300Corte SupremaCorte Suprema30030001720849Humberto Mesa Gonzales198121/05/1981849_Humberto Mesa Gonzales_1981_21/05/198130001720FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO PARA SUPRIMIR, FUSIONAR Y CREAR DEPENDENCIAS Y EMPLEOS EN LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO Y LOS INSTITUTOS Y EMPRESAS OFICIALES, ADEMAS EN CONTROL A LAS TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS. Exequible el artículo del Decreto 3069 de 1968 en la parte demandada. N° 23 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogotá, D. E., mayo 21 de 1981. Magistrado ponente: doctor Humberto Mesa González . Aprobado por Acta número 51 de mayo 21 de 1981. REF: 1981
Simon Castro BenitezARTICULO 1(APARTE), 2,3,4,5,6 Y 7 DEL DECRETO 3069 DE 1968Identificadores30030001721true73606Versión original30001721Identificadores

Norma demandada:  ARTICULO 1(APARTE), 2,3,4,5,6 Y 7 DEL DECRETO 3069 DE 1968


FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO PARA SUPRIMIR, FUSIONAR Y CREAR DEPENDENCIAS Y EMPLEOS EN LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO Y LOS INSTITUTOS Y EMPRESAS OFICIALES, ADEMAS EN CONTROL A

LAS TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS.

Exequible el artículo del Decreto 3069 de 1968 en la parte demandada.

N° 23

Corte Suprema de Justicia

Sala Constitucional

Bogotá, D. E., mayo 21 de 1981.

Magistrado ponente: doctor Humberto Mesa González.

Aprobado por Acta número 51 de mayo 21 de 1981.

REF:

Expediente número 849. Normas demandadas: artículos 1° (en parte), 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del Decreto 3069 de 1968, sobre Junta Nacional de Tarifas y Servicios Públicos. Actor: Simón Castro Benítez.

El ciudadano Simón Castro Benítez, previa transcripción de los artículos 214 y 215 de la Constitución, solicita la declaración de inconsti-tucionalidad:

1° "Del artículo l9 del Decreto extraordinario número 3069 de 1968, en la parte que dice: "cuyas funciones principales serán las de controlar y fiscalizar las tarifas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, y

2° de los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del Decreto extraordinario número 3069 de 1968" Señala como "hechos":

1. "Ley 65 de 1967"

2. "Decreto extraordinario número 3069 de 1968" y

3. "Sentencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional- de 26 de agosto de 1980", actos y decisión cuya transcripción hace íntegramente.

I

Normas acusadas

Las normas acusadas son del siguiente tenor:

"DECRETO NUMERO 3069 DE 1968

" (diciembre 16)

"por el cual se crea la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, se establecen los criterios básicos para la aprobación de las mismas, y se dictan otras disposiciones.

"El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere la Ley 65 de 1967,

"Decreta:

"Articulo 1° Créase la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, cuyas funciones principales serán las de controlar y fiscalizar las tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica Para los fines del presente Decreto se denominarán entidades de servicio público' aquellas que prestan los servicios arriba mencionados.

"La Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, estará adscrita al Departamento Nacional de Planeación (se subraya la parte demandada).

"Artículo 2° Las entidades de servicio público deberán mantener, para cada servicio, información y contabilidad que cubran todos los aspectos de sus operaciones empleando sistemas uniformes.

"Artículo 3° La fijación de tarifas de servicios públicos se ceñirá a los siguientes criterios:

"1. Las entidades de servicio público deberán asegurar la protección de sus activos y fomentar el ahorro nacional mediante niveles de tarifas que cubran los costos reales de la prestación del servicio y provean una determinada rentabilidad sobre el valor de dichos activos, con el objeto de facilitar apropiadamente la financiación de sus programas. Para tal fin las tarifas deberán ajustarse con oportunidad a los cambios de los costos reales que alteren el equilibrio económico de la empresa y los planes trazados para atender la futura demanda.

"2. Las entidades de servicio público fijarán sus tarifas en tal forma que tomen en cuenta la capacidad económica de los diferentes sectores sociales y el mejor aprovechamiento de los recursos propios de los respectivos servicios en beneficio de la comunidad.

