300Corte SupremaCorte Suprema30030001520806Humberto Mesa Gonzales198023/09/1980806_Humberto Mesa Gonzales_1980_23/09/198030001520CARRERAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL. CONFISCACION Inexequible el artículo 11 de la Ley 24 de 1979. Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Bogotá, D. E., septiembre 23 de 1980. Magistrado ponente: doctor Humberto Mesa González . Aprobada según Acta número 59 de septiembre 23 de 1980. REF: 1980
Hernando Bodensiek SarmientoARTICULO 11 DE LA LEY 24 DE 1979.Identificadores30030001521true73412Versión original30001521Identificadores

Norma demandada:  ARTICULO 11 DE LA LEY 24 DE 1979.


CARRERAS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE

LA POLICIA NACIONAL. CONFISCACION

Inexequible el artículo 11 de la Ley 24 de 1979.

Corte Suprema de Justicia.

Sala Constitucional.

Bogotá, D. E., septiembre 23 de 1980.

Magistrado ponente: doctor Humberto Mesa González.

Aprobada según Acta número 59 de septiembre 23 de 1980.

REF:

Expediente número 806. Demanda (le inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 24 de 1979. Carreras de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Demandante: Hernando Bodensiek Sarmiento.

El ciudadano Hernando Bodensiek Sarmiento, en demanda presentada el día 23 de junio del año en curso, solicita declarar la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 24 del 3 de mayo de 1979, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 11. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que sean separados del servicio activo, en forma absoluta, por haber recaído sobre ellos sentencia condenatoria de la Justicia Penal Militar o de la Ordinaria, que.les imponga presidio o prisión por los delitos de ¡peculado, concusión, cohecho, secuestro o extorsión, no podrán percibir asignación de retiro 6 pensión, si a ella hubiere lugar, por un tiempo de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. Si la separación absoluta del servicio activo fuese decretada por disposición de un Tribunal Disciplinario o de Honor, la inhabilidad para percibir asignación de retiro o pensión será de cinco (5) años, a partir de la fecha de la disposición que ordene la separación"

Normas violadas

Considera el demandante infringido el inciso 1° primera parte del artículo 30 y el artículo 34 de la Constitución Nacional.

A su vez, el ciudadano Luis Alfonso Castro Ortiz, en su carácter de coadyuvante, señala como violados, también, los artículos 52, 77, 167 y 218 de la misma Carta Constitucional.

Fundamentos de la acción

En sentir del actor, la asignación de retiro o pensión adquiridas por el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional "después de haber cumplido con los requisitos establecidos en los Decretos 2337 del 3 de diciembre de 1971 y 2338 de la misma fecha se trata de un derecho adquirido con justo título y con arreglo a las leyes civiles y que por ello no puede ser desconocido ni vulnerado por ninguna ley".

Estima, también, el actor que el precepto acusado origina "una confiscación sobre el patrimonio legalmente adquirido por el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional cuando incurran en condena por la comisión de uno de los delitos allí establecidos o sea que se está reviviendo una pena accesoria que establecía el antiguo Código Penal en su artículo 58 y que en razón a que era claramente inconstitucional y perjudicial para el patrimonio familiar, que debe ser protegido por las leyes del país, fue modificado por medio del artículo 12 de la Ley 16 de 1969 que hizo desaparecer de nuestro Estatuto Penal la parte que decía refiriéndose a las penas accesorias: £la pérdida de toda pensión, jubilación o sueldo de retiro de carácter oficial,"

Estima, además, que cuando estuvo vigente la pena de confiscación fue muy criticada por tratadistas y hace algunas citas enderezadas a demostráis cómo el precepto acusado implica grave injusticia porque las penas accesorias que contiene cobijan no sólo al delincuente sino que se hacen extensivas a su familia.

Considera que el nuevo Código Penal que comenzará a regir en 1981, al establecer en su artículo 42 las penas accesorias aplicables como lo hace el vigente "en ninguno de sus numerales aparece la pérdida permanente o temporal de la pensión o asignación de retiro. Razón por la cual estima inconstitucional esta pena porque el artículo demandado " sólo aparece respecto de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional" contrariando " el principio universal jurídico penal de que la pena debe ser personal e intransmisible M y en este caso se está castigando a la familia.

