300Corte SupremaCorte Suprema30030001393778Carlos Medellin198014/05/1980778_Carlos Medellin_1980_14/05/198030001393JORNADA DE TRABAJO EN EL TRANSPORTE PUBLICO Exequible la expresión "o, simplemente, a disposición de la una y del otro" del artículo 2° del Decreto 869 de 1978, Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Bogotá, D. E., 14 de mayo de 1980. Magistrado ponente: doctor Carlos Medellín. Aprobada por Acta número 28. 1980
Pedro Claver DoriaPARTE DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO 869 DE 1978.Identificadores30030001394true73281Versión original30001394Identificadores

Norma demandada:  PARTE DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO 869 DE 1978.


JORNADA DE TRABAJO EN EL TRANSPORTE PUBLICO

Exequible la expresión "o, simplemente, a disposición de la una y del otro" del artículo 2° del Decreto 869 de 1978,

Corte Suprema de Justicia.

Sala Constitucional.

Bogotá, D. E., 14 de mayo de 1980.

Magistrado ponente: doctor Carlos Medellín.

Aprobada por Acta número 28.

REF.: Demanda de inexequibilidad de una parte del artículo 2° del Decreto 869 de 1978. Jornada de Trabajo en el Transporte Público. Demandante: Pedro Claver Doria D. Radicación: 778.

Se transcribe la norma sobre que versa el debate, con la advertencia de que la parte subrayada es aquella cuya inexequibilidad se impetra:

Artículo 2° Para efectos del artículo 56 del Decreto 1393 de 1970 se entiende que la jornada de trabajo comprende el tiempo durante el cual el conductor está al servido de la empresa o patrono bien sea sobre el timón o la ruta o, simplemente, a disposición de la una o del otro".

Señala como violados los preceptos de la Ley 15 de 1959 en concordancia con los numerales 1°, 2° y 13 del artículo 76 de la Constitución.

En el concepto del Procurador se hace un buen resumen, hasta donde ello es posible, de los motivos alegados por el actor:

"En nueve de los diez folios contentivos de su demanda, el actor se extiende en los que a su juicio son motivos o razones de la violación constitucional por parte de la norma acusada. Tales motivos pueden sintetizarse así: El Decreto 869 de 1978 tiene la naturaleza de un decreto-ley sólo susceptible de controvertirse ante la Corte Suprema de Justicia, por haberse expedido por el Presidente de la República, según expresa su 'título' o encabezamiento, 'en ejercicio de sus atribuciones legales, y en especial de las que le otorga la Ley 15 de 1959'. Según este enunciado, el decreto-ley en cuestión hubo de dictarse con base en facultades extraordinarias precisas y pro tempore concedidas por el legislador al Ejecutivo, según lo dispone el artículo 76, numeral 12, de la Carta. Lo anterior, concatenado con el artículo 214 de la Constitución, determina la competencia de la Corte para conocer de la inconstitucionalidad de la norma acusada. Confrontada la Ley 15 de 1959 con el Decreto 869 de 1978, 'resalta ostensiblemente que aquel estatuto superior (sic) no le confirió facultad alguna para legislar respecto a la materia contenida en la disposición acusada' (…). Con la antelada (sic) confrontación entre los textos memorados de la ley y la norma acusada, sería suficiente para decretar la inexequibilidad solicitada ante el quebranto de la misma ley, invocada y glosada en sus artículos 2° a 18 o postreros, con la transgresión también, indirecta, del artículo 76, ordinal 12 de la Carta, ante la, ausencia de facultades extras para legislar sobre la materia demandada, así como la infracción del propio artículo 76, en sus ordinales 1° y 2° (se ha destacado). El actor además indica que analizado el artículo 1° de la Ley 15 de 1979, se llega a igual conclusión, esto es, que tampoco mediante ese artículo se le atribuyen las facultades ejercidas, por el Presidente de la República, con la expedición de la norma acuitada (…). "En los ordinales (sic) a), b), c), d) y e) con su parágrafo, se fijan al Gobierno los objetivos que traducen la atribución, que le habilita, para intervenir en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros y en desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional. Mas, ninguno de esos objetivos se relacionan con facultades para dictar la medida, que califico de inconstitucional…" Continúa el actor: "En resumen, y para finalizar, apoyar la norma impugnada en la ley que se esgrime, en su encabezamiento, demuestra la inconstitucionalidad de aquélla y así debe declararse, previa la tramitación premarcada en el Decreto 423 de 1969". Y concluye el demandante expresando: En cuanto al canon 39, su alcance no puede llegar hasta establecer qué profesionales de cualquier ramo o trabajadores, de cualquier actividad pública o privada, tengan derecho a que se incorpore, dentro de su jornada de trabajo, el tiempo en que, sin estar laborando, pueden estar, como lo pretende la norma acusada, que de sentarse el precedente podría ampliarse a todas las esferas de las actividades de trabajo, 'simplemente, a disposición de la empresa o patrono' porque, no precisado el concepto y alcance del vocablo 'disposición' bien puede interpretarse que él (sic) o los beneficiados con ese régimen excepcional se encuentran, v. gr., en residencias u otros lugares mediatos, de fácil comunicación y transportes (sic), a la 'disposición7 del patrono o de la empresa, gozando así de un privilegio que no consulta la equidad ni los principios morales, y menos los de responsabilidad, que han de pautar y afianzar toda relación obrero-patronal. Lo extensamente expuesto, deja explicado al máximo la vulneración de las normas jerárquicas de la Carta, de manera indirecta, que he invocado y las de la Ley 15 de 1959, por lo que procede la declaratoria de inexequibilidad en cuyo pedimento me reitero (se ha subrayado)".

