Sentencia de 1974

300Corte SupremaCorte Suprema30030000222197421/11/19741974_21/11/197430000222HIDROCARBUROS El Decreto 2310 coadyuva a eliminar el d�ficit actual y previene uno futuro. - Constitucionalidad del Decreto legislativo n�mero 2310 de 28 de octubre de 1974, "por .el cual se dictan normas sobre abolici�n del r�gimen de concesi�n en materia de hidrocarburos y se diciona el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974". Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena .-Bogot�, D. E., noviembre 21 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Eustorgio Sarria). I. El control constitucional. 1974

El Decreto 2310 coadyuva a eliminar el d�ficit actual y previene uno futuro. - Constitucionalidad del Decreto legislativo n�mero 2310 de 28 de octubre de 1974, "por .el cual se dictan normas sobre abolici�n del r�gimen de concesi�n en materia de hidrocarburos y se diciona

1. La Presidencia de la Rep�blica, con oficio de 28 de octubre del a�o en curso, remiti� a la Corte copia del Decreto 'legislativo n�mero 2310 de 28 de octubre de 1974, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art�culo 122 de la Constituci�n.

2. Por auto de 29 de los mismos mes y a�o, se orden� la fijaci�n en lista, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 14 del Decreto 432 de 1969.

3. Dentro del t�rmino de la fijaci�n no se present� escrito alguno de coadyuvancia o impugnaci�n del mencionado Decreto.

por el cual se dictan normas sobre abolici�n del r�gimen de concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974.

El Presidente de la Rep�blica de Colombia,-en ejercicio de las facultades que le confiere el art�culo 122 de la Constituci�n Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

Art�culo 1� Con excepci�n de los contratos de concesi�n vigentes en la fecha de expedici�n del presente Decreto, la exploraci�n y explotaci�n de hidrocarburos de propiedad nacional estar� a cargo de la Empresa Colombiana de Petr�leos, la cual podr� llevar a efecto dichas actividades, directamente o por medio de contratos de asociaci�n, operaci�n, de servicios o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesi�n, celebrados con personas naturales o jur�dicas, nacionales o extranjeras.

Los contratos que celebre la Empresa en virtud de lo dispuesto en este art�culo, requerir�n para su validez ser aprobados mediante resoluci�n del Ministerio de Minas y Energ�a.

Art�culo 2� Los titulares de propuestas en tr�mite para explorar y explotar hidrocarburos, sin perjuicio del orden establecido en el art�culo 21 del Decreto 1056 de 1953, si no hubiere terceros que ofrecieren mejores condiciones que las inicialmente propuestas, gozar�n de preferencia para contratar con 1a. Empresa Colombiana de Petr�leos, en los t�rminos del art�culo anterior.

Si, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la Empresa manifieste su determinaci�n de celebrar un contrato relativo a toda o a, una parte de la zona correspondiente a la propuesta en tr�mite, el titular no hubiere ejercido el derecho a la referida preferencia, perder� �sta definitivamente.

Art�culo 3� En las explotaciones a cargo de la Empresa Colombiana de Petr�leos, las regal�as en favor de los Departamentos, Intendencias y Comisar�as ser�n del nueve y medio por ciento (9 1/2%) del valor bruto de la producci�n y las de los Municipios del dos y medio por ciento (2 1/2%) del mismo.

Art�culo 4� La Junta Directiva de la Empresa Colombiana de Petr�leos proceder� a modificar la organizaci�n interna de �sta, d� acuerdo con las nuevas funciones que se le asignan por el presente Decreto.

Art�culo 5� Para los efectos del art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974, en las inversiones necesarias realizados en materia de minas y petr�leos, distintas de las efectuadas en terrenos o en bienes depreciables, se incluir�n los desembolsos hechos tanto en �reas en explotaci�n como en �reas no productoras, continuas o discontinuas.

Art�culo 6� El contribuyente que derive renta de explotaciones de hidrocarburos en zonas cuyo subsuelo petrol�fero se reconozca como de propiedad privada o de concesiones o contratos de asociaci�n vigentes a la expedici�n del presente Decreto, tendr� derecho a una deducci�n por agotamiento, de conformidad con los art�culos siguientes:

Art�culo 7� La deducci�n por agotamiento podr� determinarse a base de estimaci�n t�cnica de costo de unidades de operaci�n o a base de porcentaje fijo.

El contribuyente podr� elegir el sistema para calcular el agotamiento; escogida una de las dos bases, s�lo podr� cambiarla por una sola vez, con autorizaci�n de la Direcci�n General de Impuestos Nacionales.

