300Corte SupremaCorte Suprema30030000892Luis Carlos Sáchica197901/02/1979Luis Carlos Sáchica_1979_01/02/197930000892INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Exequibles el primero y el segundo incisos del artículo 5 ° del Decreto 1313 de 1978, así como su artículo 9 ° , e inexequible el tercer inciso del artículo 5 ° . Corte Suprema de Justicia. -Sala Plena.-Bogotá, D. E., de febrero de 1979. Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica . Aprobada por Acta número 3. 1979
Horacio Perdomo ParadaDemanda de inexequibilidad contra los artículos 5° y 9° del Decreto 1313 de 6 de julio de 1978Identificadores30030000893true72735Versión original30000893Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inexequibilidad contra los artículos 5° y 9° del Decreto 1313 de 6 de julio de 1978


INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES

Exequibles el primero y el segundo incisos del artículo 5° del Decreto 1313 de 1978, así como su artículo 9°, e inexequible el tercer inciso del artículo 5°.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., de febrero de 1979.

Magistrado ponente: doctor Luis Carlos Sáchica.

Aprobada por Acta número 3.

El ciudadano Horacio Perdomo Parada, en su propio nombre y en representación de los ciudadanos Josefina Iguarán, Esaú Moreno Martínez, Heliodoro Agudelo Rivera y Pablo Hernández, en escrito presentado el l° de septiembre de 1978, ejercita ante la Corte la acción establecida en el artículo 214 de la Constitución para solicitarle la declaración de inexequibilidad de los artículos 5° y 9° del Decreto 1313 de 6 de julio de 1978, dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno por la Ley 5° del mismo año.

El siguiente es el texto de las disposiciones acusadas:

"DECRETO NUMERO 1313 DE 1978

"(julio 6)

"por el cual se modifica el sistema especial de clasificación y remuneración correspondiente a las distintas categorías de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones.

"El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 5° de 1978,

"Decreta:

"Artículo 5°De la sujeción al sistema de clasificación y remuneración, Las convenciones colectivas que el Instituto de Seguros Sociales celebre con los funcionarios de seguridad social para modificar las asignaciones básicas de sus cargos, deberán respetar tanto el sistema de clasificación como las relaciones entre denominación, clases y grados que establece este decreto.

"Las convenciones que celebre al Instituto de Seguros Sociales con los funcionarios de seguridad social, requerirán para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.

"El Gobierno reglamentará el procedimiento para la suscripción de las convenciones a que se refiere el presente artículo.

"Artículo 9°De la aplicación del sistema de clasificación y remuneración a los actuales funcionarios. Los funcionarios actualmente vinculados al Instituto de Seguros Sociales que al ser incorporados al sistema de clasificación y remuneración que establece este decreto tengan una asignación básica superior a la fijada para el cargo al cual se van a incorporar, seguirán percibiendo esta remuneración mientras permanezcan en el mismo empleo". (Diario Oficial número 35062 de 26 de julio de 1978).

La referida demanda fue admitida por providencia del 6 de septiembre de 1978 y tuvo el trámite ordenado en el Decreto .432 de 1969.

El señor Procurador General de la Nación emitió el concepto número 347, fechado el 10 de octubre de 1978, en el sentido de que las normas impugnadas son constitucionales.

El actor considera que las normas cuyo examen de constitucionalidad plantea violan el ordinal 8° del artículo 118 de la Constitución, así como el 55 del mismo estatuto. En concreto, estima que la Ley 5° de 1978 no dio facultades al Gobierno para dictar regulaciones sobre convenciones colectivas y que, al expedir disposiciones sobre las que celebre el Instituto de Seguros Sociales con "funcionarios de seguridad social" para modificar las asignaciones básicas señaladas a sus cargos, extralimita aquellas facultades, lo cual, además, implica modificación del Código Sustantivo del Trabajo.

En lo tocante a la violación del artículo 55 citado, el demandante sostiene que se produce precisamente por la modificación de normas del referido código, materia cuya competencia corresponde al Congreso Nacional, mediante ley, o al Gobierno pero con facultades extraordinarias expresas y precisas.