Concepto del Procurador

En resumen piensa que no se trata, en la Ley 15 de 1959, del otorgamiento de facultades extraordinarias precisas y pro tempore, entre otras consideraciones porque no se fijó plazo para el ejercicio de tales supuestas facultades extras.

Considera que es impertinente pretender la inexequibilidad de alguna norma alegando que contradice disposiciones de una ley. El conocimiento de los actos administratvos violatorios de la ley corresponde al Consejo de Estado, agrega el Procurador.

Finalmente, al analizar la naturaleza jurídica del acto acusado llega a la conclusión de que la Ley 15 de 1959 otorgó facultades especiales de las previstas en el numeral 11 del artículo 76 y que por tanto sí es del conocimiento de la Corte el presente asunto. Dice así:

"La norma objeto de acusación hace una aclaración al artículo 56 del Decreto 1393 de 1970, o Estatuto del Transporte Automotor, para definir legalmente qué se entiende en tal Estatuto por las jornadas de trabajo a que se refiere el mentado artículo 56. Demandados en acción de inconstitucionalidad treinta artículos del Decreto 1393 de 1970, bajo el epígrafe 'Competencia de la Corte' dijo esta alta Corporación en sentencia de fecha 27 de septiembre de 1972, en la cual se declararon exequibles todos los treinta preceptos cobijados por la demanda:

'El Gobierno dictó el Decreto 1393 de 1970 para dar contenido jurídico a una intervención estatal, con apoyo en el artículo 32 de la Carta, el cual permite al Ejecutivo actuar en esa esfera, siempre que los decretos que al efecto expida reposen en una autorización legislativa. En el caso de autos, por contemplar la Ley 15 de 1959 una facultad determinada, suficientemente circunscrita a un objeto preciso, y dada sin sujeción a término, cumple reconocer que se está en presencia de una autorización especial concedida al Gobierno para ejercer funciones dentro de la órbita constitucional, a términos del ordinal 11 del artículo 76 de la Constitución.

'Como a la Corte corresponde decidir sobre la exequibilidad de los decretos dictados por el Gobierno en virtud de las atribuciones de que trata el memorado ordinal 11, cuando fueren acusados de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano, es clara la competencia de esta Corporación para conocer el presente negocio. Así lo prevé la atribución 2° consignada en el artículo 214 del Código Constitucional.

"De conformidad con el fallo precedentemente transcrito en parte, el Decreto 869 de 1978 es, pues, de idéntica estirpe, de rango constitucional igual al del Decreto 1393 de 1970, por lo cual la norma acusada pertenece a un ordenamiento dictado con base en la Ley 15 de 1959, es decir, a uno de los llamados 'decretos especiales' previstos en el numeral 11 del artículo 76 de la Constitución. La Ley 15 de 1959 fue expedida por el Congreso Nacional con fundamento en las facultades que le otorga el artículo 76, numeral 11 acabado de citar, según el cual el Congreso puede 'conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional' Esta parte final del numeral 11 que se ha subrayado, fue derogada expresamente por el artículo 14 del Acto legislativo número 1 de 1979, vigente desde el pasado 20 de diciembre. Sin embargo el decreto acusado fue dictado cuando aquellas facultades podían ser trasladadas al Gobierno (76-11, in fine), de lo cual se colige que la Corte puede pronunciarse sobre esas materias. Por otra parte, se reafirma tal competencia de la honorable Corte, por cuanto el Decreto 869 de 1978 se basa en la Ley 15 de 1959 y esta Ley preceptúa en su artículo 1° inciso 1°, lo siguiente: 'En desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno, en representación del Estado y por mandato de esta ley, intervendrá en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros, con los siguientes objetivos…".

"Como la norma acusada aclara a otra del Decreto 1393 de 1970, la transcripción de la parte enunciativa de este Decreto 1393 de 1970 arroja aún más luz sobre el punto en cuestión. Dice así tal encabezamiento: 'Por el cual se expide el Estatuto Nacional del Transporte Terrestre Automotor. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades concedidas por la Ley 15 de 1959 y en desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, Decreta; '…'".

Concluye pidiendo a la Corte que declare exequible la norma cuyo aparte se considera inconstitucional.

Consideraciones de la Corte

1° Las dudas expresadas por el demandante respecto a la calidad de decreto-ley que tenga el que presenta para el examen de la Corte, explican por qué la Ley 15 de 1959 no confirió facultades extraordinarias, entre otras varias consideraciones porque faltó el elemento pro tempore.

