SENTENCIA 11001-03-25-000-2018-01071-00 de 2023

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C�sar Palomino Cort�sNaci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho y otroVillinan Ruiz Higuerafalse14/09/2023Nulidad parcial del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015Identificadores10030315562true1458678original30273214Identificadores

Norma demandada: �Nulidad parcial del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015

Tema: Nulidad parcial del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, �Por el cual se convocan y se fijan las bases y el cronograma del concurso de m�rito p�blico y abierto para el nombramiento en propiedad e ingreso a la carrera notarial.�

La Sala decide la demanda de nulidad, que en ejercicio del medio de control previsto en el art�culo 137 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, present� el se�or Villinan Ruiz Higuera, contra el Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015 (parcial), expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

El ciudadano Villinan Ruiz Higuera, por intermedio de apoderado, present� demanda de nulidad parcial, contra el art�culo 1�, par�grafo 1, 2 y 3; el art�culo 14, par�grafo 1, 2; art�culo 16, par�grafo 2 y 3, art�culos 28, 31, 32 y 33 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial,

�Por el cual se convocan y se fijan las bases y el cronograma del concurso de m�rito p�blico y abierto para el nombramiento en propiedad e ingreso a la carrera notarial.�

La se�ora Villinan Ru�z Higuera, pretende que se declare la nulidad de los art�culos y par�grafos del acto administrativo que se transcriben a continuaci�n:

Por el cual se convocan y se fijan las bases y el cronograma del concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la Carrera Notarial.

El Consejo Superior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los art�culos 164 y 165 del Decreto � ley 960 de 1970, 3 de la Ley 588 de 2000 y 3� del Decreto 3454 de 2006, y,

Art�culo 1. Convocatoria. Conv�case a concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, para proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as que a la fecha se encuentren en interinidad o en encargo, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resulten vacantes despu�s

del ejercicio de los derechos de carrera. Igualmente, f�jense las bases del concurso de m�ritos, las cuales establecen como reglas obligatorias para los participantes y las autoridades del concurso las previsiones de la Constituci�n, la ley, y dem�s actos administrativos que modifiquen o aclaren el presente acuerdo. Sin perjuicio de las notar�as que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera. Las notar�as que requieren de la provisi�n del cargo en la actualidad son:

Par�grafo 1�. Los aspirantes podr�n inscribirse para las notarias de primera categor�a que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera o se creen durante la vigencia de la lista de elegibles.

Par�grafo 2�. Los aspirantes podr�n inscribirse para las notar�as de segunda categor�a que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera o se creen durante la vigencia de la lista de elegibles.

Art�culo 14. Estructura del concurso de m�ritos. El concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la Carrera Notarial tendr� las siguientes etapas:

Par�grafo 1�. Ser�n citados a presentar prueba escrita los concursantes que en el an�lisis y calificaci�n de experiencia hayan obtenido una puntuaci�n igual o mayor a diez (10) puntos de los cincuenta (50) posibles.

Par�grafo 2�. Ser�n convocados a entrevista �nicamente los aspirantes que hayan obtenido una calificaci�n igual o mayor a cincuenta (50) puntos de los noventa (90) posibles en la sumatoria de las etapas de an�lisis de experiencia y prueba de conocimientos. Quienes obtengan un puntaje inferior ser�n excluidos del concurso en etapa.

Par�grafo 3�. Formar�n parte de la lista de elegibles �nicamente los aspirantes que, en la sumatoria de las etapas de an�lisis de experiencia, prueba de conocimientos y entrevista, hayan obtenido una calificaci�n igual o mayor a sesenta (60) puntos de los cien (100) posibles.

Art�culo 16. Inscripci�n y procedimiento. La inscripci�n se realizar� por una sola vez y �nicamente mediante el aplicativo virtual del sitio web que destine el operador t�cnico y cient�fico del concurso, en las fechas se�aladas en el cronograma del concurso.

El aspirante deber� adjuntar las certificaciones o documentos que pretenda hacer valer como prueba de la informaci�n consignada. El aplicativo virtual que dese�e el operador t�cnico y cient�fico del concurso no permitir� continuar la inscripci�n del aspirante hasta que no haya adjuntado la totalidad de los soportes y suministrado los datos requeridos. La documentaci�n no adjuntada digitalmente al momento de la inscripci�n no ser� considerada para efectos del concurso.

Par�grafo 1�. Para efectos de la puntuaci�n de m�ritos y antecedentes solo se tendr� en cuenta la informaci�n consignada en el formulario virtual de inscripci�n y los soportes digitales adjuntados a la misma de forma legible. Cada aspirante ser� el �nico responsable de diligencia la totalidad de los datos personales, experiencia laboral y m�ritos acad�micos que pretenda hacer valer en el concurso. Una vez cerrada la fecha de inscripci�n no se podr�n realizar modificaciones, adiciones o aclaraciones a la informaci�n all� registrada.

Par�grafo 2�. Al momento de la inscripci�n el aspirante deber� seleccionar la ciudad de presentaci�n de la prueba escrita de conocimientos y la entrevista entre las siguientes: Bogot�, Cali, Medell�n, Bucaramanga y Barranquilla.

Par�grafo 3�. Los participantes podr�n aspirar a las tres categor�as convocadas, raz�n por la cual deber�n manifestarlo expresamente al momento de su inscripci�n siempre y cuando re�nan los requisitos legales para cada una de tales categor�as.

Par�grafo 4. Al finalizar la inscripci�n el participante recibir� un certificado de inscripci�n donde estar� incluido un �nico N�mero de Identificaci�n Personal (UNIP) que lo individualizar� durante todo el concurso de m�ritos. As� mismos, recibir� un correo electr�nico con el resumen de su inscripci�n y de los datos adjuntados. Al formalizar la inscripci�n se entiende que el participante acepta y acoge como suyas las reglas del concurso y se entiende bajo la gravedad de juramento, que lo consignado en el aplicativo de inscripci�n y la documentaci�n aportada es veraz. (�)

Art�culo 28. Listas de elegibles. Dentro del plazo fijado en el cronograma se publicar� la lista de elegibles discriminada por cada categor�a notarial, primera, segunda y tercera categor�a, en un diario de circulaci�n nacional y en el sitio web del concurso, contra la misma no proceder� recurso alguno.

El puntaje final de los aspirantes ser� el que resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso debidamente superadas. La lista de elegibles est� integrada en escrito orden descendente por quienes hayan obtenido sesenta (60) puntos o m�s, de la m�xima calificaci�n posible.

La vigencia de la lista ser� de dos (2) a�os contados a partir de la fecha de su publicaci�n en un diario de amplia circulaci�n nacional. Se conformar� por categor�a notarial con los nombres y documentos de identidad de quienes, en estricto orden descendente, hayan obtenido los mayores puntajes. Dicha calificaci�n ser� publicada en unidades y tres decimales, de la siguiente forma: (0,000).

Una vez realizado el nombramiento y posesi�n en la notar�a aceptada, el aspirante ingresar� a la Carrera Notarial con todos sus derechos y obligaciones, implicando ello que su nombre ser� retirado de la lista de elegibles respecto a las dem�s categor�as notariales a las cuales se inscribi�.

Par�grafo 1�. Contra las decisiones del Consejo Superior relativas a la modificaci�n de la lista de elegibles, o la suspensi�n de participantes del concurso, o exclusi�n de la lista procede el recurso de reposici�n conforme a lo contemplado en el art�culo 76 de la Ley 1437 de 2011. El Consejo Superior resolver� el recurso dentro de los treinta (30) d�as h�biles siguientes contados a partir del vencimiento del plazo para su interposici�n.

Par�grafo 2�. En caso de existe empate en la lista de elegibles al momento de la designaci�n se emplear� el siguiente criterio de desempate:

En el evento en que se presente empate entre un aspirante al concurso con quien est� en ejerciendo el cargo de notario al momento de la apertura del mismo, este decidir� en favor del segundo.

En los dem�s casos se elegir� a quien hubiere obtenido mayor puntaje en la prueba de conocimientos, en caso de persistir se convocar� a audiencia ante el Consejo Superior para que dirima mediante el sistema de balotas.

Art�culo 31. Agotamiento de la lista de elegibles. Con el fin de garantizar la provisi�n efectiva de los cargos de notarios, el agotamiento de la lista de elegibles se realizar� mediante el siguiente mecanismo:

La provisi�n de las notarias convocadas a concurso se postular� por categor�as, en estricto orden descendente de puntaje.

Art�culo 33. Cronograma. La aplicaci�n de las distintas fases del concurso y su administraci�n, se realizar�n conforme al siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE M�RITOS PARA EL NOMBRAMIENTO DE NOTARIOS EN PROPIEDAD E INGRESO A LA CARRERA NOTARIAL 2015.

Dado en Bogot�, D.C., a los nueve (9) d�as del mes de abril de dos mil quince (2015).

El accionante considera que el art�culo 1� par�grafos primero, segundo y tercero, el art�culo 14 par�grafos primero y segundo, el art�culo 16, par�grafos segundo y tercero y los art�culos 28, 31 y 33 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, fueron expedidos con infracci�n de las normas en las que deb�a fundarse, por las siguientes razones:

Manifest� que el art�culo 1� del acto demandado, al convocar a concurso p�blico y abierto de m�ritos para proveer a nivel nacional la totalidad de las notar�as que se encontraran en interinidad o en encargo, desconoce el criterio �geo jur�dico� previsto en el art�culo 131 de la Carta Pol�tica, los art�culos 121, 122 del Decreto Ley 960 de 1970, el art�culo 6 de la Ley 588 de 2000 y el art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006.

Preci� que la normativa que regula la actividad notarial determina que las notar�as se organizan en c�rculos notariales dentro del �mbito territorial de uno o varios municipios del mismo departamento y, por lo tanto, para proveer el cargo de notario, su convocatoria no puede comprender un contexto nacional, sino que debe limitarse a un �mbito del circulo notarial del mismo departamento.

Adujo que los par�grafos primero, segundo, y tercero del art�culo 1� del acuerdo demandado son contrarios al ordenamiento jur�dico superior, porque complementan la convocatoria en el sentido de dirigirla a proveer aquellos cargos que se encuentran vacantes en interinidad o en encargo en el territorio nacional, as� como los cargos que se llegaran a crean en el futuro en el desarrollo del proceso de selecci�n, los que ser�n suplidos con las personas que aparezcan en la lista de elegibles vigente.

Resalt� que, si bien, el cargo de notario tiene sus funciones definidas en la ley, tambi�n es cierto que este empleo deber� ser constituido por el Gobierno Nacional, previo estudio de las necesidades que demandan la creaci�n del cargo. Por consiguiente, si no existe el cargo de notario, el nominador no podr� efectuar nombramiento alguno en propiedad.

Mencion� que la lista de elegibles tiene vigencia por un periodo de dos (2) a�os, con relaci�n a los cargos ofertados dentro de la convocatoria, por lo que ser�a improcedente darle efectos sobre cargos que en el futuro se espera que se creen o que a su vez durante el t�rmino de vigencia de la lista quede vacantes.

Consider� que la lista de elegibles tiene que ver, �nica y exclusivamente, con los cargos notariales de los c�rculos que fueron ofertados en las categor�as, primera, segunda y tercera, sin que est� se haga extensiva a cargos que no exist�an a la fecha de la convocatoria o que no fueron ofertados.

Afirm� que los par�grafos primero y segundo del art�culo 14 del Acuerdo N� 001 de 2015, son ostensiblemente violatorios del inciso tercero del art�culo 4 de la Ley 588 de 2000 y el art�culo 7 del Decreto Reglamentario 3454 de 2006, toda vez que establecen unas etapas y puntaje de eliminaci�n de los participantes del concurso de m�ritos que a todas luces no fue previsto en las normas superiores para desvincular a los concursantes.

Sostuvo que la norma acusada plantea una puntuaci�n por calificaci�n de la experiencia igual o mayor de 10 de 50 puntos posibles. As� mismo, se�ala que ser�n convocados a entrevista �nicamente los aspirantes que hayan obtenido una calificaci�n igual o mayor a 50 de los 90 puntos posibles de la sumatoria de las etapas de an�lisis de experiencia y prueba de conocimientos. Lo cual resulta contrario a los art�culos 4 de la Ley 588 de 2000, y 7 del Decreto 3454 de 2000, que determinaron la calificaci�n sobre 100 puntos y fijaron valores cuantitativos de la experiencia, especializaci�n, autor�a de obras, el valor de la prueba de conocimientos y la entrevista.

Agreg� que el art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, plantea que la lista de elegibles ser� integrada por quienes hayan obtenido un resultado final de 75 puntos; sin embargo, los par�grafos primero y segundo del art�culo 14 del Acuerdo N� 001 de 2015, indican que la conformaci�n de la lista ser� con los aspirantes al hacer la sumatoria de los puntajes de cada una de las fases del concurso obtengan un total de 60 puntos o m�s.

Asever� que el par�grafo segundo del art�culo 16 del acuerdo demandado, limita al participante a presentar la prueba escrita de conocimiento y la entrevista en las ciudades de Bogot�, Cali, Medell�n, Bucaramanga y Barranquilla, desconociendo que el art�culo 8 del Decreto 3454 de 2006, indica que �la prueba se celebrar� en un mismo d�a, y la presentar�n en forma simult�nea los aspirantes convocados en las capitales del departamento en donde est� situado el c�rculo notarial al cual aspiran�.

Refiri� que el par�grafo tercero del art�culo 16 del acto acusado, dispone que �los participantes podr�n aspirar a las tres categor�as convocadas (�)�, pero no tuvo en cuenta su determinaci�n por el c�rculo notarial y la clase de categor�as de notarias vacantes dentro del respectivo c�rculo, tal y como se prev� en los art�culos 6 de la Ley 588 de 2000 y 4 del Decreto 3454 de 2006, en el cual se indica que �el aspirante al cargo de notario, en la solicitud de inscripci�n anotar� el c�rculo al que aspira, si en el c�rculo existe m�s de una notar�a indicar� tambi�n, el orden de su preferencia.�

A�adi� que seg�n el art�culo 16 del acuerdo demandado, los participantes podr�n aspirar a las tres categor�as de notar�as, presentando un solo examen, lo cual desconoce el par�grafo 3� del art�culo 4 de la Ley 588 de 2000, en cuyo contenido se advierte que �el contenido de la prueba de conocimientos y criterio jur�dico variara de acuerdo con la categor�a del c�rculo notarial para que se concurse�, lo que impone a la administraci�n la realizaci�n de ex�menes diferentes seg�n el circul� para que se aspira.

Por otro lado, indic� que el art�culo 28 del Acuerdo N� 001 de 2015, afianz� el concepto de nacionalizaci�n para la conformaci�n de la lista de elegibles, al determinar que esta estar�a estructurada por la categor�a de las notar�as a nivel nacional en primera, segunda y tercera, contrariando la legislaci�n existente sobre la materia, en cuyas normas se establece que la divisi�n territorial del sistema notarial en Colombia, es por c�rculos y para efectos de los nombramientos en de los notarios las listas de elegibles, se distribuir�n por c�rculos y las categor�as respectivas dentro de cada c�rculo.

Finalmente, expres� que el cronograma del concurso de m�ritos establecido en el art�culo 33 del Acuerdo N� 001 de 2015 desconoce el criterio de obligatoriedad que rige a los procesos de selecci�n, previsto en el art�culo 165 del Decreto 960 de 1970 y en el numeral 1� del art�culo 31 de la Ley 909 de 2004, porque la entidad demandada no ha cumplido estrictamente con las actividades y las fechas definidas en el cronograma, toda vez que i) la aplicaci�n de la prueba escrita (1 de noviembre de 2015), ii) la publicaci�n del aviso informativo en prensa, encargado de comunicar la existencia del acto administrativo que contiene los resultados de la prueba escrita (17 de enero de 2016), y iii) la recepci�n de los recursos por v�a electr�nica (26 de mayo de 2016), ocurrieron en fechas distintas, esto es, 8 de noviembre de 2015, 31 de enero de 2015 y 1� de febrero de 2017, respectivamente.

Mediante Auto de 17 de junio de 2020, se admiti� la demanda, se orden� la notificaci�n a las partes e intervinientes y se dispuso comunicar a la comunidad, por la p�gina web de la Corporaci�n, de la existencia del proceso[1]. En la misma fecha se corri� traslado de la medida cautelar solicitada por la parte actora[2].

Mediante auto de 26 de marzo de 2021[3] se neg� la medida cautelar solicitada por la parte demandante, argumentando que la confrontaci�n del acto administrativo demandado con el contenido del inciso segundo del art�culo 131 de la Constituci�n Pol�tica, el Decreto Ley 960 de 1970, la Ley 588 de 200 y el Decreto 3454 de 2006, no se evidencia una situaci�n de tal magnitud que justificara acceder a la solicitud de la medida provisional invocada por la parte actor a, toda vez que se requer�a un an�lisis m�s exhaustivo y riguroso de las normas invocadas.

3.1 La Superintendencia de Notariado y Registro, y la Secretaria T�cnica del Consejo Superior de la Carrera Notaria[4], se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que, en sesi�n del 28 de junio de 2018, el Consejo Superior de la Carrera Notarial estim� que no hab�a lugar a prorrogar la vigencia de la lista de elegibles del concurso de m�ritos convocado con el Acuerdo N� 001 de 2015, teniendo en cuenta que la misma fue dise�ada para un t�rmino de 2 a�os, conforme con lo previsto por el art�culo 3 de la Ley 588 de 2000, la cual venci� el 3 de julio de 2018, por lo que el acto acusado, para el momento de interposici�n de la demanda no est� surtiendo efectos.