Además, el demandante afirma que el precepto demandado lleva a un "enriquecimiento sin causa" a favor del Estado, "pues se están apropiando de unos dineros pertenecientes a una persona o a su familia y que los ha adquirido con justo título y llenando todos los requisitos ordenados por la ley"; que en la ley "se encuentran silencios que en un momento serían difíciles de subsanar" en confirmación de lo cual se pregunta: "¿Qué sucedería con los herederos y con el cónyuge del condenado que falleciera dentro del lapso de aplicación de la pérdida de la pensión o asignación de retiro ¿Podrían sus herederos reclamar este derecho o quedarían desamparados ". "Dudas, agrega, que lesionan el principio o criterio de la legalidad".

Por último, opina que las asignaciones de retiro y demás prestaciones sociales "son inembargables, salvo en el caso de juicios de alimentos".

Por su parte, el ciudadano Luis Alfonso Castro Ortiz en escrito del 22 de julio del año en curso y presentado con posterioridad al envío del expediente al Procurador General de la Nación, coadyuva la demanda de inexequibilidad e indica, como atrás quedó consignado, otros artículos de la Constitución que considera violados. Los fundamentos en que se apoya los concreta así:

El artículo 52 de la Carta ordena que las disposiciones del Título III se incorporarán en el Código Civil y no podrán ser alteradas sino por acto reformatorio de la Constitución; que el precepto acusado atenta contra los derechos adquiridos que se incluyen en el mismo título incorporado, a su vez, en el Código Civil y, que al hacerlo el Legislador Ordinario altera dicho título, lo cual está reservado al Constituyente. Agrega que de los 14 artículos que contiene la ley, el 11 acusado "no encuadra dentro de la materia que dicha ley quiere regular", pues si ésta quiso modificar los estatutos de carrera de los militares, no podría ocuparse paralelamente en el régimen de los delitos, las penas que son de diferente ordenamiento. Al proceder así, se han quebrantado los artículos 57 y 167 de la Constitución Nacional.

Con respecto a que la norma demandada viole el artículo 30 de la Constitución Nacional que garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos con justo título, el Procurador sostiene que "los sueldos de retiro o pensiones jubilatorias ya causadas constituyen un derecho de propiedad privada y como tal no pueden ser ignorados u olvidados ni lesionados por una ley posterior. Después de causadas legalmente, dichas prestaciones sociales ingresan al patrimonio particular del titular de las mismas".

De otra parte, el Procurador señala una segunda violación al artículo 17 de la Constitución, por parte del precepto demandado, consistente en que, "como derechos inalienables de la persona y como consecuencia del trabajo que son la pensión, la jubilación y el sueldo de retiro, deben gozar, tienen que gozar efectivamente y en todo tiempo y circunstancia de la Especial protección del Estado', según lo impone el citado artículo 17 de la Constitución Política".

Como consideraciones finales y desde un ángulo de orden social, el concepto hace referencia a la debida protección de la familia, a la discriminación, que en su sentir se consagra "al cubrir o castigar con semejante sanción solamente a un estamento minúsculo o asaz reducido de la sociedad colombiana", al carácter personal de la penalidad que impide transmitirla a los familiares del delincuente y a la abolición en el Código Penal de las penas accesorias contenidas en la disposición acusada y postulados de la Sociología Criminal de aplicación al caso y que guardan relación con la defensa de los derechos humanos.

Como conclusión, pide la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 24 de 1979.

