300Corte SupremaCorte Suprema30030000836Luis Sarmiento Buitrago197818/07/1978Luis Sarmiento Buitrago_1978_18/07/197830000836CONCEJERO MUNICIPAL.-INHABILIDADES Exequibilidad de la parte del inciso 2° del artículo 7 de la Ley 89 de 1936 que dice: "y los administradores de servicios públicos municipales". Corte Suprema de Justicia. - Sala Plena. -Bogotá, D. E., julio 18 de 1978. Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago. Aprobada Acta número 24, julio 18 de 1978. 1978
Fernando Sarmiento CifuentesDemanda de inconstitucionalidad contra la ley 89 de 1936Identificadores30030000837true72661Versión original30000837Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra la ley 89 de 1936


CONCEJERO MUNICIPAL.-INHABILIDADES

Exequibilidad de la parte del inciso 2° del artículo 7 de la Ley 89 de 1936 que dice: "y los administradores de servicios públicos municipales".

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., julio 18 de 1978.

Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago.

Aprobada Acta número 24, julio 18 de 1978.

El ciudadano Fernando Sarmiento Cifuentes, pide se declare la inexequibilidad de la siguiente norma:

"LEY 89 DE 1936

"(abril 17)

"por la cual se hacen extensivas a algunos municipios las facultades concedidas en la Ley 72 de 1926, y se dictan otras disposiciones sobre régimen municipal.

"El Congreso de Colombia

"Decreta:

"Artículo 7. Desde la sanción de la presente ley, ningún contratista de obras públicas municipales, ni sus apoderados, podrán ejercer el cargo de Concejero Municipal, mientras conserven él carácter de contratista o apoderado.

"Dichas personas y los administradores de servicios públicos municipales, no podrán ser elegidos Concejeros Municipales.

"Diario Oficial número 23204, de 10 de junio de 1936"

El actor considera violados el artículo 15, porque:

"Como la norma acusada establece una inhabilidad o impedimento de quienes administran los servicios públicos municipales, es claro que se ha violado abiertamente el artículo 15 de la Constitución"

"... quebranta abiertamente el artículo 108 de la Constitución porque esta norma, que trata de las inhabilidades para integrar los cuerpos colegiados, no incluyó, deliberadamente, a los cabildantes. Se refirió expresamente a Senadores, Representantes y Diputados".

Precisa su criterio con las afirmaciones de que "ni la Constitución ni la ley han exigido calidades especiales para integrar los Concejos Municipales, la única que se requiere es la de ciudadano en ejercicio"; igualmente que tales normas, no contemplan inhabilidades para la elección de los integrantes de los Concejos Municipales.

Y agrega:

''El inciso segundo del artículo 196 de la Constitución facultó al legislador para establecer las incompatibilidades de los concejales pero no las inhabilidades. Y como el inciso segundo del artículo 7° de la Ley 89 de 1936 prevé una inhabilidad, su texto se opone a la norma constitucional y amerita la declatoria de inexequibilidad".

En refuerzo de su tesis, transcribe unos conceptos de Rafael Bielsa en su "Derecho. Constitucional" que es pertinente reproducir.

"Las incompatibilidades se fundan en diversos principios de los cuales, en opinión nuestra, los principales son:

"1° El principio de separación de los poderes, que es dominante en el sistema de nuestra Constitución.

"2° En el de independencia de opinión, que es de la naturaleza del régimen democrático.

"3° En la obligación moral y cívica de defender, en su gestión parlamentaria (sea en la legislativa, sea en la de contralor), el interés general de la Nación sobre los intereses de otro orden que pueden estar en pugna con los de ella.

"Esta última obligación es de orden moral, y a pesar de tener un fundamento análogo al de las demás, no ha sido éste valorado en la teoría y práctica de la Constitución.

"El ejercicio de ciertas profesiones puede crear una incompatibilidad comparable a una inhabilidad, aunque la inhabilidad es la prohibición legal de desempeñar un cargo, abstracción hecha del desempeño de otro, y en eso se diferencia de la incompatibilidad, que consiste en no poder desempeñar simultáneamente dos o más cargos de índole determinada, que pueden, sin embargo, desempeñarse aisladamente. La inhabilidad existe respecto de un cargo determinado; la incompatibilidad existe por la concurrencia de cargos".

El actor no da la razón por la cual encuentra que se viola el artículo 105 de la Carta y al respecto el Procurador anota:

"Esta Procuraduría no encuentra relación entre la norma impugnada y el artículo 105 de la Constitución, según el cual 'los individuos de una y otra Cámara representan a la Nación entera, y deberán votar consultando únicamente la justicia y el bien común5, y no ve en qué sentido pudiera ésta resultar infringida por aquella".

