300Corte SupremaCorte Suprema30030001650833Servio Tulio Pinzon Duran198125/03/1981833_Servio Tulio Pinzon Duran_1981_25/03/198130001650COMPETENCIA DE LA COETE SUPREMA DE JUSTICIA La Corte se declara inhibida para conocer de la demanda contra el Decreto 2510 de 1980. N° 11 Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogotá, D. E., marzo 24 de 1981. Magistrado ponente: doctor Servio Tulio Pinzón Durán. Aprobada por Acta número 25 de marzo 24 de 1981. REF: 1981
Alvaro Romero DiazARTICULOS 2 Y 4 DEL DECRETO 2510 1980Identificadores30030001651true73535Versión original30001651Identificadores

Norma demandada:  ARTICULOS 2 Y 4 DEL DECRETO 2510 1980


COMPETENCIA DE LA COETE SUPREMA DE JUSTICIA

La Corte se declara inhibida para conocer de la demanda contra el Decreto 2510 de 1980.

N° 11

Corte Suprema de Justicia

Sala Constitucional

Bogotá, D. E., marzo 24 de 1981.

Magistrado ponente: doctor Servio Tulio Pinzón Durán.

Aprobada por Acta número 25 de marzo 24 de 1981.

REF:

Expediente número 833. Demandante Alvaro Romero Díaz. Normas demandadas: artículos 2° y 4° del Decreto 2510 de 1980.

El ciudadano Alvaro Romero Díaz, en ejercicio de la, acción pública consagrada por los artículos 214 y 215 de la Constitución Nacional, solicita la declaración de inexequibilidad de los artículos 29 y 4® del Decreto 2510 de 1980, "dictado por el Ejecutivo con base en el numeral 22 del artículo 120 de la Carta (artículo 63, literal i) del Acto legislativo número 1 de 1979)

Disposiciones acusadas

El siguiente es el texto de las disposiciones acusadas:

"Artículo 2° A partir del 1° de enero de 1981 las negociaciones de venta de cartera por todo concepto, efectuadas por las corporaciones de ahorro y vivienda y por las compañías de finan-ciamiento comercial, y contabilizadas de conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Bancaria, constituirá una exi-gibilidad para efectos de la liquidación del encaje de las primeras y para establecer el monto de inversión obligatoria de las segundas. No obstante, el incremento que presenten los saldos de venta de cartera sobre las cifras registradas en los balances a 30 de agosto de 1980 de las entidades citadas, constituirán exigibilidades a partir del l9 de octubre para los efectos señalados en este artículo.

"Artículo 4° Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición".

Concepto de violación

Considera el actor que se han violado los artículos 2°, 28, 55, 78, 85 y el numeral 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional, por los siguientes motivos, que, en síntesis, son:

a) Para la expedición de las normas acusadas, se basó el Ejecutivo "en la facultad de ejercer la intervención necesaria en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento y la inversión de fondos provenientes del ahorro privado".

Sin embargo, rebasó esa "potestad legislativa" y cambió la naturaleza de las cosas, para derivar consecuencias contrarias a su esencia. Así, introdujo el absurdo 1 ' de volver pasivo un activo para poder exigir encaje sobre él". Cuando una corporación o un intermediario financiero vende su cartera o parte de ella, enajena un activo. Por lo tanto, no puede decirse que el vendedor tiene una exigibilidad a su cargo por el ingreso recibido, como consecuencia de esa venta.

En tal virtud, el Ejecutivo quebrantó los efectos de contratos legalmente celebrados, abrogándose funciones propias de la jurisdicción.

Aporta el libelista algunas argumentaciones en torno de la naturaleza jurídica de la venta de cartera, representada en documentos de deber, sean pagarés ordinarios o títulos-valores, regulados en su endoso y transferencia por el Código de Comercio. Agrega que, si la obligación es cambiaría, es aplicable lo dispuesto en el artículo 891 de este Código, y, si es de carácter civil, rige lo previsto en el artículo 1965 del Código Civil.