Se�al� que todos los aspirantes al concurso p�blico y abierto para acceder a la Carrera Notarial, lo hicieron basados en unas reglas previamente establecidas por la administraci�n, suficientemente publicitadas y aceptadas por todas las personas que participaron en el proceso de selecci�n, como garant�a de los principios de buena fe y confianza leg�tima.

Indic� que el m�rito es requisito para el ejercicio de la funci�n notarial, tal y como lo advirti� la Corte Constitucional en la sentencia C-741 de 1998, en la que dej� claro que el servicio p�blico notarial que prestan los particulares tiene consigo el ejercicio de una funci�n p�blica y s�lo por ese hecho se debe activar una protecci�n reforzada del principio de igualdad en cuanto al acceso a la carrera notarial, a trav�s de un concurso de m�ritos.

Resalt� que el concurso de notarios se asimil� al previsto por el art�culo 125 de la Constituci�n, para el nombramiento de funcionarios p�blicos y su incorporaci�n a la carrera administrativa, pues en ambos casos se hac�a necesario dise�ar un procedimiento de selecci�n con base en el m�rito, mediante el cual las personas mejor calificadas pudiesen acceder al desempe�o de una funci�n p�blica.

Destac� que la Constituci�n (art�culo 131) confiere una amplia libertad al legislador, para regular el servicio notarial, en la medida que establece que compete a la ley, la reglamentaci�n del servicio que prestan los notarios y registradores.

Sostuvo que en virtud de lo anterior, se expidi� la Ley 588 de 2000 por la cual se reglament� el concurso de notarios y la carrera notarial, cuyo articulado fue examinado por la Corte Constitucional, a trav�s de las sentencias C-647 de 2000 y C-097 de 2001, en cuyo contenido se resalt� la obligatoriedad del concurso al se�alar que la Constituci�n dispuso que el nombramiento de notarios se efectuar�a mediante concurso, en aras de garantizar la eficiencia en la prestaci�n del servicio, a la vez que sent� las bases de un r�gimen especial de carrera para los notarios.

Agreg� que el Decreto - ley 960 de 1970, se�al� en su art�culo 165 (declarado parcialmente exequible por la sentencia C-741 de 1998), determin� las funciones y competencias del Consejo Superior de la Carrera Notarial, las cuales le dan un amplio margen de maniobra en la realizaci�n de los concursos de m�ritos. De all� que mientras tengan vigencia los art�culos 164 y 165 del Decreto Ley 960 de 1970, nada impide al Consejo Superior de la Carrera Notarial, ejercer las funciones all� contempladas, sobre todo aquellas meramente operativas, siempre y cuando dicho �reglamento administrativo� se encuentre subordinado a la ley y a la Constituci�n.

Se�al� que el sistema de carrera como principio constitucional opera tambi�n para la actividad notarial. En tal sentido, la Corte constitucional ha sostenido que el m�rito es el lineamiento predominante para la designaci�n del notario que ejerce una funci�n p�blica, por esto el nombramiento de la persona designada con ocasi�n de las listas producto del concurso de m�ritos es un deber legal y constitucional de las entidades y ello no desconoce por si los derechos fundamentales de quienes ejercen la funci�n notarial[5].

3.2 La Naci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho, solicito que se denieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:

Consider� que los argumentos de la demanda no logran desvirtuar la presunci�n de constitucionalidad y legalidad de la que goza el Acuerdo demandado, teniendo en cuenta que el accionante alega principalmente la violaci�n del art�culo 131 constitucional en cuanto consagra que �el nombramiento de los notarios en propiedad se har� mediante concurso�, por lo que la simple confrontaci�n entre estas disposiciones superiores y el contenido del Acuerdo, no resulta ostensible vulneraci�n alguna a dicha norma constitucional.

Sostuvo que la carrera notarial es un sistema t�cnico en el que se desarrolla el funcionamiento y la administraci�n de aquellas personas que como consecuencia de un concurso de m�ritos fungir�n como Notarios. Dicha carrera goza de tener origen constitucional y legal, y su objeto estriba en ofrecer igualdad de oportunidades para acceder a la funci�n Notarial, raz�n por la cual existe una relaci�n estrecha entre el ingreso a la carrera notarial y el nombramiento de un notario en propiedad en la medida en que el objeto de esta no es otro que mejorar el servicio, seleccionando los notarios mediante la comprobaci�n de su idoneidad y capacidad intelectual y garantizar su estabilidad en el cargo.

Adujo que constitucionalmente se ha reconocido al Consejo Superior de la Carrera Notarial como �rgano rector de la Carrera Notarial, con facultad para administrar y dirigir los concursos a los fines de proveer los cargos de Notario en propiedad y acceso a la Carrera Notarial; tal y como se advierte de las sentencias C-741 de 1998, C-153 de 1999 y C-421 de 2006, entre otras.

Afirm� que el Acuerdo 01 de 2015 fue el medio para facilitar el ingreso a la carrera notarial mediante un mecanismo objetivo y para tal fin estableci� las bases y el cronograma del concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad.

Destac� que el contenido del Acuerdo 001 de 2015, a trav�s del cual se convoc� a concurso de Notarios para proveer a nivel nacional la totalidad de las notar�as que se encuentran en interinidad o encargo y, adem�s, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera, resulta acorde con la Ley 588 de 2000 y el Decreto 3454 de 2006, pues en lugar de limitar o restringir el acceso a la carrera notarial, abri� la posibilidad de que la lista de elegibles que se conform� como resultado del proceso de selecci�n o desarrollo del concurso fuera utilizada en los t�rminos previstos por el legislador para proveer cualquier vacante, a�n respecto de notar�as que se hubieran creado.

Asever� que las disposiciones del acto demandado no contradicen lo dispuesto por el legislador, pues habiendo escogido los aspirantes al momento de la inscripci�n el c�rculo y categor�a de notar�a para la cual concursaron, la creaci�n de notar�as o las vacancias resultantes, no desconocen, ni modifican las reglas del concurso que fueron fijadas previamente en su momento y, por el contrario, incrementaron o aumentaron la posibilidad de agotar la lista de elegibles con quienes la conformaban, antes de que la misma perdiera vigencia.

Manifest� que seg�n lo dispuesto en el art�culo 3� de la Ley 588 de 2000, el t�rmino de vigencia de las listas de elegibles fue de dos a�os, los cuales vencieron el 3 de julio de 2018; fecha hasta la cual, la Secretar�a T�cnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial realiz� postulaciones a los concursantes inscritos para suplir los c�rculos notariales que se encontraran vacantes.

Expres� que los argumentos de la demanda carecen de validez, pues el objeto �ltimo del Acuerdo 01 de 2015 se cumpli� y actualmente no produce efecto jur�dico toda vez que el cronograma y cada una de las etapas del concurso de m�ritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la Carrera Notarial ya fueron agotados, con la posterior publicaci�n de la lista de elegibles mediante Acuerdos 26 y 27 de 2016.

Destac� que, en sesi�n del 28 de junio de 2018, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, consider� que no hab�a lugar a la pr�rroga de la vigencia de la lista de elegibles, teniendo en cuenta que el mismo fue previsto expresamente por el art�culo 3 de la Ley 588 de 2000, por un t�rmino de vigencia de 2 a�os, el cual venci� el 3 de julio de 2018, por lo que el Acuerdo 001 de 2015 no est� surtiendo efectos.

Mediante auto de 26 de marzo de 2021[6] se dispuso: i) tener por saneado el proceso, en el sentido de precisar que en el presente asunto, act�an como interesadas la Naci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho y la Superintendencia de Notariado y Registro y, como parte pasiva, el Consejo Superior de la Carrera Notarial, �rgano aut�nomo superior e independiente que expidi� el acto administrativo demandado, ii) tener como pruebas los documentos aportados por las partes, iii) prescindir del mayor t�rmino probatorio, y iii) se orden� correr traslado por el t�rmino de diez (10) d�as a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusi�n y al Ministerio P�blico, para que conceptuara sobre el asunto, si lo estimaba pertinente.

4.1 La parte demandante, solicit� que se declare la nulidad de los apartes demandados del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, insistiendo en los argumentos de inconformidad contra los apartes normativos del Acuerdo N� 001 de 2015 expuestos en el escrito de demanda, relacionados con: i) el desconocimiento del criterio �geo jur�dico�, con el que se establece la estructura territorial de las notar�as en Colombia, ii) la utilizaci�n de la lista de elegibles para proveer cargos vacantes en interinidad, en encargo y los que se llegaran a crear durante la vigencia de la lista, iii) las etapas y puntajes para eliminar a los participantes del concurso de m�ritos, iv) la limitaci�n de los participantes a presentar la prueba escrita de conocimiento y entrevista a determinadas ciudades del territorio nacional, v) la posibilidad de los participantes de aspirar a las tres categor�a de notar�as convocadas con un solo examen, sin discriminar la prueba seg�n el c�rculo y la clase y/o categor�a de notaria, y vi) el desconocimiento del cronograma del proceso de selecci�n.

4.2.1 La Superintendencia de Notariado y Registro en su condici�n se Secretar�a T�cnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial [7], insisti� en desestimar las pretensiones de la demanda, argumentando que el principio del m�rito el criterio esencial para proveer los empleos p�blicos y el concurso p�blico el mecanismo para la materializaci�n de dicho principio.

indic� que el Consejo de Estado � Secci�n Segunda � Subsecci�n B en sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado N� 110010325000201601031- 00 (4659-2016), se pronunci� sobre la naturaleza y uso de la lista de elegibles resultante del Acuerdo N� 001 de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al manifestar que Sentencias C � 319 de 2010 y SU 446 de 2011, se estableci� que las listas de elegibles podr�n ser utilizadas para proveer cargos que no hayan sido inicialmente ofertados en el concurso de m�ritos, siempre que sean equivalentes o similares y durante la vigencia de la misma.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado, concluy� que: �(�) para el caso concreto del concurso de notarios adelantado en virtud de la convocatoria abierta mediante el demandado Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015, es totalmente razonable, proporcional y justificado considerar utilizar de manera eficiente todo el esfuerzo que el Consejo Superior de la Carrera Notarial ha desarrollado para sacar avante el proceso de selecci�n, los recursos econ�micos sufragados, as� como el talento humano que se ha desplegado; siendo este el norte o prop�sito que gu�a la regla contenida en la convocatoria que implica el alcance de la lista de elegibles para permitir su uso m�s all� de la provisi�n de las notar�as inicialmente ofertadas, y de esta manera, cubrir tambi�n las que, durante la vigencia del registro de elegibles, quedaren vacantes o fueren creadas�.

Por lo anterior, estim� que el argumento planteado por el actor en relaci�n con los cargos ofrecidos en el concurso de m�ritos y el uso de la lista de elegibles ya fue previamente analizado por el Consejo de Estado.

Agreg� que las etapas dise�adas y el puntaje establecido en el proceso de selecci�n para aprobar a los participantes, se ajust� a las directrices fijadas por el art�culo 1� del Decreto 926 de 2007 y el art�culo 2� del decreto 3454 de 2006, por lo que no se advierte contrariedad alguna al ordenamiento jur�dico superior, como lo plantea la parte actora.

Afirm� que la inscripci�n al concurso de m�ritos para participar a distintos c�rculos notariales, as� como el lugar de presentaci�n de la prueba, son aspectos que se encuentran ajustados a lo dispuesto en el art�culo 165 del Decreto Ley 960 de 1970.

Refiri� que el cronograma del concurso de m�ritos promovido con el Acuerdo N� 001 de 2015 (art�culo 33), fue modificado por el Acuerdo N� 005 de 2015, debido a que el 25 de octubre de 2015 se adelantaron los comicios para la elecci�n de candidatos a cargos y corporaciones p�blicas de elecci�n popular, en cuya actividad participan los jueces, notarios y registradores, seg�n el 157 del C�digo Electoral, en calidad de escrutadores, por lo que en aras de garantizar la participaci�n de todos los aspirantes admitidos, se hizo necesario efectuar la respectiva modificaci�n.

Finalmente, resalt� que el operador log�stico en el marco del concurso de m�ritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial de 2015, dise�� y pr�ctico los ex�menes de acuerdo con la categor�a del c�rculo notarial al que aspir� el concursante, por lo que no es cierto que, con un solo examen, el participante pod�a aspirar a m�ltiples categor�as de notar�as.

4.2.2 La Naci�n � Ministerio de Justicia y del Derecho[8] solicit� que se nieguen las pretensiones de la demanda, reiterando los argumentos planteados en el escrito de contestaci�n de la demanda.

El agente del Ministerio P�blico solicit� que se denieguen las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones[9]:

Indic� que las tablas del inciso primero y de los par�grafos Primero y Segundo del art�culo 1 del Acuerdo 001 de 2015, cuando se refieren en sus columnas clasificatorias a �Departamento� y �Municipio� est�n expresando en realidad el respectivo c�rculo ofertado para concurso. De esta manera, el t�rmino �nivel nacional� controvertido por el accionante no se refiere a una nueva clasificaci�n del orden central para proveer cargos de notario, que contrar�e la noci�n territorial de c�rculos notariales, en realidad se trata de un g�nero que desarrolla la expresi�n contenida en el primer inciso del art�culo 121 del Decreto Ley 960 de 1970, cuando se�ala �el territorio de la Rep�blica� y su respectiva divisi�n en c�rculos notariales territoriales, para referirse sencillamente a que las disposiciones contenidas en dicho estatuto tienen aplicaci�n y relevancia para todo el territorial nacional, sin perjuicio de la clasificaci�n territorial ordenada.

Consider� que el Acuerdo 001 de 2015 cuando alude a proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as vacantes, no est� cambiando la estructura del notariado en Colombia, sino disponiendo un concurso para todo el pa�s, sin cambiar o desconocer la estructura prevista en el ordenamiento, por c�rculos y categor�as.

Se�al� que la utilizaci�n de la lista de elegibles para proveer los cargos ofertados y los que se llegaran a crear durante la vigencia de �sta, es una manifestaci�n clara de algunos de los principios constitucionales de la funci�n p�blica relativos a eficacia y celeridad, con especial atenci�n al aprovechamiento de la lista de elegibles, capaz de proveer el mayor n�mero de cargos vacantes posible de la Carrera Notarial, con los cargos que eventualmente se creen durante su desarrollo.

Adujo que la disposici�n acusada se ajusta perfectamente a lo dispuesto en el inciso segundo del art�culo 2� de la Ley 588 de 2000, seg�n el cual, �en caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podr� el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso�, lo que significa que, si existiere lista de elegibles, deber� efectuarse la provisi�n con dicha lista, todo lo cual significa que la norma de orden legal habilita plenamente la aplicaci�n de la lista de elegibles frente a vacantes futuras, obviamente surgidas durante su vigencia.

Resalt� que la parte actora desconoce que el art�culo 122 de la Carta Pol�tica en concordancia con otras normas de la funci�n p�blica, aplicables al caso concreto, exigente que los cargos existan con anterioridad al correspondiente nombramiento, no a la convocatoria, ni al concurso p�blico.

Afirm� que una vez revisados los par�grafos 1 y 2 del art�culo 14 del Acuerdo 001 de 2015 es posible establecer que, de conformidad con las puntuaciones m�nimas establecidas tanto en la Ley 588 de 2000, como en el Decreto 3454 de 2006, se respeta tanto la puntuaci�n m�nima clasificatoria de 50 puntos con miras a presentar la respectiva entrevista, as� como la puntuaci�n m�nima clasificatoria para integrar la lista de elegibles de 60 puntos, sin que dichas normas, se reitera, hayan establecido sistemas de puntajes eliminatorios, lo que reconduce a la facultad discrecional del sistema de calificaciones que estableci� el art�culo 165 del Decreto-ley 960 de 1970.

Por otro lado, mencion� que el actor confunde el lugar de presentaci�n de las pruebas, las cuales deber�n darse en forma simult�nea, con el lugar donde se originan las convocatorias, las cuales corresponden a las capitales del departamento donde est�n situados los diversos c�rculos notariales ofertados a los que se aspira. Por ende, si se admitiera la interpretaci�n dada por el accionante, donde coincidir�an los conceptos de presentaci�n y convocatoria de la prueba, habr�a que sostener que la misma podr�a atentar contra los principios de sostenibilidad fiscal y econom�a de la funci�n administrativa y gesti�n fiscal, por los costos mucho mayores que supone un escenario de log�stica de pruebas por cada ciudad capital de vacantes de cargos notariales a proveer verbi gratia en los 19 departamentos objeto de la convocatoria del acto acusado.

Sostuvo que la discriminaci�n de la lista de elegibles mencionada en el art�culo 28 del Acuerdo 001 de 2015, hace referencia a la divisi�n entre las diversas clasificaciones de ley, en cuanto, tanto a c�rculos de notar�as, como a categor�as de notar�as, raz�n por la cual tampoco corresponde con la realidad el afirmar que se est�n aplicando criterios de nacionalizaci�n, nivel central, ni ninguno de dicho �mbito, en la norma cuestionada.

Coment� que la particularidad relativa a diferencias de aproximadamente cinco o diez d�as h�biles entre la fecha establecida por el cronograma para el desarrollo de cada fase y su ejecuci�n real, no es un aspecto espec�fica, ni expresamente regulado por las normas superiores en que deb�a fundarse el acto acusado, por lo que escapa al control abstracto de legalidad del acto administrativo, pues pueden existir justificaciones de fuerza mayor o caso fortuito que hubieren forzado a la demandada a realizar cambios menores, que no necesariamente implicasen consecuencias significativas en el desarrollo del concurso p�blico de m�ritos. T�ngase en cuenta que el acuerdo demandado fue objeto de varias modificaciones, por acuerdos posteriores, que no son parte de la demanda, por lo que ah� se encuentran las razones para la modificaci�n del calendario inicialmente propuesto.