Art�culo.8� La deducci�n anual por agotamiento normal a base de porcentaje fijo, ser� igual al diez por ciento (10%) del valor bruto del producto natural extra�do del dep�sito o dep�sitos que est�n en explotaci�n y que se haya vendido o destinado a la exportaci�n, o vendido para ser refinado o procesado dentro del pa�s, o destinado por el explotador para el mismo objeto en sus propias refiner�as, en el a�o o per�odo para el cual se solicita la deducci�n, debiendo restarse de tal valor la suma equivalente a las participaciones causadas o pagadas a favor de particulares, o al impuesto causado o pagado sobre el petr�leo de propiedad privada, o al de las participaciones que le correspondan a la Naci�n.

Para los efectos de este art�culo, el valor bruto del producto natural se determinar� con base en los precios en el campo de producci�n que se�ale la Comisi�n de Precios del Ministerio de Minas y Energ�a, con arreglo al procedimiento establecido en el art�culo 162 del Decreto 444 de 1967, en lo que fuere pertinente, y a reglamentaci�n que dictar� el Gobierno.

El porcentaje permitido como deducci�n anual por concepto de agotamiento normal; no podr� exceder en ning�n caso de treinta y cinco por ciento (35%) del total de la renta l�quida fiscal del contribuyente, computada antes de hacer la deducci�n por agotamiento, siendo entendido que este l�mite no se aplica cuando el sistema de agotamiento sea el de estimaci�n t�cnica de costo de unidades de operaci�n.

La deducci�n por agotamiento normal a base de porcentaje fijo permitida en este art�culo, se conceder� en cuanto sea necesaria para amortizar totalmente el costo de las respectivas inversiones de capital distintas de las que se hayan hecho en terrenos o en propiedad depreciable.

Una vez que el agotamiento haya perdido su car�cter de deducci�n por haber terminado la amortizaci�n total del costo de las respectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho en terrenos o en propiedad depreciable, el explotador tendr� derecho, a�o por a�o, a una exenci�n del impuesto sobre la renta equivalente al diez por ciento (10%) del valor bruto del producto natural determinado y limitado de acuerdo con las disposiciones de los incisos primero, segundo y tercero de este art�culo.

Art�culo 9� Adem�s de la deducci�n anual por agotamiento normal, recon�cese un factor especial de agotamiento, aplicable a�o por a�o a las siguientes explotaciones:

b) Las que se inicien a partir de la vigencia del presente Decreto y correspondan a zonas cuyo subsuelo petrol�fero haya sido reconocido, como de propiedad privada, y

c) Las correspondientes a contratos de concesi�n o asociaci�n, vigentes a la expedici�n de este Decreto. Dicho factor especial ser� equivalente al 15% del valor bruto del producto natural extra�do, determinado conforme a lo dispuesto en el art�culo anterior y hasta el monto total de las inversiones efectuadas en estas explotaciones.

La deducci�n normal' del diez por ciento (10%) y la espacial del quince por ciento (15%) que se concede en este art�culo, no podr�n exceder, en conjunto, del cuarenta y cinco por ciento (45%) de la renta l�quida fiscal del contribuyente computada antes de hacer la deducci�n por agotamiento.

Para las explotaciones situadas al este y sureste de la cima de la Cordillera Oriental, el factor especial de agotamiento de que trata este art�culo ser� del diez y ocho por ciento (18%) del valor bruto del producto natural extra�do, determinado en la forma indicada en el art�culo octavo y hasta el monto total de las inversiones efectuadas en estas explotaciones.

La deducci�n normal del diez por ciento (10%) y la especial del diez y ocho por ciento (18%) que se concede en el inciso anterior, no podr�n exceder en conjunto del cincuenta por ciento (50%) de la renta l�quida fiscal del contribuyente computada antes de hacer la deducci�n por agotamiento.

Es entendido que estos l�mites del cuarenta y cinco por ciento (45%) y del cincuenta por ciento (50%) no se aplican cuando el sistema de agotamiento adoptado por el contribuyente sea el de estimaci�n t�cnica de costo de unidades de operaci�n.

Para las explotaciones a que se refiere este art�culo, una vez que el factor especial de agotamiento haya perdido su car�cter de deducci�n por haber terminado la amortizaci�n total del costo de las respectivas inversiones de capital, distintas de las que se hayan hecho en terreno o en bienes depreciables, el explotador tendr� derecho, a�o por a�o, a m�a exenci�n del impuesto sobre la renta equivalente al diez y ocho por ciento (18%) para las explotaciones situadas al este y sureste de la cima de la Cordillera Oriental, y para las situadas en el resto del territorio nacional, al quince por ciento (15%) del valor bruto del producto natural extra�do, determinado de acuerdo con las disposiciones del art�culo octavo de este Decreto, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final de la misma disposici�n.

Par�grafo. Para tener derecho a esta exenci�n especial, y a la deducci�n normal como exenci�n, el contribuyente deber� reinvertir en el pa�s en actividades de exploraci�n, dentro de los tres a�os siguientes, el monto de las mencionadas exenciones. Si no hace la reinversi�n por el valor expresado, la diferencia se gravar� como renta del contribuyente del a�o correspondiente a la finalizaci�n de dicho .per�odo. Si el monto de la reinversi�n del trienio fuere superior al valor de las exenciones de que trata este art�culo, el contribuyente tendr� derecho a que se le abone el exceso para los per�odos siguientes.

