300Corte SupremaCorte Suprema30030001493795Gonzalo Vargas Rubiano198026/08/1980795_Gonzalo Vargas Rubiano_1980_26/08/198030001493CONTROL DE ARRENDAMIENTOS DE HABITACION Y LOCALES URBANOS Exequibles los artículos 1° y 2° del Decreto 3209 de 1979. Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Bogotá, D. E., agosto 26 de 1980. Magistrado ponente: doctor Gonzalo Vargas Rubiano. Aprobada según Acta numero 41 de agosto 26 de 1980. REF: 1980
jose Laureno Castro MejiaARTICULO 1o Y 2o DEL DECERTO 3209 DE 1979Identificadores30030001494true73387Versión original30001494Identificadores

Norma demandada:  ARTICULO 1o Y 2o DEL DECERTO 3209 DE 1979


CONTROL DE ARRENDAMIENTOS DE HABITACION Y LOCALES URBANOS

Exequibles los artículos 1° y 2° del Decreto 3209 de 1979.

Corte Suprema de Justicia.

Sala Constitucional.

Bogotá, D. E., agosto 26 de 1980.

Magistrado ponente: doctor Gonzalo Vargas Rubiano.

Aprobada según Acta numero 41 de agosto 26 de 1980.

REF:

Expediente número 795. Demandante: José Laureano Castro Mejía. Artículos 1°y 2° del Decreto 3209 de 1979. (Control de Arrendamientos de habitaciones y locales urbanos).

Comparece ante la Corte Suprema de Justicia el ciudadano' José Laureano Castro Mejía en solicitud de la declaratoria de inconstitucionalidad, y por ende la inexequibilidad, del parágrafo del artículo 3° de la Ley 7ª de 1943 y de los artículos 1° y 2° del Decreto 3209 de 1979.

La demanda contra el parágrafo de la Ley 7ª de 1943 no fue admitida en virtud de que dicha ley fue declarada exequible por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia de noviembre 30 de 1948 (Gá-ceta Judicial, Tomo LXV, páginas 32 y siguientes). Porque el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la validez constitucional de una norma acusada es definitivo, producé efecto erga omnes y clausura para siempre el debate al respecto. A no ser que, después de declarada la exequibilidad, sufra modificación o enmienda el ordenamiento constitucional ante cuya luz fue confrontada la norma legal o decretal impugnada, de manera que la norma de inferior categoría venga a resultar a posteriori en contradicción con los nuevos preceptos constitucionales, evento que aquí no ha acontecido.

La antedicha Ley 7^ de 1943, "por la cual se dictan algunas disposiciones de carácter económico y se dan unas autorizaciones al Gobierno", dispone en el parágrafo de su artículo 3°: * * Autorízase igualmente al Gobierno para dictar las medidas necesarias a fin de establecer el control de los arrendamientos de las habitaciones y locales urbanos".

Disposiciones acusadas

Queda concretado, pues, el objeto de la acusación a que el presente negocio se refiere, a los artículos 1° y 2° del Decreto 3209 de 1979, cuyo tenor literal es el siguiente:

"DECRETO NUMERO 3209 DE 1979

"(diciembre 28)

"por el cual se prorroga la vigencia y se modifican los Decretos 2770 de 1976, 063 y 2923 de 1977 y 2813 de 1978, sobre congelación de precios de arrendamientos en áreas urbanas.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de las que le confieren la Ley 7^ de 1943 y el numeral 39 del artículo 120 de la Constitución Nacional,

"Decreta:

"Artículo 1° Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 1980 la congelación de arrendamientos establecida por los Decretos 2770 de 1976, 063 y 2923 de 1977; y 2813 de 1978, salvo los casos previstos en los artículos siguientes: "Artículo 2^ A partir del 1® de enero de 1980 se reajustarán los precios mensuales de los arrendamientos, de la siguientes manera:

"a) En un 10% los de los inmuebles destinados a vivienda cuya renta mensual sea superior a $ 5.000.00 y que tuvieren un año o más de congelación.

"b) En un 20% los de los inmuebles cuya destinación sea distinta a vivienda o comercio, que tengan un precio mensual superior a $ 2.500.00 y un año o más de congelación.