Agreg� que el retraso en el calendario inicial no atenta contra el ordenamiento superior, si finalmente se cumplieron los objetivos inicialmente propuestos por la administraci�n, en t�rminos de eficiencia y efectividad, de modo que la eventual vulneraci�n resulta solo formal.

De otro lado, se�al� que, sin importar el n�mero de ex�menes que presente un concursante, sea uno o varios, el aspecto relevante es que, una vez manifieste si su aspiraci�n se orienta a una sola categor�a o m�s, se haya dado cumplimiento, en el desarrollo del examen, al Par�grafo 3 del art�culo 4 de la Ley 588 de 2000, es decir que el examen haya contenido todos los criterios correspondientes a todas las categor�as que el concursante haya manifestado expresamente que deseaba aspirar, lo que en otras palabras quiere decir que se le haya evaluado con todos los criterios requeridos para cada categor�a a la que haya aspirado, situaci�n que s�lo es posible analizar y demostrar revisando el contenido del examen o los ex�menes realizados, evaluando la situaci�n y las aspiraciones de cada concursante, lo que podr�a mutar a un escenario m�s acorde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente, frente a los argumentos de inconformidad expuestos por la parte actora contra las normas que regulan la carrera notarial, consider� que el Consejo de Estado deber�a declararse inhibido de conocerlo, ya que el demandante plantea acusaciones de la legislaci�n ordinaria en cuanto a eventuales violaciones de normas constitucionales, demandas que escapan a la �rbita del medio de control de nulidad y que no guardan relaci�n con el acto administrativo inicialmente acusado, por sustracci�n de materia.

La Subsecci�n es competente para conocer, privativamente y en �nica instancia, de la presente demanda de nulidad conforme con el numeral 1� del art�culo 149 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

�Si el art�culo 1�, par�grafo 1, 2 y 3; el art�culo 14, par�grafo 1, 2; art�culo 16, par�grafo 2 y 3; art�culos 28, 31, 32 y 33 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, �Por el cual se convocan y se fijan las bases y el cronograma del concurso de m�rito p�blico y abierto para el nombramiento en propiedad e ingreso a la carrera notarial.�, se encuentran viciados de nulidad por haberse expedido con desconocimiento de las normas en las que deb�an fundarse

Con el prop�sito de dar respuesta al problema jur�dico, metodol�gicamente se emprender� el an�lisis de los siguientes aspectos: (i) El servicio p�blico de notariado; (ii) El Sistema de m�rito como mecanismo para el ingreso al servicio notarial; (iii) Los Derechos adquiridos por los incluidos en la lista de elegibles y, v)

Al respecto, resulta oportuno realizar algunas precisiones en torno a la naturaleza de la actividad notarial en el ordenamiento jur�dico colombiano desde la perspectiva legal y jurisprudencial, esto, con anterioridad y posterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci�n Pol�tica de 1991.

Sobre el particular se estima, que ha sido una constante el entendimiento de que el servicio de notariado y de registro es una funci�n para dar fe p�blica y que pertenece al Estado, el cual lo ha delegado en los notarios. En efecto, desde el C�digo Civil de la Uni�n de 1873, adoptado por el Congreso de la Rep�blica de Colombia el 15 de abril de 1887, se dispuso, en su Libro Cuarto, T�tulo 42, art�culo 2.550, que la actividad notarial deb�a ejercerse dentro de los c�rculos notariales so pena que los actos suscritos por fuera de ellos se encontraran viciados de nulidad

En este mismo sentido, el art�culo 2.547 ib�dem, preceptuaba que la recepci�n, extensi�n y autorizaci�n de los actos y contratos en relaci�n con los cuales los intervinientes quisieran dar autenticidad y constancia p�blica conforme con la ley, estar�an a cargo del notario p�blico.

Con posterioridad, fue promulgada la Constituci�n de 1886, en la cual inicialmente se guard� silencio en relaci�n con el desarrollo de la actividad notarial; lo anterior, vale la pena aclarar, hasta la aprobaci�n del Acto Legislativo 3 de 1910, mediante el cual se le asign� a las Asambleas Departamentales, la creaci�n y supresi�n de Circuitos de Notar�a y de Registro.

No obstante, no fue sino hasta la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 1931, art�culo 1, que se le dio a la actividad notarial el car�cter de servicio p�blico, al tiempo que se defiri� al legislador la competencia para la creaci�n y supresi�n de los C�rculos Notariales y su respectiva organizaci�n y reglamentaci�n. Al respecto, la norma indic� lo siguiente:

�Compete a la ley la creaci�n y supresi�n de c�rculos de Notaria y de Registro y la organizaci�n del servicio p�blico que prestan los Notarios y los Registradores.�.

M�s adelante, el Presidente de la Rep�blica en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 8 de 1969, expidi� los Decretos Ley 960 de 5 de agosto de 1970, Estatuto del Notariado, y 2163 de 9 de noviembre de 1970, por el cual se oficializaba el servicio del notariado, los cuales en su art�culo 1, respectivamente, le atribuyeron al notariado el car�cter de servicio del Estado, prestado por funcionarios p�blicos, de acuerdo con lo previsto en la ley, en los siguientes t�rminos:

�Art�culo 1: �El notariado es una funci�n p�blica e implica el ejercicio de la fe notarial.

La fe p�blica o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el Notario y a lo que este exprese respecto de los hechos percibidos por �l en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la Ley establece.

�Art�culo 1�.-El notario es un servicio del Estado, que se presta por funcionarios p�blicos, en la forma, para los fines y con los efectos consagrados en las leyes.

El Notario forma parte de la Rama Ejecutiva y como funci�n p�blica implica el ejercicio de la fe notarial.

La fe p�blica implica o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo que �ste exprese respecto de los hechos percibidos por �l en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece.�.

As� mismo, el legislador mediante la Ley 29 de 1973, por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se dictan otras disposiciones, reiter� que el notariado �es un servicio p�blico que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial.� Sobre al particular, el art�culo 1� de la referida ley se�al�:

�El notariado es un servicio p�blico que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe notarial.

La fe p�blica o notarial otorga plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo que �ste exprese respecto de los hechos percibidos por �l en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece.�.

En este mismo sentido, el Presidente de la Rep�blica expidi� el Decreto 2148 de 1 de agosto de 1983, mediante el cual reglament� el Decreto Ley 960 de 1970 y la Ley 29 de 1973, reiterando que la actividad notarial es un servicio p�blico que implicaba el ejercicio de la fe notarial, la cual a su vez otorgaba plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo expresado por �ste respecto de los hechos percibidos en el ejercicio de sus funciones.

Ahora bien, debe decirse que la Constituci�n Pol�tica de 1991 en su art�culo 131 mantiene la categor�a de servicio p�blico que, ya desde la expedici�n del Acto Legislativo 1� de 1931, le hab�a sido atribuida por el legislador a la actividad notarial, y as� mismo dispone que su reglamentaci�n, entendido por tal el r�gimen laboral y lo relativo a los aportes y tributaci�n especial, estaba reservada de manera expresa al legislador.

En relaci�n con el servicio notarial como funci�n p�blica, la Corte Constitucional, en sentencia C-741 de 1998[10], se�al� lo siguientes:

3- El servicio notarial implica, conforme lo se�ala una de las disposiciones acusadas, el ejercicio de la fe notarial, por cuanto el notario otorga autenticidad a las declaraciones que son emitidas ante �l y da plena fe de los hechos que �l ha podido percibir en el ejercicio de sus atribuciones.

Esta finalidad b�sica del servicio notarial pone en evidencia que los notarios no desarrollan �nicamente un servicio p�blico, como podr�a ser el transporte o el suministro de electricidad, sino que ejercen una actividad que, si bien es distinta de las funciones estatales cl�sicas, a saber, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, no puede ser calificada sino como una verdadera funci�n p�blica. En efecto, el notario declara la autenticidad de determinados documentos y es depositario de la fe p�blica, pero tal atribuci�n, conocida como el ejercicio de la �funci�n fedante�, la desarrolla, dentro de los ordenamientos que han acogido el modelo latino de notariado, esencialmente en virtud de una delegaci�n de una competencia propiamente estatal, que es claramente de inter�s general.

Esta funci�n es en principio estatal, ya que el notario puede atribuir autenticidad a determinados documentos y dar fe de ciertos hechos con plenos efectos legales �nicamente porque ha sido investido por el Estado de la autoridad para desarrollar esa funci�n. Estos significan que una persona que no ha sido designada formalmente por las autoridades p�blicas como notario o escribano, seg�n la terminolog�a de otros ordenamientos, no puede dar oficialmente fe de unos hechos o conferir autenticidad a unos documentos, por m�s de que sea la persona m�s respetada de la comunidad. En efecto, las aseveraciones de un particular que no es notario tienen el valor de un testimonio, que es m�s o menos cre�ble, seg�n el valor que las autoridades le otorguen, pero tales aseveraciones no confieren, con efectos legales, autenticidad al documento, por cuanto no desarrollan la funci�n fedante que, dentro del llamado sistema latino, se desarrolla bajo la �gida del Estado y por delegaci�n de �ste.

Esta funci�n de dar fe es adem�s claramente de inter�s general por cuanto establece una presunci�n de veracidad sobre los documentos y los hechos certificados por el notario, con lo cual permite un mejor desarrollo de la cooperaci�n social entre las personas, en la medida en que incrementa la seguridad jur�dica en el desenvolvimiento de los contratos y de las distintas actividades sociales. Algunos sectores de la doctrina consideran incluso que la funci�n notarial es una suerte de administraci�n de justicia preventiva, ya que la autenticidad de los documentos y la presunci�n de veracidad sobre los hechos evita numerosos litigios que podr�an surgir en caso de que hubiese incertidumbre sobre tales aspectos. El notario ejerce entonces una actividad complementaria a la del juez, ya que el primero previene los litigios que el segundo deber�a resolver. El documento notarial aparece as�, para ciertos doctrinantes, como la �prueba antilitigiosa por excelencia�, por lo cual consideran que �el n�mero de sentencias ha de estar en raz�n inversa del n�mero de escrituras; te�ricamente, notar�a abierta, juzgado cerrado�[11]. En s�ntesis, en palabras de Carnelutti, �cuanto m�s notario, menos juez; cuantos m�s consejos del notario, cuanta m�s cultura del notario, cuanta m�s conciencia del notario, tantas menos posibilidades de litis�[12].

4- Conforme a lo anterior, la doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, coinciden en afirmar que la funci�n notarial, en los pa�ses que han acogido el llamado sistema latino, no constituye �nicamente un servicio p�blico, sino que configura una funci�n p�blica. As�, en el derecho comparado, la conferencia permanente de los notariados de la comunidad Europea, en sesi�n del 23 de marzo de 1991, caracteriz� la actividad notarial como �una delegaci�n de la autoridad del Estado para dar a los documentos que redacta y de los cuales es el autor, el car�cter de autenticidad que confiere a dichos documentos, cuya conservaci�n asegura, la fuerza probatoria y la fuerza ejecutiva�[13]. En nuestro pa�s, la doctrina[14] y la jurisprudencia han calificado de manera uniforme el servicio notarial como el ejercicio de una funci�n p�blica. (�).

El Consejo de Estado y esta Corte Constitucional han reconocido tambi�n que la funci�n notarial es, por su trascendencia y en la medida en que se desarrolla con fundamento en prerrogativas estatales, esencialmente p�blica. As�, seg�n el Consejo de Estado, �la funci�n que desarrollan los notarios es por esencia una funci�n p�blica, como que son �stos depositarios de la fe p�blica. Se trata de uno de los servicios p�blicos conocidos o nominados como de la esencia del Estado.[15]� En el mismo sentido, esta Corte Constitucional ha se�alado, en numerosas oportunidades, que la funci�n notarial es p�blica, a tal punto que �los notarios en el cumplimiento de sus labores relacionadas con la fe publica les asiste el car�cter de autoridades�, ya que en el ejercicio de esas atribuciones ocupan la posici�n de la autoridad estatal y gozan por consiguiente de las prerrogativas del poder p�blico[16]. (�)�.

Acorde con lo mencionado, el legislador a trav�s del art�culo 1� de la Ley 588 de 5 de julio de 2000, dispuso que: �El notariado es un servicio p�blico que se presta por los notarios e implica el ejercicio de la fe p�blica o notarial. (�)�.

Bajo estas estas consideraciones, se advierte que la actividad notarial constituye un servicio p�blico, que implica el ejercicio de una funci�n p�blica por disposici�n de la Constituci�n y el legislador (ordinario y extraordinario), que reviste de una especial importancia para preservar la seguridad y la paz social, en la media en que contribuye a dar fe de los actos y negocios jur�dicos celebrados entre los particulares y entre estos y la administraci�n.

3.2 El sistema del m�rito como mecanismo para el ingreso al servicio notarial.

El art�culo 123 de la Constituci�n Pol�tica dispone que son servidores p�blicos los miembros de corporaciones p�blicas, los empleados y trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

El referido mandato constitucional tambi�n se�ala que los servidores p�blicos est�n al servicio del Estado y de la comunidad; ejercer�n sus funciones en la forma prevista en la Constituci�n, la ley y el reglamento. Adicionalmente, menciona que la ley determinar� el r�gimen aplicable a los particulares que temporalmente desempe�en funciones p�blicas y regular� su ejercicio.

Por su parte, el art�culo 125 de la Carta establece la regla general de acceso a los cargos p�blicos por el sistema de la carrera, en los siguientes t�rminos:

�ARTICULO 125. Los empleos en los �rganos y entidades del Estado son de carrera. Se except�an los de elecci�n popular, los de libre nombramiento y remoci�n, los de trabajadores oficiales y los dem�s que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constituci�n o la ley, ser�n nombrados por concurso p�blico.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se har�n previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los m�ritos y calidades de los aspirantes.

Acorde con lo mencionado, el art�culo 131 de la Constituci�n establece que �Compete a la ley la reglamentaci�n del servicio p�blico que prestan los notarios y registradores, la definici�n del r�gimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributaci�n especial de las notar�as, con destino a la administraci�n de justicia.� Prescribe igualmente la Constituci�n que �El nombramiento de los notarios en propiedad se har� mediante concurso. (�)�.

En lo que ata�e al r�gimen especial de la carrera notarial, el legislador extraordinario, a trav�s del Decreto ley 960 de 20 de junio de 1970 (estatuto del notariado), la regul� as�:

�ARTICULO 145. Los Notarios pueden desempe�ar el cargo en propiedad, en interinidad o por encargo.

ARTICULO 146. Para ser Notario en propiedad, se requiere el lleno de los requisitos legales exigidos para la correspondiente categor�a, y adem�s, haber sido seleccionado mediante concurso [�]

ARTICULO 147. La estabilidad en el cargo ejercido en propiedad podr� extenderse hasta el retiro forzoso, dentro de las condiciones de la carrera, para quienes pertenezcan a ella,

1. Derecho a permanecer en la misma Notar�a dentro de las condiciones del presente estatuto.

3.Preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripci�n pol�tico - administrativa, otra Notar�a de la misma categor�a que se encuentre vacante.

4. Prelaci�n en los programas de bienestar social general y en los de becas y cursos de capacitaci�n y adiestramiento.

La permanencia en la carrera est� subordinada a la continuidad en el servicio, salvo el caso de licencia.� (Subrayado fuera de texto).

La Corte Constitucional, mediante sentencia C- 741 de 2 de diciembre de 1998, examin� la constitucionalidad del art�culo 145 del Decreto Ley 960 de 1970, entre otras normas y declar� parcialmente exequible el referido art�culo, en el entendido que la interinidad y el encargo son mecanismos v�lidos para asegurar la continuidad del servicio notarial en circunstancias excepcionales, pero que no pueden ser utilizados para desconocer el mandato constitucional (art�culo 131) seg�n el cual el servicio notarial debe ser prestado por notarios en propiedad nombrados por concurso.

Posteriormente, con la expedici�n de la Ley 588 de 5 de julio de 2000, se regul� ejercicio de la actividad notarial y en su contenido se precisa la forma de vinculaci�n de los notarios en propiedad en los siguientes t�rminos:

�ARTICULO 2o. PROPIEDAD E INTERINIDAD. El nombramiento de los notarios en propiedad se har� mediante concurso de m�ritos.

En caso de vacancia, si no hay lista vigente de elegibles, podr� el nominador designar notarios en interinidad, mientras el organismo competente realiza el respectivo concurso.

El organismo rector de la carrera notarial realizar� directamente los ex�menes o evaluaciones acad�micas o podr� hacerlo a trav�s de universidades legalmente establecidas, de car�cter p�blico o privado.

Dichas pruebas estar�n destinadas a medir los conocimientos de los concursantes.

ARTICULO 3o. LISTA DE ELEGIBLES. Los notarios ser�n nombrados por el gobierno, de la lista de elegibles que le presente el organismo rector de la carrera notarial, las cuales deber�n publicarse en uno o varios diarios de amplia circulaci�n nacional. La lista de elegibles tendr� una vigencia de dos a�os.

El organismo competente se�alado por la ley convocar� y administrar� los concursos, as� como la carrera notarial.� (subraya fuera de texto).

M�s adelante, la Corte Constitucional en la sentencia SU-913 de 2009, en lo que respecta a la forma de proveer los cargos de notarios en el territorio nacional indic�:

�Declaraci�n reiterada de un estado de cosas inconstitucional en materia notarial.