Art�culo 10. Cuando se trate de exploraciones en busca de petr�leos, llevabas a cabo a partir del 1� de enero de 1955 que correspondan a zonas cuyo subsuelo petrol�fero haya sido reconocido como de propiedad privada o a concesiones ,o asociaciones vigentes a la fecha de expedici�n del presente Decreto, directamente por personas naturales o por compa��as con explotaciones en producci�n o por medio de filiales o subsidiarias, se conceder� una deducci�n por amortizaci�n de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones con cargo a la renta de explotaciones en el pa�s, a una tasa del diez por ciento (10%), de la respectiva inversi�n.

Una vez iniciado el per�odo de explotaci�n, esta deducci�n -se suspender�; pero el saldo no amortizado de las inversiones correspondientes se tendr� como costo integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables por las deducciones normal y especial de agotamiento.

Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas, el saldo no amortizado de las inversiones hechas en exploraci�n se continuar� amortizando a la tasa anual del diez por ciento (10%.);

Art�culo 11. El contribuyente que derive renta de explotaciones de minas, gases distintos de los hidrocarburos y dep�sitos naturales, en concesiones, aportes, permisos y adjudicaciones vigentes a la expedici�n del presente Decreto, o en �reas de propiedad cuyo subsuelo minero haya sido reconocido como de propiedad privada, tendr� derecho a una deducci�n por agotamiento de conformidad con las disposiciones contenidas en los art�culos siguientes.

Art�culo 12. Cuando se trate de explotaci�n de minas, gases distintos de los hidrocarburos y dep�sitos naturales, se conceder� una deducci�n normal por agotamiento o amortizaci�n del costo del dep�sito natural de cuya explotaci�n se trate, habida consideraci�n de las condiciones peculiares de cada caso y teniendo en cuenta las siguientes normas generales:

A) El costo de que trata este art�culo estar� constituido por las siguientes partidas:

a) Los gastos capitalizados hechos en la adquisici�n de la respectiva concesi�n, aporte, permiso o adjudicaci�n, o el precio neto de adquisici�n de la propiedad seg�n el caso. Cuando la propiedad ha sido adquirida a t�tulo gratuito, el valor amortizable por agotamiento estar� constitui-.do por el que se le haya fijado en el t�tulo de adjudicaci�n o de traspaso. En todos los casos de adquisici�n de la propiedad que se explota,, deber� restarse de su precio de adquisici�n o del valor que se haya fijado como se dispone en esta norma, el precio o valor, seg�n el caso, que corresponda a la superficie del terreno que sea susceptible de utilizarse econ�micamente para fines distintos de la explotaci�n o producci�n de gas o minerales;

b) Los gastos preliminares de explotaci�n, instalaci�n, legales y de desarrollo, y en general, todos aquellos que contablemente deban ser capitalizados, a excepci�n de las inversiones hechas en propiedades para las cuales se soliciten deducciones por depreciaci�n;

c) El saldo de los gastos capitalizados y no amortizados que se hayan efectuado en �reas improductivas por .el contribuyente que invoca la deducci�n de acuerdo con el art�culo 13 de este Decreto.

B) El arrendamiento, la concesi�n, el aporte o el permiso para la explotaci�n de minas, de gases distintos de los hidrocarburos y de dep�sitos naturales, se estimar�, para los efectos del agotamiento, como un contrato especial en que tanto el arrendador u otorgante de la concesi�n, permiso, aporte, seg�n el caso, como el arrendatario o concesionario o beneficiario del permiso o del aporte conservan o retienen un inter�s econ�mico en la propiedad agotable, inter�s que es la fuente de su respectiva renta. En consecuencia, la deducci�n por agotamiento se conceder� tanto al arrendador o propietario como al arrendatario o concesionario, o beneficiario mencionado, sobre la base de sus respectivos costos, determinados conforme a las reglas establecidas en los apartes a), b) y c) inmediatamente anteriores.

La norma anterior se aplica a los contribuyentes que reciban participaciones o regal�as por concepto de las explotaciones enumeradas anteriormente.

C) En el caso de propiedad pose�da en usufructo, la deducci�n por agotamiento se computar� como si el usufructuario tuviera el pleno dominio sobre la propiedad, y ser� �ste quien tenga derecho a la deducci�n correspondiente.

