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Sentencias de NulidadRoberto Augusto Serrato Vald�sPRESIDENTE DE LA REP�BLICA - MINISTERIO DEL INTERIOR -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO � DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-HERN�N DAR�O CADAVID M�RQUEZfalse10/08/2023art�culo 3� del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022Identificadores10030311222true1453274original30269100Identificadores

Norma demandada: �art�culo 3� del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022

Demandado: �PRESIDENTE DE LA REP�BLICA - MINISTERIO DEL INTERIOR -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO � DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-

Demandados: PRESIDENTE DE LA REP�BLICA - MINISTERIO DEL INTERIOR -MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL � MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO � DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA-

Tema: -Creaci�n de la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana �

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar elevada por el accionante, quien depreca que se decrete la suspensi�n provisional del art�culo 3� del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022 �Por medio del cual se crea la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana�; acto administrativo suscrito por el presidente de la Rep�blica, el ministro de Interior, el ministro de Defensa Nacional, la viceministra de Promoci�n de la Justicia y del Derecho encargada de las funciones del despacho del ministro de Justicia y del Derecho, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica.

1. El ciudadano Hern�n Dar�o Cadavid M�rquez, actuando en nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad de que trata el art�culo 135 del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, present� demanda en contra del Gobierno Nacional, en la que elev� la siguiente pretensi�n

1. Que se declare la nulidad del art�culo 3 del Decreto 2422 del 09 de diciembre de 2022, �Por medio del cual se crea la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la participaci�n ciudadana� dado que el mismo incurre en el vicio de nulidad de infracci�n de la norma en que debe fundarse el acto, por los argumentos expuestos en la presente demanda. [�] (negrillas fuera del texto).

2. La demanda fue inadmitida por auto de 19 de diciembre de 2022, por cuanto la parte actora: (i) no design� las partes y sus representantes; (ii) no precis� el medio de control a ejercer; (iii) no precis� las normas violadas y el concepto de violaci�n; (iv) no indic� la direcci�n de notificaci�n electr�nica de las entidades demandadas, y (v) no acredit� el env�o de la demanda y sus anexos a las entidades demandadas.

3. Tal prove�do fue notificado a la parte demandante, mediante correo electr�nico el 19 de diciembre de 2022 y por estado electr�nico el 12 de enero de ese mismo a�o. Mediante escrito radicado el 11 de enero de 2023, y estando dentro de la oportunidad legal, la parte actora aport� escrito de subsanaci�n de la demanda, en el que corrigi� las omisiones anteriormente referidas.

4. Por tal raz�n, este Despacho, a trav�s de prove�dos de 17 de febrero de 2023, dispuso: (i) adecuar el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad al de nulidad previsto en el art�culo 137 del CPACA; (ii) admitir la demanda, y (iii) ordenar correr traslado a las entidades p�blicas accionadas tanto de la demanda como de la medida cautelar solicitada con esta.

5. El extremo demandante solicit� la suspensi�n provisional del decreto demandado y, para ello, se remiti� a los argumentos expuestos en el libelo de demanda, raz�n por la que, conforme lo ha considerado la Secci�n Primera del Consejo de Estado[1], corresponde a esta Sala Unitaria efectuar un an�lisis de los cargos de violaci�n que fueron expuestos en la demanda, pero �nicamente con el prop�sito de dilucidar si el acto acusado contraviene las normas invocadas por el libelista y, por consiguiente, si es procedente o no acceder a la cautela deprecada.

6. Precisado este aspecto, el Despacho encuentra que son dos (2) los argumentos centrales en los que se fundamenta la solicitud de suspensi�n provisional, a saber: (i) el art�culo 3� del Decreto n.� 2.422 de 2022 trasgredi� los art�culos 113 y 250 de la Constituci�n Pol�tica, as� como los art�culos 7� -numerales 5� y 6�- y 8� -numeral 1�- de la Convenci�n Americana Sobre Derecho Humanos de 1969 -Pacto de San Jos�, por desconocer la independencia de la rama judicial del poder p�blico y los fines esenciales de la pena, y (ii) que una vez efectuado un test de proporcionalidad de los derechos que se encuentran en disputa con la reglamentaci�n, esto es, el derecho a la paz y �el derecho de la rama judicial en cuanto la competencia de �rdenes de captura por delitos comunes�, debe prevalecer este �ltimo.

7. En relaci�n con el primer argumento de la cautela, el accionante afirm� que el art�culo 3� del Decreto 2.422 de 2022 le permitir�a al Presidente de la Rep�blica nombrar como �voceros-gestores de paz-� a jovenes capturados �[�] por cometer delitos en la protesta social del a�o 2021, entre ellos, miembros de la Primera L�nea, y, en consecuencia, suspender� las �rdenes de capturas de algunos de ellos [�]�.

8. A�adi�, desde la anterior perspectiva, que el art�culo 3� del decreto acusado �[�] invade el n�cleo esencial de la independencia de la rama judicial del poder p�blico como soporte del Estado Social y Democr�tico de Derecho, toda vez que el Gobierno Nacional no tiene competencia para tomar partido y mucho menos condicionar los procesos judiciales en el que quien investiga, acusa y juzga las conductas punibles por delitos comunes es la rama judicial del poder p�blico. No puede el Gobierno Nacional inducir a la justicia solicit�ndole suspensi�n de �rdenes de captura, pues la decisi�n sobre la libertad de una persona es exclusiva de un Juez [�]�.

9. En ese sentido, cuestion� que se le haya asignado a la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana la competencia para recomendar la suspensi�n de �rdenes de captura de los denominados voceros, puesto que �[�] cualquier decisi�n, recomendaci�n o postura sobre las ordenes (sic) de captura corresponde a funcionarios jurisdiccionales de la rama judicial del poder p�blico y no a la rama ejecutiva del poder p�blico [�]�.

10. Adicionalmente, concluy� que: �[�] recomendar la admisi�n de ciudadanos, entre ellos miembros de la primera l�nea, que se encuentren privados de la libertad, como voceros en el marco de lo establecido en el art�culo 5 de la ley 2272 de 2022, constituye sin duda alguna, una infracci�n directa de la Constituci�n, una infracci�n de la norma en que debe fundarse el acto [�]�.