13.1.1 La aspiraci�n de profesionalizar la actividad notarial ha sido factor determinante para exigir desde la expedici�n del Decreto Ley 960 de 1970, que la designaci�n de notarios en propiedad se realice mediante el procedimiento de concurso. Sin embargo, la convocatoria de �ste desde antes de la expedici�n de la Constituci�n de 1991 y, su culminaci�n, se ha visto obstaculizada por intereses particulares que se aferran a corruptoras pr�cticas burocr�ticas enfiladas a aniquilar el mandato constitucional.

13.1.2 La Asamblea Nacional Constituyente, ante el fracaso del Decreto Ley 960 de 1970 en su aspiraci�n de efectivizar el concurso, tuvo como orientaci�n principal elevar a canon constitucional la obligaci�n del concurso para acceder a la carrera notarial:

�En la Comisi�n despu�s de hacer varios an�lisis, decidimos que era conveniente recomendar a la Plenaria que se continuara con este sistema existente; sin embargo, anot�bamos, que uno de los aspectos que hacen antip�tica la instituci�n de las notar�as es el criterio como de prebenda que encierra, porque pues, se considera que se nombra de notario por consideraciones de favor pol�tico u otro tipo de criterio que a veces, pues no resultan los m�s objetivos o por lo menos no permiten un criterio obligatorio con relaci�n al acceso al notariado, por eso propusimos a la Comisi�n y personalmente en que ojal� la sesi�n Plenaria adopte el texto que traemos de la Comisi�n en cuanto al acceso al notariado debe ser siempre por concurso, por lo menos �ste ser�a un aspecto que le d� ese car�cter de considerarse una funci�n p�blica a la cual debe tener acceso en forma igualitaria cualquier persona que re�na determinados requisitos y que mediante el concurso, pues sea la persona que merece el nombramiento (subrayas no originales).�

De esta forma, el art�culo 131 Superior erigi� la actividad notarial como un servicio p�blico que ejercen los particulares en la modalidad de descentralizaci�n por colaboraci�n y que conlleva el ejercicio de una funci�n p�blica, raz�n de peso para que dicha actividad no pueda en modo alguno encontrarse sujeta al capricho del nominador, sino a la juiciosa ponderaci�n de requisitos t�cnicos especialmente cualificados por la ley.

13.1.3 Precisamente, en la inobservancia sistem�tica e injustificada del mandato superior contenido en el art�culo 131 de la Carta, subyace la causa de que esta Corporaci�n haya declarado en tres oportunidades, mediante las sentencias SU�250 de 1998, T-1695 de 2000 y C-421 de 2006, un estado de cosas inconstitucional, en tanto la renuencia a realizar el concurso no solo puso en riesgo la eficacia del imperativo constitucional, sino el derecho de todos los ciudadanos de acceder en condiciones de igualdad a la funci�n notarial y el ejercicio de la funci�n fedante.

13.1.4 El estado de cosas inconstitucional signado por las sentencias referidas pareci� superado a partir de la convocatoria al concurso p�blico y abierto de notarios efectuada por el Consejo Superior de la Carrera Notarial a trav�s Acuerdo 01 de 2006; paso trascendental si se tiene en cuenta que despu�s de 15 a�os de expedida la Constituci�n de 1991, se efectiviz� por primera vez el mandato del art�culo 131 Superior. Sin embargo, aunque la orden con efecto inter comunis proferida por la Corte Constitucional en la sentencia C-421 de 2006 fue atendida por las autoridades competentes, lo cierto es que la culminaci�n del concurso con el nombramiento en propiedad de quienes fueron incluidos en listas de elegibles no ha sido posible, aspecto que se constituye en el fin �ltimo del precepto constitucional (�)�.

En esta sentencia de unificaci�n la Corte Constitucional fij� criterios sobre la elaboraci�n de la lista de elegibles para tenerla como base en la asignaci�n de los cargos de notarios en propiedad a los participantes que obtuvieron los m�s altos puntajes en el concurso y en atenci�n al orden de prelaci�n que ellos fijaron al momento de inscribirse. Al respecto, se extrae lo siguiente:

�1. La asignaci�n de notar�as se deb�a hacer atendiendo a los mejores puntajes obtenidos dentro del respectivo C�rculo.

2. Los concursantes dependiendo del puntaje obtenido y de conformidad con la posibilidad que les plante� la convocatoria, pod�an escoger de acuerdo con el orden descendente ocupado, la notar�a de su preferencia; pero prefiriendo siempre a aquel que obtuvo mayor puntaje dentro del concurso, en caso de encontrarse 2 o m�s concursantes interesados en ocupar la misma notar�a.�[17]

De acuerdo con lo anotado, los cargos de carrera notarial deben ser desempe�ados, por regla general, por quienes hayan superado el concurso de m�ritos adelantado por el consejo superior de la carrera notarial (ente responsable de administrar esa carrera[18]), lo cual les otorga no solo la estabilidad laboral por ingresar al servicio p�blico en propiedad, sino, entre otros beneficios, el derecho preferencial para ocupar, previa solicitud, otra notar�a de igual categor�a a la que se encuentra vinculado, siempre que est� vacante y dentro de la misma circunscripci�n pol�tico-administrativa.

La jurisprudencia Constitucional, acogida en varios casos por el Consejo de Estado, establece claramente que tales personas no tienen una mera expectativa que pueda ser desconocida por el legislador, sino un verdadero derecho adquirido, consistente en el derecho a ser nombrado en el cargo, seg�n el orden de elegibilidad que corresponda, derecho que conforme con lo dispuesto por el art�culo 58 de la Constituci�n Pol�tica, debe ser respetado, incluso por el legislador, quien no puede dictar disposiciones que lo desconozcan o dejen sin efecto, so pena de indemnizar a quienes se vean privados de su ejercicio.

As� lo explic� la Corte en la citada sentencia SU- 913 de 2009, refiri�ndose espec�ficamente al concurso para notarios:

�11.2.1 Las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes asignados con ocasi�n de haber superado con �xito las diferentes etapas del concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme, salvo expresas excepciones legales. Es as� como la Sentencia T-455 de 2000 se�al� que aqu�l que ocupa el primer lugar en un concurso de m�ritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido. Al respecto, indic� la Corporaci�n:

�Consagra el art�culo 83 C.P. que las actuaciones de los particulares y de las autoridades p�blicas deber�n ce�irse a los postulados de la buena fe (�)

Se entiende que cuando una entidad p�blica efect�a una convocatoria para proveer un empleo de carrera administrativa, es porque indudablemente existe el cargo y carece de toda razonabilidad someter a un particular interesado en el mismo a las pruebas, ex�menes y entrevistas que pueden resultar tensionantes para la mayor�a de las personas, sin que el proceso adelantado y sus resultados se traduzcan en el efectivo nombramiento.

En consecuencia, una vez que se han publicado los resultados, es perentorio que la entidad que ha convocado al concurso entre a proveer el cargo respectivo, designando para el efecto a quien ocup� el primer lugar y, por sus m�ritos, se ha hecho acreedor a ocuparlo.

Para la Corte es indudable que quien respondi� a una convocatoria hecha por una entidad p�blica, present� los ex�menes, pruebas, entrevistas, documentaci�n exigida y adem�s, practicados aqu�llos los super� satisfactoriamente y ocup� el primer lugar en una lista de elegibles, tiene, en tal virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un verdadero derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente.� (Resaltado fuera de texto)

11.2.2 Pues bien, cuando la Administraci�n asigna a un concursante puntaje al finalizar cada una de las fases que comprende el concurso, expide un acto administrativo de car�cter particular y concreto, en la medida que surte un efecto inmediato, directo y subjetivo respecto del destinatario; lo mismo ocurre cuando consolida dichos resultados mediante la conformaci�n de una lista de elegibles; acto administrativo que a pesar de su naturaleza plural en cuanto lo integra un conjunto de destinatarios, crea derechos singulares respecto de cada una las personas que la conforman.

En el caso en estudio la lista de elegibles, en tanto acto administrativo particular, concreto y positivo, es creador de derechos, los cuales encuentran protecci�n legal por v�a de la teor�a de la estabilidad relativa del acto administrativo, as� como protecci�n constitucional por virtud del art�culo 58 Superior (...) A partir de dicho mandato, la Corte Constitucional ha se�alado que los derechos subjetivos que han entrado al patrimonio de la persona, no pueden ser desconocidos por la ley, salvo que ello sea necesario por motivos de utilidad p�blica e inter�s social y siempre que medie indemnizaci�n previa del afectado.[19] (�)�. (Negrillas del original; subrayas fuera del texto).

Esta misma posici�n fue reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia T-402 de 2012:

�6.Los derechos constitucionales fundamentales de quienes ocupan los primeros puestos en los concursos de m�ritos desarrollados por las entidades estatales. Reiteraci�n de jurisprudencia

La jurisprudencia constitucional ha se�alado[20], de manera coincidente que �las listas de elegibles que se conforman a partir de los puntajes asignados con ocasi�n de haber superado con �xito las diferentes etapas del concurso, son inmodificables una vez han sido publicadas y se encuentran en firme�[21]. Por otro lado, ha establecido que �aqu�l que ocupa el primer lugar en un concurso de m�ritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado sino que en realidad es titular de un derecho adquirido.�[22]

Bajo esa orientaci�n, ha dicho la Corte que cuando se impide el derecho leg�timo que tienen las personas seleccionadas en los procesos de concurso de m�ritos a ser nombradas en los cargos para los cuales participaron, se vulneran sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al trabajo.

La situaci�n descrita, seg�n la Corte, tambi�n �equivaldr�a a vulnerar el principio de la buena fe -Art�culo 83 de la Carta- al defraudar la confianza de quien se someti� a las reglas establecidas para acceder a un cargo de carrera administrativa� y, por contera, los derechos adquiridos en los t�rminos del art�culo 58 Superior�[23].

A su vez, la jurisprudencia constitucional tambi�n ha aclarado que las listas de elegibles que han cobrado firmeza son inmodificables, en virtud del principio constitucional de buena fe y de la confianza leg�tima que protege a los participantes en estos procesos[24].

De all� que la Corte haya concluido que �(�) se ha reconocido el derecho constitucional que tienen, quienes integran una lista de elegibles, a ser nombrados en el orden que �sta establece.[25] En tal sentido, esta Corporaci�n ha se�alado que este derecho guarda relaci�n directa con la finalidad del sistema de carrera, en la medida que garantiza la regla general del art�culo 125 constitucional que establece que la provisi�n de cargos del Estado sea efectuada con quienes demuestren que tienen m�rito y las m�s altas condiciones para acceder a ellos. (�)� �. (Negrillas del original; subrayas de la Sala).

Es claro, entonces, que quienes resultan incorporados en los primeros lugares de la lista de elegibles, por haber obtenido los mayores puntajes en el respectivo concurso, luego de superar exitosamente todas las pruebas, ex�menes y etapas de dicho procedimiento, tienen un derecho adquirido y no una simple expectativa o una �expectativa leg�tima� para ser nombrados en el respectivo cargo. Tal derecho est� protegido en los t�rminos del art�culo 58 de la Carta Pol�tica y, como tal, no puede ser desconocido, ni vulnerado, por los particulares, ni por las autoridades, incluyendo el propio legislador, a menos que, en este �ltimo caso, as� lo determine expresamente, �por motivos de utilidad p�blica o de inter�s social� y, disponga, asimismo, la debida indemnizaci�n a las personas que resulten afectadas con la aplicaci�n retroactiva de la correspondiente ley.

El se�or Villinan Ruiz Higuera, solicita la nulidad del art�culo 1� y sus par�grafos 1, 2 y 3; el art�culo 14 y sus par�grafos 1, 2; el art�culo 16 y sus par�grafo 2 y 3, los art�culos 28, 31, 32 y 33 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, �Por el cual se convocan y se fijan las bases y el cronograma del concurso de m�rito p�blico y abierto para el nombramiento en propiedad e ingreso a la carrera notarial.�, porque considera que se encuentran viciados de nulidad por haberse expedido con desconocimiento de las normas en las que deb�an fundarse.

4.1 El cargo de nulidad alegado por la parte actora contra el art�culo 1� del Acuerdo N� 001 de 2015.

El demandante manifiesta que el art�culo 1� del Acuerdo N� 001 de 2015 se encuentra viciado de nulidad, porque al convocar a concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, a nivel nacional, desconoci� el criterio �geo jur�dico�, con el que se establece la estructura territorial de las notarias en Colombia.

Para la parte actora, el concurso de m�ritos debi� convocarse discriminando seg�n el c�rculo notarial al que pertenezca las respectivas notar�as y no proponer una convocatoria nacional.

Al respecto, el art�culo 121 del Decreto Ley 960 de 1970[26], con relaci�n a los c�rculos notariales, establece que �para la prestaci�n del servicio notarial, el territorio de la Rep�blica se dividir� en c�rculos de notar�a, que corresponder�n al territorio de uno o m�s municipios del mismo departamento, uno de los cuales ser� su cabecera y la sede del notario�. (Subraya la Sala).

En los art�culos 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 131 del Decreto Ley 960 de 1970[27] se regulan lo relacionado con los �c�rculos notariales�, de la siguiente manera:

�Art�culo 122. En cada C�rculo de Notar�a podr� haber m�s de un Notario y en este caso los varios que existan se distinguir�n por orden num�rico.

Art�culo 123. El promedio anual de escrituras otorgadas en los �ltimos cinco a�os en cada C�rculo de Notar�a determinar� el n�mero de Notarios que deban prestar en �l sus servicios durante el periodo siguiente. Cuando el promedio dicho sea superior a tres mil escrituras por cada Notario, podr� crearse uno m�s por cada tres mil escrituras o fracci�n de exceso, si el C�rculo fuese de primera categor�a y de dos mil o fracci�n, si el C�rculo fuese de segunda o tercera categor�a.

Art�culo 124. Cuando en un determinado C�rculo haya tres o m�s Notar�as, no podr� crearse para cada periodo, en desarrollo de lo dispuesto en el art�culo 123 precedente, un n�mero que exceda el cincuenta por ciento de las existentes. En los sucesivos periodos se proceder� de igual manera hasta completar el n�mero total que deba crearse de acuerdo con el art�culo citado.

Art�culo 125. Cuando hubiere lugar al aumento del n�mero de Notarios de un C�rculo de Notar�a, el Gobierno har� la declaraci�n para que se proceda a hacer los nombramientos requeridos por el sistema establecido en el presente estatuto.

Art�culo 126. Si el promedio anual de escrituras otorgadas en los cinco a�os anteriores en un C�rculo de Notar�a resultare inferior a tres mil por cada Notario, en los de primera categor�a o de dos mil por cada Notario, en los de segunda y tercera, podr�n suprimirse oficinas sobrantes seg�n el orden num�rico y mediante Decreto del Gobierno Nacional.

Art�culo 127. Para la creaci�n de un nuevo C�rculo de Notar�a se requiere que el Municipio o Municipios que han de formarlo tengan en conjunto no menos de 30.000 habitantes y que el C�rculo o C�rculos de los cuales se segregan queden por lo menos con igual poblaci�n. Adem�s, se consultar�n las necesidades del servicio, las facilidades de las comunicaciones y otras circunstancias que puedan tener influencia determinante.

Art�culo 128. No podr�n agruparse en un mismo C�rculo de Notar�a Municipios que pertenezcan a distintos Departamentos. Cuando se constituya un nuevo Municipio, el Gobierno dispondr� a qu� C�rculo de Notar�a habr� de pertenecer y a falta de declaraci�n al respecto continuar� adscrito a aquel a que pertenec�a el Municipio de donde se desprendi�, y si se formare de varios, al que pertenec�a la cabecera.

Art�culo 131. El promedio anual de escrituras se obtendr� en el primer semestre del �ltimo a�o de cada periodo y dentro del mismo t�rmino se declarar� el n�mero de Notarios que aumentan o disminuyen en cada C�rculo, para el periodo siguiente.�

De acuerdo con las normas trascritas del Decreto Ley 960 de 1970, para efectos de la prestaci�n del servicio notarial, el legislador (i) dispuso dividir el territorio nacional en �c�rculos notariales�; (ii) integrados por uno o m�s municipios del mismo departamento; (iii) siempre que el municipio o municipios que han de formarlo tengan en conjunto no menos de 30.000 habitantes; (iv) sin que puedan agruparse en un mismo �c�rculo de notar�a�, municipios que pertenezcan a distintos departamentos; (v) adem�s, el promedio anual de escrituras otorgadas en los �ltimos cinco a�os en cada �c�rculo de notar�a� determinar� el n�mero de notarios que deban prestar en �l sus servicios durante el periodo siguiente; (vi) de manera tal que, cuando el promedio sea superior a 3.000 escrituras por cada notario, podr� crearse una notar�a m�s por cada 3.000 escrituras o fracci�n de exceso, si el c�rculo fuese de primera categor�a y de 2.000 o fracci�n, si el c�rculo fuese de segunda o tercera categor�a.

En cuanto a las categor�as notariales el art�culo 129 del Decreto Ley 960 de 1970 clasific� los �c�rculos de notar�a� de la siguiente manera:

�Art�culo 129. Clasificaci�n de c�rculos de notar�a. Los C�rculos de Notar�a se clasificar�n en tres categor�as, as�:

1�. Los que tengan por cabecera la capital de la Rep�blica, las capitales de los Departamentos y Municipios de m�s de 100.000 habitantes.

2�. Los que tengan por cabecera Municipios con poblaci�n entre 30.000 y 100.000 habitantes.

3�. Los que tengan por cabecera Municipios de menos de 30.000 habitantes.

