300Corte SupremaCorte Suprema30030001736859Oscar Salazar Chaves198123/06/1981859_Oscar Salazar Chaves_1981_23/06/198130001736EXCESO SOBRE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA SALARIAL AL PERSONAL DOCENTE Inexequible la expresión "siempre y cuando permanezcan en el girado 2 del nuevo escalafón nacional docente" contenida en el artículo 6° del Decreto 624 de 1980. N° 31 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogotá, D. E., junio 23 de 1981. Magistrado ponente: doctor Oscar Solazar Chaves. Aprobado por Acta número 61 de jimio 23 de 1981. REF: 1981
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Norma demandada:  ARTICULO 6(PARTE) DEL DECRETO 624 DE 1980


EXCESO SOBRE LAS FACULTADES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA SALARIAL

AL PERSONAL DOCENTE

Inexequible la expresión "siempre y cuando permanezcan en el girado 2 del nuevo escalafón nacional docente" contenida en el artículo 6° del Decreto 624 de 1980.

N° 31

Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional

Bogotá, D. E., junio 23 de 1981.

Magistrado ponente: doctor Oscar Solazar Chaves.

Aprobado por Acta número 61 de jimio 23 de 1981.

REF:

Expediente número 859. Norma demandada: articulo B° (en parte) del Decreto 624 de 1980. Demandante: Esther Elena Mercado Jarava.

En razón de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 214 de la Constitución Nacional la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la demanda de inexequibilidad instaurada por la ciudadana Esther Elena Mercado Jarava contra el artículo 6° (en parte) del Decreto 624 del 14 de marzo de 1980.

La demanda

Fue presentada el 23 de febrero de 1981, repartida el 27, admitida el 2 de marzo siguiente y está dirigida contra el artículo 69 del Decreto 624 del 14 de marzo de 1980, en la parte que se subraya:

"Artículo 6° Los docentes que en la actualidad se encuentren devengando un porcentaje del 25% y 50% por cinco o diez años de servicio en la primera categoría de primaria, continuarán devengándolo siempre y cuando permanezcan en el grado 2 del nuevo Escalafón Nacional Docente".

Normas violadas

A juicio de la demandante, el artículo acusado es violatorio de los artículos 2, 55, 76-12 y 118-8 de la Constitución Nacional.

Fundamentos de la demanda

La Ley 48 de 1979 por medio de la cual se le confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la República, sólo facultó al Gobierno para "modificar las escalas de remuneración" pero no para regular otras materias, tales como la de modificar el artículo 10 del Decreto 1135 de 1952, "abrogándose así una atribución de la cual no fue investido, en forma precisa, por la expresada ley de facultades extraordinarias".

El Decreto 624 de 1980, en su artículo 6° y en la parte acusada modifica aquella disposición, "ya que el maestro que opte por el reajuste del 25% o del 50%, según el caso, renuncia al derecho a ascender en el escalafón y al reajuste de salarios generado por la asimilación, pero la ley de facultades no autoriza en parte alguna al Presidente para tomar dicha atribución, contrariando en esta forma preceptos constitucionales y el ordenamiento jurídico".

"Como las facultades extraordinarias son precisas, tendría que constar en ellas la necesaria para introducir una modificación en tal sentido, pues es manifiesta la oposición que existe entre la ley de autorizaciones y el decreto que se dictó en uso de tales facultades en el artículo 69, en el aparte acusado y habiendo excedido el decreto 1a. autorización dada en la ley, se quebranta el artículo 118, ordinal 8° de nuestra Carta Fundamental y el artículo 76, ordinal 12 ibídem, pues el Gobierno carece de la autorización constitucional que tal medida requiere.

"Este Decreto ha debido dictarse dentro del límite de las facultades concedidas y no interpretándolas en forma amplia y extralimitándose en el ejercicio de ellas; y todo exceso en el ejercicio de las facultades o el uso indebido de ellas, viola los artículos 21, 55 y 118, ordinal 8° de la Constitución Nacional".

