300Corte SupremaCorte Suprema30030001549808Oscar Salazar Chaves198007/10/1980808_Oscar Salazar Chaves_1980_07/10/198030001549CECLARATORIA DE TERRENOS PARA UTILIDAD PÚBLICA Exequible el artículo de la Ley 73 de 1962. Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional Bogotá, D. E., octubre 9 de 1980. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica. Aprobada por Acta número 65 de octubre 9 de 1980. REF: 1980
Luis Alfonso Castro OrtizARTICULOS 4o. (PARCIALMENTE) Y 5o DEL DECRETO 1874 DE 1979Identificadores30030001550true73442Versión original30001550Identificadores

Norma demandada:  ARTICULOS 4o. (PARCIALMENTE) Y 5o DEL DECRETO 1874 DE 1979


CECLARATORIA DE TERRENOS PARA UTILIDAD PÚBLICA

Exequible el artículo de la Ley 73 de 1962.

Corte Suprema de Justicia Sala Constitucional

Bogotá, D. E., octubre 9 de 1980.

Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 65 de octubre 9 de 1980.

REF:

Expediente número 815. Norma acusada artículo 7° de la Ley 73 de 1962. Actor: Alvaro Rojas Duran,

El ciudadano Alvaro Rojas Durán, ejerció la acción de inexequibilidad en escrito presentado el 13 de agosto del año en curso para solicitar la declaratoria de inexequibilidad del artículo 7° de la Ley 73 de 1962, que dice:

"Artículo 7° Con destino a la ampliación de los servicios de la Ciudad Universitaria de Tunja, sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, decláranse de utilidad pública las siguientes zonas de terreno, destinadas a la construcción de nuevas instalaciones y campos de deporte, y ubicadas en la vereda del Centro, barrio de Las Nieves de la ciudad de Tunja, a excepción del fundo denominado 'La María' que, en extensión aproximada de 10 fanegadas se halla comprendido dentro de la alinderación particular ya descrita".

El demandante estima que esta disposición es violatoria del artículo 30 de la Constitución porque no definió con precisión cuáles eran las zonas de terreno afectadas con la declaración de utilidad pública que en ella se hace, imprecisión de la norma que, así mismo, dificulta su aplicación al dejar indeterminada la autorización para expropiar que aquella declaración implica. Sostiene su tesis con estos razonamientos:

"Si se lee cuidadosamente el texto de la disposición demandada, inmediatamente se tiene la certeza de que el legislador tuvo en mente determinar las zonas de terreno, pero no lo hizo. Dice al pie de la letra: 'Decláranse de utilidad pública las siguientes (subrayo) zonas de terreno, destinadas a la construcción de nuevas instalaciones y campos de deporte, y ubicadas (subrayo) en la vereda del Centro, barrio de Las Nieves de la ciudad de Tunja'. En el mapa adjunto se aprecia que el barrio de Las Nieves, ocupa un área determinada y muy cerca del centro de la ciudad. Pero no tendría razón de ser que a una distancia de tal magnitud y zona habitada la fuera a declarar de utilidad pública el legislador en favor de una entidad pública. Así como él mismo se cuidó de identificar el fundo de 'La María' para efectos exceptivos, amén de su extensión, ha debido, como fue su propósito identificar las zonas de terreno y su subsiguiente cabida. Aparece establecido que dice siguientes (subrayo), mas no las enumeró: ubicadas (subrayo), se refiere al lugar genérico en que se localizan esas zonas que no nombró. Garrafal error Cómo puede ser constitucional una norma gramaticalmente incorrecta, que dejó inconcluso su contenido".

Solicitó el actor, además, la práctica de una inspección a la zona a que alude la Ley 73 para comprobar sus afirmaciones, la cual le fue negada por improcedente en la providencia admisoria de su demanda, fechada el 19 de agosto pasado.

El Procurador emitió el concepto en el cual solicita se declare exequible el artículo 7^ de la Ley 73 de 1962.