Art�culo 130. Cuando por modificaci�n de las condiciones previstas, seg�n censo legalmente aprobado, un C�rculo de Notar�a deba considerarse dentro de una categor�a distinta, el Gobierno Nacional har� la declaraci�n con fundamento en los cambios operados y se tendr� en cuenta la nueva categor�a - inferior o superior - en el periodo subsiguiente para los efectos legales pertinentes.�

Posteriormente, la Ley 29 de 1973[28] a trav�s de sus art�culos 16 y 17 clasific� nuevamente los �c�rculos de notar�a�, en los t�rminos que se presentan a continuaci�n:

�Art�culo 16�. Los C�rculos de Notar�a se clasificar�n en tres categor�as de acuerdo con la divisi�n que, teniendo en cuenta el n�mero de escrituras otorgadas en cada uno de ellos en los �ltimos 5 a�os y la evaluaci�n de los factores socio-econ�micos que haga la Superintendencia de Notariado y Registro, con aprobaci�n del Gobierno Nacional.

Los C�rculos de Notar�a que tengan por cabecera la capital de la Rep�blica y las capitales de Departamento con m�s de 300.000 habitantes, de acuerdo con los estimativos que haga al efecto el Departamento Administrativo Nacional de Estad�stica a petici�n de la Superintendencia de Notaria y Registro, ser�n clasificados en la primera categor�a.

Par�grafo. Mientras la clasificaci�n a que se refiere el presente art�culo se lleva a cabo, continuar� vigente la actual.

Art�culo 17�. En los C�rculos donde haya m�s de una Notar�a y cuyo progreso econ�mico-social sea notorio, el Gobierno Nacional, o�da la Superintendencia de Notariado y Registro podr� aumentar, para el per�odo siguiente y cada 5 a�os, el n�mero de dichas oficinas.

Par�grafo. El Gobierno, mediante decreto ejecutivo, y por una sola vez dentro de cada per�odo, podr� variar, a petici�n de la Superintendencia de Notariado y Registro, y o�do el Colegio Nacional de Notarios, los n�meros, porcentajes y promedios de que tratan los art�culos 123, 124, 126 y 127 del Decreto-ley n�mero 960 de 1970, pero siempre con la restricci�n de que en un mismo C�rculo de Notar�as creadas no exceda del 50% de las existentes.�

De acuerdo con lo anterior, todas las notar�as del pa�s hacen parte de un �c�rculo notarial�, a su vez, todos los �c�rculos notariales�, sin excepci�n, se clasifican en las siguientes tres �categor�as� que se indican a continuaci�n: (i) en la �primera categor�a� est�n comprendidos los �c�rculos de notar�a� que tengan por cabecera la capital de la Rep�blica y las capitales de departamento con m�s de 300.000 habitantes; (ii) los �c�rculos notariales� de �segunda categor�a� son aquellos que tengan por cabecera municipios con una poblaci�n de entre 30.000 y 100.000 habitantes; y (iii) los �c�rculos notariales� de �tercera categor�a� se refieren a los que tengan por cabecera municipios de menos de 30.000 habitantes. Por lo tanto, el concepto de �categor�a notarial� expresa un conjunto mucho m�s amplio que el de �c�rculo notarial�.

Cabe recordar, que la Ley 29 de 1973[29] autoriza al Gobierno Nacional a crear o reclasificar los �c�rculos notariales�, en alguna de las tres �categor�as� mencionadas, luego de valorar elementos tales como el n�mero de escrituras otorgadas en los �ltimos 5 a�os, y los dem�s �factores socio- econ�micos� que examine la Superintendencia de Notariado y Registro.

Ahora bien, debe se�alarse que la Constituci�n Pol�tica de 1991 en su art�culo 131 conserva y/o reitera el anterior mandato legal, como quiera que en su inciso tercero dispuso que �Corresponde al gobierno la creaci�n, supresi�n y fusi�n de los c�rculos de notariado y registro y la determinaci�n del n�mero de notarios y oficinas de registro.�

De acuerdo con lo anterior, la Sala pasa a analizar si la estructuraci�n del art�culo 1� del Acuerdo N� 001 de 2015, demandado en este asunto, desconoce los criterios de divisi�n territorial de las notar�as, previsto por el legislador y el constituyente de 1991.

De esta manera, en el sub judice, se observa que el art�culo 1� del Acuerdo N� 001 de 2015 dispuso dos situaciones concretas a saber:

1- Convocar a concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, para proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as que a la fecha se encuentren en interinidad o en encargo, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera.

2- Fija las bases del concurso de m�ritos, las cuales establecen como reglas obligatorias para los participantes y las autoridades del concurso las previsiones de la Constituci�n, la ley, y dem�s actos administrativos que modifiquen o aclaren el acuerdo.

Adicionalmente, el art�culo demandado en sus respectivos par�grafos discrimina por categor�as (primera, segunda y tercera), las distintas notar�as existentes en los departamentos y municipios del territorio nacional.

En este orden, si bien, el art�culo 1� del Acuerdo N� 001 de 2015 convoca a concurso de m�ritos p�blico y abierto, para proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as que a la fecha se encuentren en interinidad o en encargo, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera, lo cierto es que la expresi�n �a nivel nacional la totalidad de notarias�, contenido en la referida noma no se refiere a una nueva clasificaci�n, redistribuci�n o recategorizaci�n de las notar�as bajo un componente de orden central para proveer cargos de notario, que contrar�e la noci�n territorial de c�rculos notariales con la que se organiza o estructura el servicio de notariado, pues la norma acusada hace referencia al �mbito de aplicaci�n del proceso de selecci�n.

En efecto, los apartes cuestionados desarrollan la expresi�n contenida en el primer inciso del art�culo 121 del estatuto de notariado, cuando se�ala el �territorio de la Rep�blica� y su respectiva divisi�n en c�rculos notariales territoriales, para referirse sencillamente a que las disposiciones contenidas en dicho estatuto tienen aplicaci�n y relevancia para todo el territorial nacional, sin perjuicio de la clasificaci�n territorial ordenada.

De esta manera, para la Sala resulta razonable que la administraci�n convocara a todos los habitantes en el territorio nacional, para participar en el proceso de selecci�n destinado a la provisi�n en propiedad de las notar�as, pues de este modo, se materializa los principios fundamentales de la funci�n administrativa, establecidos en el art�culo 209 superior, tales como, econom�a, imparcialidad,

transparencia, celeridad y eficacia, en la medida en que se garantiza que un mayor n�mero de personas puedan participar activamente en el respectivo concurso de m�ritos.

As� las cosas, la Sala considera que, el art�culo 1� del Acuerdo 001 de 2015 cuando alude a proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as vacantes, se ajusta al ordenamiento jur�dico superior, como quiera que, convoca a la ciudadan�a en general a participar de un concurso de m�ritos, sin modificar la divisi�n territorial del notariado en Colombia. Por consiguiente, los cargos alegados por la parte actora contra la norma demandada no tienen vocaci�n de prosperidad.

4.2 Los cargos de nulidad contra los par�grafos primero y segundo del art�culo 14 del Acuerdo N� 001 de 2015.

La parte demandante, argumenta que los par�grafos primero y segundo del art�culo 14 del Acuerdo N� 001 de 2015, vulneran el inciso tercero del art�culo 4� de la Ley 588 de 2000 y los art�culos 7 y 11 del Decreto Reglamentario 3454 de 2006, porque establece unas etapas y puntaje de eliminaci�n de los participantes del concurso de m�ritos que a todas luces no fue previsto en las normas superiores para desvincular a los concursantes.

Sobre el particular, es preciso se�alar que, el art�culo 4� de la Ley 588 de 2000, respecto de la calificaci�n de los candidatos, se�ala lo siguiente:

�ARTICULO 4o. Para la calificaci�n de los concursos se valorar� especialmente la experiencia de los candidatos, as� como la capacidad demostrada en actividades relacionadas con el servicio notarial, antig�edad en el mismo, capacitaci�n y adiestramiento que hubieren recibido en materias propias del notariado, obras de investigaci�n y divulgaci�n, estudios de postgrado y estudios de especializaci�n o diplomados, particularmente los relacionados con el notariado, as� como el ejercicio de la c�tedra universitaria y la participaci�n y desempe�o en funciones de orden legislativo, gubernativo y judicial. Todos estos factores ser�n concurrentes.

La prueba de conocimientos tendr� un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso. Los ex�menes versar�n sobre derecho notarial y registral.

Las experiencias valdr�n hasta treinta 35 puntos, as�: Cinco (5) puntos por cada a�o o fracci�n superior a seis meses por el desempe�o del cargo de notario, c�nsul; dos (2) puntos por cada a�o o fracci�n superior a seis (6) meses en el ejercicio de autoridad civil o pol�tica, direcci�n administrativa, funci�n judicial y legislativa o cargos del nivel directivo, asesor o ejecutivo; un (1) punto por cada a�o o fracci�n superior a seis (6) meses de ejercicio de la profesi�n de abogado; un (1) punto por cada a�o del ejercicio de la c�tedra universitaria, un (1) punto por cada a�o o fracci�n superior a seis (6) meses de funciones notariales o registrales.

La entrevista, hasta diez (10) puntos y evaluar� la personalidad, vocaci�n de servicio y profesionalismo del aspirante. (negrilla fuera de texto).

Con relaci�n al puntaje exigido para conformar la lista de elegibles, el art�culo 11 del Decreto Reglamentario 3454 de 3 de octubre de 2006 �Por el cual se reglamenta la Ley 588 de 2000�, establecen:

Art�culo 11. Conformaci�n y publicaci�n de la lista de elegibles. El puntaje final de los aspirantes ser� el que resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en las distintas fases del concurso. Por tanto, la lista de elegibles, una por cada c�rculo notarial, estar� integrada por quienes hayan obtenido m�s de setenta y cinco (75) puntosen el proceso.

Posteriormente, el art�culo 1� del Decreto 926 de 2007, modific� el art�culo 11 del Decreto Reglamentario 3454 de 2006, estableciendo que el puntaje m�nimo para la integraci�n de la lista de elegibles para cada c�rculo notarial ser�a de sesenta puntos (60), como resultado de las sumatorias de todas las fases calificables del proceso de selecci�n.

Ahora bien, el art�culo 2 del Decreto Reglamentario 3454 de 2006, se�ala que el concurso �se compone de las siguientes fases: (1) convocatoria; (2) inscripci�n y presentaci�n de los documentos con los que el aspirante pretenda acreditar el cumplimiento de requisitos; (3) an�lisis de requisitos y antecedentes; (4) calificaci�n de la experiencia; (5) prueba de conocimientos; (6) entrevista, y (7) publicaci�n y conformaci�n de la lista de elegibles�. (Subrayado y negrilla fuera de texto).

A partir de lo anterior es importante resaltar que el art�culo 6� ibidem, respecto del an�lisis de requisitos y antecedentes prev� que: �(�) el Consejo Superior, con la colaboraci�n de las entidades que se�ale el reglamento, evaluar� si el aspirante cumple los requisitos para aspirar al cargo o que est� impedido para hacerlo, en cuyo caso ser� eliminado del concurso mediante decisi�n motivada que se publicitar� a trav�s de los mecanismos que prevea el reglamento de conformidad con la ley. (�)�.

La referida norma permite advertir que la �nica fase respecto de la cual se establece que un participante pueda ser eliminado del concurso es la fase de an�lisis de requisitos y antecedentes, por lo que la autoridad competente al verificar que el aspirante no cumple con los presupuestos legales y reglamentarios para aspirar al cargo o que est� impedido para hacerlo, proceder� a su exclusi�n, mediante decisi�n motivada, por lo que no podr� continuar con las etapas subsiguientes.

En cuanto a las valoraciones otorgadas a las fases de i) calificaci�n de experiencia, ii) prueba de conocimientos y iii) entrevista, los art�culos 7, 8 y 10 del Decreto 3454 de 2006, disponen lo siguiente:

�Art�culo 7�. Calificaci�n de la Experiencia. Durante esta fase, los aspirantes podr�n obtener hasta cincuenta (50) de los cien (100) puntos de calificaci�n del concurso, as�: Treinta y cinco (35) puntos por experiencia; diez (10) puntos por estudios, y cinco (5) puntos por publicaciones.

La calificaci�n a que se refiere este art�culo ser� efectuada por quien indique el Consejo Superior de la Carrera Notarial, el cual expedir� y publicar� la lista con las calificaciones obtenidas por cada uno de los aspirantes en un t�rmino m�ximo de treinta (30) d�as calendario contados a partir de la fecha del informe sobre an�lisis de requisitos y antecedentes a que se refiere el art�culo anterior.

Art�culo 8�. Prueba de conocimientos. A la prueba de conocimientos ser�n convocados los aspirantes de conformidad con el reglamento que expida el Consejo.

La prueba se celebrar� en un mismo d�a, y la presentar�n en forma simult�nea los aspirantes convocados en las capitales del departamento en donde est� situado el c�rculo notarial al cual aspiran.

La calificaci�n de la prueba deber� ser hecha por los medios electr�nicos y autom�ticos que se acuerden entre el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la entidad que realice la prueba.

La prueba de conocimientos tendr� un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso.

Art�culo 10. Entrevista. La entrevista se realizar� en forma presencial, en los lugares y con los criterios que determine el Consejo Superior. Por entrevista se entiende el proceso mediante el cual se eval�a objetivamente la personalidad, la vocaci�n de servicio y el profesionalismo del aspirante.

La entrevista ser� conducida por jurados integrados y designados por el Consejo Superior, de conformidad con el reglamento, cuyos nombres deber�n darse a conocer con m�nimo tres (3) d�as de antelaci�n a su realizaci�n. Cada uno de los miembros del jurado asignar� individualmente y en forma escrita y motivada el puntaje que corresponda al entrevistado, y la sumatoria de los resultados se dividir� por tres. La calificaci�n que resulte ser� la que, sobre una calificaci�n de diez (10) puntos, le ser� asignada al aspirante mediante decisi�n motivada.

La entrevista deber� grabarse en medio magnetof�nico u otro que ofrezca seguridad suficiente, grabaci�n que se conservar� en el archivo del concurso por un t�rmino no inferior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedici�n de la lista de elegibles.�.

En efecto, lo anterior, permite inferir que las fases de calificaci�n de experiencia, prueba de conocimientos y entrevista, se califican sobre una puntuaci�n total de 100, discriminadas, respectivamente, en valores de 50, 40 y 10 puntos para cada una de estas etapas del proceso de selecci�n.

Ahora bien, en el presente asunto, el Acuerdo N� 001 de 2015 en su art�culo 14 y sus par�grafos primero y segundo, describen la estructura del concurso de m�ritos y los puntajes m�nimos exigidos para acceder a las respectivas etapas en el proceso de selecci�n con miras a integrar la lista de elegibles, en los siguientes t�rminos:

�Art�culo 14. Estructura del concurso de m�ritos. El concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la Carrera Notarial tendr� las siguientes etapas:

De lo anterior se advierte que, el par�grafo primero del art�culo 14 de la norma demandada, hace referencia al puntaje que se le exige al participante para que pueda presentar la prueba escrita, lo cual se deriva de la valoraci�n que se le haya otorgado en la fase de calificaci�n de experiencia. As� pues, solo aquellas personas que hayan obtenido 10 puntos de los 50 posibles, pueden ser citados a presentar el examen escrito.

Entre tanto, el par�grafo segundo del referido art�culo 14 ibidem, tiene por objeto regular la situaci�n que le permite a los concursantes presentar la prueba de entrevista, por lo que establece, concretamente, que solo aquellos participantes que hayan obtenido una calificaci�n igual o mayor de 50 puntos de los 90 posibles, en la sumatoria de las etapas de an�lisis de experiencia y prueba de conocimientos podr�n ser convocados a entrevista. Adicionalmente, el citado par�grafo prev� que solo aquellas personas que hayan obtenido un puntaje inferior ser�n excluidas del concurso en esta etapa.

En este orden, para la Sala el par�grafo primero del art�culo 14 del Acuerdo N� 001 de 2015, no desconoce el ordenamiento jur�dico superior, pues el mismo respeta las puntaciones m�ximas establecidas para la calificaci�n de la experiencia (50 puntos), como lo prev� el art�culo 7� del Decreto 3454 de 2006 y, a su vez, establece de forma razonable una puntuaci�n m�nima que requieren los concursantes en dicha fase para continuar en el proceso de selecci�n, teniendo en cuenta las puntuaciones m�ximas que podr�a recibir el concursante en las dem�s fases del concurso de m�ritos, pues se�ala con claridad que solo ser�n �citados a presentar prueba escrita los concursantes que en el an�lisis y calificaci�n de experiencia hayan obtenido una puntuaci�n igual o mayor a diez (10) puntos de los cincuenta (50) posibles�.

Aunado a lo expuesto, el par�grafo segundo del art�culo 14 del Acuerdo N�001 de 2015, tampoco desconoce el ordenamiento superior, porque parte de las puntuaciones m�ximas que regulan los art�culos 7, 8 y 10 del Decreto 3454 de 2006, para definir el supuesto de hecho que les permitir�a a los concursantes continuar con la prueba de entrevista en el proceso de selecci�n, determina con claridad que solo �ser�n convocados a entrevista �nicamente los aspirantes que hayan obtenido una calificaci�n igual o mayor a cincuenta (50) puntos de los noventa (90) posibles en la sumatoria de las etapas de an�lisis de experiencia y prueba de conocimientos.�.