De este modo, el Decreto acusado violentó los principios básicos de la legislación colombiana y se opone a la Constitución Nacional

b) "Es claro -dice el actor- que la ley puede fijar la fecha de su vigencia con anterioridad a los dos meses de su promulgación, pero es incuestionable que la ley no puede regir con anterioridad a su promulgación, sin romper el principio esencial del Estado de Derecho, pues se violaría el artículo 28 de la Carta y parecería que la obligación presidencial de promulgar la ley que emana de la propia Constitución desaparece en el caso de los decretos-leyes, como si el Presidente pudiera despojarse de la obligación constitucional (artículo 65 de la Carta) de promulgar la ley, so pretexto de ser legislador extraordinario '

Concepto de la Procuraduría

Anota el señor Procurador cómo en contra de lo afirmado por el actor, el Decreto 2510, de 1980, acusado, no es un Decreto-ley, "sino uno de los llamados decretos autónomos o también reglamentos constitucionales, pues directamente los expide el Presidente de la República, por disposición expresa de la Carta Fundamental". Critica, por lo tanto, el giro en uso de sus atribuciones legales", que incluye su encabezamiento y agrega que, dada su naturaleza, podría cuestionarse la competencia de la Corte para conocer de la demanda. Estima, sin embargo, que, por tener fuerza de ley, corresponde su control constitucional a la Corte, y, para sustentarlo, se apoya en reciente providencia de esta Corporación, de fecha 2 de septiembre de 1980, proferida en relación con el Decreto 3266 de 1979.

Pasando al examen del artículo 29 del Decreto 2510 de 1980, recuerda que la Ley 32 de 1979 creó la Comisión Nacional de Valores, que tiene como objeto "estimular, organizar y regular el mercado público de valores", el cual, por su importancia en la economía, requiere de la intervención del Estado para su debido control. Por ello, la propia Carta estableció esa intervención en el literal "i" del artículo 63, en concordancia con los artículos 76-22 y 120-22.

"Este asunto de Derecho Bancario -son palabras del Procurador- contemplado en el artículo segundo materia de acusación de inconstitucionalidad, fue abordado por el decreto demandado para combatir la especulación de las instituciones bancarias en los renglones de descuento y redescuento y evitar que sobre unos mismos títulos, sin que los bancos se desprendan de ellos, realicen operaciones comerciales y expidan los correspondientes certificados por tres, cinco, seis y más veces, y así puedan fácilmente evadir los objetivos de control que persigue la disposición demandada. El artículo acusado impide que la venta de cartera, por el aspecto que me ocupa, sea simplemente nominal, y persigue, por consiguiente, que tales operaciones de venta, 'por todo concepto', como lo estatuye la norma, sean directas y reales, con endoso y entrega material de los títulos, y no simplemente simuladas o ideales, comoquiera que los bancos, en tales operaciones de venta de cartera, entrega (sic) solamente certificados sobre los títulos que recibe y éstos continúan en poder real del respectivo banco que negocia. De suerte que, en contra de lo que asevera reiteradamente el actor en su libelo, no es que con la medida en cuestión se convierta o trate de convertir un activo en pasivo, sino que el activo continúa teniendo idéntica catalogación. Tal es el meollo del asunto y por ende no puede seriamente concluirse que el artículo segundo materia de la acción de inexequi-bilidad contraríe disposición alguna de la Carta Constitucional".

Y, en cuanto al artículo 4° del mismo Decreto, concluye que también es exequible, en razón de que las leyes o decretos pueden comenzar a regir en fecha diferente a la de su publicación en el "Diario Oficial", según la excepción primera del artículo 53 del Código de Régimen Político y Municipal.

