300Corte SupremaCorte Suprema30030000112Luis Sarmiento Buitrago197415/10/1974Luis Sarmiento Buitrago_1974_15/10/197430000112GASTO PÚBLICO EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ORDEN NACIONAL Su reducción es posible en el estado de emergencia, teniendo en cuenta los motivos que la originaron.-Es constitucional el Decreto número 1982 de 1974. Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena. -Bogotá, D. E., octubre .15 de 1974. (Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento Buitrago). 1974
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Norma demandada:  Revisión constitucional del Decreto 1982 de 1974


GASTO PÚBLICO EN LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ORDEN NACIONAL

Su reducción es posible en el estado de emergencia, teniendo en cuenta los motivos que la originaron.-Es constitucional el Decreto número 1982 de 1974.

Corte Suprema de Justicia.-Sala Plena.-Bogotá, D. E., octubre .15 de 1974.

(Magistrado ponente: doctor Luis Sarmiento

Buitrago).

La Presidencia de la República ha enviado a la Corte Suprema, para control jurisdiccional, el siguiente decreto legislativo:

"NUMERO 1982 DE 1974

"(septiembre 19)

"Por el cual se dictan normas sobre gasto público en los organismos descentralizados del orden nacional.

" El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades legales que le confiere el artículo 122 de la Constitución Nacional y en desarrollo del Decreto 1970 de 1974,

"Decreta:

"Artículo primero. Cuando en el presente Decreto se utilice la expresión 'organismos descentralizados', ella se refiere a los establecimientos públicos, a las empresas industriales o comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. A estas últimas, cuando, conforme a las disposiciones vigentes, están sujetas al régimen previsto para las empresas.

''Artículo. Segundo. Queda prohibido en los organismos. descentralizados todo gasto por concepto de relaciones públicas o actividades similares, salvo autorización motivada del Ministerio o Departamento Administrativo al cual se halla adscrita o vinculada la correspondiente entidad. En consecuencia, 'los organismos directivos de dichas entidades procederán a suprimir las dependencias o cargos que cumplan funciones de esa naturaleza y terminarán los contratos celebrados con el mismo fin. Si esta última no fuere posible, las obligaciones válidamente contraídas, solo podrán extenderse hasta el plazo inicialmente convenido y, en ningún caso, habrá lugar a prórrogas o adiciones expresas o tácitas.

"Artículo tercero. Tampoco se podrán hacer erogaciones para afiliación de tales organismos o de sus directivos a clubes sociales o entidades del mismo orden. En consecuencia, no se podrá autorizar pagos por acciones, inscripciones, cuotas de sostenimiento o gastos por recepciones, invitaciones o atenciones similares.

''Las acciones o derechos que en la actualidad se posean, serán vendidos o cedidos conforme, a los estatutos del respectivo club.

''Queda, igualmente, prohibido a dichos directivos la utilización de tarjetas de crédito cuando los desembolsos a que ellas den lugar se cubran con fondos de los citados organismos.

"Artículo cuarto. Solo el Ministerio de Comunicaciones podrá autorizar a los organismos descentralizados para adelantar campañas de publicidad relacionadas con sus actividades y ejecutorias. La autorización deberá ser motivada y contendrá los detalles de la campaña tales como medios que utilizará, contenido de la misma, costó y duración.

"Artículo quinto. La celebración de contratos relacionados con prestación de servicios de asesoría o de asistencia de cualquier clase; realización o ejecución de estudios, distintos de los referentes a obras públicas; atención de demandas o rendición de conceptos, o la ordenación dé gastos con los mismos fines, requieren en los organismos descentralizados el concepto previo y favorable de la Presidencia de la República acerca de su necesidad y de la idoneidad profesional de los contratistas o beneficiarios.

"Los contratos o convenios vigentes en las materias señaladas deberán ser terminados y, si fuere necesaria su prórroga, deberá cumplirse con el requisito señalado en este artículo.

"Artículo sexto. Las adquisiciones de muebles de oficina, vehículos y demás enseres que señale el Gobierno Nacional, solo podrán hacerse cuando la Dirección General de Presupuesto las considere necesarias.

''Artículo séptimo. La Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General del Presupuesto solo expedirán las autorizaciones a que se refiere el presente Decreto a solicitud razonada del Ministerio o Departamento Administrativo al cual se halle adscrito o vinculado el respectivo organismo.

"Artículo octavo. La impresión y publicación de informes, folletos, revistas y libros por parte de los organismos descentralizados solo podrá hacerse en 'la Imprenta. Nacional o en los equipos que en la actualidad poseen. Cuando se trate de publicaciones para el cumplimiento de las funciones propias de la entidad o de la edición de colecciones populares, el Gobierno Nacional podrá establecer excepciones a la presente norma.

"Artículo noveno. En los presupuestos de los organismos descentralizados no se podrán abrir créditos supleméntales o extraordinarios con el fin de atender gastos causados por la creación de nuevos empleos.

"Artículo décimo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

"Publíquese y cúmplase".

Este Decreto está firmado por el Presidente y todos los Ministros como aparece de la copia remitida a la Corte Suprema y fue inserto en el "Diario Oficial" número 34170, cumpliéndose así el requisito para su vigencia.

Consideraciones:

El país está en régimen de emergencia económica, en virtud del Decreto 1970 de este año y el término que la declaratoria indica no ha vencido todavía.

2ª Los Decretos números 1050 y 3130 de 1968, expedidos en virtud de facultades extraordinarias, contienen los estatutos básicos para la organización y funcionamiento de las administraciones central y descentralizada del orden nacional, requeridos por el numeral 10 del artículo 76 de la Constitución.