"Parágrafo. Se define como tasa de rentabilidad la relación entre los ingresos anuales netos de operación y el valor promedio de activos destinados a prestar el servicio. Los ingresos anuales netos de operación son la diferencia entre los ingresos anuales por concepto de venta del servicio y los gastos anuales de operación y mantenimiento, incluyendo en éstos la depreciación y excluyendo intereses.

"Artículo La Junta reglamentará la aplicación de los criterios enunciados en el artículo 3°.

"Artículo 5° La Junta reglamentará con carácter general los planes dentro de los cuales las empresas deben comunicar a esta entidad cualquier reajuste de tarifas que tengan el propósito de implantar y los datos que deberán acompañar a su comunicación. Ningún reajuste podrá entrar en vigor sin la aprobación de la Junta, la cual, dentro del término que para el efecto señale también con carácter general, lo aprobará o presentará las modificaciones que crea necesarias en cuanto a la estructura misma de las tarifas o el tiempo de su implantación.

"Parágrafo. La Junta dará cuenta al Consejo Nacional de Política Económica y Social, por conducto del Departamento Nacional de Planea-ción y con la periodicidad que éste señale, del estado en que se hallen los trámites a que se refiere el presente artículo.

"Artículo 6° La Junta determinará dentro de márgenes razonables los gastos de operación justificables para cada servicio a distintas escalas de operación. Cuando los gastos existentes difieran de los aceptados como justificables por la Junta, ésta formulará a la respectiva empresa las recomendaciones que estime pertinentes.

"Artículo 7° También deberá la Junta formular las recomendaciones enderezadas a mantener el equilibrio financiero de las empresas que distribuyan o vendan al público los servicios a que se refiere el artículo 1° cuando ocurran variaciones en los costos de compra de éstos o se presenten modificaciones por otros conceptos. Sobre la base de tales recomendaciones la Junta considerará las solicitudes que le presenten las empresas distribuidoras '

II

Concepto de la violación

El actor considera violados los artículos 76.12 y 39 de la Constitución, violaciones que separa en dos partes: Unas respecto de la ley de facultades y las otras con relación al Decreto materia de la demanda.

1. a) En cuanto a las primeras, acepta que en las facultades desarrolladas por el Decreto demandado no hay objeción en cuanto a la condición pro tempore y centra su ataque al concepto de su precisión. Entra luego a analizar cada uno de los aspectos de la ley de facultades "para constatar cómo en ninguno el legislador quiso señalar que el Presidente de la República, por medio de decretos extraordinarios ordenará la revisión y fiscalización de tarifas de servicios públicos".

b) En cuanto a la facultad del literal i), de suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos de la Rama Ejecutiva del Poder Público y en los institutos y empresas oficiales acordar autonomía o descentralizar el funcionamiento de oficinas de la administración que así lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines", estima el actor "que es el que más se acerca. Es la facultad más afín con la que el Gobierno dispuso en el Decreto 3069, acusado de inconstitucionalidad". "Crear dependencias de la Rama Ejecutiva", prosigue, "y el artículo l9 del Decreto extraordinario número 3069 de 1968, crea la Junta Nacional de Servicios Públicos, adscrita al Departamento Nacional de Planeación.

Procede, en seguida, a puntualizar los cargos, en relación con el literal transcrito, así: de "que pueda el Presidente crear dependencias en la Rama Ejecutiva", no se deduce "que pueda ordenar revisión y fiscalización de tarifas de servicios públicos"; "obligar a las empresas de acueducto, alcantarillado y energía, a mantener para cada servicio información y contabilidad que cubran todos los aspectos de sus operaciones empleando sistemas uniformes" (artículo 2°); señalar criterios para "autorizar" las tarifas de los servicios públicos ." (artículo 39); "que a esos organismos, con fuerza de ley, les dé ese poder reglamentario" (artículo 4°); "crear también normas de procedimiento de autorización de servicios públicos" (artículos 5°, 6° y 7°), que como los anteriores, todos han sido acusados de inconstitu-cionalidad.

Es así como el actor afirma que dentro del literal i) transcrito no existen facultades "para la revisión y fiscalización de los servicios públicos y demás disposiciones referentes a ellos", aspectos que cree, tienen "que ver con la relación de tutela, con las relaciones entre la nación y los municipios que no son quienes prestan sus servicios", relaciones de las cuales nada dicen las autorizaciones, lo mismo que para reglamentar las leyes como lo hacen los artículos 4° y 5° de la norma acusada.