D) La deducci�n por agotamiento se computar� bien a base de estimaci�n t�cnica de costo de unidades de operaci�n, o bien, a base de porcentaje fijo:

a) Cuando la deducci�n por agotamiento haya de computarse a base de estimaci�n t�cnica de costo de unidades de' operaci�n, en el a�o o per�odo gravable en que resulte cierto, como resultado de operaciones y trabajos de desarrollo, que las unidades recuperables son mayores o menores que las primitivamente estimadas, este c�lculo deber� ser revisado, en cuyo caso la deducci�n por agotamiento tendr� por base para el a�o o per�odo gravable de que se trate y para los subsiguientes, el nuevo c�lculo revisado;

b) La deducci�n por agotamiento a base de porcentaje fijo no deber� exceder del 10% del valor total de la producci�n en el a�o o per�odo gravable, calculado en boca de mina, debiendo restarse previamente de dicho valor cualquier arrendamiento o regal�a pagado o causado por concepto de la propiedad explotada.

El porcentaje permitido como deducci�n por agotamiento, no podr� exceder en ning�n caso del 35% de la renta l�quida del contribuyente computada antes de hacer esta deducci�n.

El sistema de agotamiento para calcular la deducci�n correspondiente queda a opci�n del contribuyente, pero una vez elegido el sistema solo podr� cambiarlo, por una sola vez, con autorizaci�n de la Direcci�n General de Impuestos Nacionales y previos los ajustes correspondientes que ordene esta dependencia.

E) La deducci�n normal por agotamiento, cualquiera que sea el sistema que se utilice, cesar� al amortizarse el costo de la propiedad agotable. Una vez que el agotamiento haya perdido su car�cter de deducci�n por haber terminado la amortizaci�n prevista de las inversiones, el explotador tendr� derecho, a�o por a�o, a una exenci�n del impuesto sobre la renta equivalente al diez por ciento (10%) del valor bruto de .la producci�n determinada conforme a lo dispuesto en este art�culo.

Art�culo 13. Cuando se trate de exploraciones en busca de gases distintos de los hidrocarburos, minerales u otros dep�sitos naturales, llevadas a cabo directamente por personas naturales o por compa��as con explotaciones en producci�n, o. por medio de filiales o subsidiarias, se conceder� una deducci�n por amortizaci�n de inversiones de toda clase hechas en tales exploraciones, con cargo a la rejita de explotaciones en el pa�s, a una tasa razonable, que en ning�n caso exceder� del 10% de la respectiva inversi�n, sin perjuicio de lo establecido en el art�culo anterior.

Una vez iniciado el per�odo de explotaci�n, la deducci�n de que trata este art�culo se suspender�. Esta suspensi�n no obsta para que, por el saldo no amortizado de las respectivas inversiones, se concedan a la filial o subsidiaria deducciones con cargo a su renta, de acuerdo con las normas del art�culo 12 de este Decreto.

Art�culo 14. Las inversiones en hidrocarburos que se realicen por la Empresa Colombiana de Petr�leos directamente o por contratos celebrados con posterioridad a la fecha de vigencia de este Decreto, as� como las efectuadas en minas, gases distintos de los hidrocarburos, y dep�sitos naturales, correspondientes a aportes, concesiones y permisos igualmente perfeccionados con posterioridad a la misma fecha, se regir�n por las normas sobre amortizaci�n de que trata el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974. En consecuencia no les ser�n aplicables las disposiciones de los art�culos 7�, 8�, 9�, 10, 11, 12 y 13 anteriores.

1. Como antecedente inmediato del Decreto legislativo n�mero 2310 se invoca el Decreto n�mero 1970 de 1974, por el cual se declara el estado de emergencia econ�mica.

2. El Decreto n�mero 1970 fue declarado constitucional por sentencia de la Corte de fecha 15 de octubre de 1974.

1. El r�gimen jur�dico del estado de emergencia econ�mica o social se rige por lo dispuesto en el art�culo 122 de la Constituci�n Pol�tica, art�culo 43 del Acto legislativo n�mero 1 de 1968.

b) Expedici�n de los decretos, con fuerza de ley, acordes, de modo exclusivo, con tal motivaci�n y que tengan relaci�n directa y espec�fica con, la situaci�n que determina el estado de emergencia; decretos que deben llevar la firma del Presidente de la Rep�blica y de todos los Ministros del Despacho

c) Revisi�n por la Corte Suprema de Justicia de estos decretos con el fin de comprobar su constitucionalidad..

1. La declaraci�n del estado de emergencia econ�mica o social faculta al Presidente de la Rep�blica para tomar las medidas legislativas, que por su contenido intr�nseco busquen eliminar las causas de la crisis o conjurar sus efectos.

2. El texto constitucional define, con precisi�n y sin equ�vocos, el campo dentro del cual puede moverse en el ejercicio excepcional de esta funci�n.

