300Corte SupremaCorte Suprema30030001304780Luis Sarmiento Buitrago198009/04/1980780_Luis Sarmiento Buitrago_1980_09/04/198030001304REAJUSTE DE PENSIONES EN EL RAMO DOCENTÉ Exequible el artículo 1° de la Ley 141 de 1961, en cuanto adoptó como ley el Decreto legislativo numero 309 de 1958 esa la parte del artículo 3° que dice: "que hayan vuelto o vuelvan al servicio de la educación". Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Bogotá, D. E., abril 9 de de 1980. Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago. Aprobada por Acta número 16. REF.: Expediente 780. Actores Javier Valde-rrama Reinales y otros. Inexequibilidad de la Ley 141 de 1961, en cuanto acogía como ley el artículo 3o, en la parte que se subraya del Decreto legislativo número 309 de 1958. 1980
Javier Valderrama Reinales | otrosINEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 141 DE 1961, EN CUANTO ACOGIA COMO LEY DEL ARTICULO 3o. EN LA PARTE QUE SE SUBRAYA DEL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 309 DE 1958Identificadores30030001305true73158Versión original30001305Identificadores

Norma demandada:  INEXEQUIBILIDAD DE LA LEY 141 DE 1961, EN CUANTO ACOGIA COMO LEY DEL ARTICULO 3o. EN LA PARTE QUE SE SUBRAYA DEL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 309 DE 1958


REAJUSTE DE PENSIONES EN EL RAMO DOCENTÉ

Exequible el artículo 1° de la Ley 141 de 1961, en cuanto adoptó como ley el Decreto legislativo numero 309 de 1958 esa la parte del artículo 3° que dice: "que hayan vuelto o vuelvan al servicio de la educación".

Corte Suprema de Justicia.

Sala Constitucional.

Bogotá, D. E., abril 9 de de 1980.

Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago.

Aprobada por Acta número 16.

REF.: Expediente 780. Actores Javier Valde-rrama Reinales y otros. Inexequibilidad de la Ley 141 de 1961, en cuanto acogía como ley el artículo 3o, en la parte que se subraya del Decreto legislativo número 309 de 1958.

Los ciudadanos Javier Valderrama Reinales, Carlos Martínez Chamorro y Carlos Luis Ibarra Yillamizar piden a la Corte Suprema, en acción pública, se declare inexequible la Ley 141 de 1961 en cuanto acogía como ley el artículo 3°, en la parte que se subraya del Decreto legislativo número 309 de 1958, cuyo texto dice:

"Los servidores del ramo docente pensionados con arreglo a las leyes, que hayan vuelto o vuelvan al servicio de la educación, tendrán derecho al reajuste de la pensión por una sola vez, después de cuatro (4) años de servicio ininterrumpido".

Afirman los actores que el artículo 3° en la parte acusada, viola el artículo 17 de la Constitución en cuanto desprotege al trabajador. Al respecto dicen:

"En efecto, al establecer el artículo 3° del Decreto 309 de 1958 que el reajuste opera para los servidores del ramo docente que hayan vuelto o vuelvan al servicio de la educación, ha excluido tácitamente de tal reajuste a aquellos servidores pensionados del ramo docente que, sin solución de continuidad, prestaron después de pensionados servicios por cuatro o más años. Con tal exclusión se vulnera y desconoce para estos últimos servidores del ramo docente, el derecho que tienen de que el trabajo, como obligación social goce de la especial protección del Estado, tal como lo manda el artículo 17 de la Carta.

Y agrega:

"si tienen derecho al reajuste contemplado en el Decreto 309 de 1958 los servidores docentes que se retiraron y volvieron, con mayor razón y justicia también tienen derecho al reajuste quienes en ningún momento dejaron de prestar el servicio y perseveraron en él, en beneficio más acentuado de la educación colombiana.

"Este es el lógico y verdadero espíritu de la norma. En ningún caso se quiso amparar el retiro, así fuera por un día para volver y así gozar del reajuste. En ningún caso pretendió el legislador establecer un privilegio odioso, una discriminación absurda, en favor de quienes pensionados se retiraron y volvieron al serdeio educativo, con exclusión de los que, en forma laudable y meritoria, continuaron sin interrupción aportando su esfuerzo cotidiano al servicio del magisterio".

El Procurador General, por su parte, conceptúa que la norma es constitucional porque, aunque haya habido una omisión o un olvido por parte del legislador extraoridnario, éstas no son causales que vulneren la Constitución y pueden originar la inexequibilidad.