Fundamentos de la acusación

Considera el demandante infringidos los preceptos del Estatuto Superior números: 2, 32, 55, 76, inciso l9 y ordinales 1, 2, 11 y 118 ordinal 89, por las razones que sintéticamente pueden expresarse así:

Los mencionados artículos establecen el principio constitucional de la separación de los poderes al trazar dos órbitas de competencia bien delimitadas: una la del Congreso, otra la del Presidente. La ley de autorizaciones tiende a entregarle en forma indirecta al ejecutivo una potestad reglamentaria administrativa que formalmente pertenece al Congreso, con el agravante para éste de que entregada la potestad pueda aquél cuantas veces quiera modificar su desarrollo o decisión hasta tanto la ley no haya desaparecido.

Concepto del Procurador

Estima el Procurador General de la Nación que los artículos acusados del Decreto 3209 de 1979 se ajustan a la Constitución, como lo ha venido sosteniendo la Corte Suprema, primero, al declarar exequible la Ley 7ª de 1943 que otorga autorizaciones al Gobierno para establecer el control de arrendamientos de las habitaciones y locales urbanos, y luego cada vez que han sido acusados los decretos en cuya virtud periódicamente el Gobierno ha venido haciendo uso de tales autorizaciones.

Y, en consecuencia, solicita el señor Procurador la declaratoria de exequibilidad de los artículos acusados.

Competencia de la Corte

Por tratarse de decreto intervencionista es competente la Corte en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 214, ordinal 4°, del estatuto superior, tal cómo quedó según el artículo 58 de la reciente enmienda constitucional de 1979, que le atribuye a esta entidad la función de decidir sobre la exequibilidad de los decretos expedidos con fundamento en el artículo 32.

Consideraciones de la Corte

1ª La enmienda constitucional de 1936 estableció que las autoridades de la República están instituidas, entre otros fines, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado y de los particulares (artículo 16). Que la propiedad es una función social que implica obligaciones (artículo 30). Y consagró también el intervencionismo del estado "por medio de leyes" en las empresas públicas o privadas para racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas (artículo 32).

2ª En vista de las dificultades doctrinales a que dio lugar la locución "por medio de leyes" -y que determinaron la inexequibilidad de buena parte de las disposiciones sobre regulación de la industria bananera (Ley 125 de 1937) -, el constituyente de 1945 la sustituyó por la de que aquella intervención la haría el estado "por mandato de la ley".

3ª Para el ejercicio de la potestad intervencionista en materia de arrendamiento de habitaciones y locales urbanos, el Congreso expidió la atrás citada Ley 7ª de 1943, contentiva de autorizaciones al Gobierno para el indicado fin.

4ª Acusada dicha ley, la Sala Plena de la Corte en sentencia de 30 de noviembre de 1948, la encontró ajustada en un todo a la Constitución. Consideró que se trata de una ley mixta, pues simultáneamente "se dan autorizaciones ordinarias administrativas, autorizaciones legislativas en virtud de facultades extraordinarias pro tempore, y disposiciones de intervención en las industrias".

Y más adelante en otro pasaje esencial, se dice:

"En desacuerdo la Corte con la demanda y con el concepto del señor Procurador General de la Nación, al estimar que la disposición acusada es inexequible por contraria al estatuto, en cuanto implica concesión al Gobierno de facultades extraordinarias para modificar la legislación civil sobre arrendamientos, considera que el parágrafo del artículo 3° de la Ley 7ª de 1943 entendido como lo entiende la Sala Plena, se amolda a las exigencias que el Estatuto Fundamental previene respecto de los ordenamientos legales de intervención. El mandato legal de que aquí se trata no se otorgó pro tempore, por tiempo limitado, sino que es de carácter permanente, y ello sólo es bastante para que aparezca claro que no envuelve una autorización de facultades extraordinarias de las contempladas por el numeral 12 del artículo 76 de la Carta. La facultad consignada en el parágrafo acusado es por su índole de intervención, de las que permite el artículo 32 de la Carta, pues se confiere para que actuando el Estado por sus varios órganos realice el equilibrio económico que haga racional el aprovechamiento de la riqueza que se crea y moviliza por el esfuerzo humano aplicado a proveer a los habitantes de las poblaciones de habitaciones y locales urbanos. Y porque el mandato legal ha de verse conferido concreto y delimitado a la acción del Gobierno sobre los precios de los arrendamientos.