11. En lo que se refiere al desconocimiento de los fines de la pena, indic� que el art�culo 250 de la Constituci�n Pol�tica establece que la �[�] ley fijar� los l�mites y eventos en que proceda la captura [�]�, raz�n por la que, en su criterio, el competente para adoptar decisiones en torno a las �rdenes de captura y medidas de aseguramiento es la autoridad judicial y no el Gobierno Nacional.

12. En el mismo sentido, refiri� que era �[�] conocido que algunos integrantes de la primera l�nea fueron sindicados por las autoridades por cometer delitos secuestro, tortura, incendiar veh�culos, estaciones de servicio, as� como hurtos y saqueos durante el tiempo del paro nacional, seg�n inform� la Fiscal�a. Al pretender el Presidente, suspender las ordenes (sic) de captura de estos integrantes est� contribuyendo al incumplimiento de los fines de la pena, espec�ficamente la retribuci�n de la pena y la prevenci�n especial, toda vez que con su decisi�n premia las actuaciones ilegales y los comportamientos contrarios al ordenamiento jur�dico, y da un mensaje al individuo de impunidad, en el entendido que sus conductas no son rechazadas todo lo contrario, son apremiantes para la comisi�n de nuevas infracciones [�]�.

13. Por �ltimo, en lo que ata�e al segundo punto de la medida cautelar -test de proporcionalidad-, el actor se limit� a se�alar lo siguiente:

1) B�squeda de la paz como derecho y obligaci�n de todos los miembros del Estado.

2) Independencia de la rama judicial en cuanto la competencia de �rdenes de captura por delitos comunes.

3) Idoneidad: si bien la medida en principio parece perseguir un fin constitucionalmente legitimo: �el derecho a la paz y la reconciliaci�n social�. No se adecua la constituci�n porque invade uno de los principios axiales de la forma de estado Social y democr�tico de derecho y es respetar la independencia de la rama judicial como la �nica con competencia para decidir la proporcionalidad de cada una de las �rdenes de captura en el caso a caso.

4) El medio elegido NO es benigno con los jueces y altera la independencia e imparcialidad de un juez en mantener la orden de captura de un presunto delincuente cuando cuente con los medios para decidirlo; ante la persuasi�n de la recomendaci�n de la comisi�n (del ejecutivo) que terminar�a presionando la decisi�n y poniendo el peligro la vida de los jueces que tomen estas decisiones en un pa�s altamente violento.

5) El grado de sacrificio al principio de independencia judicial es absoluto ante el poco o ning�n beneficio que reporta la b�squeda de la paz porque invadir el terreno de las ramas del poder p�blico en este caso la judicial, generar�a el efecto contrario, modalidades de violencia y desconfianza en las instituciones.

CONCLUSI�N: resulta imperioso para proteger la vida, imparcialidad e independencia de los jueces quienes en sana cr�tica toman las dif�ciles decisiones sobre ordenes de captura; entrometerse en su funci�n constitucional es destruir a�os de independencia y el dise�o institucional [�]

14. El apoderado judicial del presidente se opuso a la prosperidad de la medida cautelar solicitada se�alando, en primer lugar, que el decreto acusado fue expedido por el primer mandatario con base en las facultades previstas en el art�culo 189 -numeral 4�- constitucional; en el art�culo 45 de la Ley 489 de 1998; y, espec�ficamente, como desarrollo del art�culo 5� de la Ley 2.272 de 2022. Con sustento en ello, indic� que la facultad para adelantar las negociaciones y suscribir acuerdos de paz radica exclusivamente en el Presidente de la Rep�blica, en su calidad de Jefe de Estado, de Gobierno y de Suprema Autoridad Administrativa.

15. Agreg� que el Congreso de la Rep�blica -en el art�culo 5� de la Ley 2.272- fue el que estableci� la figura de los voceros y defini� las competencias del presidente de la Rep�blica para admitir o excluir los mismos, as� como la facultad de sugerir, a las autoridades judiciales, la suspensi�n de las �rdenes de captura de estos voceros, en los t�rminos del mencionado art�culo 5�.

16. As� las cosas, y comoquiera que el decreto demandado simplemente desarroll� este postulado legal, en el sentido de crear una comisi�n intersectorial con el objeto de recomendar al primer mandatario qui�nes pod�an ser admitidos o excluidos como voceros, consider� que no existe una suplantaci�n de las competencias de los jueces en relaci�n con la suspensi�n de �rdenes de captura y medidas de aseguramiento, toda vez dichas autoridades judiciales conservan la facultad de decidir si es procedente o no acceder a la suspensi�n de �rdenes de captura sugerida por el primer mandatario.

17. Aunado a lo anterior, mencion� que no es la citada comisi�n la que tiene la competencia de admitir o excluir a los denominados voceros de paz, y resalt� que su funci�n se contrae a recomendar o asesorar al Presidente de la Rep�blica para el correcto ejercicio de las competencias que le fueron atribuidas en el art�culo 5� de la Ley 2272, por lo que tampoco se advierte que exista una delegaci�n de las competencias legales asignadas al jefe del ejecutivo en la referida norma.

18. Por �ltimo, se�al� que la cautela no contiene la argumentaci�n jur�dica suficiente ni el material probatorio necesario para que, en esta instancia del proceso, se pueda desvirtuar la presunci�n de legalidad que cobija el acto en cuesti�n.

19. El apoderado judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho se opuso a la prosperidad de la suspensi�n provisional elevada por el demandante, en la medida en que no existe una vulneraci�n de la autonom�a de la Rama Judicial del poder p�blico, y dado que el decreto demandado no desconoci� los par�metros fijados en la Ley 2272 de 2022.

20. Respecto del primer argumento de defensa, manifest� que los textos cuestionados, en ning�n caso generan las consecuencias jur�dicas que enuncia el accionante, puesto que el decreto en cuesti�n no otorga a la citada comisi�n la facultad de levantar �rdenes de captura y menos a�n est� desconociendo el papel de los jueces en la decisi�n de las medidas de aseguramiento, ya que son estos �ltimos los que, bajo su autonom�a judicial, los que definen si es procedente o no levantar las �rdenes de captura sugeridas por el primer mandatario en el marco de las negociaciones del proceso de �Paz Total�.