2. a) Respecto al Decreto demandado puntualiza las violaciones, así: Considera constitucional el artículo l9 que crea la Junta Nacional de Tarifas, por cuanto el Presidente está autorizado para crear dependencias de la Rama Ejecutiva, al tenor de las respectivas facultades.

En cambio, la orden de que esa Junta controle y fiscalice las tarifas la considera inconstitucional por falta de facultades, pues no existe en la ley "referencia a las expresiones 'ordenar', 'revisar', 'fiscalizar', 'controlar', 'tarifas' o 'servicios públicos'. Si no hay facultad expresa al Presidente para dictar decretos con fuerza de ley, que toquen de manera precisa esos temas, no se puede hacer por vía de interpretación o de simple deducción". Por ello, considera inconstitucional la parte del artículo que dice "cuyas funciones principales serán las de controlar y fiscalizar las tarifas de servicios públicos, de acueducto y energía eléctrica".

b) En cuanto a los restantes artículos considera que las funciones que ellos le adscriben a la Junta, respecto a las empresas objeto de control, tales como informaciones, contabilidad, criterios para fijación de tarifas y reglamentación de los mismos, plazos para comunicarle los reajustes, equilibrio financiero, son exigencias no señaladas en la ley y en cuanto a la determinación de gastos razonables de operación considera que "el Ejecutivo traspasó los límites señalados por el constituyente en el artículo 39, pues ya no se limitó el legislador a revisar y fiscalizar, sino que se van a señalar (los límites) y a dar recomendaciones que si no se cumplen no se autorizan las tarifas, que sin su aprobación no pueden entrar a regir.

Y concluye, que existían facultades "para crear dependencias de la Rama Ejecutiva del Poder Público, pero no para ordenar revisión y fiscalización de tarifas y servicios públicos" como tampoco para los demás asuntos indicados en cada uno de los artículos demandados del Decreto, por lo cual les reitera el cargo de inconstitucionalidad.

III

Concepto del Procurador

Considera el Procurador errónea la demanda en cuanto "invoca como violado el artículo 76-12 de la Carta por parte del Decreto-ley, por extralimitación de parte del Gobierno en la ley de facultades número 65 de 1967. Ha debido invocar únicamente el artículo 118.8, puesto que su acción está encaramada a demostrar la inexequibilidad del decreto y no de la ley".

Afirma que "el Acto legislativo número 1 de 1936 introdujo en la Carta el intervencionismo de Estado en materia económica bajo los términos 'intervenir', 'dirigir', '.fiscalizar' y 'ejercer inspección' concretada la injerencia estatal y amplias autorizaciones al legislador para crear un orden jurídico sobre la vida económica del país"

Indica, además, que el Constituyente de 1936 se refirió a los servicios públicos al establecer que la ley podrá "ordenar la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de transportes y demás servicios públicos" precepto utilizado por la Ley 126 de 1938, de la cual destaca, entre otros, los siguientes aspectos:

a) El "objeto y contenido" consiste en "adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos y de acueductos e intervención del Estado en la prestación de los servicios de las mismas empresas";

b) Creación por el Gobierno del "Departamento de Empresas de Servicios Públicos", dependiente del Ministerio que tenga mayores afinidades de acuerdo con los negocios que se le adscriban", entre cuyas funciones cabe destacar: "la inspección y supervigilancia de las empresas de que trata la presente Ley y de las demás análogas, cuyo control sea conveniente unificar, a juicio del Gobierno ... determinar el personal necesario a dicha dependencia y señalarle sus funciones y remuneración", según el artículo 2 ;

c) Y, por último, el parágrafo del artículo 24 que reza: "Las empresas a que se refiere este artículo quedan sometidas al control del Gobierno Nacional, el cual ejercerá las funciones de fiscalización e inspección técnica y económica que considere necesarias para garantizar una correcta prestación de servicios";

Y precisa su concepto, así:

"De lo anterior, es fácil deducir que mientras se halle vigente la Ley 126 de 1938 el Gobierno conserva y es su obligación ejercer las funciones de vigilancia e intervención de los servicios públicos que el actor pretende derivar del Decreto 3069 de 1968. Y al expedir el Gobierno este viltimo, en uso de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por la Ley 65 de 1967, utilizó las conferidas en los literales d), e) e i) dél artículo l9, en cuanto introdujo las funciones dentro de la nueva organización administrativa, las adscribió al Departamento Administrativo de Planeación y señaló la forma como debe cumplir los objetivos de fiscalización e inspección que fueron prefijados por el legislador de 1938.

