300Corte SupremaCorte Suprema30030001142746Luis Carlos Sáchica197905/11/1979746_Luis Carlos Sáchica_1979_05/11/197930001142PROCURADORES AGRARIOS Inexequible en parte la norma demandada. Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. - Acta número 42, de 5 de noviembre de 1979. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica . REF.: Radicación número 746. Demandante: Rodrigo Noguera Laborde, Incisos 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 135 de 1961. 1979
Rodrigo Noguera LabordeDemanda de inexequilidad parcial el artículo 12 de la Ley 135 de 1961Identificadores30030001143true72986Versión original30001143Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequilidad parcial el artículo 12 de la Ley 135 de 1961


PROCURADORES AGRARIOS

Inexequible en parte la norma demandada.

Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -

Acta número 42, de 5 de noviembre de 1979.

Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

REF.:

Radicación número 746. Demandante: Rodrigo Noguera Laborde, Incisos 1 y 2 del artículo 12 de la Ley 135 de 1961.

El ciudadano Rodrigo Noguera Laborde acusó de inconstitucionalidad parcial el artículo 12 de la Ley 135 de 1961, en escrito presentado el 30 de julio pasado, demanda a la que se le dio el trámite prescrito en el Decreto 432 de 1969.

Para precisar la acusación se transcribe el texto pertinente, subrayando la Corte las partes que considera inconstitucionales el actor:

"Artículo 12. Créanse los cargos de Procuradores Agrarios, como delegados del Procurador General de la Nación, en el número y con las asignaciones que el Gobierno determine, oído el concepto de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Los Procuradores Agrarios serán nombrados por el Procurador General de la Nación, con observancia de las reglas sobre paridad política, para períodos de dos años, y deberán reunir las calidades exigidas para los Fiscales de los Tribunales Superiores".

El demandante estima violados los artículos 120-21 y 145 de la Constitución. Sustenta el quebranto de la primera de tales disposiciones en que es función propia y autónoma del Presidente de la República, que le corresponde como suprema autoridad administrativa, la de crear, suprimir y fusionar los cargos subalternos del Ministerio Público, competencia que solo condiciona la Constitución a lo que dispongan las leyes-cuadros previstas en el artículo 76-9 y, en cambio, la norma acusada sujeta la determinación del número y asignaciones de los Procuradores Agrarios al concepto de la Junta Directiva del Instituto de la Reforma Agraria, restricción contraria a los preceptos constitucionales citados. Agrega que, teniendo los Procuradores Agrarios el carácter de empleados subalternos del Procurador General, se contraría la facultad de libre nombramiento y remoción que le atribuye el artículo 145 de la Constitución, cuando se les convierte por el artículo 12 demandado en funcionarios de período fijo, esto es, inamovibles dentro de ese lapso.

El Procurador General de la Nación, según su concepto número 389, fechado el 31 de agosto pasado, opina que la Corte debe declarar la existencia de la cosa juzgada y proferir la consiguiente decisión inhibitoria, por cuanto en fallo de 11 de diciembre de 1964 la Corte declaró exequible en su totalidad el artículo impugnado.

Consideraciones de la Corte.

En razón del concepto del Procurador que se acaba de reseñar, previo al análisis de la cuestión de fondo, se impone el examen y verificación de la cosa juzgada. Hecha tal comprobación, se encontró que, efectivamente, en el fallo proferido por la Corte el 11 de diciembre de 1964, se declaró totalmente exequible el artículo 12 de la Ley 135 en mención.

Pero, es el caso que, después del referido fallo, se expidió la reforma constitucional contenida en el Acto legislativo número 1 de 1968, dentro del cual hubo modificación de las disposiciones con las cuales fue confrontado y declarado exequible el artículo 12 que se está estudiando. Por tanto, aquella decisión de la Corte tuvo y tiene la fuerza y los efectos de la cosa juzgada, pero ellos pueden cesar si, como consecuencia de la citada reforma, la disposición acusada resultare o deviniere incompatible con las disposiciones constitucionales vigentes actualmente, razón por la cual la Corte, como ya lo ha admitido en otras oportunidades, debe entrar a definir el fondo de la demanda, pues que no se trata de repetir un juicio de validez ya efectuado, sino de realizar uno nuevo, ya que uno de los términos de la confrontación normativa en que consiste aquél, ha cambiado.