Consideraciones de la Corte

En síntesis, los cargos en que se basan las acusaciones contra la norma legal cuya inexequibilidad ha sido demandada vienen a ser: que por ella se establece la pena de confiscación; que su aplicación implica desconocimiento o vulneración de derechos adquiridos; que su ejecución conduce a enriquecimiento injusto para el Estado; que las prescripciones del Título III de la Constitución, incorporadas al Código Civil, no pueden ser modificadas sino por acto reformatorio de la Carta; que por determinar una pena accesoria correspondiente a ciertos delitos, el precepto acusado se incluyó en estatuto legal de carácter diferente; que contradice la regla constitucional sobre protección por el Estado al trabajo, Procede entonces a analizar cada una de estas imputaciones, previa la siguiente aclaración :

Como quiera que el artículo 8° de la Ley 21 de 1979 es de igual tenor a la norma demandada en el presente negocio, con la diferencia de que la primera hace relación a los Agentes de la Policía Nacional y la segunda a los Oficiales y Suboficiales; de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, y que sobre aquella ya se pronunció la Corté en sentencia de septiembre 16 de 1980 (demanda de Hernando Bodensiek Sarmiento, Expediente número 805), son válidas y pertinentes las mismas razones expuestas y que se recogen en seguida:

Primera, La prohibición de imponer pena de confiscación ha sido en Colombia tradición constitucional casi sin excepciones. Apareció en 1830; se reprodujo en 1832 y luego en 1843; sin razón conocida desapareció en 1853 pero se restituyó en 1858 y se renovó en 1863. El actual artículo 34 de la Carta procede sin alteración desde 1886. Tiene que ver la confiscación con el hecho de privar de manera arbitraria a alguien de sus bienes y aplicarlos al fisco, término contenido en la composición semántica de la palabra. Históricamente se, presenta con carácter de pena y se le utilizaban su tiempo como arma eficaz en la contienda política, a partir de su origen romano bajo Sila. Sustancialmente contraría los derechos humanos. Se opone en esencia al derecho de propiedad, ya que mediante la confiscación se despoja por fuerza a una persona de los bienes que legítimamente le son propios, para entregar su dominio al fisco, es decir, al patrimonio del Estado, como acto unilateral y exclusivo de éste a título de sanción individual.

No abundan las explicaciones sobre los elementos constitucionales de la confiscación ya que, por fortuna, ha sido institución penal ausente de nuestra legislación. Sin embargo, quienes de ella se han ocupado, entre otros la Corte, coinciden en la indicación de que para que exista se requiere que comprenda todos los bienes del sujeto penado, y desde luego que ello ocurra sin compensación de parte de quien confisca. Cuando la norma en el presente caso acusada de confiscatoria ordena la suspensión del derecho de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, a asignación de retiro o pensión durante cierto tiempo y por la comisión de determinados ilícitos, tal medida no incluye la universalidad de su patrimonio, si es que se acepta que aquel derecho forma parte de éste, ni significa la privación definitiva del derecho cuyo uso se suspende temporalmente, como sí ocurre cuando hay confiscación.

Segunda. La asignación de retiro o pensión, es un derecho que la ley concede a estos servidores del Estado, consecuencia de su delicado trabajo en beneficio de la seguridad social. Como todo derecho representa una situación jurídica concreta que se produce en un momento determinado, a partir del cual se dice de aquel que ha sido adquirido con arreglo a los requerimientos de la ley. En tratándose de pensiones de jubilación o sus equivalentes, exige ella básicamente una determinada acumulación del tiempo de servicio al mismo patrono, en este caso al Estado, y tener una edad preestablecida. Cumplidos todos los requisitos legales de manera completa, por fuerza de los hechos y en virtud de la ley, surge el correspondiente derecho como realidad concreta, y su titular adquiere las atribuciones que emanan del mismo, entre ellas las de exigir su protección y su efectividad.

Gran diferencia hay entre esta situación y la inmediatamente anterior de una misma persona, respecto de sus derechos. Antes de completarse el tiempo de servicio exigido por los reglamentos legales, y la edad por ellos requerida, los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en nuestro caso, sólo tienen lo que suele llamarse una mera expectativa, spesdébitum iri, esperanza de lo que se les deberá, vale decir, la gestación dé un derecho que podrá o no tener realidad definitiva como efecto de factores temporales preponderantes. En ciertos casos, tales expectativas han merecido también alguna clase de protección legal de tipo preventivo.

Pero esto no acontece en otros casos análogos, como cuando se trata de las relaciones entre el Estado y sus servidores, mientras éste pueda ejercer a su arbitrio la facultad de ponerles fin en forma unilateral.