"Por otra parte, el artículo 120-21 de la Carta establece como función propia del Presidente la creación, supresión y fusionamiento 'de los empleos que demande el servicio de los ministerios, departamentos administrativos y señalar sus funciones especiales todo con sujeción a las leyes a que se refiere el ordinal 9° del artículo 76, esto es, de acuerdo con la estructura que se dé a la administración (reforma de 1968)

Y, concluye, solicitando la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas.

IV

Consideraciones de la Corte

Primera. En primer término, importa señalar que el Decreto 3069 demandado, fue expedido el 16 de diciembre de 1968, es decir, dentro del término del año fijado por la ley de facultades extraordinarias, número 65 del 28 de diciembre de 1967. La Corte es competente para conocer del mencionado Decreto, según la regla cuarta del artículo 214 de la Constitución Nacional. Cabe anotar que la Corte, en sentencia del 26 de agosto de 1980, declaró inexequible la parte del artículo l9 del Decreto mencionado, en la parte que dice: "así como de los demás, cuya vigilancia le señale posteriormente el Gobierno".

Como quiera que el actor no tiene observación alguna respecto a la temporalidad de las facultades, sino al concepto de su precisión, al cual contrae todo su ataque, resulta entonces conveniente, transcribir, para una mejor comprensión del asunto debatido, lo dispuesto por la ley respectiva, en su parte pertinente:

"LEY NUMERO 65 DE 1967

" (diciembre 28)

"El Congreso de Colombia,

"Decreta:

" Articulo 1° De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias, por el término de un año contado a partir de la vigencia de esta Ley, para los efectos siguientes:

"i) Suprimir, fusionar y crear dependencias y empleos en la Rama Ejecutiva del Poder Público, y en los institutos y empresas oficiales y acordar autonomía o descentralizar el funcionamiento de oficinas de la administración que así lo requieran para el mejor cumplimiento de sus fines.

"Artículo 6° Esta Ley regirá desde su sanción.

De las facultades indicadas, en concepto del actor, sólo la consignada en el literal i), (que subraya), es la "más afín con lo que el Gobierno dispuso en el Decreto 3069 de 1968 acusado de inconstitucionalidad' Y razón bastante le asiste porque no cabe la menor duda que, dentro de la autorización antedicha, cabía la de crear la Junta Nacional de Tarifas, creación, de otra parte, no controvertida.

El Decreto 3069 demandado, en virtud de la facultad de "suprimir, fusionar y crear dependencias" y por razón de la Reforma Administrativa cumplida en 1968 que implicó la reorganización de la Rama Ejecutiva del Poder Público, creyó conveniente la creación de la Junta Nacional de Tarifas, dentro de las finalidades de distribución, coordinación y afinidad de funciones buscadas por la reforma y adscribirla al Departamento de Planeación Nacional. Y en cuanto a funciones encomendarle, o mejor trasladarle las que habían tenido organismos anteriores, a partir del momento en que las empresas a que hace relación el Decreto sub judice fueron intervenidas como adelante se verá.

Por manera que el Gobierno al dictar el Decreto que se examina contaba con amplias facultades para hacerlo, así constitucionales como legales, en cuanto éstas le permitían crear dependencias y señalarle las tareas correspondientes o trasladarle, a la Junta Nacional de Tarifas, las funciones que antes cumplían otras entidades.

Segunda. Para mayor comprensión del presente negocio, resulta imprescindible traer algunos antecedentes respecto al tratamiento legal que han tenido las tarifas de los servicios públicos, materia del Decreto demandado.

Como lo observa el Procurador, el intervencionismo del Estado se introdujo en la Carta, por él Acto legislativo número 1 de 1936, al decir su artículo 11 que el Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas. Y el artículo 15 in fine del mismo Acto consagró la facultad de que la ley podrá fiscalizar las tarifas de todos los servicios públicos. Por su parte, el Acto legislativo número 1 de 1945 estableció que la intervención se efectuaba por mandato de la ley y no "por medio de leyes" como lo indicaba el artículo original, que la consagró. Así, el Constituyente inequívoca y reiteradamente resignó en el legislador la facultad de intervenir en cualquier empresa, así como la de ordenar la revisión y fiscalización de las tarifas en las empresas de servicios públicos, facultad que por su misma claridad hace innecesario cualquier comentario (se subraya).