21. Agreg� que las funciones de la referida comisi�n corresponden a una �[�] mera sugerencia para que la primera autoridad del ejecutivo de forma aut�noma o discrecional determine o no si la persona o personas recomendadas son nombradas voceros mediante el acto administrativo correspondiente. Ahora bien, la recomendaci�n dada por la Comisi�n e incluso el acto administrativo por medio del cual se designa a una persona como vocero para que aporte en el proceso de paz y en el desescalamiento de la conflictividad social por medio de la construcci�n de acciones de paz y reconciliaci�n, no desconoce las facultades aut�nomas e independientes de los jueces de la Rep�blica; pues son ellos los que en todo caso deciden sobre la libertad y situaci�n jur�dica de los voceros designados de conformidad con lo se�alado en el par�grafo 2 del art�culo 5 de la Ley 2272 de 2022 [�]� (negrillas fuera del texto).

22. El apoderado judicial del Ministerio del Interior solicit� denegar la cautela deprecada, en raz�n a que no se observa la vulneraci�n de los art�culos 113 y 250 de la Constituci�n Pol�tica -atinentes al principio de separaci�n de poderes y los fines de la pena-, toda vez que el objeto de la comisi�n intersectorial creada en el acto enjuiciado se limita a recomendar la admisi�n o exclusi�n de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros, en el marco de lo establecido en art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022, sin que se desprenda que se le est� revistiendo a la citada comisi�n de los poderes que �nicamente ostentan los fiscales y jueces de la Republica en relaci�n con las �rdenes de captura y las medidas de aseguramiento.

23. A su vez, destac� que, conforme con el art�culo 189 -numeral 11- de la Constituci�n Pol�tica, es competencia del presidente ejercer la potestad reglamentaria con la finalidad de dar alcance al contenido de los preceptos legales.

24. En ese sentido, y descendiendo al caso concreto, afirm� que dicha potestad se ejerci� con pleno apego del ordenamiento jur�dico, pues la norma se limit� a otorgar a la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana la facultad para recomendar la admisi�n o exclusi�n de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en art�culo 5 de la Ley 2272 de 2022, sin que se evidencie que esa potestad de �recomendar� altere o se involucre en asuntos que sean competencia de otra rama del poder p�blico.

25. El apoderado judicial del Ministerio de Defensa Nacional considera que la cautela debe ser denegada, en tanto que esta carece de la carga argumentativa m�nima requerida para su decreto, y en raz�n a que no se demostr� el perjuicio eventual que se causar�a de no acceder a su suspensi�n.

26. Uno de los motivos que inspiraron la expedici�n del nuevo del C�digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011, est� relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez, siendo muestra de ello el contenido del art�culo 229 de la referida codificaci�n, norma que le confiere una amplia facultad a la autoridad judicial para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias en aras de �proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia�.

27. En esta �ltima disposici�n (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petici�n de parte -debidamente sustentada-, y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la jurisdicci�n de lo ccontencioso aadministrativo.

28. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace en el CPACA en su art�culo 230, es importante resaltar su clasificaci�n como: i) preventivas (numeral 4), cuando impiden que se consolide una afectaci�n a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas (numerales 1 segunda parte, 2 y 3), de un perjuicio irremediable, por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensi�n del demandante, y iv) de suspensi�n (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de supresi�n temporal de los efectos de una decisi�n administrativa[2].

29. En cuanto a los criterios de aplicaci�n que debe seguir el juez para la adopci�n de una medida cautelar, se destaca lo dispuesto en el art�culo 231 ibidem, precepto seg�n el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar �documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla�. (resaltado fuera del texto)

II.2. La medida cautelar consistente en la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del acto administrativo acusado

30. En el marco de las diversas medidas cautelares contempladas en el nuevo proceso contencioso administrativo[3] se encuentra la figura de la suspensi�n provisional de los efectos de los actos administrativos, prevista en el art�culo 238 de la Constituci�n Pol�tica y desarrollada en los art�culos 231[4] y siguientes del CPACA.

Entre sus caracter�sticas principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a �evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jur�dicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho�.[5]

31. Respecto de los requisitos previstos en el art�culo 231 del CPACA para la procedencia de una solicitud cautelar de suspensi�n provisional, la Secci�n Primera de esta Corporaci�n recientemente precis� que la verificaci�n de los criterios de: (i) fumus boni iuris, o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora, o perjuicio de la mora, se entienden acreditados en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas[6]. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 2021[7], precis� lo siguiente:

[�] Para el caso de la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneraci�n de las normas superiores invocadas en la demanda, porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jur�dico superior pueden continuar produciendo efectos jur�dicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al �fumus boni iuris�, o la apariencia de buen derecho, (�) [e]n relaci�n con la suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (�) basta que, como consecuencia de la argumentaci�n jur�dica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneraci�n del ordenamiento jur�dico superior para acceder a la suspensi�n provisional de los efectos del acto acusado [�][8] (negrillas fuera del texto original).

32. Analizados los argumentos expuestos tanto por el demandante como por las entidades p�blicas accionadas, esta autoridad judicial encuentra que son dos los argumentos jur�dicos en los que se soporta la cautela deprecada, a saber: (i) que el art�culo 3� del Decreto n.� 2422 de 2022 trasgredi� los art�culos 113 y 250 de la Constituci�n Pol�tica, as� como los art�culos 7� -numerales 5� y 6�- y 8� -numeral 1�- de la Convenci�n Americana Sobre Derecho Humanos de 1969 -Pacto de San Jos�, por desconocer la independencia de la rama judicial del poder p�blico y los fines esenciales de la pena, y (ii) que efectuado un test de proporcionalidad de los derechos que se encuentran en disputa con la reglamentaci�n, esto es, el derecho a la paz y �el derecho de la rama judicial en cuanto la competencia de �rdenes de captura por delitos comunes�, debe prevalecer este �ltimo.

33. Para efectos de resolver, es menester indicar que, como lo ha se�alado la Corte Constitucional[9], la paz ocupa un lugar principal�simo y trascendental en la escala de valores protegidos por la Constituci�n Pol�tica, al punto que en el propio ordenamiento superior es concebida bajo una triple condici�n: (i) de valor fundante del modelo organizativo; (ii) de deber, y (iii) de derecho fundamental. Las anteriores acepciones de la paz, han sido conceptualizadas por la jurisprudencia constitucional, en los siguientes t�rminos:

[�] En cuanto valor, la paz es fundamento y fin esencial del Estado y de los derechos humanos que irradia el ordenamiento jur�dico y que, como principio, debe dirigir la acci�n de las autoridades p�blicas.