As� las cosas, teniendo en cuenta que la puntuaci�n m�nima para integrar la lista de elegibles en el concurso de notarios equivale a 60 puntos, como se desprende del art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, modificado por el art�culo 1� del Decreto 926 de 2007, es absolutamente razonable que los aspirantes que pretendan presentar la prueba escrita de conocimientos, se les exija un m�nimo de 10 puntos en la fase de calificaci�n de experiencia, que sumados a los 40 puntos que otorga esta �ltima, en el evento de recibir la totalidad de dichos puntos, le permitir�a al concursante obtener una puntaci�n de 50, siendo este resultado un m�nimo para pasar a la prueba de entrevista, en cuya fase se otorgan 10 puntos, por lo que sumados los resultados en cada una de las fases (calificaci�n de la experiencia; prueba de conocimientos; y entrevista), el concursante podr�a llegar a obtener un total de 60 puntos, que exige la norma para conformar el registro de elegibles.

Conforme con lo expuesto, resulta completamente coherente y razonable que, si al finalizar todas las fases del proceso de selecci�n, el aspirante no alcanza a obtener los puntajes m�nimos descritos en los par�grafos demandados, la consecuencia no sea otra que su exclusi�n del concurso de m�ritos, pues resulta evidente que no re�ne la valoraci�n exigida para integrar la lista de elegibles.

Acorde con lo mencionado, cabe se�alar que la Secci�n Segunda del Consejo de Estado[30], al examinar el contenido del art�culo 11 del Decreto 3454 de 2006, precis� que: �(�) la norma reglamentaria al determinar un puntaje m�nimo para integrar la lista de elegibles, atendiendo los puntajes establecidos en la ley, cumple con el fin del concurso, cual es el de seleccionar a quienes demuestren mayor m�rito para acceder a la carrera notarial, pues lo contrario, implicar�a que todos aquellos que aspiren y se presenten acreditando el cumplimiento de los requisitos deber�an integrar la lista de elegibles sin importar el puntaje obtenido en las distintas etapas del proceso, haciendo que pierda su raz�n ser, pues al no existir puntaje aprobatorio, se desconocer el m�rito como principio para el acceso a la funci�n p�blica�.

En este sentido, la Sala considera que las normas cuestionadas (par�grafos primero y segundo del art�culo 14 del Acuerdo N� 001 de 2015) se ajustan a la normativa legal reglamentaria que regula el concurso de notarios, sin que se pueda advertir alguna irregularidad o contrariedad con el ordenamiento jur�dico superior, como lo

pretende mostrar el demandante. Por consiguiente, se considera que el cargo que nulidad invocada no prospera.

4.3 Los cargos de nulidad contra los par�grafos segundo y tercero del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015

El demandante manifiesta que el par�grafo segundo del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015 se encuentra viciado de nulidad, porque limita al participante a presentar la prueba escrita de conocimiento y la entrevista en las ciudades de Bogot�, Cali, Medell�n, Bucaramanga y Barranquilla, desconociendo que el art�culo 8 del Decreto 3454 de 2006, indica que: �(�) la prueba escrita se celebrar� en un mismo d�a y la presentaran e forma simult�nea los aspirantes convocados en las capitales del departamento en donde este situado el c�rculo notarial al cual aspiran.�.

El art�culo 164 del Decreto Ley 960 de 1970, establece expresamente que �La carrera notarial y los concursos ser�n administrados por el Consejo Superior (�)�.

Por otra parte, los incisos cuarto y quinto del art�culo 2 de la Ley 588 de 2000 indican que: �El organismo rector de la carrera notarial realizar� directamente los ex�menes o evaluaciones acad�micas o podr� hacerlo a trav�s de universidades legalmente establecidas, de car�cter p�blico o privado. Dichas pruebas estar�n destinadas a medir los conocimientos de los concursantes�.

De acuerdo con la normatividad expuesta, se advierte que el legislador, en el Decreto Ley 960 de 1970, facult� al Consejo Superior para administrar los concursos de m�ritos de ingreso a la carrera notarial y en la Ley 588 de 2000 le otorg� la potestad de practicar directamente los instrumentos de evaluaci�n

Acorde con lo mencionado, el art�culo 87 del Decreto 2148 de 1983[31], compilado por el Decreto 1069 de 2015, dispone que el Consejo Superior de la Carrera Notarial: �(�) se�alar� las bases de los concursos de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 165 del Decreto-Ley 960 de 1970.�.

En este sentido, el art�culo 165 del Decreto Ley 960 de 1970, se�ala que �Con suficiente anticipaci�n el Consejo Superior fijar� las bases de cada concurso, con se�alamiento de sus finalidades, requisitos, de admisi�n, calendario, lugares de inscripci�n y realizaci�n, factores que se tendr�n en cuenta, manera de acreditarlos, y sistema de calificaciones, e indicar� la divulgaci�n que haya de darse a la convocatoria.�.

Conforme con lo anterior, se advierte que el Consejo Superior en su calidad de �rgano rector y/o administrador de los concursos de m�ritos para el ingreso a la carrera notarial, fue facultado por el legislador para fijar las bases de los concursos de m�ritos, entre estas, determinar los lugares de inscripci�n y realizaci�n de la prueba de conocimientos y la entrevista.

En el sub lite, se observa que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, en el par�grafo segundo del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015, dispuso que: �Al momento de la inscripci�n el aspirante deber� seleccionar la ciudad de presentaci�n de la prueba escrita de conocimientos y la entrevista entre las siguientes: Bogot�, Cali, Medell�n, Bucaramanga y Barranquilla�.

En efecto, se tiene que el Consejo Superior de la Carrera Notarial defini� que la prueba escrita de conocimientos y la entrevista se llevar�a a cabo para todos los aspirantes a la carrera notarial, en cinco de las principales ciudades del pa�s: Bogot�, Medell�n, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Lo anterior tiene como antecedente el Acuerdo N� 001 de 2006, modificado por el Acuerdo N� 072 de 2007, por medio de los cuales se convoc� y desarroll� el concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencias SU-250 de 1998[32] y C-421 de 2006[33], lo cual dio lugar a la conformaci�n y publicaci�n de listas de elegibles en cada uno de los nodos regionales.

En dicha oportunidad el Consejo Superior de la Carrera Notarial, a trav�s del Acuerdo N� 001 de 2006 (inciso 2�, art�culo 18), dispuso realizar la prueba de entrevista en la capitales de departamento del c�rculo notarial en el cual aspira a ser nombrado el concursante, pero dadas las limitaciones log�sticas que implicaba la pr�ctica de la misma para la entidad, a trav�s del Acuerdo No. 72 de 2007, resolvi� que la entrevista se llevar�a a cabo para todos los aspirantes a la carrera notarial, en las cinco principales ciudades del pa�s: Bogot�, Medell�n, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las cuales concentraban regionalmente en nodos a las ciudades capitales de los correspondientes c�rculos notariales as�:

En efecto, lo anterior, permite inferir que el Consejo Superior de la Carrera Notarial en el par�grafo segundo del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015, al disponer que el aspirante al momento de la inscripci�n �(�) deber� seleccionar la ciudad de presentaci�n de la prueba escrita de conocimientos y la entrevista entre las siguientes: Bogot�, Cali, Medell�n, Bucaramanga y Barranquilla.�, tom� como referencia la metodolog�a de nodos regionales que hab�a aplicado en concurso de m�ritos promovidos con anterioridad, como ocurri� con el proceso de selecci�n desarrollado bajo el Acuerdo N� 001 de 2006.

Al respecto, la Sala considera que el formato de nodos regionales acogido por la entidad demandada para realizar la prueba escrita de conocimientos y la entrevista en cinco ciudades principales del territorio nacional, no resulta contraria al ordenamiento jur�dico, teniendo en cuenta que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por virtud de lo dispuesto en el art�culo 165 del Decreto Ley 960 de 1970, se encontraba facultado para fijar las bases del concurso de m�ritos, entre otras, los lugares de realizaci�n de las referidas pruebas, por lo que la decisi�n de agrupar las ciudades capitales de los correspondientes c�rculos notariales a los aspiran los concursantes, por nodos regionales, para la realizaci�n de tales ex�menes era una opci�n a la que pod�a acudir la entidad accionada.

En este sentido, cabe se�alar que la actuaci�n de la administraci�n guarda relaci�n con los principios de econom�a, eficiencia y eficacia contenidos en el art�culo 209 constitucional, toda vez que, al disponer la realizaci�n de la prueba de conocimientos y entrevista en cinco ciudades principales, concentrando en �stas, a las restantes ciudades capitales de los dem�s departamentos del pa�s en donde se ubican los correspondientes c�rculos notariales, tuvo como objetivo el optimizar y los recursos y la log�stica requerida para la realizaci�n de las pruebas.

Tambi�n es pertinente mencionar que la decisi�n de la administraci�n lejos de convertirse en una medida restrictiva de los derechos de los participantes, lo que busca es garantizar los principios de libre concurrencia, igualdad, imparcialidad, y la organizaci�n log�stica del concurso de m�ritos, previstos en el art�culo 3� del Acuerdo N� 001 de 2015, en la medida que se les permite a todos los participantes, al momento de la inscripci�n, seleccionar de forma aut�noma el lugar de presentaci�n de las pruebas de conocimientos y entrevista, seg�n sus condiciones e intereses particulares. Siendo esta, una situaci�n que fue debidamente conocida por los aspirantes, toda vez que la regla cuestionada fue incluida en la convocatoria del proceso de selecci�n.

En este orden de ideas, la Sala considera que el par�grafo segundo del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015, contrario a lo manifestado por la parte actora, de manera alguna limita o restringe los derechos de los participantes de acceder de a la prueba de conocimientos y entrevista, por lo que los cargos de nulidad propuestos por la parte actora no resultan procedentes.

Por otro lado, la parte actora, asevera que el par�grafo tercero del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015 se encuentra viciado de nulidad, porque dispone que �los participantes podr�n aspirar a las tres categor�as convocadas (�)�, pero no tuvo en cuenta que los art�culos 6� de la Ley 588 de 2000 y 4� del Decreto 3454 de 2006, indican que el �aspirante al cargo de notario, en la solicitud de inscripci�n anotar� el c�rculo al que aspira, (�).�, por lo que es un deber del participante, precisar el circulo notarial y no la categor�a.

Con relaci�n a la postulaci�n del aspirante en el concurso de m�ritos, el art�culo 6� de la Ley 588 de 2000 �Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial�, establece que: �El aspirante al cargo de notario, en la solicitud de inscripci�n anotar� el c�rculo al que aspira, si en el c�rculo existe m�s de una notar�a indicar� tambi�n el orden de su preferencia.�

Entre tanto, el art�culo 4� del Decreto 3454 de 2006, �Por el cual se reglamenta la Ley 588 de 2000�, se�alaba respecto de la inscripci�n de los participantes al concurso de m�ritos, lo siguiente:

�Art�culo 4�. Inscripci�n. La inscripci�n se realizar� por v�a electr�nica en el sitio web que indique el Consejo Superior, en la fecha que determine el reglamento.

El postulante diligenciar� en forma completa el formulario electr�nico que para tal fin sea aprobado por el Consejo Superior, indicando el c�rculo al que aspira. Si en el c�rculo existe m�s de una notar�a, indicar� tambi�n el orden de su preferencia. Ser�n eliminados del proceso los aspirantes que presenten m�s de una aplicaci�n en el concurso, y quienes se presenten para m�s de un c�rculo notarial.

La Secci�n Segunda del Consejo de Estado[34], mediante sentencia de 11 de marzo de 2010 (radicado N� 11001-03-25-000-2007-00031-00) declar� la nulidad de la expresi�n "y quienes se presenten a m�s de un c�rculo notarial� contenida en el art�culo 4 del Decreto 3454 de 2006, que establec�a esta circunstancia como causal de eliminaci�n del concurso para los aspirantes, al considera que dicha expresi�n incurr�a en un exceso de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, al darle a la inscripci�n un car�cter eliminatorio, sin permitir al aspirante siquiera acreditar el cumplimiento de los requisitos, pues el solo hecho de presentar dos inscripciones lo excluye del concurso, lo cual tambi�n resultaba contrario al el numeral 7� del art�culo 40 y el inciso 3� del art�culo 125 de la Constituci�n Pol�tica.

En efecto, para esta Secci�n del Consejo de Estado[35], si bien, el art�culo 6� de la Ley 588 de 2000 al referirse a las postulaciones, dispone que el aspirante ��anotar� el c�rculo al que aspira��, tal disposici�n adem�s de entenderse como en efecto s�lo puede aspirar a un c�rculo, de ella no se deriva la consecuencia que el Decreto reglamentario le atribuye, cual es la de eliminar del concurso a quien por alguna raz�n aspire a m�s de un c�rculo notarial, bien hubiera podido la norma demandada, establecer un resultado menos gravoso para el aspirante.

Conforme con lo anterior, se puede advertir que los participantes a los concursos de m�ritos de la carrera notarial pueden inscribirse a m�s de un c�rculo notarial, sin importar las categor�as a las que pretenda ingresar.

En este orden, para la Sala, el par�grafo tercero del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015, no se encuentra viciado de nulidad, pues si bien, el art�culo 6 de la Ley 588 de 2000 y el art�culo 4 del Decreto 3454 de 2006, establecen que el aspirante al momento de la inscripci�n indicar� el c�rculo notarial al que aspira, lo cierto, es que dichas disposiciones, en ninguno de sus apartes restringen o limitan la posibilidad de que el aspirante pueda inscribirse a m�s de un c�rculo notarial en las tres categor�as de notar�as, como lo prev� el par�grafo demandado. En consecuencia, se desestiman los argumentos de nulidad invocados por la parte actora.

De otra parte, alega el demandante que el art�culo 16 del acuerdo demandado habilita a los concursantes para aspirar a las tres categor�as de notarias presentando un solo examen, lo cual desconoce el par�grafo 3� del art�culo 4� de la Ley 588 de 2000, en cuyo contenido se advierte que �el contenido de la prueba de conocimientos y criterio jur�dico variar� de acuerdo con la categor�a del c�rculo notarial para que se concurse�, lo que impone a la administraci�n la realizaci�n de ex�menes diferentes seg�n el c�rculo para que se aspira.

Sobre el particular, es necesario aclarar que el art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015, se dirige a reglamentar lo relativo a la inscripci�n al concurso de m�ritos y el procedimiento para ello, sin que en alguno de sus apartes se haga referencia a la prueba de conocimientos que debe presentar cada participante en termino de cantidad y contenido.

En este sentido, es preciso se�alar que el art�culo 23 del Acuerdo demandado, indica expresamente lo siguiente:

�Art�culo 23: Prueba de conocimientos. La prueba de conocimientos se realizar� por los medios que determine el Consejo Superior mediante acuerdo, con el objeto de evaluar el nivel acad�mico del aspirante convocado a presentarla, en materias de derecho notarial y registral y tendr� un valor de 40 puntos, de los 100 del concurso.

El contenido de la prueba de conocimientos y criterio jur�dico variar� de acuerdo con la categor�a del c�rculo notarial para el que se concurse, y tendr� car�cter secreto y reservado, de acuerdo a lo establecido en el art�culo 9� del Decreto 3454 de 2006.

En efecto, la lectura de la disposici�n transcrita permite inferir que su texto se ajusta al postulado descrito en el par�grafo tercero del art�culo 4� de la Ley 588 de 2000, en tanto, se observa que en ambas disposiciones se indica que �el contenido de la prueba de conocimientos y criterio jur�dico variar� de acuerdo con la categor�a del c�rculo notarial para el que se concurse�; es decir que para cada categor�a se eval�a un determinado contenido acad�mico y jur�dico.

En este orden, si bien, el participante puede aspirar a las tres categor�as de notarias, siembre y cuando lo manifieste en el momento de la inscripci�n al concurso de m�ritos y cumpla con los requisitos legales para cada una de estas, como se describe en el par�grafo tercero del art�culo 16 del Acuerdo N� 001 de 2015, tambi�n es cierto que el contenido del referido par�grafo, la Ley 588 de 2000 y el Decreto 3454 de 2006, en ninguna de sus l�neas hacen referencia a la cantidad de ex�menes que debe presentar el sujeto, toda vez que se limitan a indicar que el contenido de la prueba variar� seg�n la categor�a del circulo al cual se aspire ingresar el participantes, por lo que la confrontaci�n normativa en abstracto, no permite inferir, ni avizorar, una vulneraci�n del ordenamiento jur�dico.

De esta manera, la normativa referida permite inferir que el Consejo Superior de la Carrera Notarial y la entidad contratada encargada aplicar la prueba de conocimientos est�n obligadas a variar los contenidos y criterios jur�dicos del citado examen, seg�n la categor�a de notar�a del c�rculo notarial ofertado en el concurso de m�ritos, independientemente si se dise�a para efectuarse en uno o varios ex�menes, por lo que en el evento que el concursante manifieste su voluntad en la etapa de inscripci�n de aspirar a una o las tres categor�as, lo importante es que los organismos competentes encargados del asunto garanticen una prueba con la que las personas puedan ser evaluadas con todos los criterios requeridos para cada categor�a a la que hayan aspirado, de conformidad con lo dispuesto en el par�grafo tercero del art�culo 4� de la Ley 588 de 2000 y el art�culo 23 del Acuerdo N� 001 de 2015.

Conforme con lo expuesto, no se encuentra demostrada la violaci�n de ninguna de las normas que se denunciaron como infringidas, raz�n por la cual la pretensi�n de nulidad de la norma acusada no puede prosperar.