Consideraciones de la Corte.

Debe observarse, en primer término, que las normas acusadas fueron expedidas dentro de los límites temporales fijados para el ejercicio de las facultades extraordinarias por la Ley 5a de 1978.

Las facultades de la ley mencionada fueron conferidas, según la enumeración de su contenido, "para modificar escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administración de personal". Al precisar estas facultades en su articulado, se encuentra que el artículo 1° de la Ley 5a citada, en su ordinal primero autoriza para "fijar, con retroactividad al de enero de 1978, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos", y luego en el ordinal 5° para "revisar y modificar las reglas generales a las cuales deben sujetarse las entidades de la Administración Pública del orden nacional en la aplicación de las normas sobre las asignaciones y prestaciones sociales señaladas por la ley para su personal".

El contenido del artículo 5° acusado presenta tres aspectos:

a) Una regulación de la facultad de contratación colectiva otorgada a los funcionarios de Seguridad Social, ya que en la modificación de las asignaciones básicas de sus cargos, objeto de aquéllas, "deberán (los funcionarios y el Instituto) respetar tanto el sistema de clasificación como las relaciones entre denominación, clases y grados que establece este decreto", pero sin afectar esa capacidad de determinación de tales asignaciones mediante contrato;

b) Un condicionamiento de las referidas convenciones a la aprobación del Gobierno, y

c) Una autorización al Gobierno para reglamentar el procedimiento de suscripción de dichas convenciones.

Si se hace la confrontación entre las facultades de la Ley 5a y el contenido del artículo 5° del Decreto 1313, se observa lo siguiente:

La facultad del ordinal 1° de la Ley 5a no comprende entre los organismos a los cuales debía ser aplicada los establecimientos públicos, que es el carácter que tiene por ley el ISS, pues sólo se refiere a la Rama Ejecutiva del Poder Público, esto es, a los Ministerios y Departamentos Administrativos, que son las entidades que la integran, pero no a las entidades descentralizadas adscritas a esos Ministerios y Departamentos, que es la relación existente entre uno y otro tipo de organismos.

No puede entenderse, pues, que el concepto "unidades administrativas especiales" incluido en el literal a) del artículo 1° de la Ley 5a pueda extenderse a los establecimientos públicos, pues tales unidades son definidas por el artículo 1° del Decreto 1050 de 1968, así:

"Además, el Gobierno, previa autorización legal, podrá organizar unidades administrativas especiales para la más adecuada atención de ciertos programas propios ordinariamente de un Ministerio o Departamento Administrativo, pero que, por su naturaleza, o por el origen de los recursos que utilicen, no deban estar sometidos al régimen administrativo ordinario".

De la anterior transcripción se deduce que las facultades del ordinal 1° del artículo l° de la Ley 5a no podían ejercitarse en relación con el ISS. Y, por tanto, las prescripciones acusadas no pueden fundarse en ellas, y además, el sistema contractual excluye la fijación y cambio unilateral de asignaciones.

En cambio, la Corte considera que el contenido del artículo 5° acusado no excede las facultades otorgadas en el ordinal 5° de la Ley 5a, porque se refieren a la "Administración Nacional", concepto que sí engloba los establecimientos públicos. Esto es evidente con la simple lectura del ordinal 9° del artículo 76 de la Constitución cuando dispone que, al Congreso corresponde, por medio de leyes, "determinar la estructura de la Administración Nacional mediante la creación de Ministerios, Departamentos Administrativos y Establecimientos Públicos, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos así como el régimen de sus prestaciones sociales". Como las facultades de la Ley 5a, artículo 1°, ordinal 5°, se otorgan precisamente para revisar y modificar las reglas a las que deben sujetarse esas entidades en la aplicación de las normas sobre asignaciones y prestaciones sociales de su personal, se observa que el artículo 5°, inciso primero, no hace otra cosa que establecer precisamente una regla especial de aplicación del sistema salarial de los funcionarios de seguridad social, refiriéndola a las regulaciones generales vigentes sobre clasificación de empleos y a las relaciones entre denominación, clases y grados del sistema salarial que se establece.