En el plano de los deberes, el de la paz se manifiesta en el establecimiento de obligaciones directas que se traducen en la existencia de (i) un deber de todos de vivir con sujeci�n al ordenamiento jur�dico y de tramitar de manera pac�fica las diferencias por los cauces en �l previstos (ii) un deber estatal de dise�o e implementaci�n de acciones normativas y de pol�tica p�blica dirigidas al prop�sito de garantizar la convivencia pac�fica, (iii) una acci�n estatal orientada al logro progresivo del pleno ejercicio de los derechos fundamentales, y (iv) una opci�n preferencial por la soluci�n pac�fica como mecanismo de resoluci�n de conflictos que excedan los marcos constitucionales.

El reconocimiento, por su parte, de la paz como derecho humano, individual y colectivo, encuentra su origen en el derecho internacional. Concretamente, en normas de derecho internacional de los derechos humanos que al haber sido ratificadas por el Estado colombiano hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto.

En armon�a con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la paz �como un derecho subjetivo de cada persona individualmente considerada�, derecho que se compagina con el �correlativo deber jur�dico de buscar la paz social�, igualmente de �ndole subjetiva y jur�dica, cuyo fundamento es el art�culo 95 de la Constituci�n.[10] [�] (negrillas fuera del texto)

34. En este orden de ideas, y bajo el entendido de que la paz es un valor fundante del Estado Social de Derecho, acorde con el cual es deber de las autoridades p�blicas dise�ar e implementar acciones normativas y pol�ticas p�blicas dirigidas al prop�sito de garantizar la convivencia pac�fica, debe destacarse que al Congreso de la Rep�blica le corresponde fijar el marco legal con base en el cual se debe garantizar dicho derecho y la forma en que se pueden implementar las pol�ticas p�blicas que se requieran para tal prop�sito.

35. Uno de esos marcos jur�dicos se estableci� en la Ley 418 de 26 de diciembre de 1997 �Por la cual se consagran unos instrumentos para la b�squeda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones�, norma que en su art�culo primero indic� que el objeto de la misma era �[�] dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democr�tico de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constituci�n Pol�tica y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia [�]�.

36. El art�culo 2� de la referida disposici�n[11] tambi�n es claro al se�alar que el int�rprete de la norma �[�] deber� estarse al tenor literal seg�n el sentido natural y obvio de las palabras, sin que so pretexto de desentra�ar su esp�ritu, puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa [...]�, lo que se traduce en que las competencias y atribuciones asignadas por el legislador a las autoridades p�blicas para la garant�a de la paz y la convivencia pac�fica son expresas y de interpretaci�n restrictiva.

37. En este contexto, cabe poner de relieve que la Ley 418 de 1997 ha sido objeto de m�ltiples pr�rrogas, derogatorias y modificaciones[12], entre las que se desataca la reciente modificaci�n introducida por el art�culo 5� de la Ley 2272 de 2022 -objeto de reglamentaci�n del acto aqu� demandado-, cuyo contenido es del siguiente tenor:

[�] ART�CULO 5�. Modif�quese el art�culo 3o de la Ley 1941 de 2018 <Art. 8 de la Ley 418 de 1997>, el cual quedar� as�:

Art�culo 8�. Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el fin de promover la reconciliaci�n entre los colombianos, la convivencia pac�fica y lograr la paz, siguiendo los lineamientos del Presidente de la Rep�blica, podr�n:

- Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de Derecho. Los t�rminos de sometimiento a la justicia a los que se lleguen con estas estructuras ser�n los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia. El cumplimiento de los t�rminos de sometimiento a la justicia ser� verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto se designen.

- Realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar di�logos, as� como negociaciones y lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicaci�n del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos Humanos, el cese de hostilidades o su disminuci�n, la reincorporaci�n a la vida civil de los miembros de estas organizaciones o su tr�nsito a la legalidad y la creaci�n de condiciones que propendan por un orden pol�tico, social y econ�mico justo.

Los acuerdos y su contenido ser�n los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento ser� verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y de com�n acuerdo designen las partes.

Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles de la regi�n en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que lo suscribe.

Cuando as� lo disponga el Gobierno nacional seg�n lo acordado por las partes, en el marco de un proceso de desarme, una instancia internacional podr� estar encargada de funciones tales como la administraci�n, registro, control, destrucci�n o disposici�n final del armamento del grupo armado organizado al margen de la ley y las dem�s actividades necesarias para llevar a cabo el proceso.

A la respectiva instancia internacional que acuerden las partes se le otorgar� todas las facilidades, privilegios, de car�cter tributaria y aduanero, y protecci�n necesarios para su establecimiento y funcionamiento en el territorio nacional.

PAR�GRAFO 1�. Se entiende por miembro-representante, la persona que el grupo armado organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los di�logos, negociaci�n o suscripci�n de acuerdos con el Gobierno nacional, o sus delegados. De igual manera, se entiende por miembro-representante, la persona que la estructura armada organizada de crimen de alto impacto designe como representante suyo para participar en los acercamientos, conversaciones, o suscripci�n de t�rminos de sometimiento con el Gobierno nacional, o sus delegados.

Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, di�logos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia. Se admitir� como voceros a quienes act�an como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la Rep�blica considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privaci�n de libertad.

PAR�GRAFO 2o. Una vez iniciado un proceso de di�logo, negociaci�n o firma de acuerdos, y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes suspender�n las �rdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten di�logos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban t�rminos de sometimiento a la justicia, con el fin de hacer tr�nsito al Estado de Derecho.

Para tal efecto, el Gobierno nacional comunicar� a las autoridades se�aladas el inicio, terminaci�n o suspensi�n de di�logos, negociaciones o firma de acuerdos y certificar� la participaci�n de las personas que act�an como voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley. Este mismo procedimiento podr� seguirse con relaci�n a los acercamientos, conversaciones o suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Igualmente, se suspender�n las �rdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los di�logos, negociaciones o suscripci�n de acuerdos, por el t�rmino que duren estos. Este mismo procedimiento podr� seguirse con relaci�n a los voceros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

Se garantizar� la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, di�logos, negociaciones y acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, o en los acercamientos, conversaciones o suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, de que trata esta ley.

Las partes acordar�n mecanismos de verificaci�n conjunta de los acuerdos, negociaciones o di�logos y de considerarlo conveniente podr�n acudir a instituciones o personas de la vida nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificaci�n. Con relaci�n a los acercamientos, conversaciones o suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas. De crimen de alto impacto, podr�n establecerse mecanismos de verificaci�n con instituciones o personas de la vida nacional o internacional.