Concepto del Procurador

Se distingue con el número 483 del 8 de abril de 1981 y en él se afirma: "surge espontánea la conclusión de que las disposiciones que emita el Presidente con base en las facultades extraordinarias otorgadas mediante la Ley 48 de 1979, y en cuanto pueda tocar con las nuevas asignaciones o remuneraciones del personal docente escalafonado con fundamento en la Ley 8° de 1979, antecedente a la número 48 del mismo año, necesariamente deberá ajustarse o estar en plena concordancia con ésta y sus decretos-leyes que la desarrollan, pues de lo contrario se estarían propiciando antonimias o abiertas contradicciones en la legislación. Esto es, que en cuanto atañe a los nuevos sueldos o asignaciones o remuneraciones del personal docente encasillado en el 'nuevo escalafón', necesariamente deberá existir acoplamiento entre las correspondientes disposiciones que profiera el Presidente de la República en desarrollo y cumplimiento de las mencionadas leyes de facultades números 8 y 48 de 1979".

Concluye el Procurador:

"La parte acusada del artículo 6° del Decreto-ley número 624 de 1980 está condicionando el derecho de devengar unos porcentajes allí establecidos al hecho de que los beneficiarios de los mismos permanezcan inscritos en determinado grado del 'nuevo escalafón Nacional Docente Es igualmente obvio que tales porcentajes son parte de los salarios, asignaciones, sueldos o remuneraciones que la Ley 48 de 1979 faculta al Presidente para fijar mediante las escalas correspondientes. No se ve, pues, cómo la parte de la disposición demandada pueda estar quebrantando precepto alguno del Estatuto Fundamental en consecuencia comedidamente solicito a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declare que es constitucional y por ende exequible la parte del artículo 6^ del Decreto-ley número 624 del 14 de marzo de 1980, que a la letra dice: siempre y cuando permanezcan en el grado 2 del nuevo Escalafón Nacional Docente".

Memorial de la demandante

Con posterioridad al concepto del Procurador, la demandante Esther Elena Mercado Jarava presentó un escrito (20 de abril) en el cual reitera su solicitud inicial afirmando que aquel funcionario "confunde la asimilación de que trata el Decreto-ley número 2277 de 1979 (expedido con base en las facultades otorgadas al Presiden-te de la República por la Ley 8ª de 1979) con un reajuste, incentivo creado por el artículo 10 del Decreto 1135 de 1952, única y exclusivamente para los docentes que trabajan en el Distrito Especial de Bogotá y reúnan los requisitos establecidos en el mismo separándome del concepto del señor Procurador, considero que la ley de facultades extraordinarias a que él hace referencia (Ley 8^ de 1979) las mismas son totalmente diferentes a las que le confiere la Ley 48 del mismo año al Presidente, de la cual emana el Decreto 624 de 14 de marzo de 1980, por expresa manifestación de dicho Decreto".

Consideraciones de la Corte

El Decreto número 624 de 1980 (marzo .10) fue expedido por el Gobierno Nacional dentro del término de los 90 días calendario concedidos por la Ley 48 de 1979, vigente desde su promulgación que tuvo lugar el 17 de diciembre del año citado ("Diario Oficial" número 35413 de esa fecha).

La mencionada Ley confirió facultades al Gobierno en los siguientes términos:

"Artículo 1° De conformidad con el ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de noventa días calendario, contados a partir de la vigencia de esta ley, para los siguientes efectos:

"1° Fijar las escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación correspondientes a las distintas categorías de los empleos de:

"a) La Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional, incluidas las unidades administrativas especiales".

I. Por lo que respecta a la oportunidad de su expedición el Decreto 624 de 1980, del cual hace parte la norma acusada, se ajusta a la ley de autorizaciones y por tanto a la Constitución.

II. Si lo anterior es claro, no es menos cierto que, a primera vista, en el artículo 6°, en la parte acusada (siempre y cuando permanezcan en el grado 2 del nuevo Escalafón Nacional Docente) se evidencia una extralimitación del Ejecutivo en el ejercicio de las facultades de que fue investido por el Congreso por medio de la varias veces citada Ley 48 de 1979.

Evidentemente, las facultades aludidas fueron otorgadas para "fijar las escalas de remuneración y el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación correspondientes a las distintas categorías de empleos" en la Rama Ejecutiva del poder público, relación en la cual no aparece comprendida facultad alguna para adoptar decisiones que en una u otra forma afecten el nuevo Escalafón Nacional Docente que es, precisamente, lo que hace la norma acusada de inconstitucionalidad.

