300Corte SupremaCorte Suprema30030000669Samper191211/10/1912Samper_1912_11/10/191230000669Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, once de octubre de mil novecientos doce. (Magistrado ponente, doctor Samper). Vistos: 1912
José María Castro B. | Lucas F. MonsalvoDemanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 595 del corriente año, "por el cual se declara reservada para la Nación una zona de tierras baldías"Identificadores30030000670true72504Versión original30000670Identificadores

Norma demandada:  Demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto número 595 del corriente año, "por el cual se declara reservada para la Nación una zona de tierras baldías"


Corte Suprema de Justicia-Sala de Negocios Generales-Bogotá, once de octubre de mil novecientos doce.

(Magistrado ponente, doctor Samper).

Vistos:

Los señores José María Castro B. y Lucas F. Monsalvo, vecinos del Distrito de Valledupar, en el Departamento del Magdalena, haciendo uso del derecho que les reconoce el artículo 41 del Acto legislativo número 3 de 1910, han acusado ante esta Superioridad el Decreto número 595 del corriente año, "por el cual se declara reservada para la Nación una zona de tierras baldías," expedido por el Poder Ejecutivo Nacional, por considerar que el aludido Decreto pugna con lo dispuesto en el ordinal 22, artículo 76, de la Carta Fundamental de 1886.

Previa audiencia del señor Procurador General de la Nación, la Corte pasa a resolver este asunto, para la cual considera:

El Decreto acusado reserva las tierras baldías situadas en la hoya del río Ariguaní y sus afluentes para la venta por dinero o para el arrendamiento, y dispone que mientras el Gobierno no tenga un conocimiento perfecto de la citada región, queden en suspenso, dejando a salvo derechos adquiridos, las solicitudes que a la fecha del Decreto en cuestión (5 de junio de 1912) estén pendientes en los Concejos Municipales sobre adjudicación de terrenos en la región del Ariguaní. Además ordena que se transcriba el prenombrado Decreto a los Concejos Municipales de la región susodicha, a fin de que den estricto cumplimiento a lo dispuesto allí y para que no acepten ninguna otra solicitud que no tenga el carácter de compra por dinero.

El artículo 76 de la Constitución, que señala las atribuciones del Congreso, y que es el que se juzga infringido en su ordinal 22, está concebido en los siguientes términos: "Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas se ejerce las siguientes atribuciones:

22. Limitar o regular la apropiación o adjudicación de tierras baldías."

De la disposición constitucional que se acaba de copiar se viene en conocimiento de que es al Congreso y no al Poder Ejecutivo al que corresponde privativamente resolver en materia de tierras baldías, en lo relativo a la manera de limitar o regular la apropiación o adjudicación de ellas; por consiguiente, el Decreto número 595 del año en curso es inexequible, por cuanto el Gobierno no tenía facultad ninguna para expedirlo, ya que esa materia no es de las que le competen, al tenor de la Constitución y las leyes.

Dice el ordinal 3.° del artículo 120 de la Constitución que corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, ejercer la potestad reglamentaria expidiendo las órdenes, decretos y resoluciones necesarias para la cumplida ejecución de las leyes; pero de aquí no puede deducirse en manera alguna que esté en manos del Gobierno modificar o adicionar las leyes, puesto que sólo se le autoriza para expedir aquellos actos que sean indispensables para la ejecución de ellas. Por medio de la potestad reglamentaría, el Ejecutivo no se convierte en legislador, sino en guardián de los mandatos del Congreso, y para ello se le encomienda la tarea de dictar los decretos y resoluciones que exija la conveniencia pública para poner en práctica las disposiciones de las leyes. El Gobierno, en suma, no puede variar en lo mínimo lo que se pudiera llamar la sustancia de la voluntad del legislador consignada en la ley; lo que le está encomendado es la reglamentación, dejando intacta la esencia y espíritu de la disposición que reglamenta.

Aun cuando el artículo 947 del Código Fiscal dice: "Desde que se proyecte la construcción de alguna nueva vía u obra pública que haya de fomentarse con la cesión de tierras baldías, el Poder Ejecutivo observará respecto de ellas la abstención que se prescribe en el artículo anterior," este artículo enseña que mientras se adjudican a la Compañía del Ferrocarril de Cali a Buenaventura las tierras baldías que le corresponden de acuerdo con el contrato respectivo, y que mientras se verifica el contrato para la construcción del ferrocarril del Norte y de los ferrocarriles de Bucaramanga y Cúcuta a Paturia, y se les hace la adjudicación de baldíos, el Poder Ejecutivo se abstendrá de hacer adjudicaciones de tierras baldías de las que estén situadas en las líneas de los proyectados ferrocarriles o a un miriámetro de distancia de ellos; lo cual indica que es en los casos del mismo artículo en los que el Gobierno puede ejercer tal función.

El espíritu de las leyes y disposiciones vigentes sobre baldíos es pues el de que no puedan adjudicarse terrenos en las zonas limítrofes con las vías férreas que ya estén en servicio, o en construcción, o en proyecto. Ahora bien: como el ramal del ferrocarril de Santa Marta, que se dice será construído en la región del Ariguaní, no está siquiera en proyecto, ya que no se ha celebrado contrato alguno a este respecto, es de todo punto evidente que el Decreto que se revisa es inconstitucional, puesto que por medio de él se ha prohibido la adjudicación de tierras baldías en una zona que no atraviesa ninguna vía férrea en servicio, ni en construcción, ni siquiera que esté en proyecto.

En resumen, lo dispuesto en el Decreto acusado sólo puede hacerlo el legislador, en virtud del ordinal 22, artículo 76, de la Constitución ; y por esto mismo no puede hacerlo el Poder Ejecutivo, por cuanto la construcción de la vía férrea al Ariguaní puede existir en el ánimo del Gobierno, y aun de todos los ciudadanos, pero no hay un contrato para tal obra, contrato que es indispensable para que pueda considerarse que hay una vía en proyecto al tenor del artículo 947 del Código Fiscal, que es uno de los casos en que el legislador ha delegado al Ejecutivo la facultad de limitar la adjudicación de tierras baldías.

Es cierto, como lo dice el señor Procurador en su anterior instancia, que la obra del ferrocarril de Santa Marta se fomentó con la cesión de tierras baldías; pero no lo es menos que la Ley 51 de 1887, que aprobó el contrato sobre prolongación de dicho ferrocarril al Banco, no dice en ninguno de sus artículos que la Compañía constructora queda obligada a Elevar un ranal al Ariguaní. Además, ninguno de los contratos que posteriormente se han celebrado con la Compañía del Ferrocarril de Santa Marta habla de la construcción del ramal en referencia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, en desacuerdo con el dictamen del señor Procurador General de la Nación, y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que el Decreto número 595 del presente año, expedido por el Poder Ejecutivo, y que corre inserto en el número 14619 del Diario Oficial, es inexequible.

Cópiese, notifíquese, publiques en la Gaceta Judicial, comuníquese al señor Ministro de Obras Públicas, y archívese este expediente.

AUGUSTO N. SAMPER- Alberto Suárez Murillo-Bartolomé Rodríguez P. El Secretario en propiedad, Vicente Parra R.