PAR�GRAFO 3�. El Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por el mismo, podr�n acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, en un estado avanzado del proceso de paz, y para efectos del presente art�culo, su ubicaci�n temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedar� suspendida la ejecuci�n de las �rdenes de captura, incluidas las �rdenes de captura con fines de extradici�n, contra estos y los dem�s miembros del grupo armado organizado al margen de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el Gobierno as� lo determine o declare que ha culminado dicho proceso.

El mismo procedimiento podr� aplicarse para el caso de los acercamientos, conversaciones o suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de facilitar su sujeci�n a la justicia.

Adicionalmente, si as� lo acordaran las partes, a solicitud del Gobierno nacional y de manera temporal se podr� suspender la ejecuci�n de las �rdenes de captura en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley o de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, por fuera de las zonas, para adelantar actividades propias del proceso que se adelante.

En esas zonas, que no podr�n ubicarse en �reas urbanas, se deber� garantizar el normal y pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definir� la manera como funcionar�n las instituciones p�blicas para garantizar los derechos de la poblaci�n. De conformidad con lo que acuerden las partes en el marco del proceso de paz, o lo que se defina en los acercamientos o conversaciones para el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, el Gobierno al establecer las zonas podr�:

2. Establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso de dejaci�n de armas y tr�nsito a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

3. Establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y funcionamiento de las zonas mencionadas.

4. Utilizar, adem�s de zonas de ubicaci�n temporal, otras modalidades de reincorporaci�n a la vida civil, para efectos de poner fin al conflicto armado. Estas zonas no ser�n zonas de despeje.

PAR�GRAFO TRANSITORIO 3A. Una vez terminadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalizaci�n (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalizaci�n (PTN), como Zonas de Ubicaci�n Temporal, seg�n lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, suscrito entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, se mantendr�n suspendidas la ejecuci�n de las �rdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha organizaci�n que han estado concentrados en dichas zonas, que adem�s se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejaci�n de armas, hasta que su situaci�n jur�dica sea resuelta por el �rgano pertinente de la Jurisdicci�n Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnist�a de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones, o condenas existentes en su contra. En el caso de los miembros de la organizaci�n que no se encuentren ubicados f�sicamente en las zonas de ubicaci�n temporal, pero se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejaci�n de las armas, la suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse, operar� desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicaci�n temporal, hasta que su situaci�n jur�dica sea resuelta por el �rgano pertinente de la Jurisdicci�n Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnist�a de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra.

De igual forma, se mantendr� suspendida la ejecuci�n de las �rdenes de captura que se expidan o hayan de expedirse en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado, cuya suspensi�n se orden� en su momento para adelantar tareas propias del proceso de paz por fuera de las zonas, que adem�s se encuentren en los listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas. Dicha suspensi�n se mantendr� hasta que su situaci�n jur�dica sea resuelta por el �rgano pertinente de la Jurisdicci�n Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnist�a de iure, respecto de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra.

Las personas trasladadas permanecer�n en dichas ZVTN en situaci�n de privaci�n de la libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedar�n en libertad condicional a disposici�n de esta jurisdicci�n, siempre y cuando hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el art�culo 36 de la Ley 1820 de 2016.

En aquellos casos en los que no se hubiere decidido por parte de las autoridades judiciales sobre el traslado de las personas privadas de la libertad a la ZVTN o PTN, y las mismas ya hubieren finalizado, la autoridad judicial proceder� a otorgar la libertad condicionada en los t�rminos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017.

PAR�GRAFO TRANSITORIO 3B. Se mantendr� la suspensi�n de la ejecuci�n de las �rdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado concentrados en las zonas de ubicaci�n temporal, cuando requieran ausentarse temporalmente de las mismas durante el tiempo de atenci�n de citas o emergencias para atenci�n en salud y calamidades dom�sticas debidamente informadas ante el representante de enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Cuando los miembros del grupo armado requieran salir temporalmente de las Zonas de Ubicaci�n Temporal por los motivos relacionados en el inciso anterior, se suscribir� un acta con el Mecanismo de Monitoreo y Verificaci�n en el que constar� la raz�n de ausencia de la zona y la fecha en la que se retornar� a la misma.

Quedar�n suspendidas las �rdenes de captura con fines de extradici�n de los miembros de las Farc-EP, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y adem�s firmado las actas de compromiso correspondientes.

PAR�GRAFO 4o. El Presidente de la Rep�blica, mediante orden expresa y en la forma que estime pertinente, determinar� la localizaci�n y las modalidades de acci�n de la Fuerza P�blica, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad.

PAR�GRAFO 5�. Cuando se trate de di�logos, negociaciones o firma de acuerdos con el Gobierno nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley de que se trate, se acreditar� mediante una lista suscrita por los voceros o miembros representantes designados por dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad. En el caso de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, esta calidad podr� acreditarse de la misma manera.

Esta lista ser� recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe, de conformidad con el principio de confianza leg�tima, como base de cualquier acuerdo de paz o t�rmino de sometimiento a la justicia, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes, como la plena identificaci�n de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, en ellos incluida.

PAR�GRAFO 6�. Las partes en la mesa de di�logos podr�n acordar la realizaci�n de acuerdos parciales, cuando lo estimen conveniente, los que deber�n ser cumplidos de buena fe.

Las disposiciones de car�cter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los parciales, as� como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de di�logos, que tengan por prop�sito proteger a la poblaci�n civil de los enfrentamientos armados, as� como a quienes no participan directamente de las hostilidades, hacen parte del DIH, conforme a lo dispuesto en los art�culos 93 y 94 de la Constituci�n Pol�tica, en consecuencia, ser�n vinculantes para las partes.

PAR�GRAFO 7�. Los acuerdos, acuerdos parciales y protocolos que se pacten en el marco de los di�logos y negociaciones de paz del Gobierno nacional con grupos armados al margen de la ley, que tengan por prop�sito la consecuci�n y la consolidaci�n de la paz, constituyen una pol�tica p�blica de Estado, por tanto, es deber de las autoridades garantizar los mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento.

Los acuerdos parciales tendr�n que cumplir en toda circunstancia los deberes constitucionales del Estado o leyes vigentes y ser�n vinculantes en tanto se ajusten a estos preceptos.

