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Sentencias de NulidadJaime Enrique Rodríguez NavasGobierno Nacional Evaristo Rafael Rodríguez FelizzolafalseDecreto 1279 del 13 de octubre de 2021Identificadores10030313241true1455838original30271023Identificadores

Fecha Providencia

08/06/2022

Sala:  Sala de lo Contenciosos Administrativo

Consejero ponente:  Jaime Enrique Rodríguez Navas

Norma demandada:  Decreto 1279 del 13 de octubre de 2021

Demandante:   Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola

Demandado:  Gobierno Nacional


CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00033-00 (68018)

Actor Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola

Demandado: Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Trabajo y Departamento Administrativo de Planeación Nacional

Referencia: Nulidad Simple

Tema: Admisión de demanda de nulidad simple.

AUTO ÚNICA INSTANCIA____________________________________________________________

El Despacho decide sobre la admisión del medio de control de nulidad simple, que presentó Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola. Lo anterior, en virtud del requerimiento para subsanar la demanda que este Despacho formuló en el auto del dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022).

  1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y el trámite procesal

Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola, el veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022)[1], de forma física, y el veintisiete (27) de enero siguiente, electrónicamente[2], presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad simple previsto en el artículo 137 del CPACA, en la que formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Que el Consejo de Estado declare la NULIDAD TOTAL del Decreto 1279 de 13 de octubre de 2021, por el cual se reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018 y se adicionan unos artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, por infringir normas en que debía fundarse, por haberse expedido sin competencia e incurrir en falsa motivación.

SEGUNDO: Prevenir al Gobierno Nacional abstenerse en uso de la potestad reglamentaria de distorsionar la libre competencia económica al reglamentar el puntaje adicional por vincular mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad en el personal operativo de las empresas que participen en licitaciones públicas para contratar servicios de vigilancia y seguridad privada en virtud del artículo 6 de la Ley 1920 de 2021”.

El demandante, en el escrito de la demanda, solicitó como medida cautelar de urgencia la suspensión provisional del decreto demandado.

Este Despacho, por auto del dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)[3], negó la solicitud de la medida cautelar de urgencia e inadmitió la demanda.

El actor, el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), envió correo electrónico a esta Corporación con el fin de subsanar el defecto indicado[4].

El expediente ingresó a este Despacho, el veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022)[5].

  1. CONSIDERACIONES

2.1. Normativa aplicable

En vista de que la demanda se presentó el veinticinco (25) de enero de dos mil veintidós (2022), resultan aplicables las reformas de la Ley 1437 de 2011, realizadas mediante la Ley 2080 de 2021[6]. Lo anterior, puesto que de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021[7], esta normativa rige a partir de su publicación, es decir, desde el veinticinco (25) de enero de dos mil veintiuno (2021).

2.2. Competencia

Según la jurisprudencia de esta Corporación, la nulidad impetrada contra los decretos reglamentarios, como el que ahora conoce este Despacho, se debe tramitar a través del medio de control de nulidad, previsto en el artículo 137 del CPACA[8]:

“(…) los actos administrativos simplemente generales y los otros reglamentos –los secundum legem, es decir, los que desarrollan la ley o a otro acto administrativo- se controlan a través del medio de control de nulidad simple, aunque el juicio involucre la posible violación a la Constitución Política”[9].

Lo anterior, ya que, en relación con el acto administrativo general, se hace la distinción entre el que es propiamente normativo, con vocación de permanencia y que por lo tanto, entra a hacer parte del ordenamiento jurídico, como los decretos reglamentarios, cuyos supuestos normativos son hipotéticos y abstractos debido a que las consecuencias o previsiones normativas que contemplan no están referidos a nadie individualmente identificado, sino que les son aplicables indistintamente a cualquier persona o cosa que se encuentre o se coloque dentro de los supuestos descritos en el mismo; y el acto administrativo general que no es normativo, por cuanto tiene una vigencia transitoria y se encamina a un objeto específico y concreto, agotándose sus efectos una vez aquel se realiza, como sucede, por ejemplo, con el pliego de condiciones que rige una determinada licitación pública[10].

El actor demandó el Decreto 1279 de 2021, que se expidió con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, que hace referencia a la potestad reglamentaria de la ley[11], que la Carta Constitucional estableció como competencia del presidente de la República, para “la cumplida ejecución de las leyes”. En particular, el decreto acusado “reglamenta el artículo 6 de la Ley 1920 de 2018 y se adicionan unos artículos a la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.

Así las cosas, el Consejo de Estado es competente, en única instancia, para conocer el presente asunto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 149 del CPACA[12], toda vez que el Decreto 1279 de 2021 es un acto reglamentario expedido por una autoridad del orden nacional.

2.3. Caso concreto

Este Despacho, en el auto del dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022), negó la solicitud de medida cautelar de urgencia ya que el actor no acreditó la urgencia necesaria para su decreto, y dispuso que esta se tramitaría dando aplicación al procedimiento previsto en el artículo 233 del CPACA, una vez se admitiera la demanda. Sin embargo, al estudiar la admisión del medio de control de la referencia, el Despacho encontró satisfechos todos los requisitos que prevén los artículos 162, 163 y 166 del CPACA, excepto por la exigencia del envió de la demanda y sus anexos a las entidades accionadas por correo electrónico, que establece el numeral 8 del artículo 162 del CPACA. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 170 ejusdem[13], el Ponente inadmitió la demanda y otorgó a la parte accionante el término de diez (10) días para que subsanara aquella omisión.