Consideraciones de la Corte

El literal "i" del artículo 63 del Acto legislativo número 1 de 1979 confirió al Presidentp de la República, como atribución constitucional, por el término de dos años, mientras el Congreso dicta las normas generales a que se refiere el numeral 22 del artículo 76, la facultad de intervenir en las actividades de las personas naturales o jurídicas que tienen por objeto el manejo o aprovechamiento del ahorro privado.

Esa facultad la ejerce por medio de decretos, que la doctrina y la jurisprudencia denominan "autónomos" o "reglamentos constitucionales", en cuanto a través de ellos cumple una función primaria, no subordinada, con arraigo directo ep la Constitución, que es su fuente inmediata.

Sin embargo, no por razón de que esos decretos tengan tal carácter especial corresponde a la Corte ejercer su control constitucional. Vigorosa controversia ha existido y poderosos argumentos se han aducido para sostener que ese control compete al Consejo de Estado.

Fue en 1910 cuando se dio un paso definitivo en relación con el control constitucional. Hasta entonces, la intervención judicial había sido muy reducida. La mayor conquista alcanzada había llegado en la reforma de 1886 hasta el control de los proyectos de ley objetados por el Gobierno. Las vicisitudes políticas que vivió el país a comienzos de este siglo hicieron indispensable un mayor control de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo.

La reforma de 1945 puso fin a controversias que venían presentándose entre la Corte y el Consejo de Estado, en materia de competencia, sobre el control de constitUcionalidad de algunos de los decretos dictados por el Gobierno. Y el Acto legislativo número 1 de 1968 dejó al control de la Corte las cinco clases de decretos que allí se mencionan de manera expresa. Esa enumeración se conservó en el Acto legislativo número 1 de 1979, con la única salvedad de que se excluyeron los decretos derivados de las atribuciones del ordinal 11 del artículo 76, y se incluyeron los expedidos con fundamento en el artículo 32.

Cualquiera que sea el criterio que se adopte en relación con la naturaleza jurídica de los decretos reglamentarios constitucionales o autónomos, ya sea para darles fuerza de ley o para negársela, o bien para asignarles carácter administrativo, según las distintas vertientes jurídicas de opinión, es lo cierto que los no comprendidos en la taxativa enumeración del artículo 214 de la Carta no están sometidos al control constitucional de la Corte. En otras palabras, la Corte carece de competencia para examinarlos por la vía de la jurisdicción constitucional.

"En el Estado de Derecho" no puede existir poder político sin el debido control, ni autoridad sin funciones que delimiten su campo de acción y fijen su responsabilidad. Esa delimitación pone freno al arbitrio y a la arbitrariedad de las autoridades, en armonía con lo que disponen los artículos 20 y 63 de la Constitución. Ese marco, dentro del cual todo agente del Estado debe realizar la función legal o reglamentaria que le ha sido adscrita, determina la competencia, la cual no admite interpretación extensiva, no puede ser ampliada por analogía ni creada en virtud de jurisprudencia. Quiere esto decir que las normas reguladoras de la competencia son excluyentes de cualquiera otra situación no contenida en ellas.

"Cuando la competencia, en fin, la instituye el Estatuto Superior -dijo la Corte en providencia de Sala Plena de 17 de abril de 1975-, se habla de competencia constitucional, cuyos linderos son absolutamente irrebasables. De ahí se deduce la imposibilidad de competencias por extensión o por analogía. Y la exégesis del precepto 214-2ª de la Carta concreta la competencia de la Corte, en materia de decretos del Gobierno, a los que él señala expresamente, sin la letra del mismo, ni la filosofía política que lo inspiran permitan extenderla a cualquier otro de los que el artículo 216 ibídem atribuye a lo Contencioso-administrativo.