1. El Decreto 2310 comprende disposiciones legales referentes a las siguientes materias:

a) Los art�culos 1� y 2� modifican el sistema vigente de exploraci�n y explotaci�n de hidrocarburos de propiedad nacional, reemplazando- el sistema de la concesi�n por el' de la explotaci�n directa a cargo de la Empresa Colombiana de Petr�leos o por el de "Contratos de asociaci�n, operaci�n, de servicio o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesi�n", celebrados por dicha Empresa, con personas naturales o jur�dicas, nacionales o extranjeras;

b) El art�culo 3� se�ala las regal�as que por raz�n de las explotaciones a cargo de la Empresa Colombiana de Petr�leos, debe pagarse a.los Departamentos, Intendencias y Comisar�as, e igualmente, a los respectivos Municipios, continuando la costumbre legal sobre la materia;

c) El art�culo prev� la reorganizaci�n interna de la Empresa Colombiana de Petr�leos, de acuerdo con las nuevas funciones que se le asignan por el Decreto en revisi�n;

d) Los art�culos 5� a 10, inclusive, adicionan el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974 "por el cual se reorganiza el impuesto sobre la renta y complementarios". Concretamente se refieren a la deducci�n por agotamiento en las explotaciones de hidrocarburos y a la deducci�n por amortizaci�n de inversiones en las exploraciones en busca de petr�leo;

e) El art�culo 12 se refiere a la deducci�n por agotamiento a que tiene derecho el contribuyente que deriva, renta de explotaciones de minas, gases distintos de los hidrocarburos y dep�sitos naturales;

f) El art�culo 13 se refiere a, la deducci�n por amortizaci�n de inversiones en las exploraciones en busca de gases distintos de los hidrocarburos, minerales u otros dep�sitos naturales, llevadas a cabo directamente por personas naturales o por compa��as con explotaciones en producci�n, o por medio de filiales o subsidiarias, y

g) El art�culo 14 dispone que, las inversiones en hidrocarburos que se realicen por la Empresa Colombiana de Petr�leos directamente o por contratos celebrados con posterioridad a la fecha de vigencia de este Decreto, as� como las efectuadas en minas, gases distintos de los hidrocarburos y dep�sitos naturales, correspondientes a aportes, concesiones' y permisos igualmente perfeccionados con posterioridad a la misma fecha, se regir�n por las normas sobre amortizaci�n de que trata el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974, y en consecuencia, no les ser�n aplicables las disposiciones antes mencionadas del Decreto n�mero 2310.

2. Se discrimina entre las explotaciones de hidrocarburos, gases distintos de �stos, minas y dep�sitos naturales, vigentes a la fecha de expedici�n del Decreto, o sea el 28 de octubre de 1974, y las inversiones realizadas por la Empresa Colombiana de Petr�leos directamente o por contratos celebrados con posterioridad a tal fecha, as� como las efectuadas en minas, gases distintos de los hidrocarburos y dep�sitos naturales, correspondientes a aportes, concesiones y permisos, tambi�n perfeccionados con posterioridad a dicha fecha, con el fin de someterlas .a, sistemas tributarios diferentes, as�:

a) Las primeras, o anteriores, se rigen por los art�culos 7�, 8�, 9�, 10, 11, 12 y 13 del Decreto 2310;

b) Las segundas, o nuevas, se rigen por lo previsto en el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974.

En ambos casos se contempla un sistema fiscal llamado a estimular esta clase de actividades con beneficio evidente para el desarrollo industrial del pa�s y con incidencia en factores como el aumento de los ingresos y salarios y el pleno empleo de los recursos humanos y naturales del territorio nacional.

3. El Decreto en cuesti�n, al sustituir el r�gimen de la concesi�n por el de la exploraci�n y y explotaci�n de los hidrocarburos de propiedad nacional por la, Empresa Colombiana de Petr�leos, bien sea directamente o en asociaci�n con otras personas naturales o jur�dicas, persigue la, mejor utilizaci�n de una de las m�s apreciables riquezas f�sicas del pa�s, en forma ben�fica para los intereses colombianos, como es f�cil deducirlo de la simple comparaci�n de un sistema con otro, y de las utilidades, de todo orden, que aporta al capital privado y al tesoro p�blico; y coadyuva a eliminar el d�ficit actual y previene uno futuro.

Adem�s, lleva la firma, del Presidente de la Rep�blica y los Ministros, y fue expedido dentro del t�rmino se�alado en el Decreto n�mero 1970 que declar� el estado de emergencia.

4. La relaci�n directa y espec�fica del nuevo estatuto con el conjunto de motivos determinantes de la declaraci�n de emergencia econ�mica contenida en el Decreto n�mero 1970 de 1974, es pues, inequ�voca. Y si alguna duda hubiere sobre el particular, ella, se elimina con la resumida exposici�n que al respecto hace el Ministerio del ramo:

Son dos las materias, �ntimamente ligadas entre s�, que trata el Decreto 2310 de 1974, dictado en uso' de las facultades del art�culo 122 de la Constituci�n: el r�gimen legal de exploraci�n y explotaci�n de hidrocarburos de propiedad nacional y el sistema de amortizaciones y exenciones tributarias acordados a dichas actividades.