El actor, dentro del término legal[14], el treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022), aportó constancia del correo electrónico que envió, en la misma fecha, a las entidades demandadas con la demanda y sus anexos. Así las cosas, en vista de que el accionante corrigió el defecto que este Despacho le indicó en el auto del dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022) y, que en aquella providencia el Ponente encontró que la demanda cumple los demás requisitos formales, se dispondrá su admisión y se dictarán las previsiones que dispone el artículo 171 del CPACA[15].

En mérito de lo expuesto, el Despacho

RESUELVE

PRIMERO:ADMITIR la demanda de nulidad simple que presentó Evaristo Rafael Rodríguez Felizzola, contra el Decreto 1279 del 13 de octubre de 2021, expedido por el Departamento Nacional de Planeación.

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el presente auto a La Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio del Trabajo y al Departamento Administrativo de Planeación Nacional, a través de su representante legal o quien haga sus veces, por medio del buzón de correo electrónico dispuesto para tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, y por estado a la accionante.

TERCERO:NOTIFICAR personalmente el presente auto al Agente del Ministerio Público delegado ante esta Sección, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del buzón de correo electrónico dispuesto para tal propósito, conforme a lo que dispone la norma antes citada.

CUARTO: COMUNICAR la existencia de este proceso a la comunidad por conducto de la página web del Consejo de Estado.

QUINTO: CORRER TRASLADO a las entidades demandadas por el término de treinta (30) días para los efectos previstos en el artículo 172 del CPACA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Magistrado Ponente

Firmado electrónicamente

AET/Expediente híbrido sin digitalizar: 1C



[1] Visible en el folio No. 1 del cuaderno principal en físico.

[2] Registrado en el índice 2 del aplicativo SAMAI.

[3] Índice No. 4 en Samai.

[4] Índice No. 8 en Samai.

[5] Índice No. 9 en Samai.

[6]“POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN”.

[7] “Artículo 86. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley. // Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas. // De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011. // En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.

[8] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del dos (02) de agosto de dos mil dieciocho (2018), Radicado No: 11001-03-26-000-2013-00162-00(49150); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018), Radicado No: 11001-03-26-000-2013-00090-00(47694); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016); 11001-03-26-000-2009-00009-00(36312).

[9] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Auto del doce (12) de enero de dos mil dieciséis (2016), Radicado No: 110010326000201500159 00 (55.658), referencia: medio de control de nulidad/ auto de admisión de la demanda de nulidad parcial del Decreto 1851 de 2015 “por el cual se reglamenta la contratación del servicio público educativo por parte de las entidades territoriales certificadas y se subroga un capítulo del Decreto 1075 de 2015”.

[10] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del veinticinco (25) de octubre de dos mil diecinueve (2019), Radicado No: 11001-03-26-000-2011-00035-00(41447).

[11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del tres (3) de diciembre de dos mil siete (2007), Expediente 31447:La potestad reglamentaria encuentra su sustento directo en el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política y puede definirse como la posibilidad o facultad que se reconoce en cabeza del Gobierno Nacional para la expedición de disposiciones que gozan de un valor normativo y que se caracterizan por las notas de generalidad, obligatoriedad e impersonalidad. Las normas que se producen en ejercicio de esta potestad se denominan reglamentos y su objeto no es otro distinto que servir de instrumento y complemento de la norma superior que justifica su existencia”.

[12] “Artículo 149. Competencia del consejo de estado en única instancia. Artículo modificado por el artículo 24 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que el reglamento disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:

1. De la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del orden nacional, o por las personas o entidades de derecho privado que cumplan funciones administrativas en el mismo orden, salvo que se trate de actos de certificación o registro, respecto de los cuales la competencia está radicada en los tribunales administrativos”.

[13] “Artículo 170. Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda”.

[14] La providencia por medio de la que este Despacho inadmitió la demanda se notificó por estado del veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022), por lo tanto, conforme al artículo 170 del CPACA, el demandante tenía hasta el diecinueve (19) de abril de dos mil veintidós (2022) para subsanarla y lo hizo el treinta (30) de marzo de esa anualidad -semana santa transcurrió desde el domingo 10 de abril hasta el sábado 16 de abril de 2022-.

[15] “Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá:

1. Que se notifique personalmente a la parte demandada y por Estado al actor.

2. Que se notifique personalmente al Ministerio Público.

3. Que se notifique personalmente a los sujetos que, según la demanda o las actuaciones acusadas, tengan interés directo en el resultado del proceso.

4. Que el demandante deposite, en el término que al efecto se le señale, la suma que los reglamentos establezcan para pagar los gastos ordinarios del proceso, cuando hubiere lugar a ellos. El remanente, si existiere, se devolverá al interesado, cuando el proceso finalice. En las acciones cuya pretensión sea exclusivamente la nulidad del acto demandado no habrá lugar al pago de gastos ordinarios del proceso.

5. Que cuando se demande la nulidad de un acto administrativo en que pueda estar interesada la comunidad, se informe a esta de la existencia del proceso a través del sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, sin perjuicio de que el juez, cuando lo estime necesario, disponga simultáneamente la divulgación a través de otros medios de comunicación, teniendo en cuenta el alcance o ámbito de aplicación del acto demandado.

PARÁGRAFO transitorio. Mientras entra en funcionamiento o se habilita el sitio web de que trata el numeral 5 del presente artículo, el juez dispondrá de la publicación en el sitio web del Consejo de Estado o en otro medio de comunicación eficaz”.