías extranjeras de ciento veinticinco kilogramos de peso.

De acuerdo con esta última Ley, esta tasa de $ 1-60 por tonelada de carga de exportación, y de $4 por tonelada de cargado importación, fue la que vino rigiendo en papel moneda hasta el día en que el Gobierno Nacional expidió el Decreto ejecutivo número 458 de 1905, por medio del cual convirtió en oro la contribución a que se alude, a razón de $ 1-50 por cada tonelada de carga de exportación, a excepción del café, que sólo paga $ 1 y $ 2 por cada tonelada de carga de importación de mercancías extranjeras.

Así las cosas, la Asamblea Nacional de 1907 expidió la Ley número 18 de aquel año, "que establece la matrícula de las embarcaciones que naveguen loa ríos de la Nación," por la cual, después .de someter a todas las embarcaciones que naveguen los ríos de la Nación a las formalidades de la matrícula y patente, y de dar las regías precisas a que debían sujetarse una y otra, dispuso, en su artículo 8.°, lo que sigue: "Los Capitanes o Patrones, y en general todos los dueños de embarcaciones sujetas a la matrícula y patente, pagarán en la Inspección los derechos que establezca el Poder Ejecutivo." Luégo, en su artículo 9.° y siguientes, habla incidentalmente de un impuesto que llamó de toneladas, impuesto que no puede considerarse creado por dicha Ley, porque allí no se define dicho impuesto, no se dice en qué consiste él, no se expresa que sea o nó distinto del impuesto fluvial enn que tratan las leyes de que se acaba de hacer mención, ni se dice en manera alguna qué se crea. Prudentemente, el propósito del legislador fue crear un impuesto o referirse al fluvial existente; pero no expresó su intención en términos claros por lo cual no puede tenerse por existente el puesto de toneladas tántas veces mencionado.

Ahora bien: como dicha Ley no estableció impuesto de toneladas, ni autoriza al Ejecutivo para crearlo, por cuanto el artículo 8.° de ella sí lo faculta para fijar la cuantía del impuesto de la matrícula y patente, y el Gobierno expidió el Decreto número 899 de 1907, por el cual dispuso que las embarcaciones sujetas a matrícula y patente pagarán varios derechos que allí se especifican; por fuerza es concluir que el artículo 2.° de dicho Decreto 899 de 1907 es inconstitucional, porque el Poder Ejecutivo no estaba autorizado para lo que en él se dispone respecto de toneladas, y porque con él se arrogó el Gobierno facultades que no le corresponden, y que son privativas del Congreso, conforme al ordinal 11.° del artículo 76 del Código fundamental.

Es de advertir que el impuesto de patente es el mismo llamado de matrícula, y que del de sobordo no habla en ninguna parte la Ley, como un impuesto nuevo creado por ella. Lo primero se desprende del texto de las siguientes disposiciones de la Ley 18 de 1907: del artículo 3.° que dice que firmada la matrícula y pagado el derecho correspondiente, se expedirá la patente o permiso de navegación, lo cual indica que tal permiso es consecuencia de la matrícula; del artículo 6.°, que es una confirmación del principio sentado en el anteriormente referido, y del artículo 14, en que no habla de modo expreso del impuesto de patente, separado del de matrícula, lo que también se observa en los artículos antes mencionados.

Por la misma razón es inexequible el Decreto número 1220 de 1908, que restableció el impuesto fluvial que había sido suspendido poco antes por los artículos de producción nacional, por el Decreto número 335 del mismo año. Especialmente la de su artículo 3.°, porque grava las embarcaciones menores con un derecho de patente, del cual están exentas conforme al artículo 1.° de la Ley 18 de 1907, que con el hecho de eximirlas de la matrícula, las exonera también del impuesto de patente de que habla la misma Ley.

El Poder Ejecutivo no estaba, pues, autorizado por el artículo 8.° de la expresada Ley sino para señalar la cuantía del impuesto de matrícula.

Asimismo es inconstitucional el Decreto número 756 de 1912, "por el cual se aclara el 899 de 1907," puesto que por tal Decreto se dispone que el pago de los impuestos de tonelada y sobordo, y los demás de que trata el artículo 2.° del Decreto 99 de 1907, debe efectuarse en la Oficina recaudadora respectiva por los Capitanes o Patrones, y, en general, por todos los dueños de embarcaciones sujetas a matrícula y patente. Este último Decreto también es inconstitucional, salvo en lo referente al impuesto de matrícula, porque si los de tonelada, sobordo y patente no fueron creados por la Ley 18 de 1907, y ni por ella se facultó al Gobierno para crearlos, no podía expedir un decreto señalando la persona deudora del impuesto en referencia.

El artículo 2.° del Decreto número 899 de 1907 en los Decretos números 1220 de 1908 y 756 de 1912, acusados por el señor Martínez Aparicio, son inconstitucionales, con la salvedad apuntada para el impuesto de matrícula respecto del primero y el último de tales Decretos, porque el Gobierno, por medio de ellos, dispuso la creación de impuestos para los cuales no estaba autorizado por la Ley 18 de 1907, en la cual se apoya, ni podía estarlo, según lo que establece la Carta Fundamental.

Por los méritos de lo expuesto, la Corte Suprema, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara inexequibles el artículo 2.° del Decreto número 899 de 1907 (Diario Oficial números 13053 y13054); el Decreto número 1220 de 1908 (Diario Oficial número 13456), y el Decreto número 56 de 1912 (Diario Oficial numero 14660). Del primero y el último Decretos se exceptúa lo de matrícula, lo cual no se declara inexequible.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta Judicial, comuníquese al señor Ministro de Obras Públicas, y archívese este expediente.

BARTOLOME RODRIGUEZ P- Augusto Samper-Alberto Suarez Murillo-Pedro Sanz Rivera, Secretario en propiedad.