En uso de la atribución constitucional indicada, el Congreso expidió la Ley 126 de 1938 "sobre suministro de luz y fuerza eléctricas a los municipios, adquisición de empresas de energía eléctrica, de teléfonos y acueductos e intervención del Estado en la prestación de los servicios de las mismas empresas". Dispuso que el Gobierno organice un ente administrativo, denominado Departamento de Empresas de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio que tenga mayores afinidades de acuerdo con los negocios que se le adscriban, el cual ejercerá la inspección y vigilancia de las empresas de que trata la presente Ley y de las demás análogas, cuyo control sea conveniente unificar, a juicio del Gobierno artículo 2° (se subraya).

Y para abundar y reiterar, en cuanto al objeto principal que persigue la Ley mencionada, el parágrafo único de su artículo 24, dispuso:

"Las empresas a que se refiere este artículo '(de producción, conducción y distribución de energía eléctrica, las de teléfonos y las de acueducto)' quedan sometidas al control del Gobierno Nacional, el cual ejercerá las funciones de fiscalización e inspección técnica y económica que considere necesarios para garantizar una correcta prestación de los servicios".

Así, la ley reseñada, en afortunado desarrollo de los preceptos intervencionistas de la Carta, sometía a control, inspección, fiscalización y su-pervigilancia a todas las empresas encargadas de la prestación de los servicios públicos. En otras palabras, establecía no sólo la intervención en dichas entidades, sino determinaba el órgano que la adelantara, para asegurar su aplicación y efectividad.

Establecida así la intervención del Gobierno en las empresas de servicios públicos "por medio de leyes", subsiste mientras éstas no hayan sido derogadas. Según el artículo 76.10 de la Constitución, corresponde al legislador regular todos los aspectos del servicio público. Así, vigente la Ley 126 de 1938, el Gobierno tiene la obligación de obedecer los mandatos de intervención que expresamente recibió el Congreso, no importa cuál entidad u órgano deba darle cumplimiento. Con el fin de adelantar la Reforma Administrativa el Congreso le otorgó, a través de la Ley 65 de 1967, facultades extraordinarias. En desarrollo de estas facultades se dictó el Decreto 3069, materia de la presente acción y "por el cual se crea la Junta Nacional de Tarifas de Servicios Públicos, se establecen los criterios básicos para aprobación de las mismas y se dictan otras disposiciones".

Tercera. Como quiera que el actor concentra su ataque a las normas demandadas, en cuanto a las tareas de controlar y fiscalizar que ellas contienen, por considerarlas fuera de la ley de facultades, procede la Corte a hacer el examen de dicho cargo.

Las atribuciones de controlar y fiscalizar no pueden desprenderse del Decreto demandado, como lo pretende el actor, pues ellas, según se demostró, estaban otorgadas por el Congreso a través de la Ley 126 de 1938 cuando en el parágrafo único del artículo 24 estableció: "Las empresas a que se refiere este artículo (de producción, de distribución de energía eléctrica, las de teléfonos y las de acueducto) quedan sometidas al control del Gobierno Nacional, el cuál ejercerá las funciones de fiscalización e inspección técnica y económica que considere necesarias para garantizar una correcta prestación de los servicios". Tal, el origen del control y fiscalización glosados por el demandante y cuya vigencia es la misma de la ley que las estableció y, por consiguiente, en cuanto ella no haya sido derogada tiene su plena validez y surte todos sus efectos. El Decreto, como queda demostrado, no hizo sino una redistribución de funciones ejercidas antes por otras entidades y ahora asignadas a la Junta creada por él, todo dentro del marco de las facultades contenidas en la Ley 65 de 1967.