4.4 Los cargos de nulidad contra el art�culo 33 del Acuerdo N� 001 de 2015.

La parte actora manifiesta que el art�culo 33 del Acuerdo N� 001 de 2015 desconoce el criterio de obligatoriedad que rige a los procesos de selecci�n, previsto en el 165 del Decreto 960 de 1970 y en el numeral 1� del art�culo 31 de la Ley 909 de 2004, porque la entidad demandada no ha cumplido estrictamente con las actividades y las fechas definidas en el cronograma, toda vez que i) la aplicaci�n de la prueba escrita (1 de noviembre de 2015), ii) la publicaci�n del aviso informativo en prensa, encargado de comunicar la existencia del acto administrativo que contiene los resultados de la prueba escrita (17 de enero de 2016), y iii) la recepci�n de los recursos por v�a electr�nica (26 de mayo de 2016), ocurrieron en fechas distintas, esto es, 8 de noviembre de 2015, 31 de enero de 2015 y 1� de febrero de 2017, respectivamente.

Sobre el particular, la parte demandada manifiesta que algunas de las fases del concurso de m�ritos programadas en las fechas descritas en el art�culo 33 del Acuerdo N� 001 de 2015, fueron modificadas por el Acuerdo N� 005 de 2015, debido a que el 25 de octubre de 2015, se adelantaron los comicios para la elecci�n de candidatos a cargos y corporaciones p�blicas de elecci�n popular, en cuya actividad participan los jueces, notarios y registradores, seg�n el 157 del C�digo Electoral (Decreto 2241 de 1986), en calidad de escrutadores, por lo que en aras de garantizar la participaci�n de todos los aspirantes admitidos, se hizo necesario efectuar la respectiva modificaci�n.

En efecto, se advierte que el d�a 25 de octubre de 2015, se programaron las elecciones de autoridades locales, tal y como lo dispuso la Registradur�a Nacional del Estado Civil a trav�s de la Resoluci�n N� 13331 de 11 de septiembre de 2014, �Por la cual se establece el Calendario Electoral para las elecciones de Autoridades Locales, (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de las Juntas Administradoras Locales) que se realizar�n el 25 de octubre e de 2015�.

As� mismo, se resalta que el art�culo 157 del Decreto 2241 de 1986, (C�digo Electoral), expresamente establece que: �(�) Diez (10) d�as antes de las correspondientes elecciones, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial deber�n designar, en Sala Plena, las comisiones escrutadoras distritales y municipales formadas por dos (2) ciudadanos, que sean jueces, notarios o registradores de instrumentos p�blicos en el respectivo distrito judicial.�

En este orden es evidente que, por mandato legal, los jueces, notarios o registradores de instrumentos p�blicos, en el territorio nacional estaban llamados a conformar las comisiones escrutadoras distritales y municipales para las elecciones de autoridades locales, programadas para el 25 de octubre de 2015, lo que pod�a influir en su participaci�n en el concurso de m�ritos para le nombramiento de notarios en propiedad.

En este sentido, la Sala considera que la decisi�n adoptada por la administraci�n a trav�s del Acuerdo N� 005 de 2015, consistente en modificar las fechas de algunas de las etapas del proceso de selecci�n, entre estas, i) la aplicaci�n de la prueba escrita, ii) la publicaci�n del aviso informativo en prensa, encargado de comunicar la existencia del acto administrativo que contiene los resultados de la prueba escrita,

y iii) la recepci�n de los recursos por v�a electr�nica, resulta razonable y justificado en los principios de igualdad, libre concurrencia e imparcialidad, que rigen el concurso de m�ritos, toda vez que dicha medida no tiene otro objeto que garantizar la participaci�n activa de todos los admitidos a todas las fases del concurso, particularmente la prueba de conocimientos.

En virtud de lo anterior, no se observa un desconocimiento de los criterios de obligatoriedad y preclusividad que rigen a los procesos de selecci�n, como lo plantea la parte actora. Raz�n por la cual no se evidencia irregularidad alguna que denote un vicio de nulidad por infracci�n de normas superiores. En consecuencia, la petici�n de nulidad de la norma acusada no puede prosperar.

4.5 Los cargos de nulidad contra los par�grafos primero, segundo y tercero del art�culo 1� y los art�culos 28 y 31 del Acuerdo N� 001 de 2015.

La parte actora argumenta que los par�grafos primero, segundo y tercero del art�culo 1� del Acuerdo demandado, son contrarios al ordenamiento jur�dico, porque convocan a concurso de m�ritos para el nombramiento de notarios en propiedad, a partir de la conformaci�n de una lista de elegibles que se emplear�a para proveer aquellos cargos que se encuentren vacantes en interinidad o en encargo en el territorio nacional, as� como los cargos que se llegaran a crear en el futuro en el desarrollo del proceso de selecci�n, desconociendo que el registro de elegibles deben dirigirse a los cargos notariales de los c�rculos que fueron ofertados, sin que se haga extensiva a empleos que no exist�an a la fecha de la convocatoria o que no fueron ofertados.

Adujo que ser�a improcedente utilizar o emplear la lista de elegibles para proveer cargos que en el futuro se espera que se creen o que durante el t�rmino de la vigencia queden vacantes.

Agreg� que los art�culos 28 y 31 del Acuerdo N� 001 de 2015, tambi�n vulneran las normativa que regula la carrera notarial, porque afianzaron el concepto de nacionalizaci�n para la conformaci�n de la lista de elegibles, al determinar que esta estar�a estructurada por la categor�a de las notarias a nivel nacional en primera segunda y tercera, desconociendo las normas que establecen la divisi�n territorial del sistema notarial por c�rculos notariales y para efectos de los nombramientos en propiedad las listas deb�an distribuirse por c�rculos las categor�as respectivas dentro de cada c�rculo.

Al respecto, es del caso se�alar que la Subsecci�n B de la Secci�n Segunda de esta Corporaci�n en sentencia de 26 de junio de 2018, proferida dentro del expediente de simple nulidad con radicado N� 11001-03-25-000-2015-01101-00 (4970-2015)[36], demandante: Carlos Mario Isaza Serrano, ya se pronunci� sobre el alcance y uso de las listas de elegibles para proveer empleos de notarios adicionales a los inicialmente ofertados en la convocatoria, al analizar la legalidad del art�culo 1� y sus par�grafos primero, segundo y tercero del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, �por el cual se convoca y se fijan las bases y el cronograma del Concurso de M�ritos P�blico y Abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial�.

En dicha oportunidad, esta Corporaci�n resolvi� negar las pretensiones de la demanda, al considerar que la actuaci�n de la entidad demandada no implicaba una situaci�n irregular que afectara el ordenamiento jur�dico. Tales argumentos se toman para resolver la presente controversia, en la cual se estableci�:

El art�culo 1� del Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015, en su parte pertinente es del siguiente tenor:

�ART. 1��Convocatoria. Conv�case a concurso de m�ritos p�blico y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, para proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as que a la fecha se encuentren en interinidad o en encargo, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera. Igualmente, f�janse las bases del concurso de m�ritos, las cuales establecen como reglas obligatorias para los participantes y las autoridades del concurso las previsiones de la Constituci�n, la ley, y dem�s actos administrativos que modifiquen o aclaren el presente acuerdo. Sin perjuicio de las notar�as que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera. Las notar�as que requieren de la provisi�n del cargo en la actualidad, son:

PAR. 1�. Los aspirantes podr�n inscribirse para las notar�as de primera categor�a que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera o se creen durante la vigencia de la lista de elegibles.

PAR. 2�. Los aspirantes podr�n inscribirse para las notar�as de segunda categor�a que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera o se creen durante la vigencia de la lista de elegibles.

ART. 3�. Los aspirantes podr�n inscribirse para las notar�as de tercera categor�a que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera o se creen durante la vigencia de la lista de elegibles.�.

En el caso objeto de an�lisis, observa la Sala que en lo que tiene que ver con la utilizaci�n de las listas de elegibles en el Sistema Espec�fico de Carrera Notarial, para el �ltimo concurso de m�ritos, de acuerdo con el art�culo 1� del Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015, en las bases mismas de la convocatoria se estableci� que una vez provistos la totalidad de los cargos ofertados en la convocatoria, se puedan usar los registros de elegibles, para proveer eventuales cargos vacantes, aunque estos no hayan sido objeto de oferta en el proceso de selecci�n, as� como para proveer las notar�as que se lleguen a crear durante la vigencia de las listas de elegibles.

Por lo tanto, para la Sala se encuentran satisfechas las dos condiciones exigidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando habilit� el uso de las listas de elegibles para proveer empleos no ofertados inicialmente en la respectiva convocatoria, esto es, (i) que las bases de la respectiva convocatoria as� lo establezca, y (ii) que los cargos que no fueron sacados a concurso al inicio del proceso de selecci�n, y que se proveer�an con las listas de elegibles, sean iguales o equivalentes a aquellos para los que se conformaron esos registros de elegibles.

En consecuencia, para el caso concreto es aplicable la excepci�n dispuesta por la Corte Constitucional en la sentencia C-319 de 2010 y reiterada en la SU-446 de 2011, seg�n la cual, el uso de la lista de elegibles para proveer cargos diferentes a los ofertados es procedente, siempre y cuando las bases de la convocatoria respectiva lo permitan y los empleos no contemplados inicialmente en el proceso de selecci�n, sean iguales o equivalentes a los ofertados.

Por otra parte, en criterio de esta Corporaci�n y, para el caso concreto del concurso de notarios adelantado en virtud de la convocatoria abierta mediante el demandado Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015, es totalmente razonable, proporcional y justificado considerar utilizar de manera eficiente todo el esfuerzo que el Consejo Superior de la Carrera Notarial ha desarrollado para sacar avante el proceso de selecci�n, los recursos econ�micos sufragados, as� como el talento humano que se ha desplegado; siendo este el norte o prop�sito que gu�a la regla contenida en la convocatoria que implica el alcance de la lista de elegibles para permitir su uso m�s all� de la provisi�n de las notar�as inicialmente ofertadas, y de esta manera, cubrir tambi�n las que, durante la vigencia del registro de elegibles, quedaren vacantes o fueren creadas.

En ese sentido, luego del estudio realizado, la Sala considera que los apartes normativos demandados del art�culo 1� del Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015, al autorizar a los aspirantes inscritos en el concurso que fueron incluidos en las listas de elegibles, a que opten por aquellas notar�as que resultaren vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera, o que se llegaren a crear por el Gobierno Nacional durante la vigencia de las listas, no es contrario a las normas invocadas como vulneradas.

En tal virtud, el tercer reparo propuesto por el demandante, tampoco prospera.�

De la providencia transcrita, se observa que esta Corporaci�n determin� que el art�culo 1� del Acuerdo 001 de 9 de abril de 2015, al autorizar a los aspirantes inscritos en el concurso que fueron incluidos en las listas de elegibles, a que opten por aquellas notar�as que resultaren vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera, o que se llegaren a crear por el Gobierno Nacional durante la vigencia de las listas, no es contrario a la normativa superior que rige la carrera notarial, por lo que era viable que la administraci�n hiciera uso de las listas de elegibles para la provisi�n de las notar�as inicialmente ofertadas y cubrir, tambi�n, las que durante la vigencia del registro de elegibles quedaren vacantes o fueren creadas.

Ahora, con relaci�n a la estructuraci�n de las listas de elegibles, esta Subsecci�n, mediante sentencia de 18 de febrero de 2021, con radicado N� 11001-03-25-000-2016-01031-00(4659-16)[37] demandante: Javier Alberto C�rdenas Guzm�n, ya se pronunci� sobre la conformaci�n, publicaci�n, vigencia y agotamiento de la lista de elegibles del concurso de m�ritos para proveer empleos de notarios, al analizar la legalidad de los art�culos 28 y 31, del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015 expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, �por el cual se convoca y se fijan las bases y el cronograma del Concurso de M�ritos P�blico y Abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial�, entre otros[38].

En dicha ocasi�n, esta Corporaci�n resolvi� negar las pretensiones de la demanda, al considerar que las disposiciones cuestionadas no conten�an una situaci�n irregular que afectara el ordenamiento jur�dico. Al respecto, se indic� lo siguiente:

Se evidencia entonces, que el concurso p�blico de m�ritos para ingresar a la carrera notarial del a�o 2015 fue convocado para proveer las notar�as vacantes a la fecha de la convocatoria, as� como aquellas que quedaran vacantes durante el transcurso del proceso de selecci�n y/o vigencia de la lista de elegibles.

Adem�s, es importante precisar que la forma en que se ofertaron las notar�as obedeci� a dos criterios de clasificaci�n, a saber: (i) dependiendo de la �categor�a� a la cual pertenecen; y (ii), teniendo en cuenta el departamento y el municipio en el cual est�n �geogr�ficamente� ubicadas, es decir, aludiendo al �circulo notarial� al que pertenezca la notar�a o notar�as a postularse.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la conformaci�n de las listas de elegibles, los art�culos 28 y 31 de las bases o reglas de la convocatoria contenidas en el Acuerdo 001 de 2015,[39] demandado, se�alan que se elaborar�n y publicar�n discriminadas por cada una de las tres �categor�as� en las que se clasifican los diferentes �c�rculos� a los que pertenecen, sin excepci�n, todas y cada una de las notar�as ofertadas.

Y en efecto, as� lo hizo el Acuerdo 026 de 29 de junio de 2016, tambi�n demandado, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, por el cual �se aprueba la lista definitiva de elegibles en el Concurso de M�ritos P�blico y Abierto para el nombramiento de Notarios en Propiedad [�] y se ordena su publicaci�n�, en tres anexos discriminados por cada una de las tres �categor�as� en las que se clasifican los diferentes �c�rculos� a los que pertenecen, se insiste, sin excepci�n, todas y cada una de las notar�as ofertadas.

De igual manera, el Acuerdo 027 de 29 de junio de 2016, del Consejo Superior de la Carrera Notarial, tambi�n aqu� demandado, estableci� que el �mecanismo� para el agotamiento de la lista de elegibles, consistir�a en el siguiente tr�mite: (i) el consejo Superior de la Carrera Notarial o quien debidamente lo represente, informar� a cada uno de los aspirantes en estricto orden descendente de puntaje, sobre las vacantes a la fecha de la comunicaci�n, para cada notar�a y por �categor�a� inscrita, es decir, por cada una de las tres �categor�as� en las que se clasifican los diferentes �c�rculos� a los que pertenecen todas y cada una de las notar�as ofertadas; (ii) de esta manera se requerir� a cada aspirante con el fin de que manifieste su intenci�n o voluntad de nombramiento en alguna de las notar�as vacantes de acuerdo con su inscripci�n; (iii) la postulaci�n para cada aspirante, se realizar�a a trav�s del correo electr�nico inscrito para efectos del concurso y se entender� notificada personalmente; (iv) en caso de existir empate en la lista de elegibles al momento de la designaci�n, se emplear� el siguiente criterio de desempate: (a) en el evento en que se presente empate entre un aspirante al concurso con quien est� ejerciendo el cargo de notario al momento de la apertura del mismo, este se decidir� en favor del segundo, (b) en los dem�s casos se elegir� a quien hubiere obtenido mayor puntaje en la prueba de conocimientos, en caso de persistir se convocara a audiencia ante el consejo superior para que dirima mediante el sistema de balotas; (v) del tr�mite anterior se excluir� a quienes hayan sido nombrados en propiedad en cualquier �categor�a notarial� como resultado del concurso de m�ritos para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, y hayan tomado efectiva posesi�n de sus cargos; (vi) una vez notificada la postulaci�n sobre las notar�as vacantes seg�n lo inscrito y el puesto ocupado en cada caso, el aspirante contar� con un t�rmino de 5 d�as h�biles para manifestar su intenci�n o voluntad de nombramiento, en alguna de las notar�as vacantes correspondientes estrictamente con las que haya inscrito; (vii) vencido el anterior t�rmino, se entender� desierto el inter�s sobre las notar�as postuladas en la comunicaci�n, y se continuara con el siguiente espirante; (viii) la no aceptaci�n expresa o t�cita, no implicar� el retiro o exclusi�n del listado de elegibles, sino �nicamente el desistimiento por parte del concursante respecto de las notar�as que les fueron ofrecidas. A dichos aspirantes les ser� aplicable lo establecido en el inciso segundo del art�culo tercero del presente Acuerdo; (ix) en caso que persistan vacantes, una vez terminado el proceso de postulaci�n, o en el evento que se presenten nuevas vacantes conforme a la convocatoria y durante la vigencia de la lista de elegibles, se aplicar� nuevamente el mecanismo establecido en el presente acuerdo, en orden estrictamente descendente y en atenci�n a lo inscrito por los concursantes; y (x) el mecanismo de postulaci�n progresiva continuar� respecto a todos los aspirantes con inter�s leg�timo y para los cuales no se haya agotado el concurso, durante el marco de la vigencia de la lista de elegibles y acorde a su inscripci�n.

En este punto, la Sala insiste en que: (i) si el art�culo 4, par�grafo 3, de la Ley 588 de 2000,[40] establece que el contenido de la prueba de conocimientos variar� para cada una de las tres �categor�as� en que se clasifican los c�rculos notariales del pa�s, lo l�gico es que las listas de elegibles resultantes del concurso de m�ritos tambi�n se elaboren siguiendo ese criterio de �categor�as� de notar�a, ya que los conocimientos y aptitudes de los concursantes, por orden expresa del legislador, se eval�an a trav�s de pruebas realizadas seg�n, o de acuerdo, con la �categor�a del c�rculo notarial para el que� concursan los aspirantes; (ii) el hecho que el Gobierno, al reglamentar la la Ley 588 de 2000,[41] hubiese dispuesto en los decretos 3454 de 2006,[42] 2054 de 2014[43] y 1069 de 2015,[44] que las listas de elegibles producto del concurso de m�ritos para el ingreso a la carrera notarial, se elaborar�n �por c�rculos notariales�, necesariamente no significa que exista una irregularidad cuando en las bases de una determinada convocatoria, se establezca que las listas de elegibles se conformaran por �categor�as notariales�, como ocurre en el caso del concurso del a�o 2015, que examina la Sala en esta oportunidad; (iii) porque, como se explic� en precedencia, todos los �c�rculos notariales�, sin excepci�n, -por orden del Decreto Ley 960 de 1970[45] y de la Ley 29 de 1973[46]- se clasifican, en virtud de diferentes factores, en tres �categor�as�, de suerte que cuando se hace referencia a una notar�a en particular, es imposible ignorar que forzosa e ineludiblemente ella hace parte de un determinado �c�rculo notarial�, el cual, a su vez, indefectiblemente est� clasificado en una de las tres �categor�as notariales� legalmente estipuladas.