PAR�GRAFO 8�. La direcci�n de todo tipo de acercamientos, conversaciones, negociaciones y di�logos tendientes a facilitar el desarme y la desmovilizaci�n de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley y/o a la suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, corresponde exclusivamente al Presidente de la Rep�blica como responsable de la preservaci�n del orden p�blico en toda la Naci�n. Quienes a nombre del Gobierno participen en los acercamientos, conversaciones, negociaciones o di�logos, y suscriban acuerdos o t�rminos de sometimiento, lo har�n de conformidad con las instrucciones que �l les imparta.

La funci�n de suscripci�n de acuerdos, tanto humanitarios parciales como finales de cualquier tipo, es exclusiva del Presidente de la Rep�blica como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y no podr� ser delegada a ning�n funcionario de menor jerarqu�a.

PAR�GRAFO 9o. Para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios pol�ticos, legales y socioecon�micos contemplados en dichos acuerdos se deber� exigir, como m�nimo, el desarme, la desmovilizaci�n, la colaboraci�n con la justicia, y la demostraci�n de la voluntad real de reincorporaci�n a la vida civil.

En el caso de los miembros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se exigir� como m�nimo informaci�n suficiente para el desmantelamiento de las econom�as ilegales [�].

38. Del an�lisis preliminar del art�culo 5� de la Ley 2272 de 2022, y �nicamente en lo que guarda relaci�n con la resoluci�n del caso concreto, el Despacho estima procedente arribar a las siguientes conclusiones:

39. En ese orden de ideas, el Despacho estima conveniente citar los apartes m�s relevantes del reglamento acusado, con el prop�sito de determinar si en este se desconocieron, modificaron o ampliaron los principios, directrices o par�metros fijados por el legislador en el art�culo 5� de la Ley 2272 de 2022:

Por medio del cual se crea la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 4 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica y el art�culo 45 de la Ley 489 de 1998, y

Que el pre�mbulo y el art�culo 2 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia consagran como un fin esencial del Estado mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pac�fica, as� como la vigencia de un orden justo.

Que el art�culo 22 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia reconoce que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, e impone al Gobierno Nacional la obligaci�n de garantizar su materializaci�n de conformidad con los art�culos 2, 22, 93 y 189 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia.

Que de conformidad con el numeral 4 del art�culo 189 de la Constituci�n Pol�tica de Colombia le corresponde al Presidente de la Rep�blica, en su condici�n de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, adoptar las medidas y disposiciones necesarias para la conservaci�n del orden p�blico en todo el territorio nacional, as� como restablecerlo all� donde fuere turbado.

Que el art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022, con el objetivo de promover el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliaci�n entre los colombianos, y propiciar un ambiente proclive a la consecuci�n de la paz, otorg� al Presidente de la Rep�blica la facultad de admitir como voceros a ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad.

Que se hace necesario coordinar y articular con las entidades del Gobierno Nacional la ejecuci�n de la facultad presidencial establecida el art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022.

ART�CULO 1.Comisi�n lntersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana. Crear la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana que tendr� como objeto la coordinaci�n y articulaci�n intersectorial para la ejecuci�n de la facultad presidencial establecida en el art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022.

ART�CULO 2. Integraci�n. La Comisi�n lntersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana estar� integrada por los siguientes miembros:

4. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica o su delegado.

1. Definir los lineamientos t�cnicos y las condiciones para la implementaci�n de la ejecuci�n de la facultad presidencial establecida en el art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022.

2. Recomendar la admisi�n o exclusi�n de ciudadanos(as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022.

3. Recomendar la continuidad o exclusi�n como vocero en el marco de lo establecido en el art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022, de conformidad con el informe de evaluaci�n y monitoreo que del cumplimiento de las obligaciones y condiciones realice el Alto Comisionado para la Paz.

5. Las dem�s funciones que le correspondan por su naturaleza y para dar cumplimiento al objeto con el que fue creada [�] (negrillas del original y subrayas del Despacho).

40. A partir del an�lisis de los apartes cuestionados, este Despacho coincide con lo se�alado por las entidades p�blicas accionadas en el sentido de considerar que dicho decreto no establece, en ninguno de sus apartes, que la Comisi�n lntersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana tenga la competencia para suspender �rdenes de captura de los denominados voceros de paz.

41. Por el contrario, el verbo utilizado en los numerales 2� y 3� del art�culo 3� del acto acusado es �recomendar�, cuyo significado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa�ola se traduce en �Aconsejar algo a alguien para bien suyo�[13].

42. Esta interpretaci�n se acompasa con lo previsto en la memoria justificativa del referido decreto reglamentario, en el que se estableci� que la Comisi�n lntersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana �[�] tendr� entre sus funciones la coordinaci�n y articulaci�n del Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, con el objetivo de orientar y asesorar de la mejor manera la ejecuci�n de las facultades otorgadas al Presidente de la Rep�blica en el art�culo 5 de la Ley 2.272 de 2022 [�]�.

43. En virtud de las anteriores premisas, para este Despacho es v�lido colegir que las funciones asignadas a la mencionada comisi�n xx se limitan a emitir un concepto o consejo dirigido al primer mandatario respecto de qui�nes pueden ser admitidos o excluidos como voceros de paz, as� como de qui�nes pueden continuar ejerciendo o ser excluidos de dicha condici�n, en el marco de lo establecido en art�culo 5� de la Ley 2272 de 2022.

44. A su vez, no se advierte, en esta etapa inicial del proceso, que la plurimencionada comisi�n asuma las competencias que constitucional y legalmente le han sido conferidas exclusivamente al Presidente de la Rep�blica en la conservaci�n del orden p�blico y en la garant�a y promoci�n del derecho a la paz como uno de los pilares fundamentales del Estado Social del Derecho.

45. Como sustento de la anterior premisa, se reitera que las funciones asignadas a la citada comisi�n de paz se circunscriben a emitir meros conceptos o recomendaciones dirigidas al primer mandatario para que este, en el marco del art�culo 5� de la Ley 2272 de 2022, ejerza las funciones que le fueron encomendadas, sin que ello signifique una usurpaci�n de las competencias constitucionales y legales que le asisten a las autoridades judiciales en trat�ndose de la suspensi�n de �rdenes de captura y medidas de aseguramiento, pues estas tienen plena autonom�a para decidir si acceden o no a la sugerencia efectuada por el primer mandatario.