"2° La Constitución Nacional distingue entre leyes y decretos, y atribuye al Congreso la facultad de hacer aquéllas (artículo 76) reglamentando, además, la formación de las mismas (Título VII). Por su parte, los decretos tienen también origen y forma propios, y no son leyes en sentido orgánico y formal, ni cuando contienen reglas, de derecho objetivo. Cuando el Estatuto Fundamental, en consecuencia, faculta a la Corte para decidir definitivamente sobre la exe-quibilidad de todas las leyes (regla 2^, artículo 214), no se refiere a éstas en razón de su contenido material, sino en cuanto se hayan producido por el Congreso conforme con las reglas propias para su formación, esto es, concreta la competencia en razón del acto orgánico y formalmente considerado, y no en sentido material, que así mismo puede encontrarse en toda regla de derecho objetivo. Y cuando el constituyente quiso que el control jurisdiccional se ejerciese así mismo por la Corte respecto de algunos decretos, los singularizó, asignando el de todos los demás a lo Contencioso-administrativo. Con lo cual se trata de una distribución de competencias constitucionales, atribuidas a la Corte respecto de todas las leyes, en el sentido dicho, y de los decretos que expresamente fueron señalados; y a lo Contencioso respecto de decretos en general, salvo los que se indicaron, por cuanto aquéllos orgánica y formalmente no son leyes, aunque materialmente algunos tengan la fuerza de las mismas.

"La competencia, pues, de la Corte no está atribuida en virtud del carácter legislativo que le reconozca el acto, en razón de su contenido, esto es, de su condición de ley en sentido material, sino que lo fue, respecto de 'todas las leyes', en su concepción orgánica y formal. Por lo que los decretos, aun los que tengan fuerza de ley, no le están atribuidos, para el juicio de consti-tucionalidad, salvo los que el precepto 214 señale expresamente.

"3° En el razonamiento opuesto se agrega que a la Corte se le ha confiado la guarda de la integridad de la Constitución y que ésta faculta para decidir sobre la exequibilidad de todas las leyes; por lo cual el decreto que sea ley en sentido material, queda bajo su comprensión. Este argumento, además de extender la competencia, contra la letra clara de los preceptos, desconoce la distinción presentada entre leyes y decretos, y olvida que el artículo 216 de la Carta también forma parte de la misma, la integra y obliga a esta corporación, por lo tanto, a velar por su cumplimiento. Que no puede ser otro que el de su claro tenor, su filosofía política y su registro institucional".

Y la Sala Constitucional, en auto de 23 de abril de 1980, aludiendo a los Reglamentos Constitucionales, expresó:

"5ª El contenido intrínseco del Decreto enjuiciado es el de un reglamento expedido por el Presidente de la República con base en la atribución conferida en el hoy numeral 12 del artículo 120 de la Constitución Nacional. Porque aunque se le haya pretendido revestir de la forma de un decreto legislativo, en el fondo es un reglamento constitucional, derivado de aquella facultad, y cuyo fuero no corresponde a la Corte Suprema de Justicia (artículo 214 de la Constitución Nacional)"

Por lo tanto, no estando este caso dentro de los señalados en la enumeración taxativa del artículo 214 de la Constitución Nacional, a los cuales de manera exclusiva se contrae la competencia de la Corte, debe ésta declararse inhibida para proferir sentencia de mérito sobre la exequibilidad del Decreto acusado.

El artículo 71 del Acto legislativo número 1 de 1968 le confió a la Corte la guarda de la integridad de la Constitución respecto de los proyectos de ley objetados por el Gobierno como inconstitucionales y de todasi las leyes; y, en materia de decretos, de los dictados por el Gobierno en ejercicio de las atribuciones de los ordinales 11 y 12 del artículo 76 y 80 de la Constitución y en los casos de los artículos 121 y 122 ibídem. El artículo 72 del mismo acto legislativo atribuyó a la jurisdicción Contencioso-administrativa el conocimiento de las acusaciones por inconsti-tucionalidad de los decretos del Gobierno, "cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución". O sea que este precepto vino a repetir la enumeración de los decretos que había hecho el artículo 71, denotando insistencia en que sólo a ellos se circunscribía el conocimiento de la Corte. En el Acto legislativo número 1 de 1979, la competencia de la Corte sobre control constitucional de los decretos continuó siendo la misma, con el sólo cambio de los provenientes del ordinal 11 del artículo 76 por los emanados del artículo 32.

