300Corte SupremaCorte Suprema30030001761876Jorge Velez Garcia198127/07/1981876_Jorge Velez Garcia_1981_27/07/198130001761COMISO EN CASO DE DELITO CULPOSO La Corte remite a sentencia de 3 de julio de 1981. N° 39 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogotá, D. E., julio 27 de 1981. Magistrado ponente: doctor Jorge Vélez García. Aprobado según Acta número 76 de julio 27 de 1981. REF: 1981
Alfonso Lopez CarrascalINICISO 2 DEL ARTICULO 110 NUEVO CODIGO PENALIdentificadores30030001762true73648Versión original30001762Identificadores

Norma demandada:  INICISO 2 DEL ARTICULO 110 NUEVO CODIGO PENAL


COMISO EN CASO DE DELITO CULPOSO

La Corte remite a sentencia de 3 de julio de 1981.

N° 39

Corte Suprema de Justicia

Sala Constitucional

Bogotá, D. E., julio 27 de 1981.

Magistrado ponente: doctor Jorge Vélez García.

Aprobado según Acta número 76 de julio 27 de 1981.

REF:

Expediente número 876. Norma demandada: inciso 29 del artículo 110 nuevo Código Penal. Demandante: Alfonso López Carrascal.

El ciudadano Alfonso López Carrascal ha demandado la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso final del artículo 110 del Código Penal, adoptado por el Decreto-ley número 100 de 1980, con fundamento en la acción consagrada por los artículos 214 y 215 de la Constitución Nacional, y la Corte es competente para conocer de dicha demanda, y resolverla por su Sala Constitucional, conforme con lo prescrito por la regla 3ª de la disposición primeramente citada y su parágrafo.

La norma acusada

La parte del artículo 110 del Código Penal acusada de inexequible es la que se subraya en la transcripción íntegra de la norma que aparece a continuación:

"Artículo 110. Comiso. El delito lleva consigo la pérdida a favor del Estado, salvo el derecho del ofendido o de terceros, de los instrumentos con que se haya cometido y de las cosas y valores que provengan de su ejecución.

Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará en el caso de delito culposo cometido con vehículo automotor, nave o aeronave o unidad montada sobre ruedas, siempre que estuvieren adecuadamente asegurados para responder por daños a terceros".

Resumen de la acusación

Afirma el demandante que el Gobierno no estaba facultado por la Ley 5ª de 1979 para establecer el comiso como pena aplicable a delitos culposos cometidos con automóviles o similares que no estuvieren adecuadamente asegurados respecto de daños a terceros. A continuación formula sendas alegaciones conducentes a demostrar que, además, la disposición censurada viola los artículos 16,17, 20, 26, 30, 31 y 34 de la Constitución. Razona, en síntesis así:

1° El artículo 16 de la Carta es quebrantado por la norma cuando la pena del comiso se impone al propietario del vehículo que nada tiene que ver con la conducta del conductor que culposamente comete el delito;

2° El artículo 17 ibídem, porque la actividad del transporte es lícita, aunque peligrosa;

3° El 20 ejusdem, porque la responsabilidad por el delito culposo se extiende a quien no lo cometió, o sea al propietario del vehículo, que padece el comiso de éste cuando no esté adecuadamente asegurado;

4° El 26, porque se le atribuye aptitud de imponer la pena al juez instructor, antes de la culminación del juicio, y porque constituye una pena perpetua, que desvirtúa la nota de "temporalidad" propia de las demás penas establecidas por el Código;

5° El 30, ya que se desconoce el derecho de propiedad garantizado por dicha norma cuando al propietario se le priva de su vehículo, si no lo tiene asegurado, por el delito culposo que con dicho vehículo haya cometido otra persona;

6° El 31, puesto que la exigencia del seguro entraña el establecimiento de un monopolio a favor de las compañías de seguros, y

7° El 34, porque, si bien con relación al autor o cómplice del delito se produce el decomiso como sanción, con relación al propietario se produce una confiscación.

Vista fiscal e impugnación

El Procurador General de la Nación emite concepto adverso al conato de inexequibilidad promovido por la demanda. Sustenta su parecer en un detenido estudio jurídico acerca de la naturaleza compleja del comiso, la presunción de culpa respecto de quien causa daño en ejercicio de una actividad peligrosa, y la exigencia de juez competente y de "plenitud de formas" para imponerlo; observa que la doctrina le atribuye a dicha figura no sólo carácter punitivo, sino que le asigna funciones restitutorias, reparadoras, compensatorias, aseguradoras, policivas y puramente procesales, por lo cual puede afectar a terceros aunque la responsabilidad de estos sea dt naturaleza extrapenal. Por otra parte, es inapropiado achacarle vulneración del "debido proceso" a una norma puramente sustantiva que no señala ni tiene por qué señalar el procedimiento de su aplicación. Serían por ello inocuos los cargos atinentes a la violación de los artículos 20 y 26 de la Carta. Además, como el aserto de que también se violan los artículos 16, 30 y 34 de la misma, es una proposición subordinada a la anterior, es decir, condicionada a que sea cierta la principal de que han sido quebrantados los artículos 20 y 26 ibídem, entonces el ataque por tal aspecto también carece de consistencia. Finalmente, la disposición censurada está lejos de establecer un monopolio, pues con ella el legislador no está suprimiendo el mercado abierto o libre concurrencia de las compañías aseguradoras, ni señalando a cuál de éstas deben acudir los empresarios u operarios de la actividad transportadora para asegurarse contra daños a terceros.