Consideraciones de la Corte

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución y según el principio: "el interés privado deberá ceder al interés público o social", expresado en el mismo artículo, es posible facultar a los organismos del Estado para expropiar bienes de los particulares, previa la existencia de una ley que otorgue tal atribución para satisfacer un interés social o realizar obras o actividades de utilidad pública. Prevalece en tales casos la necesidad colectiva sobre el interés individual.

Los derechos de particulares afectados por la aplicación de leyes que autoricen expropiaciones están garantizados en el citado artículo 30 cuando establece que cada expropiación debe ser decretada en sentencia judicial, es decir, previo un proceso de esa naturaleza en que se controvierte la aplicación que la administración pretende dar a la ley definitoria de los motivos justificantes de ese procedimiento, y previo también el pago de la indemnización correspondiente, compensatoria del perjuicio causado a las personas que sufrieron la expropiación.

Se concilian de esta manera el interés .público y el privado, asegurando la realización del primero al obtener los medios materiales que requiere y, a la vez, protegiendo el segundo, al repararlo con equidad.

Son estas las condiciones limitantes y el sentido correcto señalados en el artículo 30 a la referida institución. No hay en tal norma otras exigencias constitucionales, en lo referente a la expropiación en tiempo de paz. Lo que importa, pues, es que el legislador interprete y objetive lo que para este efecto debe entenderse por razón o motivo de "interés social" o de "interés público", como ya lo ha hecho para adelantar una reforma; agraria y para establecer que las zonas necesarias para ensanchar vías públicas, valgan estos (los ejemplos, son en el primer caso justificación de interés social para expropiar predios rústicos, y en el segundo, criterio de utilidad pública que legitima también las correspondientes expropiaciones.

Pero nótese, que la ley que autoriza la expropiación es impersonal, abstracta, ya que no se ocupa de situaciones jurídicas particulares, ni tiene por qué indicar, individualizándolos, los propietarios y los inmuebles afectados por sus disposiciones, porque estos aspectos concretos de ejecución o cumplimiento de sus normas se precisan por las ¡autoridades administrativas respectivas y, para defensa del derecho de dominio, los actos de tales autoridades pueden ser controvertidos judicialmente dentro de amplios procesos que impiden la arbitrariedad estatal en esta materia, y en los cuales se avalúa el perjuicio económico que acarrea la expropiación.

Por esto, desde el punto de vista constitucional, en tratándose de las leyes que facultan para expropiar, basta con que expresen nítidamente el motivo que hace necesaria la expropiación y que la justifica porque satisface un interés social o sirve un fin de utilidad pública -que son los dos únicos motivos válidos-, sin entrar en más detalles, puesto que el artículo 30 no establece otro contenido forzoso de las dichas leyes, ni menos prescribe la alinderación exacta de las zonas susceptibles de expropiación, aunque podría hacerlo así.

En el presente caso se observa que el motivo para expropiar está perfectamente definido en el artículo acusado, al decir "con destino a la ampliación de los servicios de la Ciudad Universitaria de Tunja, decláranse de utilidad pública las siguientes zonas", con lo que habría sido suficiente. Sin embargo, fue más allá, puesto que llegó hasta determinar que las zonas a que alude serán destinadas a la construcción de nuevas instalaciones y campos de deporte", lo cual hace evidente la utilidad y el carácter público de la misma, y agregó que las consiguientes expropiaciones se refieren a zonas de terreno "ubicadas en la vereda del Centro, barrio de Las Nieves de la ciudad de Tunja", lo cual precisa bastante bien la zona afectada. Precisión que se complementa al excluir el fundo "La María", cuya extensión aproximada se indica.

De modo que, a juicio de la Corte, el artículo acusado cumple los requisitos constitucionales y no viola ninguna disposición del estatuto constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, oído el Procurador General de la Nación,

Decide

Es exequible el artículo 7° de la Ley 73 de 1962.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Oscar Solazar Chaves

Presidente.

Mario Latorre Rueda, Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín, Humberto Mesa González, Luis Carlos Sáchica, Luis Sarmiento Buitrago, Jorge Vélez García.

Luis F. Serrano A.

Secretario.