Como respaldo a lo dicho, es pertinente reproducir lo afirmado por la Corte, en sentencia, originada también en la creación de organismo similar -el Instituto Nacional de Tarifas- y con base en las mismas facultades en que se apoyó el Decreto impugnado:

"Ahora bien, de acuerdo con los principios dominantes de la libertad de industria y comercio, de la libertad de empresa e iniciativa privada que, dentro de los límites del bien común, consagra la Constitución (artículos 32 y 39), las actividades de los ciudadanos en materia de prestación de servicios públicos y privados no pueden restringirse sino a virtud de la ley y conforme con un doble mecanismo que regula el memorado artículo 32, procedimiento que esta Corporación ha descrito así: De una parte, declaración de orientaciones y lincamientos generales 'por mandato de ley'; y de otra, aplicación en detalle de tales directrices, adaptándolas a las mudables necesidades del movimiento económico, al través de medidas concretas dél Gobierno consistentes en decretos (Sala Plena, febrero 18 de 1971).

"Y en el asunto concreto de los transportes, la intervención estatal, relativamente a tarifas y reglamentos, ha de revestir una de dos formas: o el Estado revisa (lo que supone aprobar o improbar) las tarifas y reglamentos, o dicta unas y otros. En ambos casos precisa observar un doble procedimiento para que opere él mecanismo de la intervención: en primer lugar se requiere la expedición de una ley que ordene expresamente la revisión y la fiscalización de las tarifas y reglamentos de las empresas de conducciones (artículo 39 C. N.), o un mandato, también legal, que prescriba la intervención del Estado en el servicio de transportes (artículo 32); y en segundo término, el Gobierno, en cumplimiento de la ley excepcional de intervención, procede a revisar tarifas y reglamentos o a establecerlos directamente" (C. S. de J. -Sala Plena-, agosto 3 de 1971). Gaceta Judicial, tomo CXXXVTII. números 2340-41-42.

En el presente caso se llena cabalmente el requisito de un mandato de intervención del Estado en la prestación de los servicios en las mismas empresas (energía eléctrica, de teléfonos, de acueductos).

Cuarta. Sentado lo anterior, resta verificar si dentro de las expresiones controlar y fiscalizar que impugna el demandante, encajan las funciones adscritas a la Junta Nacional de Tarifas. Sea lo primero indicar que la ley de intervención a que se ha hecho alusión en forma específica en el parágrafo único de su artículo 24 establece: "Las empresas a que se refiere este artículo (antes indicadas) quedaai sometidas al control del Gobierno Nacional, el cual ejercerá las funciones de fiscalización económica y técnica que considere necesarias paranone garantizar una correcta prestación de los servicios".

Si como quedó establecido, las funciones de la Junta derivan de la ley de intervención en las empresas determinadas en ella, las de "controlar" y "fiscalizar", como dice el artículo 1" deben cubrir las actividades que desarrollan dichas empresas:

a) "Control" y "fiscalización" implican como lo exige el artículo 2° que las empresas respectivas deberán "mantener para cada servicio información y contabilidad que cubran todos los aspectos de sus operaciones empleando sistemas uniformes". De no ser así, las labores de vigilancia e inspección resultarían en la práctica nugatorias, si tales requisitos no se tuvieran en cuenta. No debe olvidarse que los ordenamientos contables y su uniformidad son una de las características propias de toda fiscalización oportuna y efectiva.

b) Una fijación de tarifas sin los criterios indicados en el artículo 39 del decreto y parte esencial del mismo, resultaría arbitraria y contraria a las tareas de controlar y fiscalizar. Y la labor de "controlar y fiscalizar" sin incluir dicha reglamentación, sería inocua, comoquiera que entonces la fijación de las tarifas quedaría a'l arbitrio de las mismas empresas. En efecto: "asegurar la protección de los activos y fomentar el ahorro nacional" por tarifas reales que cubran los costos reales ... y provean rentabilidad ... y ajustarse a los cambios en los costos reales" y "que tomen en cuenta la capacidad económica de los diferentes sectores sociales y el mejor aprovechamiento de los recursos" son aspectos de orden social y económico tan básicos que de no tomarse en cuenta, amenazarían la misma estabilidad de las empresas y la eficacia en la prestación del servicio, para cuyos fines precisamente se estableció la Junta Nacional de Tarifas.