Se reitera que no hay violación ni del artículo 118-8 ni del 55 de la Constitución, porque la regulación del régimen salarial en los establecimientos públicos nacionales es competencia legislativa del Congreso que puede atribuirse al Gobierno como legislador extraordinario, y que este no excedió las facultades de la Ley 5a por cuanto simplemente condiciona en los aspectos técnicos de clasificación, denominación, clases y grados, no en el aspecto económico, el régimen salarial convencional de los funcionarios de seguridad social al señalado por la ley, sometiendo la capacidad de contratación a esas limitaciones generales.

Por tanto el primer inciso del artículo 5° del Decreto 1313 de 1978 se ajusta a las facultades de la Ley 5adel mismo año.

Consideraciones semejantes deben hacerse en relación con el inciso segundo del mencionado artículo 5°, pues es simple complemento de la regulación que trae el primero sobre las convenciones de que se viene tratando. En efecto: si tales convenciones son la forma para establecer las asignaciones básicas de los funcionarios de seguridad social, con base en las facultades de la Ley 5a puede no solo condicionarse esa contratación en la forma en que lo hace la primera parte del artículo 5°, sino también establecer que esas convenciones deben sujetarse a la aprobación del Gobierno, para que pueda establecer si se han respetado las reglas sobre clasificación, denominación, clases y grados que establece el Decreto 1313 que se viene estudiando.

Esto es, que el inciso segundo que se estudia es igualmente constitucional.

Pero, por el contrario, el inciso final que autoriza al Gobierno para que reglamente posteriormente el procedimiento de suscripción de aquellas convenciones, es inexequible en cuanto no es ejercicio directo de las facultades extraordinarias de la Ley 5a que han debido utilizarse para dictar tal reglamentación y no para posponerla. Se añade que las reglas procedimentales no competen a la potestad reglamentaria común del Presidente de la República, ya que son la garantía del derecho a la contratación y de su ejercicio autónomo, por lo cual son competencia legislativa. Debe aclararse, sin embargo, que esto no afecta la potestad reglamentaria del Presidente de la República para dictar los reglamentos que exija el cumplimiento de las disposiciones que se declaran exequibles en el presente fallo.

En lo referente al artículo 9° acusado, la Corte lo considera exequible con base en lo analizado para el primer inciso del artículo 5°, o sea, en cuanto se trata de una norma de aplicación del régimen salarial, contentiva de una previsión o aclaración necesaria, frente al cambio de asignaciones básicas, tendientes a salvaguardar las mejoras de sueldos obtenidas por algunos funcionarios.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, con base en el estudio de su Sala Constitucional y oído el concepto del Procurador General de la Nación, decide declarar exequibles el primero y el segundo incisos del artículo 5° del Decreto 1313 de 1978, "por el cual se modifica el sistema especial de clasificación y remuneración correspondiente a las distintas categorías de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones", así como su artículo 9°, e inexequible el tercer inciso del artículo 5° acabado de citar, que dice:

"El Gobierno reglamentará el procedimiento para la suscripción de las convenciones a que se refiere el presente artículo".

Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José María Esguerra Samper

Presidente.

Jerónimo Argáez Castello, Fabio Calderón Botero, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Héctor Gómez Uribe, Juan Manuel Gutiérrez L., Hernando Tapias Bocha, Luis Enrique Romero Soto, Pedro Elías Serrano Abadía, Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, Luis Sarmiento Buitrago, Jesús Bernal Pinzón, Dante L. Fiorillo Porras, Antonio Alvira Jácome, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez Alberto Pérez Delgado, Luis Carlos Sáchica, Hernando Rojas Otálora, Humberto Murcia Ballén, José María Velasco Guerrero.

Carlos Guillermo Rojas Vargas

Secretario General.