Es argumento de más y de especial significación que la propuesta de una jurisdicción constitucional concentrada en una Corte Constitucional, insinuada en el proyecto de Acto legislativo número 4 y 144 de 1978 del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente, no tuvo éxito, y que, en consecuencia, no prosperó la fórmula de dejarle a la Corte la decisión definitiva acerca de las demandas contra todos los decretos del Gobierno Nacional por ser violato-rios de la Constitución.

Y una mirada retrospectiva al derogado ordinal 14 del artículo 120 de la Carta permite ver que, en vigencia de éste, los decretos de intervención derivados de él no tuvieron control de exequibilidad por la Corte (véase providencia de fecha 17 de abril de 1975). Observando, ahora, el numeral 22 del artículo 120 (artículo 33 del Acto legislativo número 1 de 1979), bien se advierte que la facultad contenida en aquél fue recogida por éste, aunque ya no como atribución constitucional propia sino desprendida de la ley, de acuerdo con el numeral 22 del artículo 76. Mientras tanto, durante dos años, le queda al Gobierno aquella facultad que le otorgaba el citado numeral 14 del artículo 120; y es obvio que los decretos originados en ella, no sujetos en aquél entonces a la jurisdicción constitucional de la Corte, tampoco lo son ahora del conocimiento de ésta, a falta de su inclusión en el artículo 214 de la Carta.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, oído el Procurador General de la Nación, se declara inhibida para conocer de la demanda de inexequibi-lidad del Decreto 2510 de 1980.

Cópiese, publíquese, comuniqúese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Jorge Yélez García

Presidente.

Manuel Gaona Cruz, Mario Latorre Rueda, Carlos M&dellín (con salvamento de voto), Humberto Mesa González (con salvamento de voto), Ricardo Medina Moyana, Servio Tulio Pinzón Duran, Oscar Salazar Chaves (con salvamento de voto).

Luis F. Serrano .A.

Secretario.

Salvamento de voto

En el proceso promovido por el ciudadano Alvaro Romero Díaz contra los artículos 29 y 4 del Decreto 2510 de 1980 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aprobó, por mayoría de votos, la ponencia presentada por el Magistrado doctor Servio Tulio Pinzón, que ha servido de base para el correspondiente fallo. Los suscritos Magistrados en esta ocasión votamos negativamente, por las razones que nos permitimos consignar a continuación.

Con fecha febrero 3 del presente año la Sala Constitucional, al promover colisión positiva de competencia al Consejo de Estado con motivo de la demanda del ciudadano Luis Antonio González Cifuentes contra el inciso 2° del artículo 29 y el artículo 15 del Decreto 3266 de 1979 (Radicación número 842), manifestó:

"Con ocasión de la demanda presentada por el ciudadano Fernando Ferro Vela contra el parágrafo del artículo 89 del Decreto 3266 de 1979, esta Sala se expresó en providencia del dos (2) de septiembre de 1980, en los siguientes términos:

'Dos tendencias tuvieron destacada orientación en la reforma constitucional que culminó en 1979; la primera la supremacía de la Constitución sobre todas las normas de categoría inferior para lo cual su guarda se fijó con este criterio antes que el de la integridad y la unificación de la guarda principalmente en cuanto se refiere a la normatividad legislativa.

'En procura de este segundo propósito se aumentó el personal de la Sala Constitucional a fin de que ya como entidad autónoma, ora como preparadora de proyectos de sentencia para la Sala Plena pudiese conocer de todos los decretos que violacen la Constitución, tal como fue propuesto en el proyecto inicial. Con el mismo propósito se suprimió el antiguo artículo 216 de la Carta, referente al señalamiento de la competencia del Consejo de Estado, la que se defirió a la ley.