"Y definir, el mismo artículo, el concepto de tasa de rentabilidad" y los ingresos netos de operación, es exigencia que deriva de la labor de controlar" y "fiscalizar" en cuanto éstas se dirigen a actuar en todos los aspectos financieros y económicos de las entidades sobre las cuales se ejercen, con el fin de cubrir el total desarrollo de todas las actividades de los entes vigilados.

c) Reglamentar la Junta como lo establece el artículo 49, los criterios para la fijación de las tarifas determinados en el articulo 3°, es natural, ya que aquellos como enunciados de unas políticas económicas y financieras requieren posterior desarrollo, en cuanto a su precisión detallada, para lograr mejores resultados. Así el controlar y fiscalizar podrán cumplirse en condiciones de más expedición y efectividad.

d) Reglamentar la Junta con carácter general los plazos dentro de los cuales las empresas deben comunicarle "cualquier reajuste de tarifas que tenga el propósito de implantar" y "que ningún reajuste podrá entrar en vigor sin la aprobación de ella" y que "dentro del plazo que señale" lo aprobará "o presentará modificaciones que crea necesarias ' como lo dice el artículo 5° son exigencias naturales al control y fiscalización que sobre la regulación de las tarifas se ha establecido, mediante el Decreto que se demanda y precisamente por estar controladas, tales exigencias se hacen imprescindibles y ' ' que la Junta dará cuenta al Consejo Nacional de Política Económica, por conducto del Departamento de Planeación y con la periodicidad que éste le señale del estado en que se hallen los trámites sobre las tarifas" como lo indica el parágrafo del mismo artículo, es consecuencia de la circunstancia de que dicha Junta está adscrita al Departamento de Planeación y, consiguientemente, deberá suministrarle los informes correspondientes a las solicitudes de reajustes que tenga a su consideración, informaciones que no pueden quedar por fuera de cualquier control y fiscalización.

e) Determinar "gastos de operación justificables para cada servicio" y "cuando los gastos existentes difieran de los aceptados como justificables por la Junta" y "formular recomendaciones", como lo indica el artículo 6°, son prescripciones inherentes a toda labor de control y fiscalización, pues se dirigen a accionar a uno de los renglones más importantes de las empresas, como es el de los gastos a fin de que éstos respondan a necesidades reales y evitar filtraciones o desviaciones de los mismos en detrimento de la solidez financiera y económica de tales empresas. Es en esta esfera en donde toda fiscalización se hace más exigente y rigurosa, por razones que sobra aclarar.

f) Formular la Junta -como lo dispone el artículo 79 del Decreto- "recomendaciones enderezadas a mantener el equilibrio financiero de las empresas que distribuyan, que vendan al público los servicios" (acueducto, alcantarillado y energía eléctrica), "cuando ocurran variaciones en las compras de éstos o se presenten modificaciones y sobre tales recomendaciones considerar las solicitudes de las empresas distribuidoras" resulta de la responsabilidad que el organismo tiene en relación con las tarifas de los servicios, pues si las distribuidoras de éstos, en un determinado momento indicaren signos de desequilibrio financiero, una recomendación oportuna puede impedir una agravación, lo cual redunda en beneficio directo de los usuarios de los servicios dichos y es ejercicio elemental del control y fiscalización a que éstos están sometidos.

En consecuencia, no cabe la menor duda de que las funciones adscritas a la Junta Nacional de Tarifas son inherentes al control y fiscalización, pues de no serlo así, resultaría completamente nugatorio su ejercicio en la forma prevista en el Decreto demandado.

Y, por \iltimo, no sobra advertir que todos los requerimientos y exigencias que hace la Junta Nacional de Tarifas a las empresas son aspectos ordinarios en toda modalidad de control, como sucede con todas las entidades sobre las cuales el Gobierno ejerce inspección y vigilancia, a las cuales, inclusive, les entrega los formularios de balances y demás documentos relacionados con las informaciones pertinentes, con el fin de que aquéllas tengan plena efectividad.

Por lo expuesto, concluye la Corte, que al ceñirse el Decreto enjuiciado a la ley de facultades extraordinarias no se ha quebrantado precepto constitucional alguno, ni por las razones invocadas por el demandante ni por ningún otro motivo.

En mérito de lo expuesto, oído el Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-,

Declara:

Son exequibles el artículo l9 del Decreto 3069 de 1968, en la parte demandada que dice: "cuyas funciones principales serán las de controlar y fiscalizar las tarifas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica. ,J y, además, los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del mismo Decreto.

Cópiese, publíquese, comuniqúese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jorge Vélez García

Presidente.

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Humberto Mesa González, Servio Tulio Pinzón D., Oscar Salazar Chaves.

Luis F. Serrano A.

Secretario.