El Jefe del Ministerio Público encuentra que la norma acusada tiene respaldo constitucional en el artículo 62 que atribuye a la ley determinar "los antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, es decir, de una función pública, en los casos no previstos en la Constitución, y uno de tales casos es precisamente el referente al cargo de concejal, respecto del cual el antecedente alude a no tener el aspirante la condición de administrador de un servicio municipal, según el precepto impugnado".

Consideraciones:

1ª El artículo 196 de la Carta reza:

"En cada Distrito Municipal habrá una corporación administrativa de elección popular que se denominará Concejo Municipal y estará integrada por no menos de seis ni más de veinte miembros, según lo determine la ley, atendiendo la población respectiva. El número de suplentes será el mismo de los Concejales principales, y reemplazarán a éstos en caso de falta absoluta o temporal, según el orden de colocación en la respectiva lista electoral.

"La ley determinará las calidades e incompatibilidades de los Concejales y la época de sesiones ordinarias de los Concejos.

"Los Concejos podrán crear Juntas Administradoras locales para sectores del territorio municipal, asignándoles algunas de sus funciones y señalando su organización, dentro de los límites que determine la ley".

Es verdad que el artículo 108 de la Constitución señala las inhabilidades para integrar los cuerpos colegiados del Congreso y de las Asambleas Departamentales, sin referirse a la integración de los Concejos y en especial a las calidades, inhabilidades e incompatibilidad para desempeñar tal cargo al mismo tiempo con otras actividades municipales.

Sin embargo, hay en la Carta norma especial para la integración de los cuerpos administrativos municipales o concejos, o sea el artículo 196 transcrito.

2ª En el caso en estudio el segundo inciso del artículo 7º determina una inhabilidad para ser elegido y la elección que contravenga esta prohibición es nula.

Pero si el hecho de ser administrador de servicios públicos municipales acaece con posterioridad a la elección, ésta no es nula, pero la incompatibilidad sobreviniente en el ejercicio simultáneo de las funciones de concejal y administrador, acarrea también las sanciones legales.

En esta forma, el administrador de servicios municipales es inhábil para ser elegido concejal mientras conserve tal calidad; pero elegido un ciudadano concejal, no podrá desempeñar el cargo de administrador de los servicios municipales simultáneamente, porque aparece la incompatibilidad que señala la ley.

El concepto de inhabilidad, como anota el demandante se refiere a un aspecto negativo de la persona, que le resta méritos para el desempeño de las funciones como en el evento del mismo artículo (94) citado en último término en cuyo inciso se establece que ningún ciudadano que haya sido condenado por sentencia judicial a pena de presidio o prisión puede ser elegido Senador, con salvedad de los delitos políticos.

Lo anterior significa que determinadas situaciones personales de carácter negativo, constituyen inhabilidades que impiden el desempeño de determinadas funciones, una de las cuáles es la de poder ser elegido Concejero Municipal, cuando se desempeña el cargo de administrador de servicios públicos municipales.

Esta prohibición legal está protegida por el inciso 2° del artículo 196 de la Constitución,

Y la razón es clara: Son funciones principales de los Concejos ordenar lo conveniente para la administración del Distrito, esto es, señalar la forma como deben prestarse los servicios públicos a cargo de esas entidades territoriales; votar las contribuciones y gastos locales, expedir el presupuesto de gastos, autorizar al alcalde para la celebración de contratos, etc., según los términos del artículo 197.

Pueden también los Concejos crear Juntas Administradoras locales para la mejor prestación de los servicios públicos.

Una misma persona no puede organizar los servicios públicos, crear las contribuciones, votar los gastos, autorizar los contratos, controlar su ejecución y ser al mismo tiempo contratista y administrador remunerado de esos servicios públicos.

Por estas razones la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el Procurador General de la Nación,

Resuelve:

Es exequible la parte del inciso 29 del artículo 7 de la Ley 89 de 1936 que dice: "y los administradores de servicios públicos municipales".

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta Judicial y archívese el expediente.

Luis Sarmiento Buitrago, Presidente; Jerónimo Argáez Castello, Jesús Bernal Pinzón, Fabio Calderón Botero, José María Esguerra Samper, Dante L. Fiorillo Porras, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Gustavo Gómez Velásquez, Héctor Gómez Uribe, Guillermo González Charry, Juan Manuel Gutiérrez L., Juan Hernández Sáenz, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Alberto Ospina Botero, Hernando Tapias Bocha, Luis Enrique Romero Soto, Luis Carlos Sáchica, Pedro Elías Serrano Abadía, Hernando Rojas Otálora, Ricardo Uribe Holguín, Fernando Uribe Restrepo, José María Velasco Guerrero.

Carlos Guillermo Rojas Vargas

Secretario General.