En el encabezamiento de la Ley 15 de 1959 se lee: "Por la cual se da mandato al Estado para intervenir en la industria del transporte, se decreta el auxilio patronal del transporte, se crea el fondo de transporte urbano y se dictan otras disposiciones".En el artículo 1° se dice: "En desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, el Gobierno, en representación del Estado y por mandato de esta ley, intervendrá en la industria del transporte automotor, tanto urbano como en servicio por carreteras, para la movilización de carga y pasajeros, con los siguientes objetivos…".

El Procurador piensa que esta ley concede autorizaciones especiales al Gobierno para "ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional", y por tanto, el conocimiento de la presente demanda es competencia de la Corte.

2° Existe, en verdad, íntima relación entre la Ley 15 de 1959, el Decreto 1393 de 1970 y el Decreto 869 de 1978. Tal relación no es precisamente la necesaria entre las leyes y sus reglamentos ordinarios. Aunque los Decretos mencionados contienen unos reglamentos del transporte público, sus normas no obedecen a la necesidad de reglamentar la ley que las causa, sino al cumplimiento de los términos imperativos utilizados por la Ley 15 de 1959: "El Gobierno, en representación del Estado y por mandato de esta ley, intervendrá en la industria del transporte automotor..." (subraya la Corte). De manera que los decretos del Ejecutivo en este caso desarrollan las normas legales sobre su misma materia, que es la prevista especialmente en el artículo 32 de la Carta. Así la ley como los decretos del Ejecutivo que ella ordena expedir contienen normas de intervención del Estado. Y para que las normas de los decretos ejecutivos tuvieran cauce constitucional suficiente, se acude también a las facultades especiales previstas por el artículo 76-11, tal como existía en el momento de la expedición de aquéllos, es decir, "Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes nacionales y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional" (subraya la Corte). De tal manera se advierte que la Ley 15 de 1959, y los decretos expedidos en su desarrollo, constituyen una unidad normativa de claro carácter intervencionista, de acuerdo con la facultad general del artículo. 32 de la Constitución, particularmente en la parte de éste que se refiere a la intervención del Estado., "por mandato de la ley, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados para racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral".

Opina el Procurador que la norma acusada "aclara a otra del Decreto 1393 dé 1970", cuyo encabezamiento "arroja aún más luz sobre el punto en cuestión". Y la transcribe: "Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Transporte Automotor. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades concedidas por la Ley 15 de 1959, y en desarrollo de los artículos 30, 32 y 39 de la Constitución Nacional, decreta…".

Asiste razón al Jefe del Ministerio Público.

Definido de esta manera el carácter jurídico de la norma acusada, resulta procedente afirmar la vocación constitucional de la Corte para conocer de su exequibilidad, en los términos del artículo 214-4 de la Carta.

3° Los literales b) y d) del artículo 1° de la Ley 15 de 1959, citados en su concepto por el señor Procurador, autorizan -dice él- especialmente al Gobierno Nacional para que intervenga en distintos aspectos del servicio de transporte automotor, y para "establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte que por esta ley corresponde al empleador en beneficio del empleado (subrayo)".

Según se ha dicho, el reglamento necesario para cumplir las funciones de intervención que la Carta autoriza al Estado, no tiene la índole del simple decreto reglamentario de una ley, sino que constituye el desarrollo lógico y jurídico de la ley que ordena dicha intervención. Hay, pues, una evidente unidad material y una secuencia normativa entre los distintos preceptos, de diferente origen, destinados a la actuación del Estado interventor.

En el presente caso los Decretos de procedencia ejecutiva, a saber el 1393 de 1970 y el 869 de 1978, comparten idéntica naturaleza jurídica, y el último, al cual pertenece el aparte acusado de su artículo 2°, aclara al primero en su propósito realizado de ' 'establecer la forma de pago o prestación del servicio de transporte". Lo aclara sin introducir modificación, lo que también hubiera podido ocurrir, en tratándose de normas de la misma jerarquía, todo ello de conformidad con las disposiciones constitucionales.

La aclaración contenida en la totalidad del artículo 2° hace referencia concreta a las condiciones laborales de los conductores que se dedican al servicio de transporte, ya que especifica la extensión del tiempo de su trabajo por el aspecto de la jornada que deben cumplir. En nada se aparta esa norma de su indispensable contenido reglamentario no de la ley cuyo mandato cumple, sino como estatuto ejecutivo necesario para realizar la función interventora del servicio.

Decisión:

Por las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional,

Resuelve:

Es exequible la expresión "o, simplemente, a disposición de la una y del otro" del artículo 2° del Decreto 869 de 1978.

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Gonzalo Vargas Rubiano

Presidente.

Luis Sarmiento Buitrago, Jorge Vélez García, Humberto Mesa González, Ricardo Medina Moyano, Oscar Solazar Chaves, Mario Latorre Rueda, Carlos Medellín.

Luis F. Serrano A.

Secretario.