'Esta orientación hacia la eliminación del control difuso de la Constitución para concentrar en la Corte Suprema de Justicia todo lo referente a actos con fuerza de ley en el Consejo de Estado todos los restantes decretos gubernamentales es un avanzado paso hacia la tecnificación del Con. trol Jurisdiccional de la Constitución, mejorando así el régimen instaurado en la reforma de 1910 según el cual a la Corte Suprema correspondía 'decidir definitivamente sobre la inexequibili-dad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno y sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales'.

'Al respecto se dice en la ponencia para primer debate en el Senado de la República lo siguiente:

'Es indudable que hay ya conciencia sobre la necesidad de evitar por lo menos parte del control excesivamente difuso a fin de aproximarse al sistema de control concentrado o uniforme. Aquel es el que rige hoy entre nosotros, con la guarda de la Constitución confiada, a la Corte Suprema de Justicia en cuanto puedan afectarla los proyectos de ley o las leyes, o los decretos legislativos o los decretos-leyes; pero confiada al Consejo de Estado y a los Tribunales de lo Contencioso-administrativo cuando el desconocimiento o la violación de las normas constitucionales puede perpetrarse mediante decretos, ordenanzas, acuerdos u otras disposiciones. El ideal sería que un solo organismo se encargue de la guarda de la supremacía y de la integridad de la Constitución. Sin embargo, en el texto de reforma tal como surgió de la primera vuelta, sólo se trasladó del Consejo de Estado a la propuesta Corte Constitucional la decisión sobre las demandas que se presenten contra los decretos del Gobierno Nacional por ser violatorios de la Carta. O sea, que estamos únicamente ante una instauración parcial del control concentrado o uniforme. Es, sin eufemismos, un paso adelante y de significación.

Y esa es la tesis fundamental, no que el mayor control se ejerza precisamente por una Corte constitucional. El nombre no importa, lo que vale es el desempeño de la función.

'. .. El incremento de los Magistrados de la Sala Constitucional la fortalece para que desempeñe casi todas las funciones que se le habían asignado a la Corte Constitucional. Porque así como las Salas Civil, Penal y Laboral tienen facultad decisoria, dispondrá de ella la Sala Constitucional para conocer y fallar sobre todas las demandas que se presenten por vicios de forma en la expedición de los actos legislativos, o sea de las reformas constitucionales, casos en los cuales se pronunciará con base en los anteproyectos que prepare la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, integrada por especialistas en derecho público, uniformará adecuadamente la jurisprudencia, y esto constituirá otro paso en el proceso de acercarnos ál control constitucional, concentrado o uniforme, dejando atrás el difuso o múltiple' ('Derecho Colombiano', tomo XC, página 136).

'Conocido el criterio del constituyente con la interpretación de su autorizado vocero, corresponde a la jurisprudencia indicar el camino para que tenga cumplido desarrollo la reforma de la Carta, especialmente en cuanto a guarda de la Constitución atañe.

'La Corte Suprema definió así la naturaleza de los decretos autónomos o reglamentos constitucionales:

'A la luz de las instituciones nacionales se les pueden ver las siguientes características:

a) Su fuente es la Constitución, de modo exclusivo y directo. No buscan ejecutar ninguna ley, porque ellos mismos son la ley;

b) Mientras la norma constitucional que confiere la facultad de dictarlos está vigente, el Gobierno puede ejercerla para modificar o derogar normas sobre la materia, a la manera como el Congreso ejerce igual potestad respecto de las materias de su competencia;

c) El Gobierno puede ejercer sobre ellos la potestad reglamentaria, como lo hace respecto de las leyes expedidas por el Congreso, porque aunque provenientes de fuente distinta, tienen idéntica materialidad y sustancia y exigen una cumplida ejecución;

