300Corte SupremaCorte Suprema30030001092Suárez Murillo191230/10/1912Suárez Murillo_1912_30/10/191230001092Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, octubre treinta de mil novecientos doce. (Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo). Vistos: 1912
José Antonio BarrosDemanda de inconstitucionalidad contra el Decreto ejecutivo expedido bajo el número 1042 el 2 de septiembre de 1905, que suspende el reconocimiento de algunos créditosIdentificadores30030001093true72934Versión original30001093Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto ejecutivo expedido bajo el número 1042 el 2 de septiembre de 1905, que suspende el reconocimiento de algunos créditos


Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, octubre treinta de mil novecientos doce.

(Magistrado ponente, doctor Suárez Murillo).

Vistos:

El señor José Antonio Barros, en su propio nombre y apoyado en lo que dispone el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, reformatorio de la Constitución, se ha presentado acusando como inconstitucional el Decreto ejecutivo expedido bajo el número 1042 el 2 de septiembre de 1905, que suspende el reconocimiento de algunos créditos.

Funda su petición, entre otras razones, en las siguientes:

1.º En que la suspensión total del reconocimiento y pago de los créditos por fletes terrestres, a que se refiere el Decreto denunciado, no sólo vulnera sino que desconoce derechos adquiridos con justo título, con arreglo a las leyes civiles que presiden a la celebración de los contratos sobre prestación de servicios. (artículo 31 de la Constitución); y

2.º En que el desconocimiento de los derechos adquiridos por fieles terrestres, causados a cargo del Gobierno antes del 10 de marzo de 1904, ha privado de su propiedad a los acreedores, fuéra de los casos preestablecidos en el artículo 32 de la Carta Fundamental.

Acompañó a su petición tres ejemplares del Boletín Militar de Colombia y uno del número 12443 del Diario Oficial, en los que están publicados el Decreto impugnado y otros que con él se relacionan.

Como el señor Procurador General de la Nación ha rendido el dictamen que le corresponde, según la disposición constitucional ya citada, ha llegado el caso de que la Corte pronuncie el fallo que le compete.

Las disposiciones anteriores que motivaron el Decreto cuya inexequibilidad se solicita, son las siguientes:

a) El Decreto ejecutivo número 886 de 31 de mayo de 1902, por el cual se creó una Oficina pagadora de fletes y transportes en Agualarga y se dispuso además cómo debía hacerse el pago de tales servicios, y se señalaron las formalidades para hacerlos efectivos.

b) El Decreto ejecutivo número 1014, de 30 de junio del mismo año, por el cual se sustituyó el artículo 4.° del anteriormente citado,

c) El Decreto legislativo número 389 de 1903, por el cual se eliminó la Oficina pagadora de fletes y transportes establecida en Agualarga, y se dispuso que los créditos pendientes y los que en lo sucesivo se originaran por razón de fletes y transportes contratados por el Gobierno o sus agentes, debidamente autorizados al efecto, serían cubiertos por la Pagaduría Central, mediante ordenación del Ministerio de Guerra y observando las reglas de la Oficina de Agualarga respecto a los comprobantes del crédito.

d) El Decreto número 638, de 1.° de junio del mismo año, por el cual se levantó el estado de sitio y se declaró restablecido el orden público en toda la Nación, estatuyó que los decretos de carácter legislativo no derogados, expedidos por el Poder Ejecutivo en virtud de la facultad constitucional, quedaban en vigor con fuerza de leyes, hasta tanto que el Poder Legislativo dispusiese otra cosa, con excepción de aquellos que, motivados por circunstancias especiales de carácter transitorio, habían tenido cabal cumplimiento.

e) Por último, el Decreto ejecutivo número 1042, de 2 de septiembre de 1905, que es el acusado, dispuso en su artículo 1.° que quedaba totalmente suspendido desde la publicación de ese Decreto (que lo fue el 9 de septiembre del mismo año) el reconocimiento y pago de fletes terrestres causados antes del 10 de marzo de 1904.

Fundado en el Decreto número 638, a que se ha hecho referencia, y en la circunstancia de estar suscrito por el Presidente y todos los Ministros el marcado con el número 389 de 1903, juzga el demandante que dicho Decreto está en toda su fuerza y vigor, pues no fue derogado por el Cuerpo Legislativo en sus sesiones de 1903, 1904 y 1905, ni lo ha sido después; y por lo tanto, como ley vigente, es violada por el Decreto número 1042 a que se contrae la demanda. No está de acuerdo la Sala de Decisión en cuanto a la vigencia del mencionado Decreto, el que no hay duda tiene el carácter de legislativo, pues fue dictado durante la perturbación del orden público y lleva la firma del Vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo y todos los Ministros, porque el Decreto que levantó el sitio lo dejó en vigencia mientras el Poder Legislativo no dispusiera otra cosa; y la Ley 2.ª de 1904, que rigió desde el 20 de octubre de ese año hasta el 10 de abril de 1905, en que empezó a regir la 8.ª de dicho año, que la derogó, dispuso en su artículo 8.° que por la promulgación del Decreto sobre restablecimiento del orden público quedaban insubsistentes los decretos de carácter legislativo, y recuperaban su imperio las leyes, cuyos efectos habían sido suspendidos por virtud de ellos. Por consiguiente, como la disposición aludida de la Ley 2.ª de 1904 modificó sustancialmente la del Decreto número 638, de 1.° de junio de 1903, es indudable que el Decreto legislativo número 389 del mismo año quedó insubsistente por ministerio de esa prescripción legal.

No obstante lo anteriormente expuesto, como los acreedores del Gobierno por contratos celebrados con sus agentes, con anterioridad al 10 de marzo de 1904 y en virtud de los Decretos 886 y 1014 de 1902, tenían derecho a que les pagasen sus servicios en virtud de las leyes civiles que reglamentan el contrato de arrendamiento de servicios y el de transportes por las vías terrestres, puede decirse que habían adquirido un derecho de acreencia garantizado por el derecho común que gobierna las convenciones privadas, el cual no podía ser desconocido por disposiciones posteriores. Ahora bien; como el Decreto acusado declara totalmente suspendido el reconocimiento y pago de tales créditos, no cabe duda de que él, al negar las obligaciones contraídas por una de las partes y forzar a la otra a recurrir al arbitrio de una acción judicial, desconoce en absoluto un derecho adquirido a la sombra de la ley civil que regula las convenciones, y atenta, por lo tanto, contra el precepto claro y terminante del artículo 31 del Estatuto Fundamental, sin que sea parte a justificar la dicha disposición administrativa ningún motivo de interés público, pues no lo son los fundamentos en que ella se basa.

Bastan estas consideraciones para estimar como contrario a un precepto de la Carta el Decreto mencionado, en la parte que ha sido atacada; y por lo tanto la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inexequible el artículo 1.° del Decreto ejecutivo número 1042 de 1905.

Cópiese y notifíquese.

AUGUSTO N. SAMPER-Alberto Suárez Murillo-Bartolomé Rodríguez P-Vicente Parra R, Secretario en propiedad.