En ambos estatutos se señala como característica especial la "autonomía administrativa" que se cumple por medio de una Junta o Consejo Directivo a cuyo cargo están, entre otras, las siguientes funciones:

Decreto 1050. Art. 25.

"a)

"b)

" c) Aprobar el presupuesto del respectivo organismo;

"d) Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar 'su conformidad con la política adoptada' ".

Las Juntas o Consejos Directivos tienen, pues, la dirección y administración, en cuanto a formulación de la política general de los mismos organismos, la adopción de reglamentos, la distribución y manejo de los fondos y funcionamiento en general, de acuerdo con las leyes y estatutos especiales que los rigen.

3ª El Decreto 1982, en su artículo 1°, fija los alcances de la expresión "organismos descentralizados", comprendiendo por tales 'los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta; advirtiendo que estas últimas se sujetarán al régimen previsto para las empresas, conforme a las disposiciones vigentes, o sea cuando el aporte del Estado sea del noventa por ciento (90%) o más del capital social. (Art. 3°, Decreto 3130).

Los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9% del Decreto en estudio, contienen prohibiciones o exigen requisitos especiales en lo referente al gasto por concepto de relaciones públicas o actividades similares; de afiliación de directivos a clubes sociales o entidades del mismo orden, uso de tarjetas de créditos, campañas de publicidad relacionadas con sus actividades, celebración de contratos, de asesoría, adquisición de muebles y vehículos, impresión de libros, revistas o folletos y creación de nuevos empleos en los organismos descentralizados.

La autorización y control de estos gastos pasa, según la importancia, a la Presidencia de la Be-pública, al Ministro o Jefe de Departamento Administrativo, y a la Dirección General de Presupuesto, en algunos casos con motivación especial. Se limita en esta forma la autonomía que la ley concede a las Juntas o Consejos Directivos, lo que es posible en el estado de emergencia, teniendo en cuenta los motivos que la originaron.

5ª Los contratos pendientes sobre las actividades enunciadas deberán ejecutarse hasta su terminación, en respeto a las obligaciones válidamente contraídas; .quedan así protegidos los derechos adquiridos con justo título.

Una de las causas principales que originaron la declaratoria de emergencia fue el déficit fiscal, según la motivación, hasta el punto de que "el Estado se ha visto precisado a aplazar el pago de sueldos y salarios a sus servidores, lo cual constituye una grave e inminente amenaza para el orden económico y social del país"; en la economía la reducción de gastos es uno de los modos de disminuir los déficits.

Por consiguiente, la Corte encuentra que este Decreto se ajusta estrictamente a los requisitos de la Constitución, en cuanto tiende a conjurar la crisis y a impedir la, extensión de sus efectos.

Por lo expuesto, la. Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, previo estudio de la Sala Constitucional,

Resuelve:

Es constitucional el Decreto número 1982 de 1974.

Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en 1a. Gaceta Judicial y archívese el expediente.

José Enrique Arboleda Valencia, Humberto Barrera Domínguez, Juan Benavides Patrón, Aurelio Camacho Rueda, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, José Gabriel de la Vega,. José María Esguerra Samper, Miguel Angel García B., Jorge Gaviria Salazar, Germán Giraldo Zuluaga, José Eduardo Gnecco C., Guillermo González Charry, Alvaro Luna Gómez, Humberto Murcia Ballén, Luis Eduardo Mesa Velásquez, Alfonso Peladez Ocampo, Luis Enrique Romero Soto, Julio Roncallo Acosta, Eustorgio Sarria, Luis Sarmiento Buitrago, José María Velasco Guerrero, Luis Carlos Zambrano.

Alfonso Guarín Ariza, Secretario.

Salvamento de voto.

Decreto 1982 de 1974.

A las razones que expusimos en nuestros salvamentos de votos a los fallos sobre los Decretos 1978 y 1979, en los puntos I y II, agregamos respecto al Decreto de la referencia, las siguientes:

En el Decreto 1982 de 1974, "por el cual se dictan normas sobre gasto público en los organismos descentralizados del orden nacional", no solamente se prohíben algunos gastos, sino que otros son sometidos a la aprobación de la Presidencia de la República, del Ministerio o Departamento Administrativo respectivos, o de la Dirección General de Presupuesto, según los distintos casos que contempla el acto mencionado.

Con tales medidas se viola la autonomía que es característica de los institutos descentralizados, pues la actividad de ellos se desarrolla por un sistema descentralizado que permite la agilidad en el cumplimiento de sus fines.

Al pasar, según dice el fallo adoptado por mayoría, esas facultades de ordenar y efectuar gastos a los aludidos funcionarios puramente administrativos, se desvirtúa la estructura de organismo descentralizado, o sea, se hace una reforma a un factor esencial de tales institutos.

La supresión de gastos en esos organismos puede ser una manera de poner remedio a una emergencia económica, pero no se ve cómo se relaciona la medida que cambia la autonomía de los institutos por la sujeción de ellos a lo dispuesto por el Gobierno, con el remedio a la, crisis; porque el cambio de facultades no es la solución inmediata y exclusiva que requiere el artículo 122 de la Carta.

En estos puntos el mencionado decreto se aparta de la limitación del precepto constitucional citado porque no establece medida directamente relacionada con la solución de la emergencia o con la previsión de sus efectos.

Respetuosamente disentimos, en consecuencia, del fallo de la Corte que, por mayoría de votos, ha declarado constitucional el Decreto 1982 de 1974.

Juan Benavides Patrón, Alejandro Córdoba Medina, Ernesto Escallón Vargas, Alvaro Luna Gómez.