d) En ocasiones se trata de una facultad o competencia compartida con el Congreso, bien sea porque las normas emanadas de cada una de las dos ramas del poder apuntan hacia finalidades diferentes o complementarias, como es el caso del artículo 120-12, o porque la Carta, de modo expreso, haya permitido que ambas ejerzan su competencia sobre iguales materias. En otras se trata de una facultad exclusiva del Gobierno, no compartida con el Congreso;

e) El control constitucional de ellos surge inequívocamente del artículo 214 de la Carta en relación con el 141-3 y 216 de la misma. Pues al no estar incluidos dentro de los actos cuya definición constitucional corresponde a la Corte, bien de modo automático o por vía de acción, están sujetos al del Consejo de Estado como Supremo Tribunal de lo Contencioso-administra-tivo y a los demás tribunales de ese ramo' (Gaceta Judicial, número 2364, página 189).

'Tomando en tal ocasión como razón jurídica para desplazar la competencia de la Corte Suprema hacia el Consejo de Estado el artículo 216 de la Carta, modifica esta norma por decisión del constituyente, no hay duda que la competencia vuelve a la entidad guardiana de la supremacía del Estatuto Superior que tiene el control de todos los actos legislativos, de las leyes y de los decretos que tengan fuerza de ley en los términos de la misma reforma.

'La Sala Constitucional encuentra que este Decreto expedido por el Gobierno por mandato del propio constituyente tiene el carácter de ley ya que es sustitutivo de éstas y sus normas rigen provisoriamente mientras el legislador no dicte otro estatuto.

'Estas razones llevan a concluir que la Corte Suprema de Justicia, -Sala Constitucional-, es competente para conocer de las demandas de in-constitucionalidad contra el Decreto 3266 de 1979, 'por el cual se determina la composición y el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura', expedido por el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de la atribución constitucional que le confiere el literal b) del artículo 63 del Acto legislativo número 1 de 1979' ".

En la presente oportunidad los syscritos acogemos de nuevo las consideraciones que se dejan transcritas, y sobre algunas de ellas, para mayor abundamiento, nos permitimos ahora agregar:

1° Decretos de la misma naturaleza, es decir, de los llamados decretos constitucionales autónomos, son los que puede expedir el Gobierno Nacional en virtud de la facultad expresa que le otorgan los literales b), g) e i) del artículo 63 del Acto legislativo número 1 de 1979. En las tres eventualidades la Carta determina que: mientras lo hace la ley, ' ' el Gobierno señalará el número de Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y expedirá las normas que requiera su funcionamiento ' ', en el primer caso; podrá expedir "con la asesoría del Consejo Superior de la Judicatura, si no lo hubiere hecho la ley, el estatuto de la carrera judicial", en el segundo caso; y "podrá ejercer, sin sujeción a ellas" (a las normas generales a que se refiere el numeral 22 del artículo 76) " la atribución conferida en el numeral 22 dél artículo 120" de la Constitución, en el tercer caso. En dos de estos mismos casos el constituyente concedió al Gobierno un término preciso para hacer uso de la facultad expresa que le otorgó, y en los tres estableció como condición común para que pudiera hacerlo, la de que el Congreso no haya legislado sobre la materia a la cual se refiere cada uno. Tiénese entonces, en razón de lo expuesto, que los decretos del Gobierno a que se refieren los tres citados ordinales del artículo 63 del Acto legislativo número 1 de 1979, reúnen los mismos elementos que permiten definir su naturaleza jurídica común, a saber:

a) Emanan de idéntica atribución dada directamente al Gobierno por el constituyente;

b) Son condicionales y a término;

c) Tienen la misma fuerza proveniente de igual jerarquía.

2° En cuanto a ésta, el concepto se refuerza por la circunstancia especial e incontrovertible de que los decretos en referencia son a todas las luces sustitutivos de la ley formal, ya que su materia es la misma que ha de constituir la de las leyes del Congreso en los tres casos enunciados.