46. N�tese que el par�grafo 2� del art�culo 5� de la Ley 2.272 de 2022 estableci� que las �rdenes de captura se suspender�an en relaci�n con los voceros de �[�] los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los di�logos, negociaciones o suscripci�n de acuerdos, por el t�rmino que duren estos [�]� y los voceros de �[�] las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto [�]�, no as� para aquellos voceros que act�an como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la Rep�blica considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privaci�n de libertad.

47. Frente a este �ltimo punto, el Despacho debe se�alar que el art�culo 5� de la Ley 2.272 de 2022 contempl� varios tipos de �voceros�. En efecto, dicha disposici�n indic� que se entend�a por vocero:

�[�] la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, di�logos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia. Se admitir� como voceros a quienes act�an como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la Rep�blica considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privaci�n de libertad. [�]�

i) La persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su nombre en los procesos de paz, di�logos, negociaciones y acuerdos;

ii) La persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripci�n de t�rminos de sometimiento a la justicia; y,

iii) Quienes act�an como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el presidente de la Rep�blica considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privaci�n de libertad.

49. Con sustento en las anteriores premisas, esta Sala Unitaria hace �nfasis en que el acto en cuesti�n no tuvo como prop�sito reglamentar la forma o procedimiento en que se deb�an suspenderse las �rdenes de captura respecto de los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley, o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, as� como de los voceros que act�an en nombre o representaci�n de los citados grupos, sino que �nicamente radica en una comisi�n intersectorial la funci�n de asesor al primer mandatario en la selecci�n de aquellas personas que podr�an ser admitidos, continuar o ser excluidos como �voceros� en cualquiera de sus categor�as.

50. Sumado a lo anterior, es procedente destacar que el procedimiento a seguir para la suspensi�n de �rdenes de captura en el marco de las negociaciones que se adelanten por el Gobierno Nacional para aportar al proceso de paz y a la superaci�n de la conflictividad social, se encuentra expresamente delimitado en la Ley 418 de 1997 y sus correspondientes modificaciones y, en tal sentido, la norma es clara en disponer que al Presidente de la Rep�blica le compete sugerir los sujetos respecto de los cuales podr�a ser procedente la suspensi�n de su orden de captura para as� contribuir con un proceso de paz, en el marco de lo previsto en el art�culo 5� de la Ley 2272 de 2022.

51. En ese orden de ideas, no se encuentra demostrado, en esta instancia procesal, que exista una suplantaci�n de las funciones propias de las autoridades judiciales en relaci�n con la suspensi�n de �rdenes de captura o medidas de aseguramiento dictadas en el marco del proceso penal, puesto que fue el mismo legislador quien estableci� que era competencia del primer mandatario sugerir, a dichas autoridades judiciales, la suspensi�n de �rdenes de captura de voceros, en el marco de lo establecido en el plrurimencionado art�culo 5� de la Ley 2.272.

52. De otra parte, y en lo que ata�e al argumento de que el acto ac� desconoce los fines de la pena, por cuanto tiene como prop�sito suspender las �rdenes de captura de los privados de la libertad pertenecientes al denominado grupo �Primera L�nea�, debe aclararse que esta es una consecuencia eventual e incierta que no se desprende del contenido de la norma acusada.

53. En ese sentido, si lo que pretende el accionante es cuestionar la eventual suspensi�n de �rdenes de captura o de medidas de aseguramiento de estas personas, deber� incoar las acciones y recursos procedentes en contra de las providencias adoptadas por los funcionarios judiciales a trav�s de las cuales de adopten tales decisiones -suspensi�n de �rdenes de captura o de medidas de aseguramiento.

54. Por las anteriores consideraciones, el Despacho no observa que, en esta fase previa del proceso, exista una vulneraci�n de los art�culos 113[14] y 250[15] de la Constituci�n Pol�tica, ni de los art�culos 7� -numerales 5� y 6�-[16] y 8� -numeral 1�-[17] de la Convenci�n Americana de Derechos Humanos de 1969 -Pacto de San Jos�, relacionados con el principio de separaci�n de poderes de las ramas del poder p�blico, con las competencias de la Fiscal�a General de la Naci�n en trat�ndose de las �rdenes de captura dentro del proceso penal, y con las garant�as de la libertad personal y judiciales, comoquiera que fue el legislador, en desarrollo de los postulados constitucionales del derecho a la paz, el que distribuy� las competencias para la implementaci�n de instrumentos para la b�squeda de la convivencia pac�fica, la eficacia de la justicia y el logro de la paz en el territorio nacional.

55. Con base en estas premisas, y en lo que respecta al �ltimo aspecto de la cautela que se depreca, esto es, el asociado a que al realizarse un juicio de proporcionalidad entre el derecho a la paz y �el derecho de la rama judicial en cuanto la competencia de �rdenes de captura por delitos comunes�, debe prevalecer este �ltimo, esta autoridad judicial estima que, del an�lisis preliminar de las normas invocadas por el demandante, no se encuentra acredita su vulneraci�n, por lo que el Despacho se relevar� de efectuar la ponderaci�n de derechos solicitada.

56. As� las cosas, y en virtud de los considerados expuestos en la presente decisi�n, se negar� la medida cautelar de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos del art�culo 3� del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022, por no evidenciarse el criterio de apariencia de buen derecho que, trat�ndose de dicha cautela,-la suspensi�n provisional de actos administrativos-, implica que no fue posible constatar la violaci�n de las normas enunciadas como desconocidas una vez se confrontaron con las disposiciones cuestionadas del mencionado decreto.

En m�rito de lo expuesto, el Consejero de Estado de la Secci�n Primera de lo Contencioso Administrativo,

NEGAR la medida cautelar de urgencia de suspensi�n provisional de los efectos jur�dicos de art�culo 3� del Decreto No. 2.422 de 9 de diciembre de 2022 �Por medio del cual se crea la Comisi�n Intersectorial para la Promoci�n de la Paz, la Reconciliaci�n y la Participaci�n Ciudadana�; acto administrativo suscrito por el presidente de la Rep�blica, el ministro de Interior, el ministro de Defensa Nacional, la viceministra de Promoci�n de la Justicia y del Derecho encargada de las funciones del despacho del ministro de Justicia y del Derecho, y por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep�blica, de conformidad con las razones expuestas en el presente prove�do.

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electr�nicamente por el Magistrado de la Secci�n Primera del Consejo de Estado en la Sede Electr�nica para la Gesti�n Judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservaci�n y posterior consulta, de conformidad con el art�culo 186 del CPACA. P (17).