El parágrafo acusado no viola la Constitución, en sus artículos 55 y 76, porque estas normas que señalan funciones separadas al Congreso y al Gobierno, hay que contemplarlas teniendo en cuenta la del artículo 32 que consagra la intervención del Estado en las industrias. Y no quebranta tampoco el artículo 80 numeral 2^ porque la Ley 7^ de 1943 tuvo origen, de acuerdo con ese precepto, en una modificación a un proyecto presentado al Congreso por el Ministro de Hacienda".

5ª En el año de 1965 el Gobierno Nacional expidió el Decreto 46 (enero 14) "por el cual se dictan disposiciones sobre el control de precios".

En sentencia de marzo 3 de 1971, la Sala Plena de la Corte lo declaró exequible por considerarlo ajustado a las disposiciones de la Ley 7ª de 1943, que expresamente califica de ley -cuadro de intervención-. La anterior doctrina de la Corte ha sido reiterada en dos posteriores y sucesivas providencias:

En sentencia de fecha 25 de agosto de 1977 que declara exequible el Decreto 2770 de 1976 sobre control de precios de los arrendamientos en las áreas urbanajs, y en sentencia de agosto 3 de 1978, que declara exequible el Decreto 2923 de 1977 (diciembre 20), "por el cual se prorroga la vigencia y se complementan los Decretos 2770 de 1976 y 63 de 1977 sobre control de precios de arrendamientos en las áreas urbanas".

6ª Conviene reproducir aquí el siguiente pasaje de la precitada sentencia de marzo 3 de 1971, transcrito también expresamente en las dos providencias posteriores:

"La potestad de intervenir de tal modo atribuida a la administración, dura tanto como la ley que la confiere. Si ésta -y así ocurre de ordinario- no fija término al uso de las facultades correspondientes, la competencia del ejecutivo carece de plazo. El Gobierno queda así capacitado para dictar reglas de intervención en las materias determinadas en la ley, por lapso indefinido. De consiguiente el propio ejecutivo se halla en aptitud de cambiar, de modificar, de sustituir unos decretos de intervención por otros, con fuerza legal, sin agotar su capacidad normativa. En este aspecto es de indicar una diferencia entre la intervención autorizada de conformidad con los artículos 32 y 76-11 de la Carta, cuando la ley no señala término para su ejercicio y la misma posibilidad de intervenir cuando viene de las precisas y temporales facultades extraordinarias, que consagra el numeral 12 del artículo 76 del Cuerpo Constitucional. En esta última contingencia, las facultades tienen que darse con tiempo limitado, y por ende, el Gobierno puede dictar decretos extraordinarios equivalentes a una ley cuadro de intervención, pero dentro de este término", y

7ª No cabe el argumento invocado por el actor y que se basa en un salvamento de voto a algunas de las antedichas sentencias, consistente en que el nuevo Código de Comercio al regular íntegramente la materia derogó la ley de autorizaciones de 1943 y reasumió con dicho Código el legislador su facultad interventora. Porque el Código de Comercio, como es obvio, se refiere específicamente a locales arrendados para establecimientos de comercio, y de ninguna manera a los arrendamientos de viviendas en las áreas urbanas.

Decisión

En mérito de las consideraciones expuestas la Corte Suprema de Justicia -Sala Constitucional-, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, declara exequibles los artículos 1° y 2° del Decreto 3209 de 1979.

Publíquese, cópiese, comuniqúese al Gobie3*no Nacional e insértese en la Gacetm Judicial y archívese el expediente.

Gonzalo Vargas Rubiano

Presidente.

Jorge Vélez García, Luis Sarmiento Buitrago, Luis Carlos 8achica, Oscar 8alazar Chaves, Carlos MedelUn Forero, Humberto Mesa González, Mario Latorre Eueda.

Luis F. Serrado A.

Secretario.