En consecuencia, los acuerdos demandados, al prever que la lista de elegibles se conformar�a �discriminada por cada categor�a notarial, primera, segunda y tercera categor�a�, se ajustan a los se�alados par�metros.

Es importante tener en cuenta, adem�s de lo ya expuesto, que en consonancia con la jurisprudencia tanto constitucional como contenciosa, rese�ada en los p�rrafos 17, 18 y 19 de esta providencia, que respalda un uso amplio de las listas de elegibles -es decir, que por razones de eficiencia y econom�a, los registros definitivos de elegibles, sean utilizados para proveer cargos que no hayan sido objeto inicialmente de oferta en el concurso de m�ritos-; el art�culo 1� de la convocatoria, Acuerdo 001 de 2015,[47] estableci� que el concurso de 2015 se convoc�: �para proveer a nivel nacional la totalidad de notar�as que a la fecha se encuentren en interinidad o enencargo�, as� como �las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resulten vacantes despu�s del ejercicio de los derechos de carrera.� (Subraya la Sala).

Significa lo anterior, que las listas de elegibles producto del concurso de m�ritos para el ingreso a la carrera notarial convocado en el a�o 2015, siguiendo criterios de eficiencia, razonabilidad y econom�a, tambi�n fueron usadas para proveer notar�as diferentes a las inicialmente ofertadas, siempre y cuando pertenecieran a la misma �categor�a�, lo cual no se hubiera podido hacer realidad si dichas listas se hubieran elaborado �una por cada c�rculo notarial� como lo reclama la parte demandante, porque de esa manera, al quedar provistas las vacantes o plazas pertenecientes a un determinado �c�rculo�, la lista conformada para esa unidad geogr�fica ya no podr�a usarse para otro �c�rculo� porque en el escenario que propone el demandante, para cada �c�rculo notarial� debi� elaborarse un registro de elegibles.

Entonces, en definitiva, desde un punto de vista teleol�gico o finalista, para la Sala, esta particular forma de conformar las listas de elegibles resultantes del concurso de m�ritos para el ingreso a la carrera notarial, que el Consejo Superior de la Carrera Notarial estableci� en el concurso convocado en el a�o 2015, discriminadas por �categor�as notariales�, respeta y materializa el principio del m�rito porque (i) da prevalencia a los mejores puntajes al momento de aplicar la lista, y (ii) permite el uso del registro de elegibles para proveer en propiedad las plazas que queden vacantes mientras la lista est� vigente. Adem�s, las listas de elegibles conformadas por �categor�as notariales� es m�s garantista, proteccionista o favorable a los intereses de los concursantes, porque permitir�a a los inscritos, que en caso de persistir vacantes, luego de agotar todos los inscritos para un determinado departamento y municipio, postularse para cualquier �c�rculo notarial�, siempre y cuando se respete la �categor�a� para la que se concurs�, por cuanto el concepto de �categor�a notarial� expresa un conjunto mucho m�s amplio que el de �c�rculo notarial�. Y finalmente, los registros de elegibles por �categor�as de notar�as� son una expresi�n de los principios la Funci�n P�blica de �eficiencia�, �eficacia� y �econom�a�, por cuanto posibilitan su uso, para todos los �c�rculos� de una misma �categor�a�, y no para un solo �c�rculo�, lo que significa un uso amplio y optimo de las listas de elegibles.

En conclusi�n: dado que todos los �c�rculos notariales�, sin excepci�n, se clasifican, en virtud de diferentes factores, en tres �categor�as�, de suerte que cuando se hace referencia a una notar�a en particular, forzosa e ineludiblemente ella hace parte de un determinado �c�rculo notarial�, el cual, a su vez, indefectiblemente est� clasificado en una de las tres �categor�as notariales� legalmente estipuladas, en criterio de esta Sala, en el presente caso no se trasgrede el r�gimen de la carrera notarial, por cuanto en la convocatoria se se�alaron tanto las �categor�as� a las que pertenec�an las notar�as ofertadas, como el departamento y municipio en el que se encontraban ubicadas, lo cual impl�citamente permiti� a los aspirantes escoger el c�rculo notarial al cual optaban. Y por tal motivo, se negar�n las pretensiones de la demanda. (�)�.

En este orden, se observa que trat�ndose de la conformaci�n de las listas de elegibles, esta Corporaci�n, con relaci�n a las disposiciones contenidas en los art�culos 28 y 31 del Acuerdo N� 001 de 2015, consider� que �todos los �c�rculos notariales�, sin excepci�n, se clasifican, en virtud de diferentes factores, en tres �categor�as�, de suerte que cuando se hace referencia a una notar�a en particular, forzosa e ineludiblemente ella hace parte de un determinado �c�rculo notarial�, el cual, a su vez, indefectiblemente est� clasificado en una de las tres �categor�as notariales� legalmente estipuladas, en criterio de esta Sala, en el presente caso no se trasgrede el r�gimen de la carrera notarial, por cuanto en la convocatoria se se�alaron tanto las �categor�as� a las que pertenec�an las notar�as ofertadas, como el departamento y municipio en el que se encontraban ubicadas, lo cual impl�citamente permiti� a los aspirantes escoger el c�rculo notarial al cual optaban. Y por tal motivo, se negar�n las pretensiones de la demanda. (�)�.

En este orden de ideas, la Sala considera que los cargos de nulidad expuestos por la parte actora en el presente asunto contra el art�culo 1� (par�grafos primero, segundo y tercero) y los art�culos 28 y 31 del Acuerdo N� 001 de 2015, relacionados con el uso y conformaci�n de las listas de elegibles resultantes del concurso de m�ritos para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, ya fueron objeto de pronunciamiento por esta Corporaci�n. En consecuencia, habr� que estarse a lo dispuesto en las sentencias de 26 de junio de 2018 y 18 de febrero de 2021, proferidas por la Subsecci�n �B� de la Secci�n Segunda del Consejo de Estado, que neg� las pretensiones de la demanda, por configurarse el fen�meno jur�dico de la cosa juzgada.

Como corolario de lo anterior, se debe concluir que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, expidi� los apartes demandados del inciso primero del art�culo 1�; los par�grafos primero y segundo del art�culo14; el art�culo 16 y sus par�grafos segundo y tercero y el art�culo 33 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, �por el cual se convoca y se fijan las bases y el cronograma del Concurso de M�ritos P�blico y Abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial�, sin infringir las normas superiores en las que deb�a fundarse; por lo que su presunci�n de legalidad se mantendr� inc�lume.

Adicionalmente, la Sala concluye que resulta procedente declarar probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada, respecto de la causa petendi en el presente asunto, dirigido a cuestionar los par�grafos primero, segundo y tercero del art�culo 1� y los art�culos 28 y 31 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, como quiera que esta Corporaci�n, previamente, se hab�a pronunciado sobre los cargos de nulidad propuestos contra las referidas normas. En estas condiciones, habr� que estarse a lo dispuesto por el Consejo de Estado, Secci�n Segunda, Subsecci�n b, en las Sentencias de 26 de junio de 2018 y 18 de febrero de 2021, dentro de los procesos de simple nulidad con radicados N� 11001-03-25-000-2015-01101-00 (4970-2015) y 11001-03-25-000-2016-01031-00(4659-16), respectivamente.

En m�rito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Subsecci�n B, administrando justicia en nombre de la Rep�blica y por autoridad de la ley,

PRIMERO. - NEGAR las pretensiones de la demanda, con relaci�n con los cargos formulados al inciso primero del art�culo 1�; los par�grafos primero y segundo del art�culo14; el art�culo 16 y sus par�grafos segundo y tercero y el art�culo 33 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - DECLARAR probada de oficio la excepci�n de cosa juzgada, respecto de la causa petendi en el presente asunto, dirigido a cuestionar los par�grafos primero, segundo y tercero del art�culo 1� y los art�culos 28 y 31 del Acuerdo N� 001 de 9 de abril de 2015, de conformidad con lo se�alado en la parte considerativa de esta sentencia. En consecuencia, ESTAR A LO RESUELTO por el Consejo de Estado, Secci�n Segunda, Subsecci�n b, en las Sentencias de 26 de junio de 2018 y 18 de febrero de 2021, dentro de los procesos de simple nulidad con radicados N� 11001-03-25-000-2015-01101-00 (4970-2015) y 11001-03-25-000-2016-01031-00(4659-16), respectivamente.

TERCERO. - Ejecutoriada la presente providencia, por la Secretar�a de la Secci�n arch�vese el expediente dejando las constancias del caso.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesi�n de la fecha.

[5] Corte Constitucional, sentencias T-180 de 2015, M.P. Jorge Iv�n Palacio Palacio. Tambi�n se puede ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci�n Segunda, Subsecci�n B. C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, 8 de agosto de 2012. Expediente 250002325000200212829-03.

[6] Folios 41 - 45- Se aclara que en el contenido del auto de la referencia se indic� que, por tratarse de un asunto de pleno derecho sin solicitud de pruebas adicionales o excepciones, se proceder�a a proferir sentencia anticipada de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, por lo que no era necesario convocar a audiencia inicial de que trata el art�culo 180 de la Ley 1437 de 2011.

[7] �ndice 34 sistema de Gesti�n SAMAI expediente radicado N� 11001032500020180107100 (3844-2018)

[11] Joaqu�n Costa citado Guillermo Cabanelas. Diccionario Enciclop�dico de Derecho Usual. (21 Ed) Buenos Aires: Heiliasta, 1989, Tomo V, p 572.

[12] Francisco Carnelutti. �1993, p 37. La figura jur�dica del notario� citado por Hern�n A Ortiz Rivas. Etica notarial. Bogot�: Ediciones Iba�ez,

[13] Ver R Blanquer Uberos �Notario� en Enciclopedia Jur�dica B�sica. Madrid: Civitas, 1995, Tomo III, p 4447.

[14] En el campo doctrinal, ver, entre otros, Manuel Cubides Romero. Derecho notarial colombiano. Bogot�: Universidad Externado de Colombia, 1992, pp 112 y ss. Manuel Gaona Cruz. �El notariado, una funci�n p�blica� en Estudios Constitucionales. Bogot�: Superintendencia de Notariado y Registro, 1988, p 368 y ss.

[15] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Primera. Expediente No. 1515, actor Cesar Augusto Varela. Auto del 26 de octubre 1990. MP Myriam Guerrero de Escobar. En el mismo sentido, ver Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 25 de febrero de 1998, radicaci�n n�mero: 1.085. MP Javier Henao Hidr�n..

[16] Corte Constitucional. Sentencia C-181 de 1997. MP Fabio Mor�n D�az. En el mismo sentido, ver sentencias C-601 de 1996, C-093 de 1998 y SU-250 de 1998.

[17] Sentencia del 14 de abril de 2011, Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Expediente No. 11001-03-28-000-2010-00022-00.

[18] Art�culo 1� del Acuerdo 2 de 22 de noviembre de 2006 del consejo superior de la carrera notarial: �Naturaleza jur�dica, finalidad y principios. El Consejo Superior es el �rgano legal que, en desarrollo de lo dispuesto en el art�culo 131 de la Constituci�n Pol�tica, el art�culo 164 del Decreto-ley 960 de 1970, la Ley 588 de 2000 y dem�s disposiciones legales concordantes y complementarias, administra la Carrera notarial y realiza los concursos de m�ritos para el nombramiento de notarios en propiedad [�]�.

[19] �[54] Ver sentencias C-147 de 1997; C-155 de 2007; C-926 de 2000; C-624 de 2008; T-494 de 2008�.

[20] �[14] Ver Sentencia T-156 de 2012. M.P. Mar�a Victoria Calle Correa. En la mencionada providencia se abordaron las consideraciones que a continuaci�n se esbozan en relaci�n con los derechos constitucionales fundamentales de los primeros puestos en los concursos de m�ritos�.

[22] �[16] SentenciaT-455 de 2000; Sentencia SU-913 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao P�rez. AV. Jorge Iv�n Palacio Palacio)�.

[23] �[18] Sentencia SU-913 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao P�rez. AV. Jorge Iv�n Palacio Palacio)�.

[24] Sentencia SU-913 de 2009 M.P. Juan Carlos Henao P�rez. AV. Jorge Iv�n Palacio Palacio�.

[25] Sentencias C-040 de 1995, T-451 de 2002 SU �086 de 1999 y T-1701 de 2000�.

[28] Por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se dictan otras disposiciones.

[29] Por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se dictan otras disposiciones.

[30] Consejo de Estado, Secci�n Segunda, Sentencia de 11 de marzo de 2010, radicado N� 11001-03-25-000-2007-00031-00(0635-07), C.P. Alfonso Vargas Rinc�n. Tambi�n se puede ver, Sentencia de 6 de abril de 2011, radicado N� 11001-03-25-000-2006-00133-00(2085-06), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

[31] "Por el cual se reglamentan lo decretos-leyes 0960 y 2163 de 1970 y la Ley 29 de 1973".

[32] Mediante sentencia SU-250 de 1998 la Corte Constitucional declar� un estado de cosas inconstitucional frente a la omisi�n reiterada e inexcusable de las autoridades competentes de nombrar notarios en propiedad mediante el sistema de concurso de m�ritos p�blico y abierto, declaraci�n que llev� a esta Corporaci�n a ordenar la convocatoria del concurso en el t�rmino perentorio de seis (6) meses.

[33] Mediante la Sentencia C-421 de 2006, la Corte Constitucional reiter� el estado de cosas inconstitucional frente al mandato contenido en el art�culo 131 Superior, lo que la habilit� para ordenar, nuevamente, llevar a cabo el concurso p�blico y abierto de m�ritos en un t�rmino impostergable de seis (6) meses.

[34]Consejo de Estado, Secci�n Segunda, Sentencia de 11 de marzo d 2010, Radicado N� 11001-03-25-000-2007-00031-00(0635-07), C.P. Alfonso Vargas Rinc�n.

[36] Consejo de Estado, Secci�n Segunda, Subsecci�n B, Sentencia de 26 de junio de 2018, radicado N�11001-03-25-000-2015-01101-00 (4970-2015), Demandante: Carlos Mario Isaza Serrano, Demandado. Consejo Superior de la Carrera Notarial, C.P. Sandra Lisset Ibarra V�lez.

[37] Consejo de Estado, Secci�n Segunda, Subsecci�n B, sentencia de 18 de febrero de 2021, radicado N� 11001-03-25-000-2016-01031-00 (4659-16), Demandante: Javier Alberto C�rdenas Guzm�n, C.P. Sandra Lisset Ibarra V�lez.

[38] Acuerdos N� 026 y 027 de 29 de junio de 2016, expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, mediante los cuales se aprob� la lista definitiva de elegibles y se estableci� el mecanismo de agotamiento de la lista de elegibles y selecci�n de notarias vacantes.

[39] Por el cual se convoca y se fijan las bases y el cronograma del Concurso de M�ritos P�blico y Abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial

[43] Por el cual se reglamenta el numeral 3 del art�culo 178 del Decreto-ley 960 de 1970.

[44] Por medio del cual se expide el Decreto �nico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

[46] Por la cual se crea el Fondo Nacional del Notariado y se dictan otras disposiciones.

[47] Por el cual se convoca y se fijan las bases y el cronograma del Concurso de M�ritos P�blico y Abierto para el nombramiento de Notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial.

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOTARIA
1	ANTIOQUIA	ITAGUI	2
2	ANTIOQUIA	MEDELLIN	24
3	ANTIOQUIA	MEDELLIN	27
(�)

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOTARIA
1	ANTIOQUIA	TURBO	1
2	ANTIOQUIA	DABEIBA	1
3	ANTIOQUIA	MAHATES	1
(�)

	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOTARIA
1	ANTIOQUIA	TURBO	1
2	ANTIOQUIA	DABEIBA	1
3	ANTIOQUIA	MAHATES	1
(�)

*Nodo Bucaramanga*
*Departamento*	*Capital del C�rculo*
Norte de Santander	C�cuta
Santander	Bucaramanga
Arauca	Arauca

*Nodo Medellin*
*Departamento*	*Capital del C�rculo*
Choc�	Quibd�
Antioquia	Medell�n
Caldas	Manizales
Risaralda	Pereira
Quind�o	Armenia

Fecha Providencia	14/09/2023
Fecha de notificaci�n	14/09/2023

*Nodo Cali*
*Departamento*	*Capital del C�rculo*
Cauca	Popay�n
Nari�o	Pasto
Valle	Cali
Huila	Neiva

*Nodo Bogot�*
*Departamento*	*Capital del C�rculo*
Bogot� D.C.	Bogot�
Tolima	Ibagu�
Boyac�	Tunja
Casanare	Yopal
Vichada	Puerto Carre�o
Meta	Villavicencio
Guaviare	San Jos� del Guaviare
Caquet�	Florencia
Amazonas	Leticia
Putumayo	Mocoa
San Andr�s	San Andr�s