Son sus palabras:

"Los argumentos que la demanda presenta en orden a demostrar la violación constitucional, constituyen motivos de justicia igualitaria, por no comprender la parte de la norma acusada a servidores de la educación que, hallándose en análogas condiciones, quedan al margen del beneficio que la disposición establece.

"Se ignoran las razones que motivaron al Gobierno en su condición de legislador extraordinario para no incluir dentro del reajuste pensional cuatrienal a aquellas pensiones de servidores del ramo de la educación que, sin solución de continuidad una vez pensionados siguen laborando en ese servicio público. Pero ello es indiferente eu esta acción porque dentro del marco general de competencia que la Constitución traza al legislador, éste es libre y autónomo para otorgar determinados beneficios laborales, en forma directa a través de las leyes, o bien otorgando facultades específicas al Presidente de la Eepública o, como en el presente caso, elevando a la categoría de leyes las determinaciones que tome el Ejecutivo mediante decretos legislativos en uso de las atribuciones del artículo 121 del Estatuto Superior. La mayor o menor amplitud con que esos beneficios se establezcan puede entrañar injusticia, olvido o voluntaria limitación del derecho, mas esa sola circunstancia; no envuelve violación de ninguna disposición de la Carta, porque es bien sabido que la constitucio-nalidad de una ley es indiferente a la justicia de la misma75.

Consideraciones.

1ª La norma acusada omite en verdad incluir a los servidores del ramo docente que hayan continuado prestando servicios luego de obtener el reconocimiento de su pensión con arreglo a las leyes a efecto de lográr un reajuste de la misma después de cuatro años de servicio ininterrumpido, causando aparentemente un perjuicio injusto para ese sector de la Administración Nacional.

La Junta Militar de Gobierno de la República de Colombia, convalidada plebiscitariamente en 1957, expidió el Decreto legislativo número 309 de 1958 (julio 18), "en uso de las facultades que le confiere el artículo 121 de la Constitución Nacional" De este decreto hace parte el artículo 3° acusado, cuya transcripción se hizo inicialmente.

Posteriormente se expidió la Ley 141 de 1961, cuyo artículo 1° dice: "Adóptense como leyes los decretos legislativos dictados con invocación del artículo 121 de la Constitución, desde el nueve (9) de noviembre de mil novecientos cuarenta y nueve (1949) hasta el veinte (20) de julio de mil novecientos cincuenta y ocho (1958), en cuanto sus normas no hayan sido abolidas o modificadas por leyes posteriores".

La vigencia de la disposición acusada ha sido reiterada por nuevas normas con fuerza de ley. Así los Decretos 435 de 1971 y 446 de 1973 expedidos con facultades legales, reajustan las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez y otras prestaciones del sector público con la sola exclusión en 3 a rama docente de aquellos maestros que devenguen pensión complementaria de 3 os departamentos o los municipios. Y, además, disposiciones posteriores han regulado en forma permanente y continua, sin sujeción a los cua-trenios indicados en el Decreto 309, los reajustes pensiónales para todo el sector público de la Administración.

2ª Si, como observa el Procurador General, la mayor o menor amplitud con que esos beneficios se establezcan puede entrañar injusticia, lo que en el caso sub judice no aparece evidente, tal ocurrencia no entraña inconstitucionalidad ya que el legislador es autónomo para' decretar prestaciones sociales en la forma que considere más acorde con las necesidades de sus servidores públicos o con las varias modalidades del servicio.

Reiteradamente ha dicho la Corte que su función es confrontar normas legales desde el punto de vista de la constitucionalidad pero no por otros aspectos.

3ª Con superior razón puede afirmarse que el descuido u olvido del legislador al no comprender todos los casos posibles a fin de lograr la generalidad absoluta no implica inexeqnibilidad, máxime cuando tales deficiencias pueden ser corregidas por el propio legislador, mas no por la Corte Suprema en perjuicio de quienes reúnen los requisitos exigidos en el estatuto disentido.

Estas consideraciones son suficientes para que la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Constitucional, y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelva:

Es exequible el artículo 1° de la Ley 141 de 1961 en cuanto adoptó como ley el Decreto legislativo número 309 de 1958 en 1 a; parte del artículo 3° que dice: "que hayan vuelto o vuelvan al servicio de la educación".

Cópiese, notifíquese, comuniqúese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Gonzalo Y argos Rubiano

Presidente.

Luis Sarmiento Buitrago, Luis Carlos Sáchióa, Oscar Salazar Chaves, Jorge Vélez García.

Luis F. Serrano A.

Secretario.