Impugna la demanda el doctor Jorge Edgardo González Vidales, quien obra en su propio nombre como ciudadano, y en nombre y representación del Ministerio de Justicia; acomete la refutación de cada uno de los cargos, y sostiene que el precepto acusado no viola ningún mandato de la Carta, por lo cual debe aquél declararse exequible.

Consideraciones de la Sala

1° Debe observarse de una vez que los principales argumentos esgrimidos en la demanda sub judice ya fueron debidamente analizados en el proceso mimero 862 que culminó con la sentencia del 3 de julio del corriente año, por la cual se declaró exequible en su integridad el artículo

110 del Código Penal, junto con la parte del artículo 329 ibídem que también había sido acusada. Dentro del presente asunto se estará a lo dispuesto en fallo aludido, el cual ha hecho tránsito a cosa juzgada, por lo cual es imposible revivir un nuevo enjuiciamiento de inexequibilidad total o parcial contra el supradicho artículo 110 del Código Penal.

2° En efecto, en la sentencia que declara la constitucionalidad del precepto mencionado se precisa cómo el legislador considera el comiso como una consecuencia civil derivada del hecho punible, y cómo aquél estaba facultado para darle tal carácter; se advierte que siendo el comiso un efecto del delito, para imponerlo requiérese la audiencia y vencimiento en juicio mediante la actuación del juez competente y con el lleno de las formas previstas por la ley, lo cual no es propio de un Código de las penas, sino de un Código de Procedimiento Penal. Más aun -agrega el proveído- en la imposición del comiso naturalmente se dejan a salvo los derechos del ofendido o de terceros, es decir, que se preservan las garantías otorgadas por la ley a la propiedad de las personas. Por consideraciones de esta guisa, la sentencia del 3 de julio del presente año concluye que el artículo 110 del Código Penal no lesiona los artículos 16, 26, 30 y 34 de la Constitución Nacional. Tampoco lo han sido los demás mandatos de la Constitución, cuya violación se aduce, por las breves reflexiones que, en un todo de acuerdo con el dictamen del Procurador, se pergeñan a continuación:

i) No se ve de qué manera la norma enjuiciada quebrante el mandato de que el trabajo es una obligación social que goza de especial protección del Estado (según el artículo 17 de la Carta), pues el comiso o no de un instrumento o vehículo causante de un delito en nada afecta esa obligación social, ni la protección estatal que ella amerita. Todo lo contrario: el inciso 2í> del precepto reprochado tiende precisamente a que, mediando el seguro que ampare los riesgos de una actividad peligrosa, en caso de siniestro, quien la realiza no se vea privado del vehículo con el cual ejecuta su trabajo;

ii) La responsabilidad de los particulares debe ser determinada por la Constitución o la ley, y en el caso de la norma acusada lo es por una disposición con fuerza de ley, luego no se quebranta el artículo 20 de la Carta, y, finalmente

iü) El precepto censurado no crea monopolio alguno, pues ni siquiera obliga al seguro, pero mucho menos manda que, en el caso de que éste sea tomado, se contrate con una compañía aseguradora y no con otra u otras, luego no se ve cómo puede infringir el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Empero, fundamentalmente el motivo primordial del presente proveimiento es el de que, como antes se dijo, el artículo 110 del Código Penal ya fue declarado exequible por sentencia de la Corte que reviste el carácter de cosa juzgada, por lo cual ha de estarse a sus términos.

Decisión

En mérito de lo expuesto^ oído el concepto del Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-,

Resuelve:

Estése a lo dispuesto por la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, el 3 de julio de 1981, por la cual se declaró exequible el artículo 110 del Código Penal, adoptado por el Decreto 100 de 1980.

Cópiese, publíquese, comuniqúese al Ministerio de Justicia, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jorge Vélez García

Presidente.

Manuel Gama Cruz (con salvamento de voto), Mario Latorre Rueda, Carlos Medellín Forero (con salvamento de voto), Ricardo Medina Molí ano, Luis Carlos Sachica (con salvamento de voto), Oscar Solazar Chaves, Humberto Mesa González.

Luis F. Serrano A.

Secretario.

Salvamento de voto

En la sentencia que declaró la exequibilidad del artículo 110 del Código Penal, expedida con fecha 3 de los corrientes (Radicación número 862), los suscritos Magistrados hubimos de salvar el voto porque, como en su momento lo manifestamos, se "produce el fenómeno irregular del establecimiento de una pena que depende de la circunstancia eventual de haberse adquirido o no el seguro adecuado, completamente extraña al hecho punible. De esta manera la norma introduce en la legislación penal una situación discriminatoria contraria al principio universal de la igualdad de las personas ante la ley, que está implícito en el artículo 16 de nuestra Constitución Política".

Como en el presente fallo (página 4ª, número

2) se afirma: "En efecto, en la sentencia que declara la constitucionalidad del precepto mencionado se precisa cómo el legislador considera el comiso como una consecuencia civil derivada del hecho punible, y cómo aquél estaba facultado para darle tal carácter", es decir, se reitera el mismo argumento del cual ya habíamos expresado nuestro disentimiento, sólo por esa razón tenemos que repetir ahora nuestro desacuerdo con tal afirmación, por la razón antedicha más las otras expresadas en el primer salvamento. Es claro que el disentimiento que manifestamos se refiere sólo al fragmento de las consideraciones que se ha citado, mas no a la parte resolutiva que declara cosa juzgada sobre el objeto del presente juicio.

Bogotá, julio 28 de 1981.

Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín, Luis Carlos Sáchica.