"Sabido es que las actividades privadas dirigidas a la exploraci�n y a la explotaci�n de petr�leos de propiedad nacional, desde principios de este siglo se han venido desarrollando por medio del sistema d� contratos de concesi�n, cuyos lineamientos generales, en la actualidad, est�n contenidos en el Decreto 1056- de .1953, que se ha llamado C�digo de Petr�leos y en la Ley 10 de 1961. Como sistemas de excepci�n existen: la explotaci�n oficial de la antigua Concesi�n de Mares y las �reas otorgadas en aporte a Ecopetrol con base en el art�culo 12 de la Ley 20 de 1969.

"El sistema de concesi�n, de hecho o de derecho, ha sido abolido en casi todos los pa�ses productores de petr�leo, especialmente en la Am�rica Latina. El Gobierno Nacional consider� que tal sistema deb�a ser sustituido por el de asociaci�n con la Empresa Colombiana de Petr�leos, para as� lograr que los recursos petrol�feros del subsuelo sean explotados en forma racional, eficiente y con mayores ventajas econ�micas para la Naci�n. Esta finalidad primordial del Decreto comentado se encuentra acorde con las motivaciones que en el Decreto 1970 de 1974 se se�alaron como fundamento para declarar el estado de emergencia econ�mica.

"Sin entrar en un detallado estudio comparativo del sistema de concesi�n y del sistema de asociaci�n con Ecopetrol, para se�alar c�mo el �ltimo de ellos es el que verdaderamente responde a la necesidad de dar pleno y racional empleo a nuestros recursos naturales no renovables, basta puntualizar los siguientes aspectos:

"1� Los tr�mites gubernativos consagrados en el C�digo de Petr�leos y en la Ley 10 de 1961 para el adelantamiento de la propuesta para contratan y para la celebraci�n y el perfeccionamiento del contrato de concesi�n, han resultado excesivamente lentos y dispendiosos, a tal punto que muchos asuntos han durado varios a�os en proceso. En cambio los contratos de asociaci�n con Ecopetrol, como generalmente se basan en negociaciones directas, no sufren ninguna demora en su culminaci�n y puesta en marcha. Este solo aspecto de orden adjetivo evita la p�rdida de tiempo en el aprovechamiento de los recursos respectivos.

"2� La retribuci�n econ�mica que obtiene la Naci�n en los contratos de concesi�n se circunscribe a las regal�as o participaciones en el producto bruto y a los c�nones superficiarios. Las primeras se liquidan mensualmente de acuerdo con el art�culo 13 de la Ley 10 de 1961, a raz�n de 11 y del producto bruto en las explotaciones situadas al este y sureste de la cima de la Cordillera Oriental y de 14 y 1/2% en el resto del territorio nacional. Los c�nones superficiarios se pagan anualmente, seg�n el art�culo 9� de la misma Ley "para las concesiones situadas al este y sureste de la cima de la Cordillera Oriental: primer a�o, US$ 0.10; segundo a�o, US$ 0.10; tercer a�o, US$ 0.20; cuarto a�o, US$ 0.30; quinto a�o, US$ 0.50; sexto a�o y siguientes, US$ 1.00 por hect�rea.

"Para las zonas situadas en el resto del territorio nacional: primer a�o, US$ 0.20; segundo a�o, US$ 0.60; tercer a�o, �S$ 1.00; cuarto a�o, US$ 2.00; para el quinto y sexto a�os, U8$ 3.00 por hect�rea.

"En contraste con lo anterior, en los contratos de asociaci�n celebrados con Ecopetrol hasta la fecha sin perjuicio de que paulatinamente se vayan mejorando sus condiciones -la retribuci�n econ�mica percibida por la Empresa Oficial est� representada por los siguientes, rubros: 20% de regal�a o participaci�n en el producto bruto, en favor de la Empresa; 80% restante, deducidos los gastos de explotaci�n, se divide por mitades entre Ecopetrol y el asociado particular. A todo ello debe agregarse que los gastos de exploraci�n superficial y exploraci�n con taladro los lleva a cabo por su cuenta y riesgo el asociado y en ellos �nicamente entra a participar Ecopetrol cuando se haya descubierto un campo comercialmente explotable.

"3� En lo que se diferencian fundamentalmente los dos sistemas es en la ninguna injerencia por parte de los organismos estatales en la programaci�n y ejecuci�n de las operaciones industriales que adelante el titular de la concesi�n, especialmente en la etapa de explotaci�n. El C�digo de Petr�leos en su art�culo 27 apenas establece que et concesionario no puede restringir la producci�n a una cantidad menor de la cuarta parte de la capacidad productora m�xima de sus pozos, sin permiso del Gobierno y que si as� procede sin obtener ese permiso se le cobra las regal�as correspondientes a esa cuarta parte. Adem�s, como inversi�n-anual m�nima, durante la explotaci�n, el art�culo 160 del mismo C�digo se�ala cuant�as verdaderamente irrisorias.

"En contraste con lo expuesto, en el contrato de asociaci�n son Ecopetrol y el asociado particular, de com�n acuerdo, quienes preparan los planes concretos de operaci�n, los presupuestos respectivos y todas las actividades necesarias para el aprovechamiento de los recursos petrol�feros respectivos.