[1] En ese sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Primera. Auto de Sala de 3 de febrero de 2021. Expediente: 15001-23-33-000-2021-00005-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Vald�s.

[3] El art�culo 230 del CPACA. se�ala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, �una o varias de las siguientes� cautelas: ordenar que se mantenga una situaci�n, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta �vulnerante o amenazante�, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuaci�n administrativa, incluso de car�cter contractual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisi�n, o la realizaci�n o demolici�n de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravaci�n de sus efectos; (numeral 5) Impartir �rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

[4] �[�] Art�culo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensi�n provisional de sus efectos proceder� por violaci�n de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violaci�n surja del an�lisis del acto demandado y su confrontaci�n con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnizaci�n de perjuicios deber� probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los dem�s casos, las medidas cautelares ser�n procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

2. Que el demandante haya demostrado, as� fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderaci�n de intereses, que resultar�a m�s gravoso para el inter�s p�blico negar la medida cautelar que concederla.

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia ser�an nugatorios [�]�.

[5] Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

[6] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Primera. Auto de 19 de junio de 2020. Expediente: 11001-03-24-000-2016-00295-00. C.P. Hernando S�nchez S�nchez.

[7] Sala de lo Contencioso Administrativo. Secci�n Primera. Auto de 27 de mayo de 2021. Expediente: 54001-23-33-000-2018-00285-01. CP. Oswaldo Giraldo L�pez.

[8] Criterio que la Sala ya hab�a sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (n�mero �nico de radicaci�n 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando S�nchez S�nchez) al se�alar que: �[�] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que est� impl�cita per se la verificaci�n de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora [�]�.

[9] Ver sentencias: C-630 de 2017, C-408 de 2017, C-379 de 2016, C-370 de 2006, T-439 de 2002, C-048 de 2001, C-238 de 1995, T-102 de 1993, T-439 de 1992, entre otras.

[10] Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-630 de 2017. M.P. Luis Guillermo Guerrero P�rez y Antonio Jos� Lizarazo Ocampo.

[11] �Art�culo 2�. En la aplicaci�n de las atribuciones conferidas en la presente ley, se seguir�n los criterios de proporcionalidad y necesariedad, mientras que para la determinaci�n de su contenido y alcance, el int�rprete deber� estarse al tenor literal seg�n el sentido natural y obvio de las palabras, sin que so pretexto de desentra�ar su esp�ritu, puedan usarse facultades no conferidas de manera expresa.

En el ejercicio de las mismas facultades no podr� menoscabarse el n�cleo esencial de los derechos fundamentales, ni alterar la distribuci�n de competencias establecidas en la Constituci�n y las leyes y en su aplicaci�n se tendr� siempre en cuenta el prop�sito del logro de la convivencia pac�fica�.

[12] Entre las que se destacan: Ley 782 de 2002; Ley 1106 de 2006; Ley 1421 de 2014; Ley 1738 de 2014; Ley 1941 de 2018 y la Ley 2.272 de 2022.

[13] Diccionario consultado en l�nea en el siguiente enlace p�blico: https://dle.rae.es/diccionario.

[14] �Art�culo 113. Son Ramas del Poder P�blico, la legislativa, la ejecutiva y la judicial.

Adem�s de los �rganos que las integran existen otros, aut�nomos e independientes, para el cumplimiento de las dem�s funciones del Estado. Los diferentes �rganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran arm�nicamente para la realizaci�n de sus fines�.

[15] �Art�culo 250. La Fiscal�a General de la Naci�n est� obligada a adelantar el ejercicio de la acci�n penal y realizar la investigaci�n de los hechos que revistan las caracter�sticas de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petici�n especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias f�cticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podr�, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecuci�n penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicaci�n del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la pol�tica criminal del Estado, el cual estar� sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garant�as. Se except�an los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza P�blica en servicio activo y en relaci�n con el mismo servicio.

1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garant�as las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservaci�n de la prueba y la protecci�n de la comunidad, en especial, de las v�ctimas.

El juez que ejerza las funciones de control de garant�as, no podr� ser, en ning�n caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta funci�n.

La ley podr� facultar a la Fiscal�a General de la Naci�n para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijar� los l�mites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la funci�n de control de garant�as lo realizar� a m�s tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garant�as efectuar� el control posterior respectivo, a m�s tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.

3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicci�n. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectaci�n de derechos fundamentales, deber� obtenerse la respectiva autorizaci�n por parte del juez que ejerza las funciones de control de garant�as para poder proceder a ello.

4. Presentar escrito de acusaci�n ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio p�blico, oral, con inmediaci�n de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garant�as.

5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusi�n de las investigaciones cuando seg�n lo dispuesto en la ley no hubiere m�rito para acusar.

6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las v�ctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparaci�n integral a los afectados con el delito.

7. Velar por la protecci�n de las v�ctimas, los jurados, los testigos y dem�s intervinientes en el proceso penal, la ley fijar� los t�rminos en que podr�n intervenir las v�ctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

8. Dirigir y coordinar las funciones de polic�a Judicial que en forma permanente cumple la Polic�a Nacional y los dem�s organismos que se�ale la ley.

El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

En el evento de presentarse escrito de acusaci�n, el Fiscal General o sus delegados deber�n suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al procesado.

Par�grafo. La Procuradur�a General de la Naci�n continuar� cumpliendo en el nuevo sistema de indagaci�n, investigaci�n y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el art�culo 277 de la Constituci�n Nacional.

Par�grafo 2�. Atendiendo la naturaleza del bien jur�dico o la menor lesividad de la conducta punible, el legislador podr� asignarle el ejercicio de la acci�n penal a la v�ctima o a otras autoridades distintas a la Fiscal�a General de la Naci�n. En todo caso, la Fiscal�a General de la Naci�n podr� actuar en forma preferente.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendr� derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que contin�e el proceso. Su libertad podr� estar condicionada a garant�as que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que �ste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detenci�n y ordene su libertad si el arresto o la detenci�n fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prev�n que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad, tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que �ste decida sobre la legalidad de tal amenaza. Dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podr�n interponerse por s� o por otra persona [�]�.

17 �Art�culo 8. Garant�as Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser o�da con las debidas garant�as y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci�n de cualquier acusaci�n penal formulada contra ella, o para la determinaci�n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car�cter [�]�.

Fecha Providencia	10/08/2023
Fecha de notificaci�n	10/08/2023