En verdad el artículo 69 faculta a los docentes que en la actualidad se encuentren devengando un porcentaje del 25% y 50% por 5 ó 10 años de servicio en la primera categoría de primaria para continuar devengándolo, pero con la salvedad enunciada o sea "siempre y cuando permanezcan en el grado 2 del nuevo Escalafón Nacional Docente".

Si bien es cierto que la ubicación dentro del escalafón determina una variación en las remuneraciones y aun en el régimen de comisiones, viáticos, etc., no puede olvidarse que todo lo relacionado con este aspecto -escalafón- lo desarrolló el Gobierno Nacional en uso de las facultades de que fue investido por el Congreso por medio de la Ley 8ª del 24 de enero de 1979, sin que pueda aceptarse que, buscando referirse a la fijación de escalas de remuneración le sea permitido, con fundamento en la Ley 48 de 1979, modificar el régimen implantado con base en aquella, porque se estaría en presencia, como aquí ocurre, de una evidente extralimitación que vulnera nuestra Carta Fundamental.

A lo anterior se agrega que al establecerse la limitación de que para poder disfrutar de los porcentajes del 25% y el 50% los docentes han de permanecer en un determinado grado del nuevo escalafón, se les está desmejorando, pues no se les permite el ascenso so pena de perder los aumentos de sueldo que ya devengaban, lo cual, en el fondo, viene a ser una modificación no autorizada del régimen respectivo.

La Sala no comparte lo expresado por el Procurador General de la Nación en el concepto que rindió en este negocio y en el cual llega a la conclusión de que el aparte del artículo 69 acusado es exequible, basándose en el supuesto de que por hablarse de porcentajes en verdad se habla de salarios, remitiéndose a un "acoplamiento" entre las Leyes 8* y 48 de 1979, esto es, relacionando directamente el escalafón, cuyas normas podía expedir el Gobierno con base en la primera, con la fijación de escalas de remuneración a que alude la segunda, porque a juicio de la Corte so pretexto de modificar asignaciones no puede el Presidente de la República afectar las normas sobre escalafón para cuya expedición la ley de autorizaciones era diferente.

En otras palabras, el Gobierno Nacional en la parte acusada del artículo 69 del Decreto 624 de 1980, dictado en uso de las facultades de que fue investido por la Ley 48 de 1979, profirió actos jurídicos para los cuales no estaba habilitado, o más claro aun, al fijar escalas de remuneración tocó temas del escalafón que le estaban vedados, pues para tal fin la autorización estaba consignada en una norma diferente, o sea la Ley 89 de! mismo año, lo cual evidencia que hubo manifiesta violación del artículo 118-8 de la Constitución y así se decidirá.

Por lo expuesto, oído el concepto del Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, en ejercicio de la jurisdicción que lie atribuye el artículo 58, numeral 4° del Acto legislativo número 1 de 1979, reformatorio del artículo 214 de la Constitución Nacional,

Resuelve:

Es inexequible la expresión 'siempre y cuando permanezcan en el grado 2 del nuevo Escalafón Nacional Docente'' contenida en el artículo 6° del Decreto 624 de 1980.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jorge Vélez García

Presidente.

Con salvamento de voto

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, (con salvamento de voto), Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero, Humberto Mesa González, Luís Carlos Sáchica Aponte (con salvamento de voto), Oscar Salazar Chaves.

Luis F. Serrano A.

Secretario.

Salvamento de voto de los Magistrados:

Luis Carlos Sáchica, Mario Latorre Rueda,

Jorge Vélez García.

Bogotá, D. E., junio 24 de 1981.

Con todo respeto nos permitimos exponer las razones por las cuales disentimos de la mayoría de la Sala en el precedente fallo:

1ª Las facultades otorgadas al Gobierno por la Ley 48 de 1979 no fueron excedidas por el Gobierno al dictar la regulación del artículo 6° del Decreto 624 de 1980, porque "modificar las escalas de remuneración "comprende todos los factores de ésta, incluyendo los porcentajes que por antigüedad en el servicio confirma para algunos docentes la disposición acusada, y

2ª Tal disposición no tiene otro alcance que el* puramente económico indicado y, por tanto, en nada afecta la normatividad sobre el escalafón y sus aplicaciones, si se tiene en cuenta la alternativa que establece el citado artículo 69.

Luis Carlos Sáchica, Jorge Vélez García, Mario Latorre Rueda.

Luis F. Serrano A.

Secretario.