"En esta materia, �l Decreto 2310 d� 1974 adopt� dos determinaciones fundamentales: En primer lugar aboli� para el futuro las figuras de orden tributario denominadas deducciones por agotamiento que tanto en petr�leos como en miner�a se ven�an aplicando antes del Decreto 2053 de 1974, por virtud de la Ley 81 de 1960 y la Ley 10 de 1961 y en segundo lugar dej�, como normas de transici�n, las que consagraban tales deducciones pero �nica y exclusivamente para aquellas explotaciones provenientes de actos jur�dicos perfeccionados antes del 28 de octubre del presente a�o. El mantenimiento del sistema de agotamiento para los actuales explotadores de minas y de petr�leos responde a la necesidad de mantener estables las reglas dentro de las cuales los respectivos inversionistas planearon y ejecutaron sus proyectos industriales, necesidad �sta no de orden legal o doctrinal ya que en materia tributaria el Estado puede cambiar las normas positivas en cualquier tiempo, si no de orden de tratamiento pol�tico a las inversiones.

"En cuanto a las futuras explotaciones, su amortizaci�n se har� de conformidad con el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974, que modifica radicalmente el sistema anterior y que a diferencia de los sistemas de deducci�n por agotamiento, se aplica mientras existan inversiones no amortizadas pero que una vez terminadas �stas, no se convierte en exenci�n durante toda la vida del yacimiento.

"Es f�cil entonces advertir c�mo en virtud del nuevo tratamiento' tributario contenido en el Decreto comentado, a tiempo que se dio una conveniente estabilidad a la inversi�n anterior, se fij� para las futuras un sano y equitativo sistema que sin ser desestimulante para el participar, significa un eficaz medio de mayor participaci�n estatal en los beneficios derivados de la explotaci�n del subsuelo".

(Comentarios al Decreto 2310 de 1974 sobre hidrocarburos. Bogot�, 20 de noviembre de 1974).

1. C�mo est� dicho, los art�culos 1� y 2� del Decreto n�mero 2310 establecen un sistema legal nuevo para la exploraci�n y explotaci�n de hidrocarburos de propiedad nacional, suprimiendo el sistema anterior de la concesi�n, que aparece debidamente reglamentado en el C�digo de Petr�leos, expedido de conformidad con el Decreto n�mero 1056 de 20 de abril de 1953.

2. M�s tal mutaci�n se hace respetando las normas del art�culo 30 de la Constituci�n relacionadas con los derechos adquiridos que emanan "de los contratos de concesi�n vigentes en la fecha de expedici�n del presente Decreto".

3. Respecto de las propuestas de contrato de concesi�n en tr�mite, cabe observar:

a) Sus titulares "gozar�n de preferencia para contratar con la Empresa Colombiana de Petr�leos la exploraci�n y explotaci�n de los hidrocarburos a que tales propuestas se refieren, de acuerdo con el nuevo sistema, sin perjuicio del orden establecido en el art�culo 21 del C�digo de Petr�leos", y "si no hubiere terceros que ofrecieren mejores condiciones que las inicialmente propuestas";

b) Esta normaci�n legal no lesiona derecho- alguno adquirido o constituido con justo t�tulo, por cuanto, como lo tiene admitido la jurisprudencia de la Corte, y la del Consejo de Estado en consonancia con �sta, la propuesta o solicitud tiene tr�mites progresivos, y mientras tales tr�mites no se hayan llenado en su totalidad, los interesados apenas tienen una expectativa. (Sentencia de 8 de noviembre de 1929).

La expectativa de derecho que tiene el proponente en relaci�n con la exploraci�n y explotaci�n de lo-s yacimientos, solo se convierte en derecho al perfeccionarse la concesi�n.

El legislador, de acuerdo con su criterio y los intereses del servicio p�blico, puede modificar, en la oportunidad que estime conveniente, el sistema legal de aprovechamiento de los recursos naturales que hacen parte del patrimonio nacional, sin que para, ello sean obst�culo los tr�mites o procedimientos administrativos adelantados, que a�n no han generado una� situaci�n jur�dica subjetiva o individual.

Esta no es otra que la de la constitucionalidad del Decreto 2310 de 28 de octubre de 1974, el cual se ci�e a lo previsto en el art�culo 122 y dem�s preceptos de la Carta. Se persigue con �l, de modo exclusivo, conjurar la crisis e impedir la extensi�n de sus efectos, y se refiere a materia que tiene relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determina el estado de emergencia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, y de acuerdo con ellas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional, en ejercicio de la competencia que le otorgan los art�culos 122 y 214 de la Constituci�n,

Es constitucional el Decreto legislativo n�mero 2310 de 28 de octubre de 1974 "por el cual se dictan normas sobre abolici�n del r�gimen de concesi�n en materia de hidrocarburos y se adiciona el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974".