En materia de pensiones y asignaciones de retiro carece, pues, de amparo legal la simple expectativa. Pero adquirido el derecho "con justo título, con arreglo a las leyes civiles", como reza el artículo 30 de la Carta (especificaciones innecesarias, ya que de no ocurrir en esas condiciones no puede existir un derecho, como lo anotan con razón los tratadistas), el derecho y su titular quedan inmediatamente bajo la protección dispuesta constitucionalmente para la propiedad privada, y cualquiera ley que ordene lo contrario se hace acreedora de invalidación por el juez de constitucionalidad. Cierto es que en ésta y las demás ocurrencias de prestación social, los respectivos reglamentos disponen la expedición de resolución que la reconozca y ordene su pago. Tal acto, sin embargo, es puramente administrativo y sólo para efectos fiscales necesarios a la efectividad de la prestación, previa la liquidación de su cuantía. No es un acto jurídico declarativo del derecho, sino una actuación estatal para verificar la existencia del derecho a pensión o asignación de retiro. Una resolución administrativa que ignore o contradiga la existencia del derecho ya causado en debida forma, es materia de varios recursos y acciones con fuerza suficiente para dejarla sin valor y rectificar sus efectos injurídicos. Téngase en cuenta que por lo general, los reconocimientos administrativos a los que se alude disponen la efectividad del derecho a la prestación a partir de la fecha en que este resultó causado y adquirió su plenitud legal. Tal retroactividad significa el reconocimiento de un derecho anterior al acto administrativo que ordena su realización.

Como derecho concreto, la pensión y la asignación de retiro forman parte del patrimonio del titular y, en el presente caso, parte bien importante, con seguridad, y más que de un patrimonio individual, del de las familias de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Al ordenar el artículo 11 de la Ley 24 de 1979, la suspensión de ese derecho patrimonial (una vez adquirido, sobra decirlo, en forma legal), por cierto tiempo, como pena accesoria a la principal establecida para los delitos que en la norma sub judice se especifican, aparece flagrante su contradicción con la protección del Estado a la propiedad y a los derechos, determinada en el artículo 30 de nuestro estatuto constitucional.

Tercera. La anterior consideración constituye presupuesto para el examen de otro de los cargos formulados a la norma acusada: el que se relaciona con el precepto contenido en el artículo 30 de la Carta, en cuanto garantiza la propiedad privada. Independientemente de que la misma disposición haya sido integrada al Código Civil, según orden expresa del artículo 52, lo cierto es que su clarísima jerarquía constitucional la hace prevalecer sobre cualquiera disposición de naturaleza legal. En el caso presente, si la norma acusada, que es de ley, afecta un derecho patrimonial propio de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional o, lo que es lo mismo, un bien de su exclusiva propiedad, su retención indebida y definitiva sin duda resulta contraria a aquella garantía de la propiedad privada determinada por la Constitución.

Cuarta. La disposición legal objeto de este juicio prescribe una norma penal en estatuto que se refiere primordialmente a disposiciones reguladoras de la administración y no a la sanción de los ilícitos en que puedan incurrir los miembros de dichos cuerpos, como lo es la Ley 24 de 1979, "por la cual se modifican algunas disposiciones del estatuto que regula la carrera de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se dictan otras disposiciones". Efectivamente dicha ley contiene 13 artículos, 12 de los cuales se refieren a abonos por tiempo de antigüedad; tiempos mínimos de servicios para ascensos de oficiales; curso de información militar, antigüedad, pasajes de traslado, orden de beneficiarios, reservas de primera clase de suboficiales de la Armada y la Fuerza Aérea, mesada pensional de navidad, defensa oficiosa y reclusión de militares, prima de servicio anual para Oficiales y Suboficiales, Agentes y Personal Civil del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en servicio activo, y prestaciones sociales y subsidio familiar en cuanto a los hijos, aplicables también a los estudiantes dependientes no mayores de 24 años. De manera que el artículo 11 es, en verdad, '' otra disposición", pero no concordante con el carácter general de la ley, circunstancia ésta contraria a lo ordenado por el artículo 77 del Código Constitucional, que es el 12 del Acto legislativo número 1 de 1968. Hay, pues, "materia diferente", en contradicción con lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución. La Corte, en vista de tal realidad, encuentra procedente reafirmar lo expresado por ella con ocasión de dos casos similares, en estos términos:

"El Decreto 0432 de 1969, reglamentario del funcionamiento de la Sala Constitucional, al referirse a las acciones de inexequibilidad, comprende los dos casos 'por infracción de las normas sustanciales o procedimentales de la Constitución (artículo 16). De consiguiente, tanto la forma como el fondo de los proyectos y de las normas legales pertinentes, se incluyen en la Competencia de la Corte para efecto de revisar su conformidad con todo el articulado de la Constitución' Jí (Código Sustantivo Judicial, sentencia del 16 de octubre de 1975).

"La razón de ser del artículo 77 fue la de buscar una sistematización racional en la tarea legislativa, a fin de impedir que mediante inserciones, muchas veces repentinas, anónimas o inoportunas, se establecieran sorpresas legislativas, reglamentaciones inconsultas o normas que no habían sufrido el trámite regular del proyecto original. Estas inserciones se conocieron en nuestro lenguaje parlamentario con el nombre de micos para significar lo extraño y sorpresivo del precepto, en relación con el texto general de la ley. La finalidad del texto 77 es, como él lo dice, que cuando acontece lo que se viene narrando, las propuestas o disposiciones que lo contengan 6serán inadmisibles5, y el Presidente de la respectiva Comisión deberá rechazarlas con decisión que es susceptible de ser apelable ante la misma Comisión. Es decir, que constitucional-mente el sistema está prohibido y que esta prohibición debe hacerse cumplir primeramente por la respectiva Comisión, y finalmente por la Corte, mediante la acción respectiva" (Código Sustantivo Judicial, sentencia del 11 de mayo de 1973).

Quinta. El precepto constitucional que impone al Estado el deber de proteger el trabajo, lo hace con un sentido de equilibrio frente a las obligaciones del hombre que ha de trabajar en beneficio de la sociedad y de sí mismo. No de otra manera podría cumplirse esta función elemental de los asociados. La norma ofrece un claro contenido de garantía, que comprende no sólo al trabajo de manera objetiva sino al trabajador, cuyo bienestar personal y familiar es al mismo tiempo causa y finalidad de su actividad laboral. Toda ¡la legislación que desarrolla este mandato de lá Constitución se inspira en esos propósitos, de; manera que el trabajo humano a la vez que obligación se concibe como derecho, parte del cual es el de su protección. Las prestaciones sociales del trabajador no sólo son consecuencias ele su trabajo, sino que a él se hallan integradas como quiera que cada día de trabajo se van generando. Entonces la utilidad material del trabajador para él y para las personas que de su trabajo dependen, se traduce en salario destinado a satisfacer sus necesidades en el presente y simultáneamente en unas prestaciones que se van causando con sentido de previsión, y que están predestinadas a la satisfacción de sus necesidades futuras, una vez llegada la época de cesación de su trabajo. Cualquiera disposición legal que contraríe el precepto constitucional de protección al trabajo así entendido, sea en cuanto a él mismo o a en cuanto a sus circunstancias esenciales y sus efectos directos ipso jure, como 10 son las prestaciones, resulta violatoria del texto constitucional que los ampara. Tal es precisamente el caso de la norma demandada.

Decisión

Con fundamento en las consideraciones anteriores, la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, luego de confrontar el artículo

11 de la Ley 24 de 1979 con los artículos de la Constitución a que se ha hecho referencia y con los demás preceptos de la misma, y oído el concepto del Procurador General de la Nación,

Resuelve

Es inexequible el artículo 11 de la Ley 24 de 1979.

Publíquese, Copíese, notifíquese e insértese en la Gaceta Judicial. Comuníquese a quien corresponda y archívese el expediente.

Gonzalo Vargas Rubiano Presidente.

Humberto Mesa González, Mario Latorre Bue-da, Carlos Medellín Forero, Luis Carlos Sáchica, Oscar Solazar Chaves, Luis Sarmiento Buitrago9 Jorge Vélez García.