Y algo más: tales decretos constitucionales y autónomos sólo pueden ser modificados o derogados por el legislativo en virtud de su competencia general de hacer las leyes,, precisamente porque se requieren para ellos normas de la misma jerarquía ; o por el Gobierno, mediante decretos de igual naturaleza legal, mientras duren sus facultades constitucionales para expedirlos. Y así como tienen carácter de ley los decretos emanados de facultades extraordinarias del Congreso, también lo tienen los que se expiden en virtud de atribuciones extraordinarias que emanan del mismo, ya no como simple legislador sino en función constituyente. Y con mayor razón, si se quiere.

Los decretos constitucionales en cierta manera son leyes privilegiadas porque formal y materialmente su único límite está en la misma Constitución de la cual se derivan. En tales condiciones, contrario sería a toda lógica que actos de su naturaleza resultaran inferiores, con menos fuerza y más reducidos efectos, que otras leyes de igual jerarquía.

3° Se afirma en la sentencia de la cual disentimos que "cualquiera que sea el criterio que se adopte en relación con la naturaleza jurídica de los decretos reglamentarios constitucionales o autónomos, ya sea para darles fuerza de ley o para negársela, o bien para asignarles carácter administrativo, según las distintas vertientes jurídicas de opinión, es lo cierto que los no comprendidos en la taxativa enumeración del artículo 214 de la Carta no están sometidos al control constitucional de la Corte. En otras palabras, la Corte carece de competencia para examinarlos por la vía de la jurisdicción constitucional".

De ser cierto ello, tales decretos quedarían sin control de constitucionalidad porque tampoco se sabe de norma que los asigne precisamente a la competencia del Consejo de Estado. El antiguo artículo 216 de la Carta le asignaba a la Jurisdicción Contencioso-administrativa el conocimiento de los decretos del Gobierno cuando 110 fueran de los expedidos "en ejercicio de las facultades de que tratan los artículos 76, ordinales 11 y 12, 80, 121 y 122 de la Constitución". Bien se sabe que todos éstos tienen carácter de ley o fuerza de ley. Pero aún en el supuesto de que el artículo 216 estuviera vigente, clara se ve la voluntad del constituyente en el sentido de que fuera del Consejo de Estado la jurisdicción constitucional relativa a los decretos del Gobierno que no tuvieren tal fuerza o carácter. De donde si los decretos constitucionales los ostentan, quedan necesariamente por fuera de la competencia del Contencioso.

En cambio, por la misma razón antedicha, el constituyente ha hecho manifiesto su propósito de que todos los decretos gubernamentales que tengan carácter legal o fuerza de ley estén sujetos a la revisión constitucional de la Corte. Ello es evidente. Y si los decretos constitucionales, como el que en el presente caso se sometió al juicio de la Corte, según se ha visto tienen carácter de ley o, por lo menos, fuerza de ley, igual a la que alude la Carta refiriéndose a los decretos previstos en el artículo 80, por esa misma virtud su examen corresponde a la Corte Suprema de Justicia. De no ser así, tales normas quedarían sin control constitucional, o lo que es lo mismo, por fuera del sistema consagrado en la Carta como principio esencial en el régimen jurídico de la democracia. Razón de más para suponer que tal no ha sido la intención del constituyente.

Cierto es que los decretos de la naturaleza de los que se analizan no figuran en la enumeración contenida en el artículo 214 de la Carta. Ello se explica porque las normas allí mencionadas son permanentes, en tanto que aquellos, los constitucionales autónomos, son muy eventuales y con precariedad en su duración por cuanto se hallan sujetos, según expresa disposición, a condición y término. Pero su naturaleza jurídica, idéntica a la de toda ley, permite deducir sin lugar a dudas cuál es su ubicación lógica en el ámbito de la jurisdicción constitucional.

Bogotá, veintiséis (26) de marzo de mil novecientos ochenta y uno (1981).

Carlos Medellín Forero, Humberto Mesa González, Oscar Salazar Chaves.