Jos� Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D' Filippo, Humberto Barrera Dom�nguez, Jes�s Bernal Pinz�n, Juan Benavides Patr�n, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro C�rdoba Medina, Jos� Gabriel de la Vega, Ernesto Escall�n Vargas, Jos� Mar�a Esguerra Samper, Miguel Angel �Jarcia B., Jorge Gaviria Solazar, Germ�n Giraldo Zuluaga, Jos� Eduardo Gnecco C., Guillermo Gonz�lez Charry, Alvaro Luna G�mez, Humberto Murcia Bailen, Alfonso Pel�ez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Luis Sarmiento Buitrago, Eustorgio Sarria, Jos� Mar�a Velasco Guerrero y Luis Carlos Zambrano.

Decreto n�mero 2310 de 28 de octubre de 1974 "por el cual se dictan normas sobre abolici�n del r�gimen de concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974".

En anteriores salvamentos de voto hemos recalcado c�mo el estado de emergencia proviene d� hechos sobrevinientes que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden econ�mico o social del pa�s, o que constituyan tambi�n grave calamidad p�blica, de acuerdo con el art�culo 122 de la Constituci�n; que las medidas que ante dicha situaci�n tome el Gobierno deben estar destinadas exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensi�n de sus efectos y que han de tener relaci�n directa y espec�fica con la situaci�n que determine aquel estado. De all� que sea fuerza concluir que tales medidas no tienen por finalidad corregir situaciones cr�nicas u ordinarias, ni el estado de emergencia faculta al Gobierno para dictar estatutos generales, ni para reformar estructuras, ni para disponer a la manera del Congreso, substituy�ndolo.

Y el Decreto 2310 de 28 de octubre de 1974 "por el cual se dictan normas sobre abolici�n del r�gimen de concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el art�culo 58 del Decreto 2053 de 1974" lo que contiene es un cambio absoluto del r�gimen legal existente en Colombia para la celebraci�n de contratos sobre exploraci�n y explotaci�n de hidrocarburos, de tal modo que a contar de su vigencia desaparece el sistema de concesi�n empleado hasta ahora por el pa�s y se deja a cargo de la Empresa Colombiana de Petr�leos el "llevar a efecto dichas actividades, directamente o por medio de contratos de asociaci�n, operaci�n, de servicios o de cualquier otra clase, distintos de los de concesi�n, celebrados con personas naturales o jur�dicas, nacionales o extranjeras", seg�n reza su art�culo 1�, y a cuyo fin establece en las disposiciones subsiguientes al estatuto b�sico del nuevo sistema.

Excede, por lo tanto, ese Decreto las facultades restringidas, espec�ficas, exclusivamente encaminadas a conjurar la crisis o a impedir la extensi�n de sus efectos en que las enmarca el precepto 122 de la Constituci�n.

La sentencia de que nos apartamos funda la constitucionalidad del estatuto en referencia sobre la consideraci�n de que "al substituir el r�gimen de concesi�n por el de la exploraci�n y explotaci�n de los hidrocarburos de propiedad nacional por la Empresa Colombiana de Petr�leos, bien sea directamente o en asociaci�n con otras personas naturales o jur�dicas, persigue la mejor utilizaci�n de una de las m�s apreciables riquezas f�sicas del pa�s, en forma ben�fica para los intereses colombianos, como es f�cil deducirlo de la simple comparaci�n de un sistema con otro, y de las utilidades de todo orden que aporta al capital privado y al tesoro p�blico; y coadyuva a eliminar el d�ficit actual y previene uno futuro".

Pero esta raz�n encarece la conveniencia e importancia de las medidas tomadas en el citado Decreto y no la constitucionalidad del mismo en uso de los poderes estrictos conferidos al Gobierno con ocasi�n del estado de emergencia. No es la conveniencia e importancia (por grandes que se las supongan) de tales medidas, las que justifican su exequibilidad a la luz del texto 122 de la Carta, pues si as� fuera, se desplazar�a hacia el Ejecutivo competencia abierta para legislar y desaparecer�a el principio constitucional de que la responsabilidad legislativa corresponde al Congreso, que fue precisamente lo que no quiso hacer el constituyente en dicho art�culo, seg�n resulta de su letra, de la historia de su establecimiento y de su finalidad al confrontarla con las otras normas de la ley de leyes atributivas de competencia de las Ramas Legislativa y Ejecutiva del Poder P�blico.

Estas sucintas razones, ampliamente expuestas en otros salvamentos de voto con motivo del resto de la legislaci�n de emergencia, nos llevan a apartarnos con todo respeto de la decisi�n mayoritaria de la Corte.

Jos� Enrique Arboleda Valencia, Mario Alario D' Filippo, Juan Benavides Patr�n, Alejandro C�rdoba Medina, Ernesto Escall�n Vargas, Alvaro Luna G�mez y Humberto Murcia Bailen.