Luis F. Serrano A.

Secretario,

Aclaración de voto

Comparto la anterior sentencia, hecha la salvedad relativa a que la norma acusada no es violatoria del artículo 34 de la Constitución, en tanto no implica pena de confiscación porque no afecta la totalidad del patrimonio ni es definitiva. Por el contrario, considero confiscatoria la disposición acusada, pues para que tenga tal efecto no es necesario el que comprenda todos los bienes de una persona, ni menos la "universalidad" de su patrimonio, sino que apropia en favor del fisco la totalidad de uno de tales bienes, o sea, que haya privación total del dominio sobre tal cosa.

Como razón de ser de la prohibición de confiscar es la de que la culpa penal y la responsabilidad consiguiente son personales y directas y, por tanto, la sanción no debe afectar sino al autor del delito y, en el presente caso, la ley autoriza beneficiarios sustitutos con derecho a percibir la asignación de retiro de pensión, cuando falte su titular, no importa el efecto aparentemente temporal de la norma impugnada, ya que esa falta del titular puede producirse dentro del término de su aplicación.

Por eso, estimo que ésta es también un motivo de inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 24 de 1979.

Luis Carlos Sáchica.

Aclaración de voto

REF.: Expediente número 806.

Estoy de acuerdo con la decisión de la Sala de declarar inexequible el artículo 11 de la Ley 24 de 1979.

No comparto lo expuesto en la misma en el sentido de que la norma acusada no viola el artículo 34 de la Constitución Nacional, toda vez que la medida que en ella se adopta -suspensión del derecho de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional a asignación de retiro o pensión durante cierto tiempo y por la comisión de determinados ilícitos- "no incluye la universalidad de su patrimonio según se expresa en el fallo.

La medida prevista en el artículo 11 de la Ley 24 de 1979 es, a mi juicio, confiscatoria. Se contempla en ella un despojo en detrimento de los Oficiales y Suboficiales mencionados que, separados del servicio en forma absoluta, por haber recaído sobre ellos sentencia condenatoria, no pueden percibir asignación de retiro o pensión, si a ello hubiere lugar, por un tiempo de diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia. Ese despojo se traduce en la pérdida total de uno de los bienes de aquellos, en este caso, la asignación de retiro o pensión.

Para hablar de confiscación no es menester que se comprendan todos los bienes de una persona; menos aún la universalidad de su patrimonio.

Basta que haya privación del dominio sobre la totalidad de uno de tales bienes.

Así lo ha expresado el señor José María Sam-per citado en fallo de la Corte Suprema del 3 de agosto de 1972 (Gaceta Judicial, CXLIV, número 2364):

"La confiscación a que se refiere el precepto constitucional, tal como se estimó desde sus orígenes, es el absoluto despojo, sin compensación alguna, que da por resultado la pérdida total de los bienes confiscados sin resarcimiento alguno ; y esto a beneficio del fisco, según lo expresa el vocablo".

Comentando el artículo 34 dice el profesor Luis Carlos Sáchica: '£ el artículo 34 agrega una garantía complementaria de la propiedad: en ningún caso se puede imponer pena de confiscación. Este castigo, aplicado en una etapa menos evolucionada del derecho penal, consistía en sancionar ciertos delitos con la pérdida de todo o parte de la propiedad de la persona condenada, en favor del Estado, sin compensación" (''Constitucionalismo Colombiano Edición 1977, página 368).

Por último reproduzco los siguientes apartes de la aclaración de voto del Magistrado doctor Sáchica, que comparto:

"Como razón de ser de la prohibición de confiscar es la de que la culpa penal y la responsabilidad consiguientes son personales y directas y, por tanto, la sanción no debe afectar sino al autor del delito y, en el presente caso, la ley autoriza beneficiarios sustitutos con derecho a percibir la asignación de retiro de pensión, cuando falte su titular, no importa el efecto aparentemente temporal de la norma impugnada, ya que esa falta del titular puede producirse dentro del término de su aplicación, por eso estimo que ésta es también un motivo de inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 24 de 1979".

Oscar Saladar Chaves.