En efecto, parece obvio que la norma acusada fuera considerada exequible bajo el régimen constitucional anterior a 1968, porque entonces, de acuerdo con el artículo 69, ordinal 9.º, la creación, fusión y supresión de cargos era competencia legislativa del Congreso, el cual podía regular y limitar como a bien tuviera los requisitos y condiciones para su desempeño, tanto más cuanto el artículo 5.º del Plebiscito de 1957 disponía en su artículo 5.º:

''El Presidente de la República, los Gobernadores, los Alcaldes y, en general, todos los funcionarios que tengan facultad de nombrar y remover empleados administrativos, no podrán ejercerla, sino dentro de las normas que expida el Congreso, para establecer y regular las condiciones de acceso al servicio público, de ascensos por mérito y antigüedad, y de jubilación, retiro o despido".

En cambio, en la actualidad, ha dejado de regir la citada norma plebiscitaria y, además, en lo que respecta al caso que se analiza se han producido los siguientes cambios normativos que encuadran y orientan el criterio de la Corte:

a) Al Presidente de la República, le corresponde, en su calidad de suprema autoridad administrativa, de acuerdo con el artículo 120: "21. Crear, suprimir y fusionar los empleos que demande el servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos y los subalternos del Ministerio Público y señalar sus funciones especiales, … todo con sujeción a las leyes a que se refiere el numeral 9.° del artículo 76, …" (subraya la Corte), y

b) El ordinal 9.º al cual se hace la anterior remisión prescribe que al Congreso le corresponde hacer las leyes y por medio de ellas, entre otros asuntos, le compete: "Determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, así como el régimen de sus prestaciones sociales".

Y de conformidad con la atribución 4.ª del artículo 145, al Procurador General de la Nación se le faculta para "nombrar y remover libremente a los empleados de su inmediata dependencia", sin condicionamiento alguno de orden constitucional, así como la competencia presidencial de creación de tales cargos no tiene otra limitación que la derivada del ordinal 9.º del artículo 76, en cuanto a las categorías de empleos, escalas de remuneración que a ellas correspondan, régimen de sus prestaciones sociales, y la restricción de que "no podrá crear con cargo al Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones iniciales", como prescribe al final el ordinal 21 del artículo 120. Es patente que condicionar la creación de cargos de Procuradores Agrarios, en lo tocante a su número y asignaciones, al requisito de solicitar concepto de la Junta Directiva de Incora y fijarles a los nombrados, períodos de dos años, es contrario a la mencionada atribución 4.º y al citado ordinal 21.

Esto es que, el Presidente puede crear los cargos subalternos del Ministerio Público, y entre ellos los de Procuradores Agrarios, con absoluta autonomía frente a la Junta Directiva de Incora y sin necesidad de su opinión, pues sólo debe atenerse a lo que preceptúen las leyes previstas en el ordinal 9.º del artículo 76. Y a su vez, el Procurador General de la Nación tiene la facultad de libre nombramiento y remoción de los Procuradores Agrarios, ya que el artículo 12 que les señala período bienal, es manifiestamente contrario al artículo 145, facultad 4.ª de la Constitución.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, -Sala Plena-, oído el Procurador General de la Nación y con fundamento en el estudio de su Sala Constitucional, decide declarar inexequibles, dentro del texto del artículo 12 de la Ley 135 de 1961 las disposiciones que dicen, en su inciso primero, " … oído el concepto de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria", y en el inciso segundo, la que dice, " … para períodos de dos años … ".

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José María Esguerra Samper

Presidente.

Jerónimo Argáez Castello, Fabio Calderón Botero, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Juan Manuel Gutiérrez L., Alvaro Luna Gómez, Miguel Lleras Pizarro, Luis Enrique Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Guerrero, Jesús Bernal Pinzón, Dante Fiorillo Porras, Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Juan Hernández Sáenz, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Rojas Otálora, Luis Sarmiento Buitrago, Ricardo Uribe Holguín, Gonzalo Vargas Rubiano.

Nicolás Pájaro Peñaranda

Secretario General.